Congreso sobre transporte en Castellón 13-15.6.2018

Los próximos días 13, 14 y 15 de junio de 2018 tendrá lugar en Benicàssim (Castellón) el VII Congreso Internacional de Transporte: “El transporte como motor del desarrollo socioeconómico”, organizado por el Instituto Universitario de Derecho del Transporte de la Universitat Jaume I de Castellón (IDT). Puede encontrarse más información en http://transportconferenceidt.com/.

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STS 14/2018: dies a quo de la prescripción de la acción de responsabilidad de los administradores

Aunque ya tiene unos meses, la STS 14/2018, de 12 de enero tiene cierto interés al incidir un tema clásico del Derecho de sociedades, el inicio del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad de los administradores, y discrepar el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial.

Sin entrar en detalles sobre los antecedentes de hecho, harto complejos, basta comentar que el cese del administrador se produjo el día 14 de noviembre de 1996 y la demanda se interpuso el 1 de octubre de 2002; es decir, casi seis años más tarde. El Juzgado de Primera Instancia la desestimó, pero la Audiencia Provincial condenó al exadministrador. El Tribunal Supremo casa el último fallo al considerar que la acción de responsabilidad había prescrito.

Antes que nada, interesa subrayar que, evidentemente, no se aplica el art. 241 bis LSC, pues no estaba en vigor cuando se produjeron los hechos. El TS resuelve la litis en virtud del art. 949 Ccom., que establece un plazo de prescripción de 4 años “…a contar desde que por cualquier motivo cesaron en el ejercicio de la administración”. Ahora bien, explica que es jurisprudencia consolidada retrasar el inicio del cómputo “…a la constancia del cese en el Registro Mercantil cuando se trata de terceros de buena fe (artículos 21.1 y 22 del Código de comercio y 9 del Reglamento del Registro Mercantil), con fundamento en que solo a partir de la inscripción registral puede oponerse al tercero de buena fe el hecho del cese, dado que el legitimado para ejercitar la acción no puede a partir de ese momento negar su desconocimiento”. Esta extensión no es aplicable frente a los terceros de mala fe o cuando el afectado conocía el momento efectivo del cese del administrador. Así sucede cuando la propia sociedad demanda a sus gestores (acción social de responsabilidad).

De ahí que revoque la sentencia de la AP:

“(l)a tesis … de que solo comenzaba a correr el plazo de prescripción de la acción cuando los administradores contra los que se dirigió́ la acción, que habían sido los únicos accionistas, dejaron de ostentar la mayoría del capital social y entró en el accionariado un nuevo socio mayoritario, porque solo en ese momento fue posible ejercitar la acción social, es incorrecta.

Tampoco es aceptable la tesis de que solo comienza a correr el plazo de cuatro años del art. 949 del Código de Comercio respecto de todos los administradores demandados, desde el cese del último de ellos. No existe ningún obstáculo para que se ejercite la acción de responsabilidad contra un administrador cesado pese a que persistan en sus cargos el resto de administradores contra los que se vaya a ejercitar la acción social de responsabilidad.

De aceptar la tesis contraria, la acción de exigencia de responsabilidad contra el administrador cesado en su cargo podría pervivir indefinidamente mientras no cesaran el resto de administradores susceptibles de ser demandados”.

La corte suprema también se pronuncia sobre la retroactividad de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989 y la niega, casando de nuevo el fallo de la AP en este punto. Recuerda que el art. 9.3 de la Constitución vincula esencialmente al legislador y que el juez debe estar a las Disposiciones de Derecho transitorio que contenga la norma aplicable. “La Ley 19/1989, de 25 de julio, sí contenía algunas normas de Derecho transitorio, pero ninguna afectaba al régimen de responsabilidad de los administradores establecido en los arts. 79 y 80 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, que reformaba. Por tal razón, debe aplicarse la previsión del art. 2.3 del Código Civil y negar eficacia retroactiva a la nueva redacción de esos preceptos legales reguladores de la responsabilidad de los administradores”.

