¿“Bodega” como marca para productos vitivinícolas? STJUE 6.12.2018

No se puede registrar como marca para productos vinícolas un signo distintivo que se refiere a las instalaciones en las que se elabora y almacena el vino. Así se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 6 de diciembre de 2018 (C-629/17), J. Portugal Ramos Vinhos, S.A. y Adega Cooperativa de Borba, C.R.L. El fundamento es el art. 3.1.c) de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Este precepto permite denegar la solicitud o anular el registro de

“…las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los mismos”.

La institución judicial europea ha afirmado que los elementos referidos en este precepto no constituyen una lista exhaustiva y que todos ellos deben ser considerados como características de los productos o servicios que quieren ser identificados con el signo cuyo registro o validez se valora. De ahí que la misma consecuencia deba predicarse de los signos que aluden a las instalaciones en las que se elabora o almacena el vino, que era el producto objeto del caso analizado.

En efecto, El Tribunal de Justicia responde a una cuestión prejudicial sobre el registro del término “adegaborba.pt”. Estaba formado por dos elementos. El primero, “adega”, identifica en portugués el lugar donde se guarda y cría el vino (i.e. “bodega”). “Borba” es un pueblo portugués de la región de Alentejo, pero también una denominación geográfica de productos vitivinícolas. Además, el primer elemento aparecía en la denominación social de la compañía que quería registrarlo. Otra empresa portuguesa pidió la anulación de su registro como marca. Su demanda fue desestimada en primera y segunda instancia. El Supremo Tribunal de Justiça de Portugal planteó la cuestión prejudicial y, en base a las razones comentadas, la autoridad judicial europea responde:

“El artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que debe denegarse el registro de una marca constituida por un signo denominativo, como el controvertido en el litigio principal, que designa productos vinícolas e incluye una denominación geográfica, cuando dicho signo contenga un término que, por una parte, se utiliza corrientemente para designar las instalaciones o locales en los que se elaboran tales productos y, por otra, es también uno de los elementos denominativos que componen la denominación social de la persona jurídica que pretende obtener el registro de dicha marca.”

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El sabor de un alimento no goza de la protección de la propiedad intelectual (Levola Angelo vs Smilde Foods)

El sabor de un alimento no goza de la protección de la propiedad intelectual. La razón es que no constituye una obra. Así lo ha afirmado el Tribunal de Justicia en su sentencia de 13 de noviembre de 2018 (C-310/17), Levola Hengelo BV y Smilde Foods BV. El litigio de fondo giraba alrededor de la protección de un queso para untar hecho con nata fresca y finas hierbas. La autoridad judicial europea define la “obra” en base a dos elementos. El primero es el requisito de originalidad: una creación intelectual propia del autor. El segundo es la necesidad de que se exprese en un soporte que permita identificar la creación con claridad y precisión. No concurre este segundo requisito en el sabor de un alimento, al no ser susceptible de identificación precisa y objetiva. Así lo explica en el párrafo 42:

“…la identificación del sabor de un alimento se basa en lo esencial en sensaciones y experiencias gustativas, que son subjetivas y variables, toda vez que dependen, en particular, de factores relacionados con la persona que prueba el producto en cuestión, como su edad, sus preferencias alimentarias y sus hábitos de consumo, y del entorno o del contexto en que tiene lugar la de gustación del producto.”

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SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DERECHO AL HONOR

En la sentencia 668/2018, de 23 de noviembre, el TS se ha pronunciado sobre si Vlex Network SL ha lesionado el honor de una persona al publicar la sentencia en la que se relataba que fue víctima de una violación. El problema reside en que la publicación la identificaba por su nombre completo, cuando lo normal es que, para preservar los derechos a la intimidad y al honor, se distorsionen o eliminen los nombres de las partes involucradas al publicar una decisión judicial. Interesa comentar que Vlex Network SL había publicado el fallo tal como se lo había remitido el Centro deDocumentación Judicial (Cendoj) del Consejo General del Poder Judicial. Aunque este organismo proporciona las resoluciones judiciales anonimizadas, no lo hizo en esta ocasión. También es relevante que, dos días después de que la demandante le informara de lo sucedido, Vlex Network SL le respondió que había cancelado los datos personales que aparecían en la sentencia y que había comunicado a Google el incidente para que adoptara las medidas oportunas.

