DERECHO AL OLVIDO VS LIBERTAD DE INFORMACI脫N: EL CASO GOOGLE SPAIN

Posted by Carles G贸rriz L贸pez

El conflicto entre el derecho a la intimidad y las libertades de expresi贸n y de informaci贸n es un cl谩sico. Piensen en todos los casos en que famosos, pseudo-famosos y particulares han demandado a medios de comunicaci贸n para difundir noticias o im谩genes pertenecientes a su vida privada. Las nuevas tecnolog铆as, y en particular internet, han revolucionado este tema y han renovado el inter茅s de los juristas. Uno de los 煤ltimos casos ha sido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE) de 13 de mayo de 2014 (C-131/12), que enfrentaba el todopoderoso Google con la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos y el Sr. Mario Costeja Gonz谩lez.

El origen del fallo radica en la petici贸n del Sr. Costeja, abogado de profesi贸n -隆como no! -, de que La Vanguardia y Google eliminaran datos referentes al embargo de determinados inmuebles que hab铆a sufrido a ra铆z de deudas con la Seguridad Social. Fundament贸 su reclamaci贸n en聽que esos hechos, a pesar de ser ciertos, hab铆an pasado hac铆a mucho tiempo y hoy en d铆a no ten铆an ninguna relevancia. La Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos acogi贸 la petici贸n respecto de Google pero no de La Vanguardia pues la informaci贸n que proporcionaba su p谩gina web estaba amparada por el art. 20 de la Constituci贸n Espa帽ola, que reconoce la libertad de expresi贸n y de informaci贸n. Google recurri贸 ante la Audiencia Nacional y, como 茅sta ten铆a algunas dudas sobre la interpretaci贸n de la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci贸n de Datos de Car谩cter Personal, formul贸 determinadas preguntas al TJUE sobre la interpretaci贸n de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protecci贸n de las personas f铆sicas en lo que respecta al tratamiento de datos y a la libre circulaci贸n de estos datos, que es el referente esencial de la ley espa帽ola.

La corte europea considera que Google hace un tratamiento de datos personales, pues los motores de b煤squeda (google, bing o yahoo por ejemplo) buscan informaci贸n publicada en internet, la indexan, la almacenan temporalmente y la ponen a disposici贸n de los internautas. Y como el gestor del motor de b煤squeda determina los fines y medios de la actividad, se le debe considerar responsable del tratamiento de datos. Se plantea un problema porque el propietario del motor de b煤squeda (Google Inc.)聽tiene su sede en Estados Unidos y, en principio, no le afecta la Directiva. Y la otra empresa demanda, su filial ib茅rica (Google Spain), se dedica a la promoci贸n y venta de espacios publicitarios, pero no gestiona el motor de b煤squeda. No obstante, el Tribunal de Justicia falla su responsabilidad debido a la estrecha relaci贸n existente entre las dos actividades: sin la venta de espacios publicitarios no tendr铆a sentido empresarial el motor de b煤squeda (鈥淓n efecto, en tales circunstancias, las actividades del gestor del motor de b煤squeda y las de su establecimiento situado en el Estado miembro de que se trate est谩n indisociablemente ligadas, dado que las actividades relativas a los espacios publicitarios constituyen el medio para que el motor de b煤squeda en cuesti贸n sea econ贸micamente rentable y dado que este motor es, al mismo tiempo, el medio que permite realizar las mencionadas actividades鈥). Adem谩s a帽ade que una interpretaci贸n restrictiva de la Directiva no permitir铆a lograr su finalidad, que es garantizar una protecci贸n eficaz y completa de las libertades y derechos fundamentales de las personas f铆sicas -y, en particular, del derecho a la intimidad-.

La cuesti贸n principal era si el Sr. Costeja ten铆a derecho a que el motor de b煤squeda google dejara de ofrecer informaci贸n sobre los embargos mencionados. Entre otros problemas estaba que los datos proporcionados por el buscador eran ciertos. Sin embargo, el Tribunal le da la raz贸n en virtud del art. 6.1 de la Directiva. Considera que hay derecho a pedir la supresi贸n de los datos personales no s贸lo cuando son inexactos sino tambi茅n cuando son inadecuados, no pertinentes y excesivos en relaci贸n a los fines del tratamiento de datos, cuando no est谩n actualizados o cuando se conservan durante un tiempo posterior al necesario. Afirma que en estos casos el inter茅s de la persona debe prevalecer sobre el inter茅s del p煤blico a encontrar la informaci贸n. Ahora bien, except煤a las hip贸tesis en que la relevancia p煤blica de la persona justifica que se contin煤e informando sobre las circunstancias personales, aunque ya no sean actuales.

鈥淵a que el interesado puede, habida cuenta de sus derechos con arreglo a los art铆culos 7 y 8 de la Carta, solicitar que la informaci贸n de que se trate ya no se ponga a disposici贸n del p煤blico en general mediante su inclusi贸n en tal lista de resultados, es necesario considerar, como se desprende, en particular, del apartado 81 de la presente sentencia, que estos derechos prevalecen, en principio, no s贸lo sobre el inter茅s econ贸mico del gestor del motor de b煤squeda, sino tambi茅n sobre el inter茅s de dicho p煤blico en encontrar la mencionada informaci贸n en una b煤squeda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no ser铆a el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempe帽ado por el mencionado interesado en la vida p煤blica, que la injerencia en sus derechos fundamentales est谩 justificada por el inter茅s preponderante de dicho p煤blico en tener, a ra铆z de esta inclusi贸n, acceso a la informaci贸n de que se trate鈥 (apartado 97). As铆 pues, el Tribunal de Justicia prima el derecho a la intimidad sobre la libertad de expresi贸n.

Esta concepci贸n ha sido muy criticada en Estados Unido que acusan a la sentencia de atentar contra uno de los pilares del Estado de Derecho, la libertad de expresi贸n. Por ejemplo, Jeff Jarvis, profesor de Ciencias de la Comunicaci贸n en Nueva York, califica la decisi贸n de loca y peligrosa (鈥…insane and dangerous ruling…鈥) y compara a la corte europea con un tirano que quiere tener el control sobre el conocimiento. Tambi茅n ha sido cuestionada en Europa donde se ha objetado聽que el TJUE parece haberse olvidado de que el art. 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea reconoce la libertad de expresi贸n (Por ejemplo Vassall-Adams, Guy: 鈥淐ase comment: Google Spain SL, Google Inc v Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja Gonz谩lez鈥 en Eutopia Law, de 16.5.2014, quien destaca la importancia de internet para la libertad de expresi贸n).

El Sr.. Javis se equivoca en las formas, pero no en el fondo, a mi modesto entender. No creo que deba prevalecer el derecho a la intimidad sobre la libertad de expresi贸n cuando la informaci贸n es verdadera, pertinente y relevante. Al menos la sentencia no me ha convencido -imag铆nense que el Sr. Costeja llega a presidente del TC en unos a帽os: 驴tendr铆a inter茅s la informaci贸n eliminada?-. La Corte europea deber铆a haberse detenido m谩s en la relaci贸n entre los dos principios en conflicto y dar m谩s argumentos para defender la primac铆a del derecho al olvido. Sobre todo si tenemos en cuenta que el Abogado General Niilo J盲盲skinen s铆 lo hab铆a hecho en sus conclusiones sobre el caso (25/06/2013) y precisamente a favor de la libertad de expresi贸n, informaci贸n y empresa.

Sea como sea, lo cierto es que Google tiene trabajo. A principios de julio hab铆a recibido m谩s de setenta mil peticiones de supresi贸n de datos personales. La empresa estadounidense ya ha comenzado a responder, aunque no siempre de forma positiva ni r谩pidamente, lo que ya ha generado las primeras quejas. Hay que tener en cuenta que la eliminaci贸n de los datos no es autom谩tica sino que Google ha de comprobar si la informaci贸n a pesar de ser cierta es inadecuada, irrelevante, excesiva en relaci贸n a su finalidad u obsoleta. Adem谩s, debe valorar si el inter茅s que pueda tener para la opini贸n p煤blica justifica su mantenimiento. Y por si esto fuera poco, la sentencia del Tribunal de Justicia s贸lo afecta a la Uni贸n Europea: ninguna obligaci贸n impone respecto de la informaci贸n publicada en el resto del mundo. As铆 pues, Google elimina la informaci贸n en las p谩ginas relacionadas con los pa铆ses europeos, pero no a la de los Estados Unidos (por ejemplo, v茅ase Ball, Joseph: 鈥淓U鈥檚 right to be forgotten: Guardian articles have been hidden by Google鈥, en The Guardian, 2.7.2014). Es m谩s, las p谩ginas existen y son accesibles por otras v铆as; lo 煤nico que hace Google es evitar que aparezcan los resultados en su buscador.

Por 煤ltimo, resulta parad贸jico que una acci贸n destinada a conseguir que se olvidaran determinados datos se haya convertido en uno de los temas jur铆dicos m谩s comentados en todo el mundo.

EUROPA SACA LOS COLORES AL LEGISLADOR ESPA脩OL

Posted by Carles G贸rriz L贸pez

El Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE) ha sacado los colores al legislador espa帽ol: su sentencia de 17 de julio de 2014 declara que el art. 695.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) vulnera el ordenamiento europeo. Es cierto que no es la primera vez que esto sucede y que, probablemente, tampoco ser谩 la 煤ltima. Tambi茅n es verdad que no es un hecho excepcional ni exclusivo de Espa帽a. Al contrario, no es inusual que la corte europea corrija a un legislador nacional por no haber hecho bien su trabajo. Pero el caso que nos ocupa es significativo porque se trata de una ley aprobada para corregir otra que el mismo TJUE hab铆a tachado de contraria al Derecho de la Uni贸n. Y en un tema tan sensible como las hipotecas.

Recordemos esa sentencia de 14 de marzo de 2013 (c-415/11), Mohamed Aziz v. Catalunyacaixa (puede encontrarse una valoraci贸n sucinta aqu铆 y una referencia a sus consecuencias aqu铆). El Sr. Aziz no hab铆a pagado algunas cuotas del cr茅dito que hab铆a solicitado para adquirir su vivienda y Catalunyacaixa ejecut贸 la hipoteca, qued谩ndose con la casa por el 50% de su valor al resultar desierta la subasta. Sin embargo, antes de que se produjera la adjudicaci贸n definitiva, el deudor present贸 una demanda solicitando que se declarara la nulidad de una cl谩usula del contrato de pr茅stamo hipotecario debido a su car谩cter abusivo. A pesar de que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo se hab铆an pronunciado a favor de la licitud de determinadas cl谩usulas de estos contratos, el Magistrado Fern谩ndez Seijo plante贸 una cuesti贸n prejudicial ante la corte europea de justicia. Fall贸 que la normativa espa帽ola era incompatible con la Directiva 93/13/CE sobre las cl谩usulas abusivas en los contratos con consumidores.

Como no pod铆a ser menos el legislador espa帽ol reaccion贸 y aprob贸 la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protecci贸n a los deudores hipotecarios, reestructuraci贸n de deuda y alquiler social. Mediante ella modificaba diversas leyes a fin de corregir los defectos denunciados por el TJUE; entre ellas, el art. 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Y llegamos al caso que nos ocupa, que tiene su origen de nuevo en un pr茅stamo hipotecario. Al no cobrar alguna mensualidad, el BBVA inici贸 un procedimiento ejecutivo hipotecario contra los deudores en el que solicita la satisfacci贸n 铆ntegra del pr茅stamo, m谩s los intereses ordinarios y de demora, as铆 como la venta de la finca en subasta p煤blica. Los deudores se opusieron, pero el Juzgado de Primera Instancia hizo caso omiso, lo que provoc贸 que recurrieran en apelaci贸n ante la Audiencia Provincial de Castell贸n. Como ten铆a dudas sobre compatibilidad del Derecho espa帽ol con el ordenamiento europeo, la Audiencia formul贸 una cuesti贸n prejudicial ante la corte europea en Luxemburgo. En particular, ten铆a dudas acerca de la validez del art. 695.4 LEC pues permite a los acreedores recurrir contra una decisi贸n judicial que acuerda el sobreseimiento del procedimiento ejecutivo o la no aplicaci贸n de una cl谩usula abusiva, pero no contempla la posibilidad de impugnar la resoluci贸n que desestima las pretensiones de los consumidores.

El Tribunal de Justicia responde que el art. 695.4 LEC es contrario al Derecho de la Uni贸n Europea pues coloca al consumidor en una situaci贸n de inferioridad respecto del acreedor que ejecuta la hipoteca. 鈥淓n efecto, este desequilibrio entre los medios procesales de que disponen, por un lado, el consumidor y por otro, el profesional, no hace sino acentuar el desequilibrio que existe entre las partes contratantes…鈥. Por lo tanto, esta disposici贸n vulnera el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea (derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial) y el art. 7.1 de la Directiva 93/13/CE.

