Restricciones al arrendamiento VTC: el TS valida el RD 1057/2015

1. Garantizar un equilibrio en la oferta del transporte urbano de pasajeros mediante turismos. Esta es la razón que esgrime el Tribunal Supremo para mantener la validez de las restricciones que la normativa de ordenación del transporte terrestre impone al arrendamiento de vehículo con conductor. En la sentencia 921/2018, de 4 de junio, ha fallado que cuatro de las cinco restricciones analizadas son válidas. En particular, los limites cuantitativos a la emisión de licencias VTC (1/30), la restricción territorial 80/20, los requisitos materiales de los vehículos y la prohibición de prestar servicios contratados en la calle o en las paradas. Sólo ha considerado ilegal el requisito de poseer una flota mínima de vehículos. Se trata, pues, de un duro golpe para Uber y la economía colaborativa. El segundo en pocos días, tras la sentencia sobre los repartidores (riders) de Deliveroo, al que dedique la entrada precedente (aquí).

Antes que nada, cabe significar que el Tribunal Supremo está resolviendo el recurso interpuesto por la CNMC contra el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre que modificó el régimen del arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) del ROTT para adaptarlo a la Ley 9/2013, de 4 de julio. Tras la liberación de este sector protagonizada por la llamada Ley Ómnibus, el legislador español volvió a prever la posibilidad de introducir restricciones al arrendamiento VTC. El RD 1057/2015 plasma esa posibilidad a través de la modificación del ROTT; sobre todo de sus artículos 181 y 182. La autoridad de la competencia cuestiona esa modificación al considerar que las restricciones carecen de justificación, son innecesarias, desproporcionadas y discriminatorias. Resulta interesante conocer las partes del proceso, pues permite discrecional el mapa del juego de tronos del mercado del transporte urbano discrecional de pasajeros. Unauto VTC (“la mayor organización representativa del sector del alquiler de vehículos con conductor en España”), Maxi Mobility Spain, SLU (“La principal sociedad con la que Cabify opera en España”, según El Español) y Uber BV se suman como recurrentes. La defensa corre a cargo de la Abogacía del Estado. Secundan su posición la Generalidad de Cataluña, cuya normativa es similar a la nacional en el ámbito que nos ocupa (véase la entrada “Cataluña regula las licencias VTC (Taxi vs Uber)” publicada el 19.10.2017 aquí) y la Federación Profesional del Taxi de Madrid.

Uno de los aspectos que se cuestiona es la posible pérdida parcial del objeto del litigio, pues el RD-Ley 3/2018, de 20 de abril, ha elevado a Ley algunos de los requisitos establecidos por el RD 1057/2015. El TS lo rechaza puesto que la última norma ha producido efectos durante su vigencia, que pueden verse afectados si se declara su ilegalidad. Ahora bien, téngase en cuenta que la CNMC ha anunciado que también ha impugnado el Real Decreto-Ley 3/2018.

2. El Tribunal Supremo anuncia los parámetros de la evaluación de la legalidad de las restricciones introducidas por la norma impugnada. Explica que valora su compatibilidad esencialmente con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. La razón es que esta norma “…tiene como finalidad específica y expresamente declarada precisamente la de incidir en la interpretación y aplicación de las normas sectoriales sobre las que se proyecta, efecto transversal sin el cual en puridad carecería de eficacia normativa”. Subraya que su Exposición de Motivos declara expresamente su aplicación al ámbito del transporte y que los poderes públicos deben respetar los principios que recoge. La Ley considera que la autorización puede ser un instrumento válido que la Administración pública puede utilizar al regular un sector determinado. Destaca la importancia de los arts. 16 a 18, que fijan una serie de pautas y criterios para valorar las restricciones de la competencia, a partir de los principios de libre iniciativa económica, de necesidad y proporcionalidad. El TS hace especial hincapié en la letra g) del art. 18.2, que prohíbe dos medidas: las que impongan requisitos de naturaleza económica y las que exijan la intervención directa o indirecta de competidores en la concesión de autorizaciones, de conformidad con letras 3) y f) del art. 10 de la Ley 17/2009. Mantiene una interpretación restrictiva de la primera de ellas.