Las tres instancias implicadas han considerado que no procede la condena de la mercantil demandada. Dos dos los aspectos que interesan de la sentencia del Tribunal Supremo. El primero es la calificación de los servicios prestados por Vlex Network SL. Explica que gestiona una base de datos de carácter jurídico mediante su página web. Aunque se trata de “servicios de la sociedad de la información” no son “servicios de intermediación” en el sentido del art. 13.2 de la Ley 34/2002, de 1 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (LSSICE). Realiza una interpretación literal y restrictiva de esa expresión, basada en el anexo de la norma citada.

“Vlex Network S.L. no es operador o proveedor de acceso a una red de telecomunicaciones (“mere conduit”, “routing”), no realiza el almacenamiento automático, provisional y temporal de la información facilitada por el destinataria del servicio, realizado con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información a otros destinatarios del servicio, a petición de estos (“caching”), no presta servicios de alojamiento o almacenamiento de datos (“hosting”)ni facilita enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda de contenidos(“linking”), puesto que, en concreto, al texto de la sentencia en cuestión no se accede a través de un enlace que se contenga en la plataforma Vlex, sino que su texto se encuentra disponible directamente en dicha plataforma, sin perjuicio de que haya sido obtenida por Vlex Network S.L. de otro proveedor de contenidos en la red, como es el Cendoj.”

La consecuencia que se deriva es que Vlex Network SL no puede valerse de las exclusiones de responsabilidad previstas en los arts. 14 a 17 LSSICE: sólo pueden valerse de ellas los proveedores de servicios de intermediación ex art.13.2. Por lo tanto, le es aplicable el art. 13.1, que somete a los prestadores de servicios de la sociedad de la información a las normas generales de la responsabilidad civil, penal y administrativa.

Así las cosas, se plantea la segunda cuestión: ¿Vlex Network SL es responsable de la vulneración del derecho al honor al publicar la sentencia sin anonimizar? El Tribunal Supremo explica que la lesión al derecho al honor se basa en el principio culpabilístico y la empresa demandada no actuó de forma negligente.

11.- Vlex Network S.L. podía esperar legítimamente que las sentencias que le suministró el Cendoj estuvieran correctamente tratadas y, en concreto, correctamente anonimizadas. Además, la ingente información contenida en las sentencias que el Cendoj suministra a las empresas que prestan estos servicios hace que no pueda considerarse exigible que estas revisen las sentencias que le son suministradas para comprobar que están correctamente anonimizadas.

12.- Vlex Network S.L. actuó diligentemente pues, cuando tuvo conocimientodel problema, inmediatamente lo solucionó e incluso lo comunicó al motor debúsqueda Google para que no pudiera enlazarse el texto de la sentencia mal anonimizada.”

Para terminar, agradecer al profesor Santiago Cavanillas que me pusiera tras la pista de esta sentencia y comentar que ha desaparecido de la base de datos del Cendoj. Sin embargo, puede consultarse en la base de datos de Westlaw ‘Aranzadi Instituciones’ con la referencia JUR\2018\321923

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CADUCIDAD DE UNA MARCA COMUNITARIA (Spinning) POR VULGARIZACIÓN EN UN ESTADO MIEMBRO

En la sentencia de 8 de noviembre de 2018 (T-718/16), Mad Dogg Ahtletics, Inc contra EUIPO, el Tribunal General se pronuncia sobre la caducidad de una marca comunitaria que, según la EUIPO, había devenido la designación usual de un tipo de entrenamiento y del material utilizado para llevarlo a cabo en la República Checa. Hay tres aspectos que merecen destacarse. El primero es el momento en que debe valorarse si se ha producido la “vulgarización”. El Tribunal General afirma que es la fecha de la solicitud de caducidad. Fundamenta su respuesta en el art. 55.1 del Reglamento 207/2009 (en la actualidad, el art. 62.1 del Reglamento 2017/1001) y en la jurisprudencia sobre la caducidad de una marca por falta de uso efectivo, aplicable mutatis mutandis al supuesto analizado. Rechaza que los esfuerzos realizados por el titular de la marca, Mad Dogg Athletics, Inc., para evitar la vulgarización después de la solicitud de caducidad tengan efectos para evitarlas. “En cualquier caso, de haberse producido el mencionado cambio en la percepción del público, la recurrente siempre tendría la posibilidad de solicitar de nuevo a la EUIPO el registro de su marca” (párr. 22).

