Diligencia de identificación de personas y leyendas urbanas.

..         1.-La Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, ha regulado de forma íntegra –principalmente, en sus arts. 16 y 19- el trámite de identificación de personas. En estos últimos años, este procedimiento específico ha sido objeto de un intenso debate en sede doctrinal y también en el marco de los pronunciamientos de justicia constitucional sobre la anterior Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

 

 …        Estamos ante un rito que no se sujeta a las mismas formalidades que la detención (art. 19.1), y que se rige por los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación (art. 16.1, párrafo final). Esta última condición ha sido fuertemente discutida, incluso a nivel comparado. De aquí nace la práctica habitual en ciertos aeropuertos norteamericanos de reclamar la presencia de personas blancas, altas y claramente “occidentales” para realizar un inquietante trámite de identificación pormenorizada sin vulnerar la paridad y compensando la abrumadora presencia de “apariencias sospechosas” (normalmente, claro, de otro color y taxonomía).

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…         2.-El supuesto de hecho que justifica la incoación de esta diligencia es doble:

  1. En relación a las “infracciones” en general, la existencia de indicios de que la persona haya podido participar en alguna de ellas.
  2. En relación específicamente a los delitos, cuando se considere razonablemente necesario que se acredite la identidad para prevenir su comisión.

 

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3.-Especial énfasis el legislador ha puesto (perdónese el hipérbaton) en la configuración de los límites formales de la actuación. En concreto, son los siguientes:

-Lugar: en la vía pública o donde se haya hecho el requerimiento.

-Ámbito subjetivo: las personas que se hallen en los supuestos citados anteriormente,  “incluida la identificación de las personas cuyo rostro no sea visible total o parcialmente por utilizar cualquier tipo de prenda u objeto que lo cubra” (art. 16.1).

-En caso de aprehensión de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otros efectos procedentes de un delito o infracción administrativa, esta actuación “se hará constar en el acta correspondiente, que habrá de ser firmada por el interesado” (art. 19.2). Si éste se negara a firmarlo, se dejará constancia expresa de su negativa. El último inciso del art. 19.2, debido a su contundente redacción, plantea serias dudas de su constitucionalidad: “El acta que se extienda gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, salvo prueba en contrario”.

……….Por último, la cosa puede complicarse a causa de que no ha sido posible la identificación por cualquier medio, incluida la vía telemática o telefónica,  o bien –peor aún- porque la persona se niega a identificarse. Además –y esto es un requisito que también habrá de concurrir- la identificación se hace precisa para impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar una infracción. Se abre entonces la posibilidad de un trámite facultativo de acompañamiento forzoso a las dependencias policiales más próximas. La resistencia o negativa pueden implicar consecuencias penales o administrativas (art. 36.6).

 …        En las oficinas policiales se realizará, única y exclusivamente, el trámite identificatorio. Se abrirá al respecto un libro-registro cuyos datos sólo podrán ser comunicados al Ministerio Fiscal y a la autoridad judicial competente. Igualmente, se expedirá al interesado un volante acreditativo del tiempo pasado en las oficinas policiales, de la causa de la diligencia y de la identidad de los agentes actuantes (art. 16.3).

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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