La máxima autoridad judicial española también otorga gran relevancia la Ley Ómnibus. Explica que su finalidad era adaptar el Derecho español a la transposición de la llamada Directiva de Servicios, de la que se ocupó la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio. Y destaca que fue más allá de lo que exigía la norma europea. En particular, extendió la liberalización al sector de los transportes, pese a que estos servicios habían sido excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva. Así, suprimió los arts. 49, 50, 135 y 136 LOTT.
“…pese a la no aplicabilidad al sector de los transportes de la Directiva de servicios y de la Ley 17/2009 de libre acceso a las actividades de servicios, con la Ley 25/2009 y por la libre opción del legislador español se produjo una amplia liberalización de estos servicios y, con ello, del transporte urbano mediante el arrendamiento de vehículos con conductor. Y si bien la posterior reforma operada en la LOTT por la Ley 9/2013 tiene un carácter restrictivo respecto a la Ley 25/2009, no por ello deja de confirmar de forma taxativa la plena vigencia de los principios de derecho comunitario en el ámbito de los servicios de transporte.”

3. La primera exigencia respecto de la legalidad de las restricciones previstas por el RD 1057/2015 es su justificación. El TS afirma que debe existir una razón imperiosa de interés general que fundamente la regulación y limitaciones del arrendamiento de vehículos con conductor. La halla en la memoria de análisis de impacto normativo del Proyecto de Real Decreto. La justificación es conseguir una competencia equilibrada en el sector del transporte urbano discrecional de pasajeros con vehículos a motor. Explica que en ese mercado, los taxis y los VTC se han aproximado mucho, de modo que hoy en día compiten directamente. Aunque el primero no es un servicio púbico, tradicionalmente ha sido considerado un “servicio de interés general, sometido a una intensa reglamentación (…) al objeto de garantizar su calidad y seguridad, con exigencias que hacen más onerosa su prestación”. La memoria explica que ha sido necesario introducir restricciones similares en el ámbito del VTC para evitar que éstos se centren en los mercados más rentables y dejen los más onerosos para los taxistas. Consecuentemente, las restricciones a los VTC buscan conseguir una competencia equilibrada entre ambas modalidades de transporte y de ese modo hacer posible ello el mantenimiento del taxi.

El Tribunal Supremo considera correcta esa justificación. Su razonamiento se estructura en tres premisas. Primera, el servicio de transporte es un servicio de interés público. La Administración busca asegurar unos niveles de calidad, seguridad y accesibilidad; de ahí que esté sometido a una intensa regulación. Segunda, la consecución de esos objetivos está justificada, pues es un objetivo legítimo de los poderes públicos. De ahí que también estén legitimadas las medidas regulatorias adecuadas. Y tercero, los VTC compiten directamente con el taxi en el mercado del transporte urbano. Al regular el arrendamiento de vehículo con conductor, el legislador busca mantener un equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano.

TS recurre a los arts. 3 y 5 LGUM para establecer qué constituyen razones imperiosas de interés general. Afirma que el mantenimiento de un servicio de transporte urbano en el que exista un equilibrio entre el taxi y los VTC constituye un objetivo de política de transporte urbano de los poderes públicos. Éstos pueden optar por establecer un equilibrio o abrir el mercado a la libre competencia. “…(L)a opción escogida constituye una decisión de política sobre el transporte urbano cuyo límite está configurado por la necesidad, proporcionalidad y carácter no discriminatorio de las medidas regulatorias impuestas”.