La segunda cuestión relevante es el territorio que debe tenerse en cuenta al valorar la causa de caducidad. La razón es que, a pesar de que se trataba de una marca comunitaria, la sociedad que solicitó su caducidad, Aerospinning Master Franchising s.r.o., había referido su vulgarización exclusivamente a laRepública Checa. El Tribunal General subrayó que el art. 51.2 del Reglamento 207/2009 no preveía la posibilidad de fraccionar la caducidad en función del ámbito geográfico. Pero afirmó que si el signo distintivo había devenido la designación usual del producto o servicio en una parte del territorio comunitario,debía predicarse la caducidad respecto de toda la Unión Europea. Así, en el párrafo 34 explica que “… cuando se demuestre que una marca de la Unión ha perdido todo carácter distintivo en una parte limitada del territorio de la Unión, o, en su caso, en un solo Estado miembro, dicha constatación implicará necesariamente que ya no podrá tener los efectos previstos en el Reglamento n.o 207/2009 en toda la Unión. En consecuencia, y contrariamente a lo que alega la recurrente, es suficiente conque se haya constatado la transformación de tal marca en una designación usual,aunque haya sido en un solo Estado miembro, para que la caducidad de los derechos de su titular se declare respecto del conjunto de la Unión.”

El fundamento entronca con la ratio de la marca comunitaria: superar el fraccionamiento estatal del mercado europeo para permitir que las empresas expandan sus actividades económicas a todo él. Además, esa solución evita resoluciones contradictorias entre la EUIPO y los tribunales nacionales.

El tercer tema sobre el que se pronuncia el Tribunal General, y que a la postre deviene trascendental, es el público que debe tomarse en consideración al valorar la caducidad. Realiza una interpretación amplia y afirma que hay que prestar atención a las circunstancias del mercado de los productos o servicios en cuestión. Aunque atribuye un peso preponderante a los consumidores finales,también deben tenerse en cuenta los clientes profesionales. En el caso resultan decisivos puesto que eran ellos los que contrataban los servicios y adquirían los productos identificados por la marca para ponerlos a disposición de sus clientes, los consumidores finales. Como la EUIPO no los tubo en cuenta, el Tribunal General anula su decisión.

“La resolución impugnada no contiene, en cambio, ningún elemento relativo a la percepción dela marca controvertida por los clientes profesionales … esos profesionales son quienes adquieren generalmente las bicicletas estáticas, para ponerlas posteriormente a disposición de sus propios clientes, a fin de permitir que estos últimos practiquen la actividad deportiva de que se trata” (párrafo 63) …

“El mencionado error de apreciación en la definición del público pertinente vicia el conjunto de la resolución impugnada y, por lo tanto, justifica su anulación”(párrafo 65)

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Información sobre el Brexit sin acuerdo

Las negociaciones del Brexit están en un momento complicado. Parece que todo es posible: Brexit duro, Brexit suave, una segunda votación y un Brexit sin acuerdo. A pesar de las perjudiciales consecuencias que la última opción comportaría, representa una opción muy real. Buena prueba de ello es la información preparada por el Gobierno inglés al respecto. En la página web https://www.gov.uk/government/collections/how-to-prepare-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal, ha publicado una guía para el caso de que no se alcance un acuerdo. En ella aparece información útil tanto de carácter general como específica para temas muy diversos, desde los programas financiados por la Unión Europea o la Agricultura, hasta los satélites, los derechos de autor, el agotamiento de los derechos de propiedad industrial, las patentes y las marcas. Como escribió el economista Santiago Carbó en El País el pasado 24 de septiembre: “Brexit: avisados quedan”.