La corte de justicia aprovecha la ocasi贸n para apuntar otros problemas de la normativa espa帽ola, a pesar de que no se le hab铆a preguntado al respeto. Primero, critica que el art. 552.1 LEC s贸lo permita que el juez nacional pueda examinar de oficio el car谩cter abusivo de las condiciones generales. Deber铆a obligarle a hacerlo. Segundo, los art铆culos 552.1 y 695.1 LEC condicionan temporalmente la posibilidad de oponerse a un procedimiento de ejecuci贸n hipotecaria en virtud del car谩cter abusivo de una de las condiciones generales. No deber铆an existir l铆mites cronol贸gicos. Y tercero, no es correcto que el procedimiento declarativo que falla que una cl谩usula de un pr茅stamo hipotecario es abusiva y por tanto nula no tenga repercusi贸n en el procedimiento ejecutivo. No ofrece una protecci贸n completa y suficiente al consumidor, pues seguramente no podr谩 recuperar su domicilio.

Esta decisi贸n no solucionar谩 el problema de la vivienda ni del procedimiento ejecutivo hipotecario. Es posible que comporte la suspensi贸n o la anulaci贸n de algunas ejecuciones y obligar谩 al legislador a modificar la LEC (El Pa铆s informa de que se aprovechar谩 la reforma de la Ley Concursal para ello). Pero pone de relieve dos hechos importantes. El primero es la existencia de un grave problema de t茅cnica legislativa en Espa帽a. No s茅 si ser谩 ineptitud, dejadez, precipitaci贸n o razones m谩s poderosas, pero la situaci贸n es preocupante porque est谩 en juego el principio sagrado de la seguridad jur铆dica y la credibilidad del sistema. El segundo hecho es que los jueces de a pie parecen haberse rebelado contra el legislador. No se limitan a ser la boca muda que pronuncia las palabras de la Ley, como dec铆a Montesquieu. Gracias sobre todo a los instrumentos que proporciona la Uni贸n Europea, ha recuperado la voz y velan por la buena salud del Derecho nacional. Mi m谩s sincero reconocimiento.

UBER

Posted by Carles G贸rriz L贸pez

鈥淟as ciencias avanzan que es una barbaridad鈥. Aquesta frase que canta don Hilarion a la sarsuela La verbena de la paloma es pot aplicar a Uber, el software d鈥檃plicaci贸 m貌bil que est脿 revolucionant 鈥損er no dir encabritant- el m贸n del taxi. Des de la seva creaci贸 al 2009, ha generat pol猫mica. En un primer moment els taxistes de San Francisco van protestar per que el seu nom original 鈥淯berCab鈥 donava lloc a confusi贸. Un jutjat de Brusel鈥es la ha prohibit i a Paris no es permet recollir passatgers fins que no passin 15 minuts des de la comunicaci贸. A l鈥檃bril d鈥檈nguany la Generalitat va obrir un expedient en considerar que podria no complir la normativa sobre el transport de passatgers. Per貌 va ser el passat 11 de juny quan els mitjans de comunicaci贸 se鈥檔 van fer ress貌 arrel de la vaga dels taxistes de Barcelona i de Madrid. Molt s鈥檋a escrit des de llavores i algunes afirmacions m鈥檋an generat les seg眉ents reflexions.

Un dels arguments que s鈥檋a donat per defensar Uber 茅s que constitueix un exemple de la nova 鈥渆conomia compartida鈥 i que els taxistes han d鈥檃daptar-se a l鈥檈voluci贸 de les noves tecnologies. 脡s m茅s que discutible. Uber no serveix per compartir les despeses d鈥檜n trajecte. Si aix铆 fos, no hi hauria res a dir. La web d鈥檃questa aplicaci贸 explica que t茅 per objecte connectar passatgers i conductors professionals i que cobra aproximadament un vint per cent del preu. Es genera aix铆 un problema perqu猫 la llei exigeix una autoritzaci贸 tant per realitzar serveis de transport discrecional de persones com per mitjan莽ar en aquest servei. I per si qued茅s algun dubte, tamb茅 per l鈥檃rrendament vehicles amb conductor. Aix貌 significa que tant Uber com els conductors que fan servir aquesta aplicaci贸 necessiten la corresponent autoritzaci贸. I, evidentment, hauran de complir amb les corresponents obligacions fiscals, com qualsevol ciutad脿 i empresa. Per aix貌, encerten la Generalitat i el Ministeri de Foment en obrir un expedient sancionador contra Uber Tecnologies, la empresa que hi ha darrera l鈥檃plicaci贸, i contra els conductors que la fan servir per a oferir el servei de transport. Una cosa diferent 茅s que aquest expedient arribi a bon port. D鈥檃ltra banda, no es cert que el m贸n del taxi no s鈥檋agi adaptat a les noves tecnologies. Hi ha aplicacions de tel猫fons m貌bils que permeten aconseguir un taxi. 脡s el cas de Hailo, Mytaxi, Cabify, GooTAxi, By-taxi, Click A Taxi o Join Up Taxi.

Tamb茅 s鈥檋a acusat als taxistes de formar un c脿rtel. Resulten paradigm脿tiques les paraules de Neelie Kroes, la vicepresidenta de la Comissi贸 Europea, al seu blog. Va criticar la decisi贸 d鈥檜n jutjat de Brussel鈥es de prohibir Uber perqu猫 no constitu茂a una mesura per protegir o ajudar als passatgers si no que la finalitat era mantenir el c脿rtel del taxi. Tamb茅 em sembla discutible. 脡s veritat que el taxi constitueix un mercat tancat, en el sentit que per entrar en ell cal reunir uns requisits molt exigents; el que fa que els preus d鈥檃quest servei siguin elevats. Per貌 no 茅s menys cert que aquests requisits no s贸n un capritx. Al contrari, estan pensats 鈥揺n teoria, al menys- per protegir a l鈥檜suari. Persegueixen garantir uns determinats m铆nims de qualitat i seguretat. I, el que 茅s m茅s important, hi ha una llei que els imposa. Per tant, si es vol obrir aquest mercat, s鈥檋aur脿 de canviar la llei, el que obligar脿 a valorar quins requisits s鈥檈xigeixen per dedicar-se professionalment al transport de persones.

Els taxistes farien b茅 en repensar la seva estrat猫gia. Ho dic perqu猫 el dia de la vaga va ser quan m茅s descarregues es van enregistrar d鈥橴ber. Sembla doncs que els hi van fer publicitat gratu茂ta. En segon lloc, l鈥櫭▁it d鈥檃questa aplicaci贸 rau en el preu: els seus usuaris aconsegueixen pagar menys que el que els hi costaria fer el mateix trajecte en taxi. Es possible que la difer猫ncia estigui en les despeses imprescindibles en complir els requisits legals. Per貌, de totes maneres, els taxistes farien b茅 en avaluar la situaci贸. I, per 煤ltim, han de tenir ben present que la tecnologia m貌bil continua avan莽ant i que cal adaptar-se a ella per oferir un millor servei.

* Publicat a Comer莽 i ciutat, 2014, n煤mero 47, p脿g. 13

LA MEDIACI脫 CONCURSAL

Posted by Carles G贸rriz L贸pez

1. Introducci贸

La mediaci贸 concursal 茅s una instituci贸 preconcursal de recent creaci贸, la finalitat de la qual 茅s aconseguir que el deutor insolvent i els seus creditors arribin a un acord respecte del pagament dels deutes de manera que s鈥檈viti el concurs del primer. Pertany al Dret concursal que es pot definir com aquella part de l鈥檕rdenament jur铆dic que busca soluci贸 a la crisi econ貌mica dels particulars. La seva finalitat es aconseguir la m脿xima satisfacci贸 dels creditors. Per貌 es dif铆cil de realitzar quant m茅s temps passa sense que es prenguin mesures. Per aix貌 la tend猫ncia actual 茅s actuar quant abans millor; a ser possible, abans de que s鈥檕bri el procediment judicial del concurs. En aquesta l铆nea, al setembre de 2013 es va crear l鈥檃cord extrajudicial de pagaments, tamb茅 conegut com 鈥渕ediaci贸 concursal鈥. Es tracta de permetre a un empresari insolvent for莽ar una negociaci贸 amb els seus creditors a fi d鈥檃conseguir que li perdonin una part del deute, li donin m茅s temps per pagar o acceptin b茅ns o dret en pagament. La negociaci贸 茅s canalitza a trav茅s d鈥檜n 鈥渕ediador concursal鈥, com l鈥檃nomena la llei. Una part important de la doctrina li nega la condici贸 de mediaci贸, at猫s que el r猫gim de l鈥檃cord extrajudicial de pagament s鈥檃llunya dels trets que caracteritzen aquell mitj脿 de soluci贸 de conflictes. L鈥檃n脿lisi del seu r猫gim jur铆dic ens permetr脿 pronunciar-nos al respecte.

La mediaci贸 concursal est脿 regulada a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en endavant LC); essencialment al T铆tol X (arts. 231 a 242). Quant a la seva efic脿cia, interessa comentar que no s鈥檃plica als cr猫dits de Dret p煤blic, per貌 s铆 als que compten amb una garantia real, sempre que el seu titular s鈥檋agi adherit a la negociaci贸 informant expressament al mediador concursal. Suplet貌riament s鈥檃plica la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediaci贸n en Asuntos Civiles y Mercantiles, sempre que 茅s mantingui que l鈥檃cord extrajudicial de pagaments 茅s una mediaci贸. La Ley 5/2012 incorpora la Directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, sobre Certs Aspectes de la Mediaci贸 en Assumptes Civils i Mercantils. Tamb茅 cal esmentar el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, doncs desenvolupa la Ley 5/2012.

2. Estatut jur铆dic del mediador concursal

Conv茅 analitzar l鈥檈statut jur铆dic del mediador concursal doncs presenta algunes singularitats respecte del r猫gim general. Essencialment es refereixen als requisits per accedir a la professi贸 i a la remuneraci贸. Respecte dels primers, l鈥檃rt. 233.1 LC exigeix que tinguin els requisits necessaris per esdevenir mediador i per ser administrador concursal. Els primers es troben previstos a l鈥檃rt. 11 de la Ley 5/2012. En primer lloc, pot ser una persona f铆sica o jur铆dica; per貌 en l鈥櫭簂tim cas ha de designar una persona f铆sica que compleixi les condicions exigides als mediadors 鈥渘aturals鈥. Segon, ha de tenir un t铆tol oficial universitari o de formaci贸 professional superior. Tercer, ha d鈥檋aver fet cursos de formaci贸 espec铆fica per al desenvolupament de la tasca de mediador, organitzats per institucions autoritzades. I quart, ha de tenir coberta, mitjan莽ant asseguran莽a o garantia an脿loga, la responsabilitat civil que pugui ocasionar la seva actuaci贸. L鈥檃rt. 27 LC estableix les condicions que han de tenir els administradors concursals i el 28 les prohibicions. Essencialment ha de ser un advocat, economista, titulat mercantil o auditor de comptes, amb cinc anys d鈥檈xperi猫ncia professional i formaci贸 especialitzada a l鈥櫭爉bit concursal.

Aix铆 doncs, el mediador concursal ha de ser un advocat, economista, titulat mercantil o auditor de comptes, amb cinc anys d鈥檈xperi猫ncia professional i formaci贸 especialitzada a l鈥櫭爉bit mercantil, que hagi fet els necessaris cursos de formaci贸 per adquirir els coneixements i habilitats propis dels mediadors i tingui coberta la seva responsabilitat civil. A m茅s, haur脿 d鈥檈star inscrit obligat貌riament al Registre de Mediadors i Institucions de Mediaci贸 (art. 11 RD 980/2013).

La remuneraci贸 del mediador concursal presenta importants difer猫ncies respecte del r猫gim general. L鈥檃rt. 15 de la Ley 5/2012 parteix del principi d鈥檃utonomia de la voluntat i preveu que les parts en conflicte es repartiran la quantitat al cinquanta per cent, la generaci贸 de la qual no dep猫n del resultat de la negociaci贸. La Disposici贸 Addicional 8.陋 LC remet el r猫gim de la remuneraci贸 del mediador concursal a la dels administradors concursals. Esdevenen aix铆 aplicables l鈥檃rt. 34 LC i el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el Arancel de Derecho de los Administradores Concursales. El primer aspecte que mereix comentar-se 茅s que no s贸n les parts i el mediador les que fixen la remuneraci贸 si no un tercer. El que la llei no aclareix si ser脿 el jutge que ha de con猫ixer del concurs del deutor o el registrador/notari que nomenen al mediador concursal. Segon, la determinaci贸 de la quantia no 茅s lliure. L鈥檃rt 34 LC fixa els elements que el jutge ha de tenir en compte al establir-la. A m茅s, configura aquesta suma com un m脿xim, de manera que el mediador mercantil no podr脿 rebre cap altre pagament, tret de que existeixin circumst脿ncies excepcionals. Ara b茅, la quantitat fixada no 茅s immutable. D鈥檜na banda, el jutge pot modificar-la en qualsevol moment del procediment quan concorri justa causa. D鈥檃ltra, la decisi贸 del jutge pot ser recorreguda en apel鈥aci贸. Per 煤ltim, la retribuci贸 va a c脿rrec de la massa activa; 茅s a dir, de l鈥檜nivers de b茅ns i drets del deutor.