Jan Albert Sasal Renom y Carlos Górriz López

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Seminario sobre la retribución de administradores (Málaga, 18 de mayo de 2018)

El 18 de mayo de 2018 se celebrará, en el Centre Pompidou de Málaga, el Seminario de Derecho mercantil “La retribución de administradores y la más reciente jurisprudencia”, organizado por el Área de Derecho mercantil de la Universidad de Málaga con la colaboración de la Cátedra de Viabilidad Empresarial de esta misma Universidad. Puede encontrarse toda la información en: www.seminariosderechomercantilmalaga.es

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Procesos de selección: ¡porque yo lo valgo!

Un exceso de trabajo me impide actualizar este blog como desearía. Sin embargo, hay ocasiones que exigen hacer un acto en el camino. Y hoy ha sido una de ellas, pues quiero agradecer a José María Rojí la magnífica charla que ha impartido hoy en mi Facultad. Con el sugerente título que rubrica esta entrada, ha dado una lección magistral sobre cómo afrontar un proceso de selección. En primer lugar, ha destacado la necesidad de conocer qué objetivo tiene el graduado que lo afronta. Ha aconsejado a los estudiantes que reflexionen sobre qué quieren realmente y qué están dispuestos a sacrificar. A continuación, se ha centrado en los procesos de selección, strictu sensu, y ha reflexionado sobre la importancia de la imagen. En cuanto al curriculum vitae, ha subrayado la trascendencia de planificarlo, de incluir aspectos diferenciales, de preparar argumentos para cubrir las carencias y de la necesidad de cuidar la forma. El cuarto punto de su intervención ha sido la entrevista. Entre las valiosas recomendaciones que ha dado, se hallan la necesidad de informarse sobre el despacho y valorar si es coherente con el estilo del candidato. Igualmente les ha instado a cuidar la imagen en las redes sociales. Antes de pasar a responder las preguntas de los asistentes, les ha dado unos valiosos consejos, como el pensar en las referencias culturales del entrevistador.

Aunque no tenía necesidad alguna, José María Rojí ha confirmado de nuevo sus amplios conocimientos, su exquisitez en las formas y una gran generosidad. Muchísimas gracias.

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El representante de la persona jurídica no puede ser administrador de hecho

En la sentencia 104/2018, de 1 de marzo, el Tribunal Supremo afirma:

“…por definición, las personas físicas representantes de personas jurídicas administradoras de unas sociedades no pueden ser calificadas de administradores de hecho, pues precisamente desarrollan las funciones de su cargo con arreglo a una representación expresamente prevista en la ley.”

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El TS se pronuncia sobre la distribución de los impuestos derivados de los préstamos hipotecarios

Por fin se ha publicado la decisión del Tribunal Supremo sobre la validez de las cláusulas que imputan al cliente bancario los tributos generados en un préstamo con garantía hipotecaria. O mejor dicho, las decisiones, pues se trata de dos sentencias con un contenido idéntico: 147/2018, de 15 de marzo y 148/2017, de 15 de marzo. No es la primera vez que la máxima autoridad judicial analiza la abusividad de condiciones generales relativas a gastos relacionados con préstamos hipotecarios. Como ella misma recuerda en los fallos que nos ocupan, ha tratado ese tema en sus sentencias 550/2000, de 1 de junio; 842/2011, de 25 de noviembre y 795/2015, de 23 de diciembre.

Antes de ir más allá, conviene reproducir una de las condiciones generales en cuestión. Se trata de la cláusula 5.ª de la escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria del primer litigio.

“Gastos a cargo del prestatario: La parte deudora asume el pago de los gastos de tasación del inmueble hipotecado, de todos los demás gastos y tributos derivados de esta escritura, de los actos y contratos que en la misma se formalizan y de su inscripción en el Registro de la Propiedad, de los originados por cuantos otorgamientos sean precisos para que este documento tenga acceso al citado Registro y de los causados por las cartas de pago parcial o total del préstamo y por la cancelación de la hipoteca, así como de cuantos se ocasionen para exigir el cumplimiento de lo pactado o para la defensa por parte de Banco Herrero, de su crédito, comprendidos los de la interposición y la oposición a tercerías, incluidos los honorarios de Letrado y derechos de Procurador aunque su intervención no fuere preceptiva, la deudora asume la totalidad de los gastos de gestión y tramitación necesarios para la inscripción de la hipoteca”.