4. A continuación examina si los límites previstos en el Real Decreto 1057/2015 cumplen las exigencias de necesidad, proporcionalidad y no discriminación, así como si caen dentro de las prohibiciones del art. 18.2.g) LGUM. Comienza con las restricciones cuantitativas a la emisión de licencias VTC; la llamada regla de la proporcionalidad (1/30). El TS afirma que es necesaria para conseguir el objetivo de política legislativa que persigue el legislador: el equilibrio entre las dos modalidades de transporte. El problema que se presenta es la validez de la proporción escogida: una licencia VTC por cada treinta licencias de taxi. El TS responde que es correcta en base a tres razones. La primera es que ninguna de las partes aporta criterios útiles para determinar la proporción ideal. Segunda, los recurrentes no desvirtúan que la proporción máxima pueda servir para conseguir el equilibrio. Y tercera, se trata de un límite máximo que puede ser adaptado a las concretas circunstancias municipales por las comunidades autónomas o los ayuntamientos competentes.

En cuanto al art. 18.2.g) LGUM, rechaza que la regla de la proporcionalidad constituya un requisito de naturaleza económica. Se trata de una limitación a priori, que no condiciona la concesión de las autorizaciones a la prueba o acreditación en cada momento de las circunstancias especificadas en el artículo 10.e) de la Ley 17/2009. Por último, niega que la regla de la proporcionalidad sea discriminatoria, pues está al servicio de la finalidad de conseguir y mantener el equilibrio entre las diversas modalidades en la prestación del servicio urbano de vehículos con conductor.

La segunda restricción analizada es la llamada regla de la habitualidad: el titular de la licencia VTC debe prestar al menos el 80% de los servicios dentro de la Comunidad Autónoma en el que está domiciliada la autorización. De nuevo considera que es necesaria para garantizar el equilibrio en la oferta del transporte urbano discrecional de pasajeros con vehículos a motor. La razón es que los VTC podrían conseguir licencias en Comunidades o localidades donde fuera más fácil y luego prestar el servicio donde fuera más rentable. Así pues, la regla de la habitualidad busca evitar el fraude respecto de la regla de la proporcionalidad.

El tribunal reconoce que tiene razón la CNMC en la ausencia de justificación de la exacta proporción 80/20. Pero objeta que la autoridad de la competencia no ha ofrecido criterios para establecer cuál sería la adecuada. De ahí que el TS dé su visto bueno a la norma: “Si se acepta que el objetivo es que las autorizaciones sean utilizadas de forma habitual en la comunidad autónoma de origen, no hay razones para considerar excesiva o abusiva la proporción por la que ha optado el reglamento impugnado”.

A continuación examina la exigencia de que el solicitante de la autorización disponga de una flota mínima de vehículos; en particular siete, bien en propiedad bien en arrendamiento financiero. La memoria de impacto normativo justifica esta restricción en la necesidad de asegurar una mayor solvencia de la empresa, lo que permitiría una mejor protección de los derechos de los usuarios y una mayor seguridad de las transacciones comerciales. El TS considera que está restricción no está justificada y la anula. Primero, la LOTT no obliga a tener una flota mínima, sino sólo uno o más turismos. Segundo, afirma que no está justificada por el interés general del equilibrio en la oferta de transporte. Y tercero, tampoco es necesaria para la protección de los consumidores y usuarios.

Diferente suerte corren los requisitos materiales de los vehículos. El RD 1057/2015 modifica el art. 181 ROTT, cuyo apartado segundo pasa a exigir que tengan determinadas circunstancias, como una capacidad no superior a nueve plazas, incluida la del conductor, un motor con una potencia igual o superior a doce caballos a vapor fiscales, una longitud mínima exterior igual o superior a 4,60 metros y una antigüedad que no supere los diez años. El TS afirma que está justificada por razones de interés general, pues se imponen unas exigencias similares a los taxistas. Y no entran dentro de las prohibiciones del art. 18.2.g) LGUM. Aunque tienen un contenido económico, se exigen con carácter general para la obtención de autorizaciones VTC y no condicionan su concesión a la prueba o acreditación de las circunstancias especificadas en el art. 10.e) de la Ley 17/2009.