3. Actuaci贸 del mediador concursal a l鈥檃cord extrajudicial de pagaments

1. La negociaci贸 de l鈥檃cord extrajudicial s鈥檕rigina amb el nomenament del mediador concursal i la iniciativa correspon al deutor exclusivament. No es necessari el consentiment del creditors ni que la mediaci贸 estigu茅s prevista als contractes o negocis que van generar els cr猫dits deguts. La Llei Concursal preveu que la negociaci贸 comen莽a amb una inst脿ncia del deutor demanant el nomenament del mediador concursal. Els arts. 231 i 232 LC fixen els requisits, l铆mits i prohibicions. D鈥檈lls resulta que aquest tipus de mediaci贸 est脿 disponible nom茅s per a persones f铆siques que tinguin la condici贸 d鈥檈mpresari i per a persones jur铆diques. Resulta criticable que no es permeti als consumidors acudir a aquest mitj脿 de soluci贸 de conflictes. Quant a les persones f铆siques, la llei defineix de forma molt ampli la condici贸 d鈥檈mpresari, de manera que compren tamb茅 els professionals independents i els aut貌noms. Han d鈥檈star en situaci贸 d鈥檌nsolv猫ncia, que pot ser tant actual com imminent; per貌 el seu passiu no pot superar els cinc milions d鈥檈uros. Respecte de les persones jur铆diques, la llei exigeix que estiguin en situaci贸 d鈥檌nsolv猫ncia actual, que si es declaren en concurs no sigui d鈥檈special complexitat (art. 190 LC), que tinguin l铆quid suficient per satisfer les despeses de la negociaci贸 i que el seu patrimoni i ingressos semblin suficients per arribar a un acord.

El destinatari de la inst脿ncia ser脿 un registrador mercantil o un notari. Haur脿 de dirigir-se al primer si el deutor 茅s un empresari individual o una persona jur铆dica inscribible al Registre Mercantil. En cas contrari ser脿 competent un notari de la poblaci贸 en la que el deutor tingui el seu domicili. L鈥檃rt. 232 estableix el contingut i la forma de la inst脿ncia.

2. El registrador o el notari nomenaran al mediador concursal. Ho faran seguint un criteri objectiu: l鈥檃rt. 233.1 LC ordena triar la persona natural o jur铆dica que de forma seq眉encial correspongui entre les que figurin a la llista elaborada pel Registre de Mediadors i Institucions de Mediaci贸 del Ministeri de Just铆cia. Si el designat accepta el c脿rrec, el registrador/notari procedir脿 al seu nomenament i a donar-ne la publicitat corresponent. En particular, comunicar脿 la designaci贸 al jutge competent per con猫ixer del concurs del deutor, al Registre Mercantil, al Registre P煤blic Concursal i als restants registres p煤blics que tinguin relaci贸 amb el conflicte, aix铆 com a l鈥橝g猫ncia Estatal de l鈥橝dministraci贸 Tribut脿ria i a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

El nomenament del mediador concursal t茅 gran transcend猫ncia doncs la llei li atribueix efectes importants (arts. 5 bis, 15 i 235 LC). Estableix que el deutor pot continuar amb la seva activitat empresarial o professional; per貌 li prohibeix sol鈥icitar nous pr茅stecs, l鈥檕bliga a retornar totes les targetes de cr猫dit i no li permet utilitzar mitjans electr貌nics de pagament. Igualment, declara que no podr脿 ser declarat en concurs de creditors, tret de que la negociaci贸 fracassi. Tampoc procedir脿 l鈥檈xecuci贸 judicials dels b茅ns necessaris per l鈥檈xercici de la seva activitat empresarial o professional. S鈥檈xceptuen els cr猫dits que comptin amb una garantia real. A m茅s, els creditors que puguin veure鈥檚 afectats per l鈥檃cord extrajudicial de pagaments no podran realitzar cap acte destinat a millorar la posici贸 en la que es trobin respecte del deutor. Per 煤ltim, aquest no podr脿 sol鈥icitar una nou acord extrajudicial de pagament durant un any.

3. El primer que ha de fer el mediador concursal 茅s comprovar l鈥檈xist猫ncia i quantia dels cr猫dits del deutor. A continuaci贸 convocar脿 als creditors a una reuni贸 per revisar les circumst脿ncies del pagament dels deutes existents. L鈥檃rt. 234 LC fixa el contingut, la forma i el moment de la convocat貌ria. Interessa especificar que el termini m脿xim per celebrar la reuni贸 茅s de dos mesos a comptar des del moment en que el mediador concursal accepta el c脿rrec. Quant als destinataris, s鈥檋aur脿 de dirigir a tots els creditors, inclosos els que comptin amb una garantia real, per貌 no els de Dret p煤blic.

4. El mediador concursal ha de fer la proposta d鈥檃cord. En particular, la llei li encarrega la preparaci贸 d鈥檜ns plans de pagament, viabilitat i continuaci贸. El primer consisteix en oferir als creditors la modificaci贸 de les condicions de satisfacci贸 dels cr猫dits existents; essencialment un quitament i una espera. L鈥檃rt. 236 imposa uns l铆mits: el quitament no podr脿 excedir del 25 % de l鈥檌mport dels cr猫dits i l鈥檈spera de 3 anys. El pla de viabilitat detallar脿 com es satisfaran els cr猫dits pendents si s鈥檃ccepta la proposta, aix铆 com les quantitats que percebr脿 el deutor en concepte de dret d鈥檃liments. I el pla de continuaci贸 explicar脿 com seguir脿 l鈥檃ctivitat empresarial o professional que exerceix el deutor. La Llei permet que el mediador concursal proposi una daci贸 en pagament; 茅s a dir, oferir determinats b茅ns o drets en pagament dels cr猫dits existents. Malgrat que es preveu com una alternativa als plans referits, no t茅 perqu猫 ser aix铆: La finalitat i la flexibilitat intr铆nseca a la mesura prejudicial permet concebre-les com complementaries.

El mediador concursal ha de preparar la proposta d鈥檃cord amb el deutor i enviar-la als creditors. Aquests podran adherir-se a ella, rebutjar-la o fer contraofertes, que poden consistir en propostes alternatives o en una modificaci贸 de la rebuda. Ara b茅, estan condicionades pels l铆mits de l鈥檃rt. 236. Tamb茅 poden negar-se a negociar. L鈥檃rt. 236.4 LC exigeix que el mediador concursal sol鈥iciti la declaraci贸 de concurs del deutor quan la majoria del passiu que pugui ser afectada per l鈥檃cord extrajudicial decideixi no continuar les negociacions.

5. Els creditors deliberaran i decidiran si aproven o no la proposta d鈥檃cord a una reuni贸 que es celebrar脿 en el lloc, data i hora fixats a la convocat貌ria. La llei vol garantir l鈥檃ssist猫ncia dels creditors sancionant com a subsidiaris -en cas de que es declari el concurs del deutor- els cr猫dits els titulars dels quals no assisteixin a la reuni贸 i no hagin comunicat amb antelaci贸 la seva adhesi贸 o rebuig a la proposta del mediador concursal. S鈥檈xceptuen els cr猫dits de Dret p煤blic i els que compten amb una garantia real i no s鈥檋agin adherit a la negociaci贸.

Durant la reuni贸 es debatran les propostes i es podran introduir modificacions. Per貌, a fi de protegir els creditors que s鈥檋aguessin adherit a la proposta i no assisteixen a la reuni贸, l鈥檃rt. 237 no permet que s鈥檃lterin les condicions de pagament de la proposta que s鈥檃nalitza. Igualment estableix les majories per aprovar l鈥檃cord. La regla general 茅s que han de votar a favor creditors que representin el 60% del passiu afectat per l鈥檃cord. Si cont茅 una daci贸 en pagament, la majoria s鈥檈leva al 75% i, a m茅s, cal l鈥檃provaci贸 del creditor o creditors que tinguessin una garantia real sobre el b茅 objecte de la daci贸. Tamb茅 especifica que aquests percentatges es calculen en funci贸 del passiu que resulti afectat per l鈥檃cord.

L鈥檃provaci贸 d鈥檜na proposta t茅 gran transcend猫ncia doncs comporta la novaci贸 dels cr猫dits anteriors a la publicaci贸 de l鈥檃pertura del procediment. 脡s a dir, quedaran redu茂ts, extingits o el seu venciment ajornat conforme als termes de l鈥檃cord. L鈥檃rticle 240.1 LC impedeix que s鈥檌nici茂n o continu茂n les execucions relatives a aquests cr猫dits. Per a que es produeixin aquests efectes cal elevar el pacte a escriptura p煤blica i que el notari o registrador en donin publicitat tot comunicant-lo al Butllet铆 Oficial de l鈥橢stat i al Registre P煤blic Concursal, aix铆 com als registres p煤blics de b茅ns afectats. Si la proposta no s鈥檃prova, el mediador concursal sol鈥icitar脿 la declaraci贸 de concurs de creditors, tret de que el deutor no es trobi en situaci贸 d鈥檌nsolv猫ncia.

6. L鈥檃rt. 239 LC regula la impugnaci贸 de l鈥檃cord extrajudicial de pagaments. Restringeix les causes a tres: la manca de concurr猫ncia de les majories de l鈥檃rt. 238.1, la superaci贸 dels l铆mits respecte del quitament i de l鈥檈spera i la desproporci贸 de les mateixes. Tamb茅 restringeix la legitimaci贸 activa als creditors que no hagin estat convocats, als que no hagin votat a favor i als que s鈥檋aguessin oposat al pacte durant la negociaci贸. El termini 茅s de 10 dies a partir de la data de publicaci贸 de l鈥檃cord i el procediment l鈥檌ncident concursal. La sent猫ncia podr脿 confirmar o anular l鈥檃cord. En l鈥櫭簂tim cas, el mediador haur脿 de sol鈥icitar la declaraci贸 de concurs, tret de que el deutor no sigui insolvent. La decisi贸 judicial es publicar脿 al B.O.E. i al Registre P煤blic Concursal i podr脿 ser recorreguda en apel鈥aci贸.

7. L鈥檃cord extrajudicial de pagament no posa fi al procediment ni allibera al mediador de les seves obligacions. La llei li exigeix que supervisi el compliment. Nom茅s quan aquest es produeixi de forma 铆ntegra podr脿 posar fi a la seva activitat, tot fent-lo constar en acta notarial que es publicar脿 al B.O.E. i al Registre P煤blic Concursal. En cas d鈥檌ncompliment, haur脿 d鈥檌nstar el concurs de creditors del deutor, sempre que estigui en situaci贸 d鈥檌nsolv猫ncia.

4. CONCURS CONSECUTIU

El concurs de creditors presenta diverses especialitats quan 茅s la conseq眉猫ncia de la negociaci贸 d鈥檜n acord extrajudicial de pagaments. Ens centrem en les que afecten al mediador concursal. En primer lloc, est脿 obligat a sol鈥icitar la declaraci贸 de concurs del deutor en tres casos: quan sigui impossible arribar a un acord extrajudicial, quan el jutgi l鈥檃nul鈥i en estimar la impugnaci贸 i quan s鈥檌ncompleixi. Segon, el mediador es convertir脿 en administrador concursal, tret de que concorri justa causa que permeti al jutge nomenar una altra persona. I tercer, les despeses de la negociaci贸 extrajudicial i els cr猫dits generats -i entre ells, la remuneraci贸 del mediador concursal- tindran la consideraci贸 de cr猫dits contra la massa. Aquesta qualificaci贸 resulta molt beneficiosa pels seus titulars doncs aquests cr猫dits es paguen al seu venciment, separant de la massa activa els b茅ns i drets necessaris (arts. 84 i 154 LC). La especialitat del concurs consecutiu tamb茅 afecta a l鈥檃pertura de la fase de liquidaci贸, a l鈥檈xercici de les accions de reintegraci贸 (art. 71 LC) i als efectes de la conclusi贸 (art. 178.2 LC).

5. CONCLUSIONS

L鈥檃n脿lisi de l鈥檃cord extrajudicial de pagaments evidencia que existeixen profundes difer猫ncies amb el r猫gim general de la mediaci贸. Destaca l鈥檌nici de les negociacions, la designaci贸 del mediaci贸 concursal i la seva remuneraci贸, doncs xoquen amb els principis de voluntarietat i lliure disposici贸 (art. 6 Ley 5/2012). Igual succeeix amb determinades imposicions de la negociaci贸 que col鈥isionen amb la flexibilitat que caracteritza aquest medi alternatiu de soluci贸 de conflictes.

Ara b茅, al meu modest entendre es pot continuar mantenint que es tracta d鈥檜na verdadera mediaci贸. La ra贸 es que est脿 present la seva ess猫ncia: l鈥檃cord extrajudicial de pagaments serveix per a que les parts en conflicte, deutor i creditors, arreglin les seves difer猫ncies sobre la satisfacci贸 dels deutes. Es cert que la iniciativa correspon exclusivament al primer; per貌 si la majoria del passiu no vol negociar, acaba el procediment. Igualment, tot i que correspon al mediador concursal formular els plans de pagament, viabilitat i continuaci贸, el deutor ha d鈥檈star d鈥檃cord. Es m茅s, sembla necess脿ria la comuni贸 entre tots dos per a que la proposta sigui viable i realista. D鈥檃qu铆 que resulti coherent que als creditors correspongui aprovar o no la proposta. Tamb茅 cal tenir en compte la terminologia utilitzada pel legislador (鈥渕ediador concursal鈥), la remissi贸 que l鈥檃rt. 233.1 fa a la Ley 5/2012, que el RD 980/2013 regula el mediador concursal i que aquesta figura tamb茅 forma part del Registre de Mediadors i Institucions de Mediaci贸. D鈥檃ltra banda, l鈥檃plicaci贸 suplet貌ria de la Ley 5/2012 a l鈥檃cord extrajudicial de pagaments pot facilitar l鈥檈xegesi i aplicaci贸 del T铆tol X de la Ley Concursal.