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Compensación por los costes de cobro derivados de la morosidad

En la sentencia de 13 de septiembre de 2018 (C-287/17), Česká pojišťovna a.s. y WCZ, spol. s r. o., el TJUE responde a una cuestión prejudicial sobre el alcance de la compensación de los costes de recobro en caso de morosidad. Tiene su origen en un contrato de seguro concertado entre dos sociedades checas. Ante el retraso en el pago de las primas, la aseguradora envió diversos requerimientos a su contraparte exigiéndole que cumpliera su obligación. En la demanda consecuente, solicitó, entre otros extremos, el pago de la compensación de cuarenta euros prevista en el artículo 6.1 de la Directiva 2011/7/UE y, además, la indemnización de los costes del recobro, generados esencialmente por los requerimientos de pago. El órgano judicial que conocía del caso se dirigió a la institución judicial europea preguntándole si el art. 6 de la citada norma permite al acreedor exigir sólo el pago de la cantidad fija en concepto de costes de recobró o, adicionalmente, otra compensación mayor.

El apartado 3.º del artículo 6 parece claro: “Además de la cantidad fija establecida en el apartado 1, el acreedor tendrá derecho a obtener del deudor una compensación razonable por todos los demás costes de cobro que superen la cantidad fija y que haya sufrido a causa de la morosidad de este. Esta podría incluir, entre otros, los gastos que el acreedor haya debido sufragar para la contratación de un abogado o una agencia de gestión de cobro”. Sin embargo, la contraposición entre las diversas versiones oficiales del precepto y el considerando 19 de la Directiva generan dudas.

El Tribunal de Justicia se posiciona a favor de la segunda posibilidad. Afirma que el acreedor tiene derecho a la compensación preestablecida de cuarenta euros y, además, la indemnización razonable de todos los costes de recobro en que haya incurrido. Esencialmente esgrime tres argumentos. El primero es el tenor literal del precepto analizado: no ciñe la compensación de los costes de recobro a la suma de cuarenta euros. El segundo es el objetivo de la norma: proteger a los acreedores de la morosidad. “Tal protección implica que se ofrezca a los acreedores una compensación lo más completa posible por los costes de cobro en que hayan incurrido, de manera que se desaliente la morosidad”. El tercer y último argumento es la comparación entre la Directiva 2000/35, cuyo artículo 3.1.e) de la primera atribuía al acreedor el derecho a una indemnización razonable por todos los costes de cobro que había sufrido debido a la morosidad, y la actualmente vigente, que la sustituye. La autoridad judicial europea considera que la Directiva 2011/7 no ha querido disminuir la tutela que otorgaba su antecesora a los acreedores respecto de la compensación de los costes de recobro. Consecuentemente, defiende una interpretación amplia del artículo 6 de la Directiva 2011/7, de modo que el acreedor tiene derecho a cobrar una suma fija de cuarenta euros y, además, un resarcimiento razonable por los gastos de cobro en que haya incurrido.

Hay dos extremos más que merecen reseñarse en relación con la exégesis del Derecho derivado europeo. De un lado, la trascendencia de las exposiciones de motivos. Afirma que carecen de fuerza vinculante y no puede ser utilizadas ni para introducir excepciones a las disposiciones de la norma ni para interpretarlas de forma manifiestamente contraria a su tenor literal. Recuerda que defendió esa hermenéutica en la sentencia de 19 de junio de 2014 (C-345/13), Karen Millen Fashions (apartados 31 ss.). El otro tema relevante es la discrepancia entre las versiones oficiales de una misma norma. El TJUE afirma que no puede representar el único fundamento de la exégesis de una disposición. Y que tampoco debe atribuirse carácter prioritario a una versión frente a las demás.

Así las cosas, concluye con una interpretación amplia del artículo 6 de la Directiva 2011/7 que permite al acreedor obtener una compensación razonable de los gastos de cobro que le haya ocasionado la morosidad de su deudor.

“Resulta de las anteriores consideraciones que procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 6 de la Directiva 2011/7 debe interpretarse en el sentido de que reconoce al acreedor que reclama una compensación por los gastos resultantes de los requerimientos enviados al deudor a causa de la morosidad de este último el derecho a obtener, en tal concepto, además de la cantidad fija de 40 euros establecida en el apartado 1 de dicho artículo, una compensación razonable en el sentido del apartado 3 del mismo artículo, en concepto de la parte de dichos gastos que supere esa cantidad fija.”