El TS declara que es abusiva y, por lo tanto, nula. La razón es que contraviene normas imperativas. La cláusula imputa al prestatario/consumidor el pago de todos los impuestos generados por un préstamo con hipoteca inmobiliaria, mientras que la ley los reparte entre sus partes. Pese a que la afirmación de la alta autoridad judicial es cierta, cabe destacar que grava sobre el deudor todos los tributos salvo el derecho de cuota fija por los actos jurídicos documentados del timbre de los folios de papel exclusivo para uso notarial. Veámoslo.

El primer hecho imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en el caso que nos ocupa, es la constitución del préstamo hipotecario. Siguiendo la doctrina de su Sala Tercera –interprete máximo de las normas tributarias españolas-, el TS afirma que grava sobre el prestatario en virtud de los arts. 8 y 15.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre). El segundo hecho es la documentación del acto en escritura pública. Se distinguen dos modalidades: un derecho de cuota variable en función de la cuantía del acto o negocio jurídico que se documenta y un derecho de cuota fija por los actos jurídicos documentados del timbre de los folios de papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz y las copias autorizadas. El sujeto pasivo del primero es el prestatario. Así se deriva del art. 69 del Reglamento del Impuesto (Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo). En cambio, la solución es diversa respecto de la cuota fija. Los de la matriz corresponden al prestatario, salvo en los casos en que las partes acordaran otra cosa sobre la distribución. Los de las copias gravan sobre la parte, bien el prestamista bien el prestatario, que las solicite. El tercer y último hecho imponible es la cancelación de la hipoteca. El art. 45 B.18 del Texto Refundido de la LITPAJD declara exentas las primeras copias de la escritura que la documente.

Así las cosas, el TS declara nula la cláusula y obliga a la entidad de crédito a reembolsar al consumidor las cantidades que satisfizo y que correspondía abonarlas a aquélla. Pero se trata exclusivamente de las sumas correspondiente a la expedición de las copias solicitadas a instancias del prestamista, con lo que puede ser que la cantidad sea mínima

“Aunque sí debería restituir el banco las cantidades cobradas por la expedición de las copias, cuando no se ajusten a lo antes indicado, este pronunciamiento no afecta al importe de las cantidades fijadas en la sentencia recurrida, pues más allá de su escasa incidencia económica, no se ha acreditado que, por el concepto de impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la demandante hubiera pagado alguna cantidad distinta a la correspondiente a la constitución del préstamo y haber tenido en cuenta la Audiencia Provincial lo abonado por matriz y copias.”

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Llamada a comunicaciones para la IV Jornada de la Real Academia de Derecho de la Competencia

La IV Jornada de la Real Academia de Derecho de la Competencia se celebrará en la Facultad de Derecho de la UVEG (Valencia) el próximo viernes 1 de Junio de 2018.
Las propuestas de comunicaciones para la Jornada RADC pueden versar sobre cualquier tema en materia de Derecho de la Competencia. La solicitud de interés puede enviarse hasta el 1  de mayo próximo al correo electrónico teresa.palomar@uv.es , y deberá incluir:
– Título
– Resumen de 500 palabras como máximo
– Nombre del autor/a o autores/as y, en caso de que corresponda, adscripción institucional
– Dirección de correo electrónico
Las comunicaciones podrán ser presentadas en castellano o inglés. El texto final se entregará antes del 25 de mayo por la misma vía. La selección se realizará por el Consejo Directivo de la RADC, quienes decidirán cuáles serán objeto de exposición pública, lo que se comunicará a los autores con antelación.