Els desencontres entre el r猫gim general de la mediaci贸 s鈥檈xpliquen, en bona part, pel marc jur铆dic-econ貌mic de l鈥檃cord extrajudicial de pagaments. Cal tenir en compte que el deutor es troba en una situaci贸 d鈥檌nsolv猫ncia que precisa actuaci贸 immediata, que la seva contrapart est脿 formada per una pluralitat de persones -els creditors-, a les que cal tractar de forma parit脿ria i que la instituci贸 tamb茅 est脿 pensada per alleugerir la c脿rrega de treball dels jutges de lo mercantil. Ara b茅, no es menys cert que el r猫gim jur铆dic de la mediaci贸 concursal cont茅 m煤ltiples defici猫ncies que precisen la intervenci贸 correctora del legislador. 脡s el cas, per exemple, de la conversi贸 del mediador en administraci贸 concursal, doncs posa en crisi el principi de confidencialitat i desincentiva el recurs a la figura examinada.

6. BIBLIOGRAF脥A

AG脺ERO, A. (2014). El mediador concursal como administrador concursal. Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, 20, 273-289.
CABANAS, R. (2014). Algunas cuestiones notariales y registrales del acuerdo extrajudicial de pagos. Diario La Ley, 8285.
FERN脕NDEZ SEIJO, J. M. (2013). Legislar a Contra Coeur. La incidencia de la Ley de apoyo a los emprendedores en el procedimiento concursal. Revista Aranzadi Doctrinal, 7.
GALLEGO, E (2014). La mediaci贸n concursal. Anuario de Derecho Concursal, 31, 11-63.
LLORENTE, M. (2014). La mediaci贸n mercantil. Especial referencia a la mediaci贸n en el marco concursal. Diario La Ley, 8225.
ORTIZ, A. (2013a). La mediaci贸n en el 谩mbito del concurso de acreedores. Diario La Ley, 8020.
ORTIZ, A. (2013b). La mediaci贸n en el concurso de acreedores. Reflexiones y estrategias. Diario La Ley, 8111.
PULGAR, J. (2012). Preconcursalidad y acuerdos de refinanciaci贸n. A El concurso de acreedores. Adaptado a la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal. Madrid: La Ley.
PULGAR, J. (2013a). Implicaciones concursales de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalizaci贸n. A Especial emprendedores, las leyes que los apoyan. Madrid: La Ley.
PULGAR, J. (2013b). Refinanciaciones de deuda, emprendedores y segunda oportunidad. Diario la Ley, 8141.
PULGAR, J. (2014a). Ley de emprendedores y segunda oportunidad. El notario del siglo XXI, 54. Recuperat de http://www.elnotario.es/index.php/229-hemeroteca/revistas/revista-51/3517-ley-de-emprendedores-y-segunda-oportunidad.
PULGAR, J. (2014b). Acuerdos de refinanciaci贸n, acuerdos extrajudiciales de pagos y ley de emprendedores. Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, 20, 43-72.
PULGAR, J. (2014c). Refinanciaci贸n, reestructuraci贸n de deuda empresarial y reforma concursal (Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo). Diario La Ley, 8271.
RIPOLL, A. (2014). Acuerdo extrajudicial de pagos: escritura. Recuperat de http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2014-acuerdo-extrajudicial-de-pagos.htm.
RODR脥GUEZ CONDE, C. (2014). Administraci贸n concursal, mediaci贸n y acuerdo extrajudicial de pagos. Barcelona: Bosch.
SANJUAN, E. (2013). Acuerdos selectivos extrajudiciales de pagos (ASEP). Diario La Ley, 8196.
SEN脡S, C. (2014). El acuerdo extrajudicial de pagos: 驴alternativa efectiva al concurso de acredores?. Revista de Derecho Civil, 1.1, 49-68. Recuperat de http://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/45/26.

 

Publicat a MORENO OLIVER, F. X. (Coord.): Bases de mediaci贸, Servei de Publicacions de la UAB, Bellaterra, 2014, 71 a 78.

Lastminute v Ryanair: denigraci贸n y bases de datos

Posted by Carles G贸rriz L贸pez

La STS 236/2014, de 7 de mayo de 2014 resulta relevante porque sintetiza la doctrina del Tribunal Supremo sobre el acto desleal de denigraci贸n y los requisitos de protecci贸n de las bases de datos elaborada en diversas sentencias que resuelven litigios entre Ryanair y agencias de viajes on line. El caso que nos ocupa enfrentaba a Lastminute Network SL, Sociedad Unipersonal con la famosa compa帽铆a low cost. La primera hab铆a ejercitado diversas acciones de competencia desleal a ra铆z de unas declaraciones formuladas por el transportista a茅reo en 2008 en las que advert铆a de聽que no iba a atender las reservas provenientes de agencias on line, a las que acusaba de robar y tomar a los consumidores y cobrar precios desorbitadas. Ryanair formul贸 reconvenci贸n en la que ped铆a que se condenara a Lastminute por vulnerar sus derechos de propiedad intelectual al extraerse datos de su p谩gina web sin su permiso. La primera instancia estim贸 la demanda y desestim贸 la reconvenci贸n. La AP confirm贸 la sentencia recurrida y lo mismo hace el TS.

El primer tema que se plantea es si la denigraci贸n exige que la identificaci贸n de la persona descalificada. La raz贸n es que Ryanair se refiri贸 a las agencias de viajes on line en general, pero a ninguna de ellas en particular. El TS falla negativamente en virtud de la finalidad del art. 9 LCD y de la distinci贸n con la vulneraci贸n al honor. As铆, afirma que 鈥溾l art铆culo 9 de la Ley de Competencia Desleal trata de evitar el da帽o al cr茅dito en el mercado producido a un agente econ贸mico. Pero no tiene como 煤ltima finalidad dar protecci贸n a dicho cr茅dito, sino asegurar, por medio de su tutela, el correcto funcionamiento del mercado 鈥 la menci贸n a la denominaci贸n social de la empresa objeto de la conducta denigratoria resulta secundaria, pues no afecta a la distorsi贸n del correcto funcionamiento del mercado que provoca la conducta denigratoria.鈥 Mantiene as铆 la l铆nea defendida con anterioridad en las decisiones 167/2014, de 7 de abril (Rumbo v Ryanair) y 171/2014, de 9 de abril (Atr谩palo v Ryanair), entre otras. Interesa destacar que en esos dos fallos el TS se pronunci贸 sobre el conflicto entre la denigraci贸n desleal y la libertad de expresi贸n. A su entender debe resolverse valorando qu茅 derecho protegido es m谩s digno de tutela a la vista de las circunstancias del caso y conforme a las reglas rectoras de cada uno de ellos.

En segundo t茅rmino, el TS mantiene que es l铆cita la aplicaci贸n de la cl谩usula general de deslealtad, a pesar de que se ha calificado la actuaci贸n de Ryanair como denigratoria. La raz贸n es que constituyen situaciones f谩cticas diversas. El Tribunal Supremo se hab铆a pronunciado en la misma l铆nea, aunque con mayor claridad, en las dos sentencias anteriormente referidas.

Otro de los problemas que se plantea es si est谩 justificada la publicaci贸n de la sentencia condenatoria. El dilema es de car谩cter ontol贸gico; en particular, si su fundamento es resarcitorio o de remoci贸n. La alta autoridad judicial espa帽ola聽mantiene que antes de la reforma introducida por la Ley 29/2009 respond铆a a la primera naturaleza y en la actualidad a la 煤ltima.

Por otra parte, niega que Lastminute haya incumplido obligaci贸n contractual alguna frente a Ryanair al utilizar informaci贸n de la p谩gina web de la compa帽铆a de tranpsorte a茅reo. La raz贸n es que no exist铆a contrato alguno entre ambos empresarios. Se hab铆a pronunciado en la misma direcci贸n en dos sentencias anteriores: 572/2012, 9 de octubre (Atr谩palo v. Ryanair) y 630/2012, de 30 de octubre (Ryanair v Edreams).

En relaci贸n con las bases de datos, el TS niega聽que Lastminute haya聽vulnerado derechos de autor de Ryanair al utilizar informaci贸n sobre聽los vuelos que 茅sta ofrece a sus consumidores. En primer lugar, rechaza que exista聽una base de datos; a su entender, se trata de un simple programa de ordenador. Pero aunque existiera una base de datos, no merece la protecci贸n general de los derechos de autor porque la selecci贸n o disposici贸n de su contenido no es original. Por 煤ltimo, considera que Ryanair no puede recabar la tutela del derecho 鈥渟ui generis鈥 sobre las bases de datos porque la inversi贸n realizada por la compa帽铆a low cost iba dirigida a generar u obtener los datos y no la base.

Estas cuestiones hab铆an sido analizadas de forma m谩s clara en dos fallos citados: 572/2012, de 9 de octubre y 630/2012, de 30 de octubre. En ellos el TS se apoy贸 en la jurisprudencia comunitaria, como es preceptivo, y sobre todo en la sentencia del Tribunal de Justicia de 9.11.2004 (C-444/02), Fixtures Marketing. En 茅sta puede leerse: 鈥渆l concepto de inversi贸n destinada a la obtenci贸n del contenido de una basede datosdebe entenderse en el sentido de que designa los recursos consagrados a la b煤squeda de elementos independientes ya existentes y a su recopilaci贸n en la base de que se trate, con exclusi贸n de aquellos recursos utilizados para la propia creaci贸n de los elementos independientes.鈥

Dallas? Nissaga de poder? Joc de trons? No, Pescanova!

Posted by Carles G贸rriz L贸pez

Seguiu 鈥淟a Riera鈥? Esteu enganxats a 鈥淛oc de trons鈥, 鈥淏reaking bad鈥 o 鈥淗ouse of cards鈥? Gaud铆eu de les malifetes de l鈥橝ngela Chaning o d鈥檈n J.R.? Doncs us proposo una alternativa m茅s real per貌 igual d鈥檈nrevessada i interessant: Pescanova! Intriga, 鈥渄olents鈥, lluites de poder i acci贸 (judicial) … Un 鈥淛oc de trons鈥 empresarial localitzat a Galicia. Nom茅s li falta viol猫ncia i sexe (o millor dit, no se n鈥檋an publicat detalls). Per貌 qualsevol guionista amb una mica d鈥檌maginaci贸 solucionaria aquest problema. Us presento la estructura b脿sica de les tres temporades de la s猫rie. Malgrat que em baso en la informaci贸 de la premsa, ha de quedar clar que estic fent ficci贸 … no fos cas que alg煤 es senti al路ludit i es vulgui querellar.

 

La primera temporada portaria per t铆tol 鈥淐au l鈥檌mperi鈥. Comen莽ar铆em presentant l鈥檈mpresa. Fundada al 1960, va desenvolupar una tecnologia puntera en la captura i congelaci贸 de peix, convertint-se en el l铆der indiscutible del mercat nacional i internacional. A l鈥檃ny 1980 Don Manuel, fill d鈥檜n dels fundadors, es converteix en president i modernitza l鈥檈mpresa. A l鈥檃ny 1985 comen莽a a cotitzar a la Borsa de Madrid i s鈥檈xpandeix per mig m贸n. Es converteix en una de les joies de la corona gallega, amb una gran relaci贸 amb el govern i la banca auton貌mica (Bustabad, Lorena:聽鈥淟a Xunta dio ayudas por 44 millones a Pescanova entre 2005 y 2013鈥, publicat a El Pa铆s, 11.12.2013).

 

Arrel d鈥檜ns accidents a les filials estrangeres, cal finan莽ament addicional i per aconseguir-lo es creen societats instrumentals per fingir vendes i amb les factures sol路licitar bestretes als bancs (鈥淧escanova pidi贸 a dos gestor铆as crear sociedades para generar facturas falsas鈥, ABC, 28.10.2013 i 鈥淧escanova infl贸 facturas falsas hasta en un 12.64% sobre el precio al cliente鈥, El Pa铆s, 21.10.2013). L鈥檈ngany surt a la llum quan l鈥檃uditor de la societat es nega a fer un informe favorable i la societat no pot presentar els comptes anuals. La primera temporada s鈥檃cabaria amb una escena on el president de la companyia veu com els que fins llavors es feien fotos amb ell ara el fugen (鈥淔eijoo cree que no es razonable rescatar Pescanova con los impuestos de los gallegos鈥, El Pa铆s, 15.9.2013).