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EXONERACIÓN DEL CONSIGNATARIO AL NO SER RESPONSABLE EL NAVIERO: STS 462/2018, DE 18 DE JULIO

En la sentencia 462/2018, de 18 de julio el Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre la responsabilidad del consignatario de buques. Lo absuelve al no ser responsable el naviero-porteador. La razón es que no se había ocupado de la descarga de las mercancías. Era el destinatario quien había asumido esta operación, durante la cual se liberó una gran cantidad de caolín que daño cosechas de unas fincas cercanas. La propietaria de las mismas había demandado a la terminal portuaria que ejecutó la descarga y a la consignataria del buque. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Motril estimó la demanda y condenó a las dos mercantiles. La Audiencia Provincial de Granada confirmó su decisión. En cambio, el Tribunal Supremo absuelve a la consignataria de buques.

La autoridad judicial empieza subrayando que no se aplica al caso la Ley de Navegación Marítima, puesto que los hechos se habían producido en 2013; por tanto, antes de su entrada en vigor. El dato es importante porque el TS había mantenido la responsabilidad del consignatario bajo el reinado del Código de comercio y de la Ley de Transporte Marítimo de 1949. Aunque algunas audiencias provinciales cuestionaron su doctrina, la sentencia 927/2007, de 26 de noviembre, zanjó la discusión a favor de la responsabilidad del consignatario de buques por los daños y pérdida de las mercancías durante el transporte.

A continuación recuerda el principio de relatividad de los contratos: “… lo pactado entre los distintos intervinientes en el contrato de transporte marítimo delimita la intervención de cada interviniente en las distintas operaciones del transporte y, consiguientemente, la responsabilidad de cada uno de ellos y, en concreto, del porteador.” Y parte de esta premisa para afirmar que el porteador no podía ser responsable de los daños derivados de la descarga al no haberla asumido: en el contrato de transporte marítimo se había pactado que el destinatario se ocuparía de la descarga. Consecuentemente, tampoco el consignatario del buque era responsable.

“Al no corresponder esa labor al porteador y, por tanto, no ser responsable de los daños que pudieran causarse en la descarga de la mercancía, que fue contratada directamente por el destinatario de la mercancía con una empresa estibadora del puerto de destino, no es necesario entrar a valorar si la equiparación entre el porteador y su consignatario puede extenderse también a la responsabilidad extracontractual frente a terceros y no solamente a la responsabilidad frente al propietario de la mercancía por los daños causados a esta.”

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Construcción de buques en régimen de arrendamiento financiero: STJUE 25.7.2018

Cuando se piensa en el Derecho marítimo, normalmente no vienen a la mente las normas de competencia. Y sin embargo, su combinación puede tener gran trascendencia. Así lo demuestra el caso de las normas tributarias españolas aplicables a la construcción de buques en régimen de arrendamiento financiero, respecto del que el Tribunal de Justicia se ha pronunciado a finales de julio en 2018. Tiene su origen en la Decisión 2014/2000/UE, de 17 de julio de 2013 (SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06). En ella la Comisión Europea consideró que algunas de las normas tributarias españolas aplicables a los acuerdos de arrendamiento financiero para la adquisición de buques constituían una ayuda pública ilegal y exigió a España que le pusiera fin. El Tribunal General anuló esta decisión en su sentencia de 17 de diciembre de 2015 al estimar, esencialmente, que faltaba el requisito de la selectividad: las medidas no eran selectivas sino que cualquier empresa podía acudir a ellas. La Comisión recurrió contra el fallo y el Tribunal de Justicia le ha dado la razón en su sentencia de 25 de julio de 2018 (C-128/16P), Comisión Europea contra Reino de España, Lico Leasing, SA, Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A. et al. Sin embargo, no resuelve definitivamente el litigio. Considera que no tiene elementos de juicio suficientes y devuelve el asunto al Tribunal General.

El Derecho español permitía que las empresas navieras adquirieran buques construidos por astilleros españoles con un descuento de entre el 20% y el 30%. Para ello era necesaria una estructura harto compleja en la que intervenía una naviera, un astillero, un banco, una sociedad de arrendamiento financiero, una agrupación de interés económico (AIE) constituida por el banco y diversos inversores que adquirían participaciones en ella. La Comisión consideró que se trataba de un montaje destinado a generar ventajas fiscales para los inversores, una parte de las cuales se trasladaba a las navieras en forma de descuentos sobre el precio del buque. A su entender, era producto de la combinación de cinco medidas normativas: “Estas medidas consistían en la amortización acelerada de activos arrendados prevista en el artículo 115, apartado 6, de la Ley del Impuesto de Sociedades; en la aplicación discrecional de la amortización anticipada de los activos arrendados resultante de los artículos 48, apartado 4, y 115, apartado 11, de la Ley del Impuesto de Sociedades y del artículo 49 del Reglamento del Impuesto de Sociedades; en las disposiciones relativas a las AIE; en el régimen de tributación por tonelaje establecido en los artículos 124 a 128 de la Ley del Impuesto de Sociedades y en las disposiciones del artículo 50, apartado 3, del Reglamento del Impuesto de Sociedades”. Y España lo había puesto en práctica desde el 1 de enero de 2008.