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“La Mafia se sienta a la mesa”: marca prohibida

El Tribunal General ha confirmado la decisión de la EUIPO de no registrar la marca figurativa solicitada por la Mafia Franchises, SL para las clases 25, 35 y 43 del Arreglo de Niza. La razón es que es contraria al orden público y a las buenas costumbres (art. 7.1.f) del Reglamento 207/2009; actualmente 7.1.f) Reglamento 2017/1001). Estamos hablando de la sentencia de 15 de marzo de 2018 (T-1/17), La Mafia Franchises, S.L. contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

La autoridad judicial europea explica que al aplicar esta prohibición hay que valorar “…las cualidades intrínsecas de la marca solicitada y no (las) circunstancias relativas al comportamiento de la persona solicitante de la marca […]” (párr. 40). Así pues, cabe empezar subrayando que el tribunal destaca el papel central que poseen los términos “La Mafia” en el signo distintivo, tanto por el tamaño de su grafía como por su posición central. Identifican una organización criminal, con origen italiano, que se ha extendido por todo el mundo. Se dedica al todo tipo de actividades ilícitas, destacando el tráfico de drogas, de armas, el blanqueo de dinero y la corrupción. Utiliza medios deplorables, como la intimidación, la violencia física y el asesinato. Por lo tanto, contraviene los valores de la libertad y la dignidad humana, pilares sobre los que se asienta la Unión Europea.

La expresión “se sienta a la mesa” contribuye a banalizar la percepción negativa de esta organización criminal. A pesar de ocupar un lugar secundario en el signo distintivo, transmite el mensaje de compartir una comida; o sea una atmósfera de bienestar y familiaridad, lo que disminuye la connotación negativa del nombre “La Mafia”. Por otra parte, el hecho de que numerosos libros, revistas o películas se refieran a esta organización tampoco elimina el carácter peyorativo de este nombre.

En consecuencia, “…la marca controvertida, vista en su conjunto, evoca una organización criminal, da una imagen globalmente positiva de dicha organización y, por lo tanto, banaliza los ataques graves que tal organización perpetra contra los valores fundamentales de la Unión … La marca controvertida es, por lo tanto, chocante u ofensiva no sólo para las víctimas de dicha organización criminal y sus familias, sino también para cualquier persona que, en el territorio de la Unión se encuentre ante dicha marca y posea umbrales medios de sensibilidad y tolerancia.” (parr. 47)

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Congreso sobre traslado de domicilio y reestructuración empresarial

Los días 26 y 27 del próximo mes de abril se celebrará en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid el Congreso sobre Traslado de domicilio y reestructuración empresarial, organizado por el Departamento de Derecho Mercantil, Financiero y Tributario de dicha Universidad, y la colaboración de la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal (RCP), el Registro de Economistas Forenses (REFOR), y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

Tras la conferencia inaugural impartida por Christoph Teichmann, el Congreso se organiza en Mesas Redondas en las que intervendrán académicos y profesionales especialistas en las implicaciones societarias, preconcursales y concursales de la operación de traslado de domicilio. Los interesados pueden obtener la información en http://eventos.ucm.es/18432/detail/traslado-de-domicilio-y-reestructuracion-empresarial.html.

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Contrato de alquiler de cajas de seguridad (STS 96/2018)

La STS 96/2018, de 26 de febrero plantea una interesante cuestión sobre un contrato de alquiler de caja de seguridad. En particular, la determinación del montante de la indemnización derivada del robo de la caja fuerte. No se trata de un tema nuevo, sino que varias sentencias anteriores ya habían abordado este contrato y en tres de ellas se basa ahora el Tribunal Supremo para fundamentar su fallo: SSTS 21/1994, de 27 de enero; 985/2008, de 4 de noviembre y 38/2013, de 15 de febrero.

El TS cita su sentencia 985/2008 para resolver el problema de la naturaleza jurídica del contrato de alquiler de caja de seguridad. En el fundamento de Derecho primero mantuvo: “La naturaleza jurídica del contrato bancario denominado de alquiler de cajas de seguridad no es la de depósito en su variedad de depósito cerrado, sino la de un contrato atípico, surgido de la conjunción de prestaciones del arriendo de cosas y de depósito, en el que la finalidad pretendida por el cliente no es el mero goce de la cosa arrendada, sino el de la custodia y seguridad de lo que se guarda en la caja, que se consigue de una forma indirecta, a través del cumplimiento por el banco de una prestación consistente en la vigilancia de la misma y de su integridad a cambio de una remuneración. La entidad bancaria no asume la custodia de ese contenido, sino del daño que la ruptura, sustracción o pérdida de la caja pueda ocasionar al cliente. Es claro que la situación más análoga a la descrita es la determinada por la existencia de un depósito cerrado y sellado, contemplada en el art. 1.769 del Código civil . El contrato litigioso, en suma, tiene una causa mixta”.