P.S. Sembla que hi haur脿 material per una nova temporada. Segons informa El Pa铆s, el Tribunal Suprem exigeix que processin a Demetrio Carceller, expresident de Damm, per delictes contra Hisenda i blanqueig de capital. A m茅s, l’actual president de la firma considerava la inversi贸 a Pescanova com a estafa (“El presidente de Damm: ‘Pescanova ha sido una pu帽etera estafa’”, El Pa铆s, 30.6.2014)

La segona temporada (鈥淟luita pel tr贸鈥) comen莽a amb una reuni贸 entre dos accionistes, don Jos茅 i don Fran莽ois, en la que acorden fer-se amb el poder de l鈥檈mpresa. El primer pertany a una fam铆lia empresarial molt important, amb interessos al m贸n de la cervesa, dels entrepans i de l鈥檃igua mineral i que compta tamb茅 amb una petita petrolera. El segon representa un fons d鈥檌nversi贸 que controla empreses d鈥檃limentaci贸, navilieres i fins i tot un banc (per a qui li costi imaginar-s鈥檋o, se鈥檔 podria fer una idea llegint l鈥檃rticle de Ort铆n, Alberto: 鈥淟as familias Carceller y Oetker cogen el tim贸n de Pescanova鈥, Cinco D铆as, 13.09.2013). Tots dos comencen a parlar amb la resta d鈥檃ccionistes per a que els hi donin suport i apoderar-se del consell d鈥檃dministraci贸.

 

Mentrestant, don Manuel es desf脿 d鈥檜n paquet important d鈥檃ccions de la societat sense informar als altres administradors ni, el que 茅s m茅s greu, a la CNMV, com exigeix la llei. Arrel de denuncies presentades per petits accionistes i prove茂dors que veuen perillar les seves inversions, la Just铆cia comen莽a a investigar a la c煤pula de l鈥檈mpresa i l鈥檃cusa d鈥檋aver com猫s delictes societaris, contra els consumidors, d鈥檈stafa i de falsedat (P茅rez, Fernando J.: 鈥淓l juez impone una fianza civil de 1.200 millones a la c煤pula de Pescanova鈥, El Pa铆s, 3.9.2013). Per si fos poc, s鈥檕bre un altre front: es declara l鈥檈mpresa en concurs de creditors al no poder satisfer els seus deutes.

 

Don Jos茅 i don Fran莽ois han conven莽ut a la major part del accionariat. Aconsegueixen que es celebri una junta general i en ella executen el cop d鈥檈stat empresarial: cessen a don Manuel i els seus administradors i en nomenen un nou consell controlat per ells. Don Manuel jura venjar-se i recuperar l鈥檈mpresa i presenta una demanda per acomiadament improcedent en la que reclama m茅s de 600.000 euros en concepte d鈥檌ndemnitzaci贸. La segona temporada est脿 a punt d鈥檃cabar. Per貌 hi ha un 煤ltim cop d鈥檈fecte: l鈥橝udi猫ncia Nacional imputa a don Jos茅 i al seu pare per frau fiscal (鈥淩uz imputa a Carceller (Damm) en una trama de fraude fiscal junto a su padre鈥, El Economista, 11.9.2013 i Grasso, D.: 鈥淟a Audiencia Nacional levanta la imputaci贸n del presidente de Damm, Demetrio Carceller鈥, www.elcondifencial.com, 2.1.2014).

 

Tercera temporada: 鈥淟luita per la superviv猫ncia鈥. La crisi de l鈥檈mpresa 茅s molt greu, tant que es dubta de la seva viabilitat. El concurs de creditors avan莽a i les vendes de la companyia continuen baixant (va perdre 719 milions d鈥檈uros al 2013 i les seves vendes van baixar un 21%, segons publica Cristina Delgado a El Pa铆s de 27.5.2013). Els administradors ho intenten tot: renuncien al sou, busquen inversors a Espanya i a l鈥檈stranger, proposen un acord als principals creditors i els amenacen amb demanar la liquidaci贸 de la companyia. Res de res. S鈥檈sgota el temps i per aix貌 el consell d鈥檃dministraci贸 decideix presentar a la junta de creditors un conveni preparat per don Jos茅 i don Fran莽ois: a canvi d鈥檜na quita del 80 del deute -茅s a dir, perdonar entre 2900 i 3000 milions d鈥檈uros-, ells injectaran 250 milions d鈥檈uros per tal de que la societat surti de la crisi (鈥淧escanova elige la oferta de Damm para asegurar su viabilidad futura鈥, La Vanguardia, 14.12.2013). Fracassa. Es liquidar脿 Pescanova? El jutge concedeix una mica m茅s de temps, el necessari per a que els bancs, que s贸n els principals creditors, facin una contraoferta: quitament del 60% del deute i injecci贸 de 125 milions per part de nous inversors. Evidentment, nomenaran una nova c煤pula directiva que pilotar脿 la reestructuraci贸 de l鈥檈mpresa (鈥淓l convenio de la banca para salvar Pescanova logra el respaldo de m谩s del 60% de los acreedores鈥, Expansi贸n, 30.4.2014 i Delgado, C.: 鈥淧escanova sobrevive a la tormenta鈥, El Pa铆s, 1.6.2014). La junta de creditors aprova el conveni i el jutge el ratifica. L鈥檈mpresa s鈥檋a salvat! S鈥檈xecuta el conveni: la inversi贸 de don Jos茅 i don Fran莽ois queda redu茂da al 1%, amb el que se鈥檒s cessa com administradors i se鈥檒s substitueix per uns de nous, afins a la banca. La s猫rie s鈥檃caba amb la imatge de tots dos abandonant el consell d鈥檃dministradors i de don Manuel anat a declarar a l鈥橝udi猫ncia Nacional.

El llop de Wall Street

Posted by Carles G贸rriz L贸pez

A continuaci贸 reprodueixo l’article publicat a “Comer莽 i ciutat”, 2014, n煤m. 45, p脿gs. 12-13

El llop de Wall Street (2013) 茅s una pel鈥铆cula divertida i recomanable si ja esteu curats d鈥檈spants i podeu aguantar el seu excessiu metratge (179 minuts). M鈥檋a suscitat algunes reflexions que voldria compartir amb vost猫s. Explica l鈥檃scens i caiguda de Jordan Belfort (Leonardo di Caprio), un jove broker obsessionat en fer diners que encarna a la perfecci贸 el principi de 鈥淟a cobd铆cia 茅s bona鈥 que va popularitzar Gordon Gekko (Michael Douglas) a la pel鈥铆cula Wall Street (1987). Est脿 basada en fets reals, tot i que (suposo) distorsionats fins a l鈥檈sperpent doncs costa de creure que tan exc茅s de diners, drogues, sexe i paraules gruixudes pogu茅s ser possible.

Despr茅s d鈥檜n frac脿s inicial, el senyor Belfort crea la seva pr貌pia agencia de valors (Stratton Oakmont) i es dedica a fer tot el possible per fer diners a borsa. Comen莽a col鈥ocant accions a centau; 茅s a dir, ven accions d鈥檈mpreses insolvents per貌 que continuen cotitzant a borsa a tot aquell que pot. Per a aix貌 no dubta en enganyar als inversors i alli莽onar els seus treballadors sobre com enredar a la gent per tal de que comprin. I la ra贸 de triar aquest tipus de valors 茅s que la comissi贸 es molt gran. Mentre que en una operaci贸 normal el seu percentatge seria del deu per cent, en el cas de les accions a centau 茅s del cinquanta per cent. Amb aquestes i altres operacions que bordegen la llei -quan no se la salten directament- el protagonista fa molts diners i, com malauradament acostuma a succeir, els evadeix a un parad铆s fiscal per estalviar-se impostos, el que genera la seva caiguda.

Abans que res cal recordar qu猫 茅s la borsa. 脡s un mercat on es venen i compren valors mobiliaris, com accions i obligacions (deuta) emesos per societats an貌nimes, i que est脿 supervisat per una entitat p煤blica (la Comissi贸 Nacional del Mercat de Valors (CNMV) a Espanya i la Securities and Exchange Commission (SEC) als Estats Units, per exemple). Hi ha la creen莽a de que aquest mercat serveix per finan莽ar les empreses. I aix铆 茅s, en part. Quan una empresa necessita diners pot emetre accions o obligacions i col鈥ocar-les a borsa. Per貌 aquestes operacions no representen el gruix dels moviments que es fan di脿riament: el m茅s habitual 茅s que aquests valors es revenguin m煤ltiples vegades i passin d鈥檜n inversor a un altre que creu que pot obtenir un guany amb la difer猫ncia de preu. Aquests negocis, que repeteixo s贸n les m茅s normals, no contribueixen a finan莽ar les societats sin贸 a enriquir o empobrir els inversors.

La segona reflexi贸 t茅 per objecte les raons que porten a triar la borsa com a dest铆 de les inversions de la classe mitja baixa i, un cop decidit que 茅s aquest mercat, en quins valors es confien els estalvis. La pel鈥铆cula retrata Belfort com un encantador de serps sense escr煤pols, capa莽 de vendre qualsevol cosa a qui sigui per tal d鈥檃conseguir beneficis. I es mostra clarament com estan venent fum a tot aquell que els hi fa cas. Es significatiu la lli莽贸 que un broker expert protagonitzat per Matthew McConaughey dona a un encara innocent Jordan Belfort: 鈥淢olt b茅, primera regla de Wall Street: Ning煤 -i m鈥櫭﹕ igual si ets Warren Buffet o Jimmy Buffet- ning煤 sap si una acci贸 pujar脿, baixar脿 o es mantindr脿, i menys els corredors de borsa. Per貌 tenim que fer veure que ho sabem鈥.

El que no deixa de sorprendre 茅s per que els estalviadors de les classes mitja i baixa confi茂n els seus estalvis a l鈥檈mpresa de Belfort. Tot i no con猫ixer-la, ni tenir refer猫ncies al respecte ni proporcionar-li cap altre informaci贸 que unes expectatives sense fonament a trav茅s del tel猫fon, decideixen adquirir els valors que els aconsellen. Per exemple, accions de societats insolvents …

Es podria pensar que avui en dia aix貌 no passa, doncs s鈥檋an establert mecanismes per protegir a l鈥檌nversor. I en part 茅s veritat. Gr脿cies a l鈥檃nomenada Directiva MiFID, les entitats financeres que col鈥oquen valors tenen la obligaci贸 de proporcionar informaci贸 adequada als seus clients i, per aix貌, han de realitzar uns tests per determinar els seus coneixements i experi猫ncia financera aix铆 com, en ocasions, esbrinar el seu poder financer i quina 茅s la finalitat de la inversi贸. A m茅s, a finals de mar莽 es va modificar la normativa sobre consumidors i usuaris i ara s鈥檈xigeix que els contractes fets per tel猫fon quedin confirmats per escrit. 脡s a dir, el consumidor ha d鈥檈nviar el seu acord per escrit, ja sigui en paper o a trav茅s de correu electr貌nic, fax o sms.

Per貌 malgrat aquestes obligacions, continuen existint empreses fraudulentes i els consumidors seguim invertint sense tenir coneixement d鈥檃ll貌 que comprem, movent-nos per impulsos o rumors. Dos exemples il鈥ustren aquesta realitat. A finals de febrer, la premsa informava de que les policies espanyola i brit脿nica acabaven de detenir una xarxa de xiringuitos financers que havia estafat 18 milions d鈥檈uros a unes 5.000 persones. Quant a la import脿ncia del rumor a borsa, a l鈥檕ctubre del 2013 va haver un nombre considerable d鈥檌nversors que es van llan莽ar a comprar accions de Tweeter home enterteinment, empresa dedicada al comer莽 minorista d鈥檈lectrodom猫stics que cotitzava a borsa malgrat ser insolvent. Aquestes accions es van revaloritzar un 700% en un dia. I quina era la ra贸 d鈥檃questa bogeria? Senzillament, s鈥檋avia anunciat que la xarxa social Twitter sortiria a borsa i aquests inversors van confondre les dos empreses. Conseq眉猫ncia: alg煤 va guanyar un 700% en un dia i altre va perdre una quantitat similar. Per tant, abans d鈥檌nvertir caldria recordar el consell de l鈥櫭爒ia de que nom茅s s鈥檋a de comprar all貌 que se sap que 茅s.

I 茅s en aquest 脿mbit en el que la pel鈥铆cula deixa mal gust de boca. En cap moment surten les v铆ctimes del Sr. Belfort. I no 茅s que no n鈥檋i haguessin. S铆 que n鈥檋i van haver: moltes fam铆lies de classes mitja-baixa van perdre molts diners seguint els consells de Belfort i pagant les seves comissions.

Per 煤ltim -i a partir d鈥檃qu铆 haurien de parar llegir aquells que no vulguin que expliqui el final de la pel鈥铆cula-, sorpr猫n que Stratton Oakmont pogu茅s operar un mercat regulat; 茅s a dir, un mercat sotm猫s al control i vigil脿ncia d鈥檜n ens p煤blic independent (al menys en teoria) que vetlla pel seu bon funcionament. Una de les escenes que m茅s em va divertir va ser la forma en que t茅 Jordan Belfort de neutralitzar als funcionaris d鈥檃quest ens, la SEC. Per貌 no va fer el mateix amb la CIA, que el perseguia per haver com猫s diversos delictes financers. I a l鈥檌gual que va passar amb Al Capone, s贸n els impostos el que van fer que el Sr. Belfort acab茅s a la pres贸. I no nom茅s aix貌, si no que el jutge el va condemnar a pagar una indemnitzaci贸 a les v铆ctimes; indemnitzaci贸 que encara continua pagant, vint anys despr茅s de que passessin els fets. I 茅s que Estats Units, per aquests temes, 茅s un pa铆s serio, el que no es pot dir d鈥檃ltres.

