Jurisprudencia: modificación de contrato y revisión de precios (nota docente) (I)

1.-Comentamos hoy algunos puntos esenciales de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Sala de lo Contencioso-Administrativo, núm. 534/2000, de 31 de marzo, relativa a modificación del contrato y revisión de precios en relación a la obra pública de construcción de un tramo de la autovía de Leizarán ( ARANZADI BIBLIOTECAS RJCA/2000/1056). Los más viejos del lugar recordarán las vicisitudes sufridas para la realización de estos trabajos (que son citadas, por cierto, en el Fundamento Jurídico 8º).

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…    2.-Desde el punto de vista pedagógico, son diversas las cuestiones que enseña la resolución. En primer lugar, la absoluta exigencia de un adecuado orden argumental en la exposición de los letrados. La cuestión es muy compleja y el Tribunal opta por no acoger los pedimentos si no percibe claramente qué se pide y por qué se pide. Esta regla no debe olvidarse jamás.

Véase, por ejemplo, el segundo párrafo del F.J. Quinto.3, que comienza diciendo que “si no lo hemos entendido mal, la discrepancia entre las partes surge de […]”.  En este sentido, el papel del perito y de la adecuada formulación de cuestiones va a ser fundamental. Abundando en la idea, obsérvese que en el FJ. Quinto.2.- se rechaza una petición que aparecía en el trámite de conclusiones, pero no en el suplico de la demanda. La complicación es reconocida por el Tribunal (“el tecnicismo de los términos empleados frecuente y lógicamente por las partes”) y alcanza  incluso momentos de gran hondura poética, como ocurre cuando se habla de “la necesidad de realizar unos caballones de protección que sirvieran de muro de contención y la adopción de diversos medios auxiliares tales como un tercer señalista, semáforos, hitos, piquetes de aristas y bacheos”.

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3.-Ya en el plano de la institución contractual, llama la atención el hecho de que estamos ante una modificación ejecutada sin la debida aprobación previa (e incluso sin previsión presupuestaria ex ante). No obstante, la mera aplicación de la idea del consentimiento de ambas partes le permite al Tribunal salvar el mencionado defecto.

En síntesis, parece que sí se respetó el art. 221.1 LCSP, según el cual “en los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista”. Lo mismo ocurrió, por supuesto, con el art. 211. 4 de la misma Ley, según el cual “los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos” (aunque, ciertamente, el acuerdo no fue tomado como tal).

Ahora bien, la divergencia se dio en los precios fijados para cada una de las nuevas unidades de obra. Es lo que en el vocabulario contractual (empleado, obviamente, en la sentencia) se denomina “sobre las discrepancias en los precios contradictorios”.

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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