También sigue a esta decisión en cuanto a la normativa aplicable. Ahora bien, en la que nos ocupa parte del art. 310 Ccom para afirmar que el contrato tiene naturaleza mercantil y aplicar la prelación de fuentes que establece.

“…primero habrá que estar a lo dispuesto en los estatutos de la entidad depositaria, esto es, la normativa administrativa que regula la contratación bancaria y que, en el presente caso, viene constituida por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprobó el Reglamento de Seguridad Privada, y por la Orden del Ministro del Interior de 23 de abril de 1997, que no contienen una previsión específica sobre el problema litigioso.

En segundo lugar, resulta de aplicación lo previsto en el art. 307 II CCom., que en el caso de los depósitos cerrados dispone que «Los riesgos de dichos depósitos correrán a cargo del depositario, siendo de cuenta del mismo los daños que sufrieren, a no probar que ocurrieron por fuerza mayor o caso fortuito insuperable». De donde se presume la responsabilidad de la demandada.

Pero, en cualquier caso, el art. 307 CCom no ofrece respuesta al problema de la prueba o acreditación de la preexistencia y valor de los objetos depositados, por lo que habrá que estar a lo dispuesto en el art. 1769 CC…”

Así las cosas, en resolución 96/2018, de 26 de febrero, la máxima autoridad jurisdiccional española decide dos cuestiones importantes. La primera es el fundamento de la responsabilidad; en otras palabras, las causas de exoneración que puede esgrimir la entidad de crédito demandada. Parte de que el contrato imputa al depositario un deber de custodia consistente en la vigilancia y seguridad de la caja. La responsabilidad que asume es objetiva, ex art. 1769 Cc.: responde del incumplimiento salvo cuando pruebe que el quebrantamiento de la clausura o cierre de la caja fue debido a un hecho ajeno imprevisible e inevitable. Falla que el banco ha incumplido y es responsable porque no ha probado que la causa del robo fuera un caso fortuito o un supuesto de fuerza mayor. Esta tesis choca con la que mantuvo en una de las sentencias que cita. En efecto, en el fallo 21/1994, de 27 de enero afirmó que el art. 1769 Cc introduce una presunción relativa de culpa del depositario. Por lo tanto, la entidad de crédito no necesitaría acreditar la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, sino simplemente que fue diligente.

La segunda cuestión debatida es el cálculo de la indemnización. El TS mantiene que el art. 1769 Cc. otorga preferencia a la declaración del depositante sobre la existencia y valor de los efectos depositados, salvo prueba en contrario. Considera que, en el litigio concreto, el depositante ha aportado un principio de prueba que no ha sido rebatido por el depositario.

En este tema interesa traer a colación la STS 985/2008,  citada con anterioridad. Tras explicar que el precepto en cuestión establecía una presunción relativa, destacaba que la prueba en contrario normalmente serían meramente indicios. Pero otorgó eficacia a los esgrimidos por el banco para exonerarle, puesto que el depositante no había acreditado la propiedad de los objetos desaparecidos:

“En el caso de autos, los indicios aportados por el Banco demandante han de considerarse sólidos para dejar de dar credibilidad a la declaración por la actora del valor de lo depositado, pues la misma no va acompañada de ningún indicio de propiedad sobre las joyas y objetos preciosos desaparecidos. Sólo se remite a que han sido heredados, y a la tradición de que pasen de madre a hija, pero, repetimos, sin el más mínimo indicio de su adquisición. Por ello son creíbles las alegaciones contrarias a la preexistencia de los objetos en la caja de seguridad antes de su robo, y por ende a su valor, que formuló la entidad bancaria demandada, y que la sentencia recurrida acogió.”

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