ES L脥CIT 鈥淧IRATEJAR鈥 VIDEOCONSOLES?

Posted by Carles G贸rriz L贸pez

En el mon del Dret, les veritats absolutes (blanc o negre) no abunden. Els advocats, i els juristes en general, acostumem a treballar amb una paleta molt gran de grisos. El cas del 鈥減irateig鈥 de les videoconsoles 茅s un exemple. Els fabricants d鈥檃quests aparells acostumen a incloure determinats mecanismes tecnol貌gics per evitar que s鈥檜tilitzin jocs pirates. Aquests 煤ltims constitueixen el que anomenem il路l铆cits civils doncs atempten contra el dret d鈥檃utor del creador del videojoc. En efecte, els videojocs s贸n obres multim猫dia complexes, que combinen programes d鈥檕rdinador amb elements gr脿fics i sonors. Per tant s贸n creacions intel路lectuals i estan protegides pel Dret (El Jutjat de lo Mercantil n煤m. 8 de Barcelona va dir una cosa similar de les videoconsoles: constitueixen una obra complexa que inclou programes inform脿tics, imatges, obres audiovisuals, etc. Veieu la sent猫ncia 56/2012, de 2 de maig de 2012).

El pirateig d鈥檜n joc suposa una lesi贸 als drets del creador del videojoc i, per tant, es il路l铆cita. No es tracta necess脿riament d鈥檜n delicte -pel que seria necessari que l鈥檌nfractor busques enriquir-se, entre d鈥檃ltres requisits-, si no d鈥檜n il路l铆cit civil. Tinguin en compte que crear un videojoc estrella pot suposar una inversi贸 de 30 milions de euros, que nom茅s es recupera amb la venda dels exemplars. Per evitar i desincentivar el pirateig, els fabricants de videoconsoles introdueixen uns mecanismes tecnol貌gics en els seus aparells que permeten jugar nom茅s amb programes originals. Ara b茅, tamb茅 limiten la utilitzaci贸 de les videoconsoles, doncs no permeten reproduir software independent (m煤sica, v铆deo, etc. Com acostuma a passar, s鈥檋an creat programes, aplicacions i dispositius que permeten neutralitzar els mecanismes tecnol貌gics que utilitzen els fabricants de consoles i de v铆deojocs. El dubte que es planteja es si s贸n l铆cits o si, necess脿riament, conculquen els drets d鈥檃utor.

No es tracta d鈥檜n problema nou, doncs ja hi hagut varis casos en que els tribunals s鈥檋an hagut de pronunciar sobre la licitud (civil i penal) d鈥檃quests dispositius, programes i aplicacions. Per exemple, l鈥橝udi猫ncia Provincial de Lugo va considerar que infringien la propietat intel路lectual a una sent猫ncia de de 8 de novembre de 2013 (AC 2013\36). El mateix va fallar el Jutjat de lo Mercantil n煤m. 8 de Barcelona a la sent猫ncia 56/2012, de 2 de maig de 2012. La ra贸 茅s que la finalitat principal del dispositiu analitzat era eludir les mesures de protecci贸 utilitzades per un fabricant de videoconsoles. En la mateixa l铆nia varies inst脿ncies penals han considerar que es cometia un delicte o una falta quan la finalitat de la neutralitzaci贸 dels mecanismes de protecci贸 era poder utilitzar jocs pirates (Vide les sent猫ncies de l鈥橝udi猫ncia Provincial de Madrid 373/2012, de 28.6.2012 (JUR\2012\277404) i del Jutjat de lo Penal de Saragossa 137\2012, de 9 de maig (ARP\2012\393), aix铆 com l鈥橝uto de l鈥橝udi猫ncia Provincial de Salamanca 412/2011, de 13.12.2011 (JUR\2012\85713).

En canvi l鈥橝udi猫ncia Provincial de Val猫ncia va negar que s鈥檋agu茅s com茅s un delicte perqu猫 els dispositius i programes utilitzats per neutralitzar les mecanismes de protecci贸 permetien utilitzar jocs d鈥檃ltres zones geogr脿fiques i convertir la consola en un ordinador personal apte per realitzar tasques absolutament l铆cites (Auto de 101/2008, de 7 de mar莽 (ARP\2008\250).

L鈥檌nter猫s sobre aquesta q眉esti贸 s鈥檋a renovat arrel d鈥檜na recent sent猫ncia del Tribunal de Just铆cia de la Uni贸 Europea de 23 de gener de 2014. Te origen en el litigi entre Nintendo Co. Ltd., Nintendo of America Inc. i Nintendo of Europe GmbH, d鈥檜na banda, i PC Box SRL i 9Net SRL, de l鈥檃ltra. Els primers fabriquen les conegudes videoconsoles DS i Wii, que incorporen mecanismes anti-pirateria. PC Box SRL i 9Net SRL venen unes aplicacions fetes per empresaris independents que permeten neutralitzar aquestes mecanismes i utilitzar software independent a les consoles, inclosos jocs pirates. Per aquesta ra贸, les tres empreses del grup Nintendo varen demandar a les 煤ltimes davant dels tribunals de Mil脿.

Durant el proc茅s, al jutge se li presenten dubtes sobre la interpretaci贸 de les normes que havia d鈥檃plicar i com que derivaven de la Directiva 2001/29/CE sobre l鈥檋armonitzaci贸 de determinats aspectes del drets d鈥檃utor en la societat de la informaci贸 planteja dues q眉estions prejudicials al Tribunal de Just铆cia. Essencialment vol saber si es l铆cita qualsevol mesura tecnol貌gica que s鈥檜tilitzi per protegir una creaci贸 intel路lectual, com un videojoc, enfront de l鈥檃ctuaci贸 de tercers i quins s贸n els criteris per valorar l鈥檃bast que poden tenir aquestes mesures. La ra贸 d鈥檃questa pregunta 茅s que les dues empreses demandades es defensaren argumentant que els programes i dispositius que comercialitzaven podien tenir un us l铆cit: no nom茅s servien per jugar amb jocs pirates si no tamb茅 per reproduir arxius de m煤sica o v铆deo (A les seves conclusions de 19.9.2013, l鈥橝dvocada General Eleanor Sharpston explica que PC Box va afirmar que la finalitat dels mecanismes de bloqueig de Nintendo era impedir la utilitzaci贸 de software independent i la compartimentaci贸 dels mercats, impedint que es poguessin utilitzar a les consoles jocs adquirits en altres zones geogr脿fiques del mon. Tamb茅 va q眉estionar la qualificaci贸 dels jocs d鈥檕rdinador com a programes d鈥檕rdinador. Ara b茅, no entra sobre la 煤ltima q眉esti贸, vinculada al Dret de la compet猫ncia, doncs no constitu茂a l鈥檕bjecte de la q眉esti贸 prejudicial).

El Tribunal de Just铆cia no es mulla en la resposta, doncs contesta que la soluci贸 dep猫n de si existien altres mecanismes de protecci贸 menys agressius -per exemple, que no impedissin reproduir v铆deos o m煤sica independent- i de per a quina finalitat s鈥檜tilitzaven els programes i dispositius neutralitzadors. Comen莽a explicant que el Dret europeu obliga als Estats Membres a establir una protecci贸 jur铆dica adequada per les mesures tecnol貌giques destinades a protegir obres intel路lectuals, como els videojocs, contra els actes lesius fets per tercers. Ara b茅, aquesta protecci贸 ha de respectar el principi de proporcionalitat. Nom茅s serveix per aquells mecanismes que impedeixen els actes dels tercers que lesionen drets d鈥檃utor sense autoritzaci贸. Per貌 ha de permetre que els adquirents de les v铆deo-consoles puguin utilitzar-les si volen per finalitats que no comporten la vulneraci贸 de drets d鈥檃utor del seu creador. Aix铆, en paraules de la Cort de Just铆cia: 鈥…dicha protecci贸n jur铆dica 煤nicamente se concede a las medidas tecnol贸gicas que persigan el objetivo de impedir o eliminar, en lo que respecta a las obras, los actos que no cuenten con la autorizaci贸n del titular de los derechos de autor mencionados en el apartado 25 de la presente sentencia. Dichas medidas deben ser adecuadas para la realizaci贸n de ese objetivo y no deben ir m谩s all谩 de lo necesario para聽ello鈥 (apartat 31).

Conseq眉entment, ordena al tribunal que est脿 jutjant el cas que examini si hi hauria mesures menys agressives per protegir els drets dels creadors de videojocs -per exemple, que permetessin utilitzar software independent- i quin seria el seu cost. I a aquests efectes l鈥檌nvita a examinar per a qu猫 (jocs pirates o altres finalitats l铆cites) i amb quina freq眉猫ncia s鈥檜tilitzen a la pr脿ctica les aplicacions de PC Box SRL i 9Net SRL.

鈥淐orresponde al 贸rgano jurisdiccional nacional comprobar si otras medidas o dispositivos no instalados en las consolas podr铆an provocar menos interferencias o limitaciones en las actividades de terceros, ofreciendo al mismo tiempo una protecci贸n comparable para los derechos del titular. A estos efectos es pertinente tener en cuenta, en particular, los costes de los distintos tipos de medidas tecnol贸gicas, los aspectos t茅cnicos y pr谩cticos de su aplicaci贸n y la comparaci贸n de la eficacia de estos distintos tipos de medidas tecnol贸gicas en lo que respecta a la protecci贸n de los derechos del titular, ya que, sin embargo, no es preciso que esta eficacia sea absoluta. Corresponde tambi茅n a dicho 贸rgano jurisdiccional examinar la finalidad de los dispositivos, productos o componentes capaces de eludir dichas medidas tecnol贸gicas. A este respecto, la prueba del uso que efectivamente les den los terceros va a resultar, en funci贸n de las circunstancias del caso, especialmente pertinente. En particular, el 贸rgano jurisdiccional nacional puede examinar la frecuencia con la que efectivamente estos dispositivos, productos o componentes se utilizan vulnerando los derechos de autor y la frecuencia con la que se utilizan para fines que no violan dichos derechos.鈥

No s茅 si aquesta resposta haur脿 ajudat massa al Tribunal de Mil脿, que 茅s qui ha de decidir qui te ra贸, Nintendo o PC Box SRL i 9Net SRL. Es possible que no gaire, doncs ja la Directiva europea en la que s鈥檌nspira la normativa italiana -i tamb茅 l鈥檈spanyola- advertia que la protecci贸 anava destinada a les mesures que restringien actes no autorizats pels titulars dels drets d鈥檃utor 鈥渟ense per aix貌 impedir el funcionament normal dels equips electr貌nics i el seu desenvolupament t猫cnic鈥. Per貌 cal recordar que el Tribunal de Just铆cia s鈥檋a limitat a complir amb la seva funci贸: explicar com s鈥檋a d鈥檌nterpretar la normativa europea. En cap cas li tocava resoldre sobre el fons. I el jutge itali脿 n鈥檈ra conscient -o al menys havia de ser-ho-.

 

* La versi贸 origin脿ria d’aquesta entrada ha estar publicada a聽Comer莽 i ciutat, 2014 (n煤mero 44), p脿gines 12 i 13.