La clave del caso reside en la identidad de los beneficiarios de la ayuda. Mientras que la Comisión consideró que era las agrupaciones de interés económico, el Tribunal General estimó que eran sus inversores, dada la transparencia fiscal de esas personas jurídicas. Eran ellos quienes se beneficiaron de las medidas y a quienes iba dirigida la orden de recuperación impuesta por la Decisión. El Tribunal de Justicia considera errónea esta interpretación. Afirma que las AIE tienen la consideración de “empresas” a los efectos del art. 107 TFUE, porque ejercían una actividad económica: adquirían buques mediante arrendamiento financiero para fletarlos a casco desnudo y, después, venderlos. Subraya que solicitaban y disfrutaban del beneficio de la amortización anticipada de activos arrendados. Asimismo, renunciaban al régimen ordinario del impuesto sobre sociedades para optar por el de tributación por tonelaje. Aunque las ventajas se transferían a sus socios, “…las medidas fiscales controvertidas se aplicaban a la AIE y … eran las beneficiarias directas de las ventajas derivadas de dichas medidas”.

Hay otros tres temas relevantes en esta sentencia. El primero es el concepto de “empresa” a los efectos del art. 107 TFUE. El Tribunal de Justicia reitera la concepción amplia que ya había mantenido con anterioridad. Así, afirma que “…comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación” (párr. 34). En otras palabras, cualquier entidad que ofrezca bienes o servicios en un mercado.

El segundo aspecto relevante es la valoración de la selectividad de las ayudas públicas en el ámbito tributario. La corte europea sigue la doctrina que mantuvo en su fallo de 21 de diciembre de 2016 (C-20/15 P y C-21/15 P), Comisión contra World Duty Free Group. En el apartado 37 de la sentencia califica de ventajas fiscales selectivas aquellas medidas que colocan a los beneficiarios en una situación financiera más favorable que a los restantes contribuyentes. Explica que “… no es necesario que las autoridades nacionales competentes dispongan de una facultad discrecional para concederlas” (párr. 55). Basta que la medida tributaria en cuestión suponga una excepción al régimen común aplicable en el Estado miembro en cuestión. Decide que concurre ese requisito en el caso, puesto que las agrupaciones de interés económico no habrían disfrutado de los beneficios fiscales que impulsaron la creación régimen tributario aplicable a la construcción de buques en régimen de arrendamiento financiero.

La última cuestión que cabe destacar es la interpretación del requisito de la afectación a los intercambios comerciales. El Tribunal de Justicia continúa con la interpretación amplísima que ha hecho del requisito. Concurre cuando las empresas beneficiarias participan en el mercado intracomunitario o, sencillamente, “…no puede excluirse que compitan con operadores establecidos en otros Estados miembros” (párr. 85). Además, “… no es necesario acreditar la incidencia real de la ayuda sobre los intercambios comerciantes entre los Estados miembros y el falseamiento efectivo de la competencia, sino únicamente examinar si tal ayuda puede afectar a dichos intercambios y falsear la competencia” (párr. 86).