LICITUD DE LOS ENLACES A UNA P脕GINA WEB CON ART脥CULOS PERIOD脥STICOS CON ACCESO LIBRE: STJUE 13.2.2014 (C-466/12), SVENSSON

Posted by Carles G贸rriz L贸pez

En la sentencia de 13.2.2014 (C-466/12) el Tribunal de Justicia se ocupa de los enlaces de internet que se remiten a otra p谩gina web con art铆culos period铆sticos protegidos por derechos de autor y cuyo acceso es libre. Mantiene su licitud al considerar que no se ofrecen a un publico nuevo, con lo que el enlace no constituye un acto de comunicaci贸n al p煤blico y, por lo tanto, no precisa la autorizaci贸n de los autores.
La base jur铆dica es el art. 3.1 de la Directiva 2001/29/CE Parlamento Europeo y Consejo, de 22 mayo 2001, relativa a la armonizaci贸n de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la informaci贸n, que reza: 芦1. Los Estados miembros establecer谩n en favor de los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicaci贸n al p煤blico de sus obras, por procedimientos al谩mbricos o inal谩mbricos, incluida la puesta a disposici贸n del p煤blico de sus obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija禄.
El origen del fallo es el litigio entre cuatro periodistas (Svensson, Sj枚rgen, Sahlman y Gadd) que publicaban art铆culos en el peri贸dico G枚teborgs-Posten y en la p谩gina web del mismo, de acceso gratuito, y la sociedad Retriever Sverige AG, cuya p谩gina web conten铆a enlaces a esos art铆culos. Los periodistas demandan a la sociedad y piden la indemnizaci贸n de los perjuicios sufridos. El Stockholms tingsr盲tt (Tribunal de Primera Instancia de Estocolmo) desestima la demanda. Interpuesto recurso de apelaci贸n, el Svea hovr盲tt (Tribunal de Apelaci贸n de Svea) formula cuatro cuestiones prejudiciales.
El TJUE agrupa las tres primeras cuestiones pues esencialmente tienen por objeto determinar si constituye un acto de comunicaci贸n al p煤blico ex art. 3.1 de la Directiva 2001/29/CE la presentaci贸n en una p谩gina web de enlaces que conduce a obras protegidas por derechos de autor pero disponibles en otro sitio de internet de acceso libre. El Tribunal afirma que hay dos elementos esenciales en la disposici贸n citada: 鈥渁cto de comunicaci贸n鈥 de una obra y comunicaci贸n 鈥渁l p煤blico鈥. Recuerda que el primero debe interpretarse ampliamente a fin de proteger a los titulares de los derechos de autor (STJUE 4.10.2011 (C-403/08 y C-429/08), Football Association Premier League). Por lo tanto, considera que entra en esa categor铆a el facilitar enlaces que conducen a obras protegidas por derechos de autor (STJUE 7.12.2006 (C-306/04), SGAE). En cuanto al p煤blico, 鈥溾e refiere a un n煤mero indeterminado de destinatarios potenciales e implica, por lo dem谩s, un n煤mero considerable de personas鈥, tal como afirmara en las sentencias de 7.3.2013 (C-607/11), ITV Broadcasting y otros y 7.12.2006, SGAE. Por lo tanto, concluye que ha habido un acto de comunicaci贸n al p煤blico en el caso (apartados 22 y 23).
Ahora bien, a帽ade que el art. 3.1 tambi茅n exige que la comunicaci贸n se dirija a un p煤blico 鈥渘uevo鈥: 鈥渟aber, un p煤blico que no fue tomado en consideraci贸n por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicaci贸n inicial al p煤blico鈥, Se apoya en las sentencias SGAE, ITV Broadcasting y otros, y en el Auto TJUE 18.3.2010 (C-136/09), Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon.
Niega que concurra el 煤ltimo requisito en el caso porque 鈥溾l p煤blico destinatario de la comunicaci贸n inicial era el conjunto de los usuarios potenciales de la p谩gina en la que se realiz贸, porque, sabiendo que el acceso a las obras en esa p谩gina no estaba sujeta a ninguna medida restrictiva, todos los internautas pod铆an consultarla libremente.鈥 (apartado 26)(1).
En consecuencia, como el p煤blico no era nuevo, no era necesaria autorizaci贸n y, por lo tanto, no se han infringido los derechos de autor. Considera irrelevante que la p谩gina de los demandados no especificara que la informaci贸n proced铆a de otra p谩gina. En cambio, s铆 lo ser铆a que mediante la t茅cnica de remisi贸n se pudieran eludir las medidas de restricci贸n adoptadas por la p谩gina que conten铆a la obra protegida (apartado 31) (2).

La cuarta cuesti贸n prejudicial tiene por objeto la libertad de los Estados miembros de adoptar medidas m谩s protectoras de los titulares de derechos de autor, ampliando el concepto de 鈥渃omunicaci贸n al p煤blico鈥. El TJUE lo niega pues podr铆a generar disparidades legislativas e inseguridad jur铆dica para los terceros (3).

 

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(1)聽En otras palabras 鈥溾uando el conjunto de los usuarios de otra p谩gina, a los que se han comunicado las obras de que se trata mediante un enlace sobre el que se puede pulsar, pod铆a acceder directamente a esas obras en la p谩gina en la que 茅stas fueron comunicadas inicialmente, sin intervenci贸n del gestor de esa otra p谩gina, debe estimarse que los usuarios de la p谩gina gestionada por este 煤ltimo son destinatarios potenciales de la comunicaci贸n inicial y forman, por tanto, parte del p煤blico tomado en consideraci贸n por los titulares de los derechos de autor cuando 茅stos autorizaron la comunicaci贸n inicial鈥 (apartado 27).

(2)聽鈥溾n el caso de que el enlace sobre el que se puede pulsar permitiera a los usuarios de la p谩gina en la que se encuentra dicho enlace eludir las medidas de restricci贸n adoptadas en la p谩gina en la que se encuentra la obra protegida para limitar el acceso a 茅sta a los abonados y constituyera, de este modo, una intervenci贸n sin la cual dichos usuarios no podr铆an disfrutar de las obras difundidas, habr铆a que considerar que el conjunto de esos usuarios es un p煤blico nuevo que no fue tomado en consideraci贸n por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicaci贸n inicial, de modo que tal comunicaci贸n al p煤blico exigir铆a la autorizaci贸n de los titulares. As铆 sucede, en particular, cuando la obra ya no est谩 a disposici贸n del p煤blico en la p谩gina en la que fue comunicada inicialmente o cuando ya s贸lo lo est谩 para un p煤blico limitado, mientras que es accesible en otra p谩gina de Internet sin la autorizaci贸n de los titulares de los derechos de autor.鈥

(3)聽鈥淓n consecuencia, no se podr铆a lograr el objetivo perseguido por la Directiva 2001/29 si distintos Estados miembros pudieran entender que el concepto de comunicaci贸n al p煤blico incluye m谩s actos que los previstos en el art铆culo 3, apartado 1, de dicha Directiva鈥 (apartado 35).

Autonom铆a de la voluntad y exigencias imperativas en el Derecho Internacional de sociedades

Posted by Carles G贸rriz L贸pez

ARENAS GARC脥A, Rafael; G脫RRIZ L脫PEZ, Carlos; MIQUEL RODR脥GUEZ, Jorge; ESPINIELLA, 脕ngel; S脕NCHEZ HUETE, Miguel 脕ngel; SALELLES, Jos茅 Ram贸n; ZHANG, Huang: Autonom铆a de la voluntad y exigencias imperativas en el Derecho Internacional de sociedades y otras personas jur铆dicas. II Jornada sobre movilidad internacional de sociedades y otras personas jur铆dicas, Atelier, Barcelona, 2013, 208 p谩ginas.

Libro

I. La obra recensionada tiene por objeto la autonom铆a de la voluntad en el marco del Derecho internacional de sociedades. Se compone de siete art铆culos que estudian algunos de los problemas que se suscitan en este 谩mbito, y que tienen origen en la segunda jornada sobre movilidad internacional de sociedades y otras personas jur铆dicas, celebrada el 13 de diciembre de 2012 en la Universidad Aut贸noma de Barcelona. Las colaboraciones han sido elaboradas a partir de las ponencias presentadas en la jornada o de las deliberaciones surgidas en los debates que tuvieron lugar entre los participantes.

Los autores son profesores universitarios especialistas de diversos sectores del ordenamiento, como el Derecho Internacional Privado, el Derecho Mercantil o el Derecho Financiero y Tributario. En consecuencia, el enfoque de las diversas tem谩ticas desde distintos sectores y la combinaci贸n de diversas metodolog铆as da como resultado una obra que muestra la interdisciplinariedad de la problem谩tica en el Derecho Internacional de sociedades. Adem谩s, cuenta con la garant铆a de los coordinadores Rafael Arenas, Jorge Miquel y Carlos G贸rriz, respaldados por la experiencia que certifican sus otras muchas publicaciones.

II. El primer art铆culo, obra de Jos茅 Ram贸n Salelles, estudia la incidencia de la crisis financiera sobre el buen gobierno de las sociedades. Empieza argumentando que el desarrollo de una cultura de buen gobierno ha incidido de forma relevante en la actividad internacional de las sociedades, puesto que ha dejado de presentarse como una opci贸n para imponerse como regla y ha pasado a formar parte de la soluci贸n de la crisis financiera. Asimismo, plantea la necesidad de adaptar los modelos de buen gobierno a la estructura de incentivos empresariales de la sociedad, siguiendo un proceso de regulaci贸n gradual.

Al analizar el consejo de administraci贸n, muestra que su composici贸n en forma colegiada presenta algunas ventajas, como facilitar las opiniones independientes y el pensamiento cr铆tico. Del mismo modo, entiende que la funci贸n del Comit茅 se refuerza al menos en dos aspectos, por lo que se refiere a la revisi贸n peri贸dica del balance que el consejo ofrece como conjunto, y a la evaluaci贸n individual de sus miembros. En cuanto al cargo de presidente, ha sido destacado para promover y asegurar su efectividad como 贸rgano de gobierno, y destaca las medidas de contrapeso que contribuyan a evitar una excesiva concentraci贸n de poder. Seguidamente concluye que, adem谩s de ser aconsejable una profesionalizaci贸n del consejo, desde Europa se recomienda una evaluaci贸n anual que genere mejoras y aumente la capacidad de control de los accionistas. Considera que los sistemas retribuci贸n de los miembros del consejo han llevado a una asunci贸n excesiva de riesgos, y que debe haber cambios materiales y formales en las remuneraciones, buscando una asunci贸n prudente de riesgos y la alineaci贸n con los objetivos a largo plazo de la empresa.

Finalmente, al comentar la gesti贸n del riesgo, establece que la crisis ha hecho evidentes los fallos en la identificaci贸n y tratamiento de 茅ste, cuyas consecuencias han sido m谩s graves para las entidades financieras. Argumenta que las pautas a seguir implican una mejora de los sistemas de control interno, un aumento de la transparencia y la publicidad y la mejora de los flujos de informaci贸n dentro de las organizaciones. Y en lo referente al papel de los accionistas, estima necesario un aumento de su participaci贸n, aunque diferencia entre sociedades con una estructura de la propiedad dispersa o concentrada.

Carlos G贸rriz L贸pez analiza en el segundo art铆culo la propuesta de Directiva sobre mejora de la igualdad de g茅nero en los consejos de administraci贸n de las sociedades cotizadas. Explica que la Comisi贸n Europea fundamenta la propuesta en diversos estudios que afirman que la presencia de mujeres en los 贸rganos de administraci贸n es beneficiosa para las empresas, y en la equidad, en el marco de las exigencias de igualdad del Derecho europeo. El autor expone que las estad铆sticas confirman la infrarrepresentaci贸n de las mujeres en los 贸rganos de decisi贸n e identifica los obst谩culos que dificultan su acceso.

Antes de adentrarse en la propuesta de Directiva, alude al proceso evolutivo de diversas normas y otros instrumentos de la UE como antecedentes a tener en cuenta. Para iniciar el an谩lisis de la propuesta, subraya como fundamento jur铆dico de la misma el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, principio fundamental del Derecho europeo. A continuaci贸n, concreta el 谩mbito de aplicaci贸n de la Directiva en las sociedades cotizadas, especialmente los consejeros no ejecutivos, quedando excluidas las peque帽as y medianas empresas. Dentro de las obligaciones impuestas por la Directiva, centra su atenci贸n en la de conseguir que las mujeres detenten el 40% de los puestos de consejero no ejecutivo de las sociedades cotizadas, y aclara que simplemente exige que se de preferencia al g茅nero infrarrepresentado ante dos candidatos igualmente cualificados, hasta que se alcance el porcentaje del 40% de los miembros del consejo de administraci贸n. En definitiva, concluye que la Directiva promueve la presencia de mujeres en los procesos de selecci贸n y que la decisi贸n final se base exclusivamente en criterios objetivos.

La Comisi贸n impone la obligaci贸n de conseguir un mayor equilibrio entre los consejeros ejecutivos de las sociedades cotizadas a los Estados miembros, puesto que deben asegurarse de que las sociedades cotizadas asuman los compromisos necesarios. Asume que ser谩 crucial el principio de revelaci贸n que obliga a las sociedades a informar a las autoridades nacionales competentes acerca de las medidas adoptadas y a publicarlas en su p谩gina web. La Directiva exige a los Estados miembros fijar sanciones para las empresas que no cumplan las obligaciones, medida que se considera necesaria para conferir eficacia a la norma.

Finalmente, se帽ala c贸mo ser谩 la entrada en vigor y la eficacia de la Directiva, y desarrolla dos 煤ltimos aspectos: c贸mo se enfrenta el problema de los Estados que ya hayan regulado la materia y la revisi贸n de la directiva por parte de la Comisi贸n.

脕ngel Espiniella trata en su art铆culo los aspectos transfronterizos de la restructuraci贸n y resoluci贸n de entidades bancarias, cuya normativa es la Directiva 2001/24/CE, la Ley 9/2012 y una propuesta de Directiva, focalizando su trabajo en esta 煤ltima. Parte de la premisa de que el principio de resoluci贸n y reestructuraci贸n desde el Estado de origen es eficiente, destacando cinco ventajas: hay eficiencia en la adopci贸n de estas medidas, el domicilio social y la administraci贸n social coinciden, se evita el forum shopping as铆 como la actuaci贸n aislada sobre las sucursales que se encuentran en otros Estados miembros y ofrece una soluci贸n para los grupos y conglomerados financieros internacionales. Eso s铆, sostiene que tiene puntos negativos como, por ejemplo, la no inclusi贸n de medidas de reestructuraci贸n en la minimizaci贸n de los efectos perjudiciales en otros mercados, entre otros.

Para que esto sea eficiente, considera que hace falta tomar medidas procedimentales de car谩cter complementario, las cuales buscan la cooperaci贸n entre autoridades nacionales, siendo necesario crear una Autoridad Europea de Resoluci贸n. Adem谩s, tambi茅n entiende necesaria la coordinaci贸n procesal entre los grupos multinacionales de sociedades y los conglomerados financieros. Esto se hace a nivel estatal mediante la adopci贸n de actuaciones necesarias y mediante un mecanismo de colaboraci贸n articulado a trav茅s del FROB. A estas medidas complementarias procesales, hay que sumar tambi茅n algunas medidas substantivas. El autor entiende que actualmente se busca armonizar el contenido de las medidas de resoluci贸n y restructuraci贸n. Para esto, la propuesta de Directiva presenta medidas s贸lidas, como la admisibilidad de operaciones intragrupo de apoyo financiero, la promoci贸n de venta de activos o negocios o la transformaci贸n de deuda en acciones de las entidades bancarias, entre otras.

Dicho esto, plantea que la propuesta de Directiva se podr铆a mejorar, ya que los Estados en riesgo financiero ya han tomado decisiones, llegando 茅sta tarde. Adem谩s, sostiene que habr谩 que mejorar el alcance de la armonizaci贸n en lo que respecta a la prelaci贸n de cr茅ditos.

El art铆culo sobre levantamiento del velo y tributaci贸n internacional es obra de Miguel 脕ngel S谩nchez Huate, quien argumenta que la globalizaci贸n, entre otras consecuencias, conlleva la alternancia en el uso de un profuso Derecho Tributario: de tipo coactivo, soft law, de origen consensuado y basado en el est铆mulo. Subraya la importancia de la Ley 36/2006 en este 谩mbito, pues se imbuy贸 de herramientas para prevenir el fraude fiscal. Apunta que en el 谩mbito internacional, a la hora de distinguir el tratamiento fiscal de las entidades se utiliza una perspectiva coincidente con la propia de la titularidad activa y pasiva del cr茅dito tributario. Seguidamente incide en que los ordenamientos nacionales han abordado la espinosa cuesti贸n de la evasi贸n fiscal, generalmente mediante cl谩usulas antiabuso, aunque eso no ha obstado a que se desarrollara la doctrina jurisprudencial del levantamiento del velo.

En cuanto al responsable tributario, lo define como un sujeto que se obliga a pagar una deuda ajena. Destaca que concurren dos tipos de responsabilidad: la garant铆a de los da帽os derivados del incumplimiento por su responsable y la sanci贸n propiamente dicha derivada de la comisi贸n de la infracci贸n. Y respecto a la doctrina del levantamiento del velo, recalca que pretende prescindir, en ciertos casos, de la subjetividad de la propia persona jur铆dica. Estima fundamental rese帽ar que s贸lo puede utilizarse de forma excepcional, restrictiva y en supuestos de grave deterioro de los valores relativos a la personalidad jur铆dica. De igual forma, menciona que en las sociedades pantalla, la responsabilidad recae sobre obligaciones ajenas, mientras que en las sociedades refugio, la doble responsabilidad de las sociedades controladas se erige respecto de las obligaciones propias de la sociedad dominante.

En 煤ltimo lugar, establece que las normas preventivas de los Estados se hallan sometidas a unos l铆mites. Respecto a los l铆mites intr铆nsecos, insta a no confundirlos con la simulaci贸n, puesto que las consecuencias punitivas de los primeros no eliminan la creaci贸n de esa falsa apariencia. Y respecto a los extr铆nsecos o del Derecho europeo, destaca que vienen impuestos al legislador estatal por la Uni贸n. El Tribunal de Justicia establece aquellos principios que act煤an como l铆mites, es el caso del principio de seguridad y el principio de confianza leg铆tima, entre otros.

Rafel Arenas Garc铆a profundiza en la lex societatis y el derecho de establecimiento. Despu茅s de una introducci贸n, inicia su participaci贸n recordando que el DIPr de sociedades se estructura sobre dos puntos: la determinaci贸n de la lex societatis y el reconocimiento de las sociedades extranjeras. Desde un punto de vista cl谩sico, para resolver ambas cuestiones, cada ordenamiento se inclina o bien por la teor铆a de la sede, o bien por la teor铆a de la constituci贸n. As铆 pues, considera que las soluciones que se den a cuestiones como la determinaci贸n del Derecho aplicable a la sociedad pueden variar en funci贸n de las opciones que tome el legislador, sin que d茅 lugar a incoherencias en la regulaci贸n.

Al investigar la libertad de establecimiento, establece que implica la imposibilidad de que deje de reconocerse la personalidad jur铆dica de una sociedad constituida de acuerdo con lo establecido en el Derecho de un Estado miembro. En su opini贸n, para gozar de dicha libertad, se exige que, adem谩s de ser constituida conforme a la legislaci贸n de un Estado miembro, su sede social o administraci贸n central debe encontrarse en la UE. Ahora bien, no ha de existir inconveniente para que una vez sea reconocida la personalidad jur铆dica a una sociedad extranjera, a determinados aspectos de la vida de tal sociedad, se le aplique un Derecho diferente al de su Estado de constituci贸n.

En esta materia, es muy importante resaltar la sentencia 脺berseering, que adem谩s de mantener la obligatoriedad de tal reconocimiento, estableci贸 la necesidad de que fuera el Derecho del Estado de constituci贸n el que rigiera la capacidad de la sociedad, suponiendo el punto inicial de la interrelaci贸n entre derecho de establecimiento y concreci贸n de la lex societatis. Por otra parte, tambi茅n destaca la importancia de la sentencia Inspire Art, ya que a trav茅s suyo el Tribunal de Luxemburgo sienta la doctrina relativa a que la responsabilidad de los administradores debe regirse por el Derecho del Estado de constituci贸n. Sin embargo, opina que deja ciertos interrogantes abiertos sobre el alcance de la ley del Estado de constituci贸n, de ah铆 que surja la necesidad de una norma europea en materia de DIPr de sociedades.

A pesar de la necesidad de armonizar y unificar la normativa, la Comisi贸n Europea, en el plan de acci贸n que present贸 el 12 de diciembre de 2012, no incluye una regulaci贸n del Derecho aplicable a las sociedades. Siguiendo con el tema, tambi茅n comenta que es necesario hacer hincapi茅 en el hecho de que el legislador europeo encontrar谩 diversas dificultades, y en que su actuaci贸n puede entorpecer la libre circulaci贸n, aunque a favor de la seguridad jur铆dica.

Ya para finalizar, determina que se han de tener en cuenta los l铆mites del legislador europeo si se decidiera abordar la armonizaci贸n del Derecho, pues se ha de respetar la libertad de establecimiento de los socios. En cuanto a la movilidad societaria, concluye que toda limitaci贸n a dicho traslado es objetivamente una restricci贸n a la libertad de establecimiento que, para mantenerse, ha de estar justificada.

El art铆culo de Jorge Miguel Rodr铆guez tiene como objeto la autonom铆a de la voluntad en las sociedades de capital. Seg煤n el autor, 茅sta es una materia de vital importancia actualmente, dado que las recientes modificaciones de la ley mercantil en nuestro marco jur铆dico han sido poco incisivas en la autonom铆a de la voluntad estatutaria. As铆, expone que la referencia m谩s directa a la autonom铆a de la voluntad en la configuraci贸n estatutaria se encuentra en el art铆culo 28 de la LSC, y muestra los problemas en su redacci贸n, recordando que los principios configuradores del tipo societario siempre han aportado problemas en su definici贸n.

A continuaci贸n, define los temas que son centro de debate, debido a la reciente jurisprudencia del TS y a la doctrina de la RDGRN. En primer lugar, trata las cl谩usulas de restricci贸n de la transmisi贸n indirecta de acciones y su relaci贸n con los principios configuradores a partir de la sentencia de 10 de enero de 2011. Analiza la citada decisi贸n criticando algunas de sus conclusiones y posicion谩ndose a favor del voto discrepante que en ella aparece. Adem谩s, argumenta que impone excesiva rigidez al tipo societario provocando que se elimine la libertad estatutaria y sustituy茅ndola por la opci贸n tipol贸gica.

En segundo lugar el autor defiende, a partir de la resoluci贸n de la DGRN de 11 de junio de 2012, que la ex茅gesis de las cl谩usulas estatutarias no debe ser demasiado estricta, sino que se deben interpretar de forma amplia. Seguidamente, bas谩ndose en la resoluci贸n de la DGRN de 15 de octubre de 2012, define un problema de excesivo intervencionismo por parte de la Direcci贸n General en el tema de la refundici贸n, pues impone un criterio demasiado r铆gido al exigir que el qu贸rum de constituci贸n del consejo de administraci贸n sea referente al n煤mero de vocales definidos en los estatutos. Por el contrario, se presenta una cl谩usula en la que se propone que sean los vocales vigentes los que se tengan en cuenta. El autor respalda dicha cl谩usula, argumentando que el registrador no debe ser tan estricto en su doctrina, pues limita as铆 la autonom铆a de la voluntad estatutaria.

Por 煤ltimo, presenta la STS de 23 de octubre de 2012, en la que se acepta que existan pactos parasociales que permitan separar la condici贸n de socio con los derechos pol铆ticos de voto, abriendo una puerta a conseguir una mayor autonom铆a de la voluntad de los socios por medio de pactos parasociales regulados por las leyes contractuales. El autor aplaude que se siga 茅sta doctrina, pues permite una mayor autonom铆a de la voluntad a los socios.

Cerrando el libro, Huang Zhang investiga la compatibilidad de los impuestos de salida y la libertad de establecimiento desde la perspectiva espa帽ola. Siguiendo a la introducci贸n, en el primer apartado descubre en el marco de la Uni贸n Europea y el tr谩fico econ贸mico entre sus pa铆ses miembros, la necesidad de armonizar el conjunto de los ordenamientos jur铆dicos con el objetivo de acomodarlos a los principios y derechos vertebrales de la Uni贸n. En materia fiscal y mercantil, estima necesario armonizar las competencias fiscales y tributarias de cada pa铆s miembro en relaci贸n al traslado de domicilio social y de activos por parte de las empresas de un pa铆s miembro.

Espa帽a, como otros socios europeos, tasa las plusval铆as latentes de los activos de la sociedad que traslada su domicilio a otro pa铆s miembro. El autor piensa que es obvio que esta imposici贸n colisiona con el derecho a la libertad de establecimiento, cuyo prop贸sito previene a los estados miembros de prohibir u obstaculizar el traslado de domicilio social.

Posteriormente, examina c贸mo la jurisprudencia del TJUE en la materia, culminada con la sentencia National Grid Indus, ha venido aceptando esta imposici贸n fiscal con ciertas restricciones. De esta manera, subraya que el Tribunal de Luxembrugo ha establecido que el Estado de origen conserva competencias para decidir el criterio de conexi贸n y existencia de las sociedades seg煤n su Derecho, pero no puede impedir que esta siga existiendo conforme a otro ordenamiento jur铆dico. En este marco de competencias, ha admitido que el Estado de origen est谩 facultado para gravar beneficios y valores obtenidos durante el periodo de residencia, as铆 como las plusval铆as latentes no realizadas hasta el traslado del domicilio.

Para finalizar, recuerda que a pesar de tomar esta decisi贸n, el Tribunal de Luxemburgo s铆 ha apreciado que no es proporcionado el pago anticipado de las plusval铆as latentes. Los Estados, en virtud del principio de proporcionalidad, deben facilitar el pago diferido como alternativa real y no residual. Por otro lado, resalta que el TJUE tambi茅n ha apreciado la necesidad de permitir la revalorizaci贸n de activos sociales en el momento del traslado, ya que permite a las empresas evitar la doble imposici贸n.

III. Despu茅s de una lectura pormenorizada, es f谩cil denotar que el libro presenta gran utilidad para los juristas interesados en el Derecho internacional de sociedades. En la obra, los autores analizan minuciosamente algunos de los aspectos m谩s problem谩ticos de 茅sta materia, aportando sus opiniones y sugerencias al respecto. No se trata de una simple sucesi贸n de exposiciones te贸ricas sobre distintas tem谩ticas, sino que en cada una de las ponencias, los autores estudian y cuestionan medidas e instrumentos jur铆dicos que contribuyen a regular las sociedades en el 谩mbito internacional desde diferentes 谩ngulos. Se examinan y eval煤an directivas, leyes, sentencias y medidas de diversa 铆ndole, sin que se eche en falta la practicidad y el esp铆ritu cr铆tico en las intervenciones.

La lectura conjunta del trabajo de los autores permite profundizar en los principales problemas que presenta actualmente y que presentar谩 en un futuro la internacionalizaci贸n del Derecho de sociedades. La obra proporciona al lector una visi贸n completa de la forma en que intereses generales diversos confluyen y, en cierto modo, chocan con el principio de autonom铆a de la voluntad. Y de igual forma, da cuenta de la pluralidad de 谩mbitos del Derecho y de ordenamientos que interaccionan en la regulaci贸n internacional de las sociedades.

Sara Hern谩ndez, Marc Espinosa, Alejandro Fern谩ndez, Noelia Garc铆a, Itziar Gonz谩lez, Sergi Iba帽ez, Alejandro Mart铆nez, Claudi Rovira y Asier Sanz.