 

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EL TJUE CONFIRMA LA NULIDAD DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL CON FORMA DE UNA TABLETA DE CHOCOLATE (MONDELEZ VS NESTLÉ)

 

La sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2018 (C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P) tiene por objeto la marca europea tridimensional

 

La corte europea confirma el fallo del Tribunal General de 15 de diciembre de 2016 que anuló el registro de este signo distintivo. En otras palabras, Mondelez ha ganado la batalla a Nestlé. En efecto, la última sociedad registró la marca en la EUIPO en 2006. Cadbury Schweppes plc (actualmente Mondelez) solicitó su nulidad en virtud del art. 7.1.b) del Reglamento 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria. La División de Anulación de la EUIPO le dio la razón en 2011. Pero la Segunda Sala de Recurso de la oficina europea se posicionó a favor de Nestlé al considerar que había probado que el signo había adquirido carácter distintivo por el uso. Mondelez recurrió contra esa decisión ante el Tribunal General en 2013 y obtuvo una respuesta afirmativa. Esta institución anuló el registro al considerar que no se había probado que la marca solicitada, que no tenía carácter distintivo ab initio, lo hubiera adquirido por el uso en todo el territorio comunitario. Ahora el Tribunal de Justicia confirma esa interpretación.

El TJUE declara que el carácter unitario de una marca europea exige que tenga carácter distintivo en el conjunto de la Unión Europea para obtener su registro y disfrutar del derecho de exclusiva. El art. 7.1.b) del Reglamento 207/2009 obliga a denegarle esa protección si carece de fuerza distintiva en una parte de la Unión. Ahora bien, ese requisito puede ser intrínseco al signo o ser adquirido posteriormente a consecuencia de su uso (art. 7.3). En el caso se discutía precisamente la última posibilidad: si la marca tridimensional había adquirido fuerza distintiva por su uso. El TJUE lo niega, puesto que no se había demostrado que hubiera conseguido carácter distintivo en todo el territorio comunitario. Subraya que no basta que lo haya hecho en una parte significativa del mismo, como pretendían Nestlé y la EUIPO:

“… en lo que respecta a una marca que carece de carácter distintivo ab initio en el conjunto de los Estados miembros, tal marca solo puede registrarse en virtud de dicha disposición si se demuestra que ha adquirido carácter distintivo por el uso en todo el territorio de la Unión”.

Respecto de la prueba, el Tribunal concede que no es necesario acreditar la adquisición de carácter distintivo en cada uno de los Estados miembros, considerado individualmente. También es válido demostrar que se ha conseguido ese objetivo globalmente con respecto a todos ellos.

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Cincuenta años de Derecho europeo de sociedades

Este año se cumple medio siglo de Derecho europeo de sociedades. La Unión Europea aprobó la primera Directiva en materia societaria en 1968. En 2017 codificó buena parte de ese sector del ordenamiento en la Directiva 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2017 sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades. Y continúa trabajando: a finales de abril la Comisión ha presentado dos iniciativas legislativa más. La primera es la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades (Bruselas, 25.4.2018 – COM(2018) 239 final). Puede consultarse aquí y el anexo aquí. Su finalidad es avanzar en la digitalización del Derecho de sociedades. Aunque ya existen medidas, se considera necesario ir más allá, a fin de facilitar la relación de las empresas con las Administraciones públicas, incrementar la igualdad de oportunidades y facilitar su circulación dentro del mercado único. La segunda medida es la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas (Bruselas, 25.4.2018 – COM(2018) 241 final). Está disponible aquí. Sus objetivos son dos. De un lado, establecer procedimientos específicos y exhaustivos para las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas. De otro, proporcionar una protección adecuada a los socios minoritarios, a los acreedores sociales y a los trabajadores.

Aprovechando la coyuntura he publicado un artículo en Global Jurist (March 2018) en el que analizo la evolución del Derecho europeo de sociedad y reflexiono sobre su futuro. Se titula EU Company Law: Past, Present and … Future? y el resumen es el siguiente:

As 2018 marks the 50th anniversary of the approval of the first Directive on EU Company Law, it is a good time to review its past and present in order to assess whether its foreseeable future meets the needs of European enterprises. The study of the evolution of EU Company Law demonstrates that its evolution has been discontinuous. It started with a lot of ambition, but suffered a crisis that conditioned its future development: regulated issues were considerably restricted, legal instruments were extended and legislative technique was modified, essentially to circumvent the reservations of the Member States. It could seem that these changes are working, because the Action Plan 2012 is starting to bear fruits. Three legal rules have been approved and several projects are underway. Nonetheless, there are reasons to doubt whether EU Company Law is meeting its objectives: the impact of the new legal rules is minimal, the future of the project is uncertain and, although the bureaucratic burdens have been reduced, there are various needs of European firms, especially those of SMEs, that have not been yet satisfied.

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