El último límite analizado son las restricciones previstas por el art. 182.1 ROTT, tal como fue modificado por el Real Decreto 1057/2015. Esencialmente sólo permite que los VTC presten servicios de transporte que hayan sido previamente contratados. Es decir, les prohíbe captar clientes en la calle o en las paradas de taxis; de modo que sólo podrán competir con éstos en el llamado segmento de la pre-contratación. Además obliga a que el vehículo lleve a bordo la documentación correspondiente al transporte que está realizando. De nuevo la máxima autoridad judicial española considera legal esta restricción. Aunque ni la memoria de impacto normativo ni el Abogado del Estado aportan justificación alguna, desestima la impugnación en este extremo porque la autoridad de la competencia no fundamenta suficientemente su alegación (“La sucinta fundamentación de las demandas en este aspecto -como sin duda también de la memoria y de la contestación del Abogado del Estado- conducen a la desestimación de la demanda”). El TS reconoce que esta disposición busca limitar la actividad de los VTC a los servicios de previa contratación, con lo que se está restringiendo su competitividad respecto de los taxis. Sin embargo, apela a su relación con la razón imperiosa de interés general (mantener una prestación equilibrada en los servicios de transporte urbano mediante vehículos con conductor) para afirmar su necesidad. Y en cuanto a la obligación de llevar a bordo la documentación, considera que es un instrumento de la prohibición de prestar servicios en los otros dos sectores, por lo que no plantea problemas.

5. Con el debido respeto, creo que el Tribunal Supremo no está acertado. El fallo se explica por un excesivo respeto a lo que el legislador afirma ser el espíritu de la ley. Libre del corsé del procedimiento judicial en el que discurre el debate, creo que el equilibrio en la oferta del transporte urbano de pasajeros mediante turismo no constituye justificación suficiente. La razón es que, en el fondo, este objetivo de política económica busca mantener el statu quo de las empresas que tradicionalmente han copado el mercado, dificultando el acceso y asentamiento de nuevos competidores, que se muestran más eficientes (GARCÍA, Daniel: “La caza del ganso salvaje o por qué Uber es más barato que un taxi”, en el blog Nada es gratis, 15.5.2018). No es aceptable querer mantener el equilibrio existente cuando no todos los operadores tienen las mismas oportunidades; se está beneficiando aquellos que disfrutan de una ventaja económica por el mero hecho de pertenecer al sector tradicionalmente mayoritario en el mercado. Es cierto que los taxistas han estado sometidos a un régimen constrictivo que busca la seguridad y calidad del servicio. Sin embargo, ese régimen les ha conferido una situación de “monopolio”, en palabras de Neelie Kroes cuando era vicepresidenta de la Comisión Europea, que les ha permitido vivir al margen de cualquier innovación tecnológica.

Esta situación sólo ha cambiado con la entrada de la economía colaborativa en el ámbito del transporte. La aparición de Uber ha revolucionado el sector, incrementando la competencia existente, aumentando las opciones de que disponen los consumidores y obligando a los taxis a salir de su zona de confort para hacer frente a la concurrencia de los nuevos competidores (véase LLOBET, Gerard: “La política de qué hay de lo mío”, en Nada es gratis 26.4.2018) . Y esta revolución se está produciendo bajo el paraguas de las licencias VTC. Mantener el equilibrio existente entre los diferentes operadores existentes supone frenar este progreso y el beneficio que genera para los consumidores y para el sistema en general. En otras palabras, conservar la situación de privilegio de que han disfrutado los taxistas por el simple hecho de estar en ese mercado.

Por esa razón, no podemos considerar justificada la regla de la proporcionalidad. Tampoco la de habitualidad puesto que, como ha explicado el TS, está también al servicio del objetivo de mantener el equilibrio existente en el mercado del transporte urbano discrecional de pasajeros en vehículos automóviles. Y así lo acredita el argumento de que servirá para evitar que los VTC se centren en las zonas más rentables, mientras que los taxistas deberán conformarse con las más complejas. Si están compitiendo, debe dejarse la elección al consumidor. Igualmente, tampoco son de recibo los límites que condicionan la prestación del servicio. En particular, carece de justificación limitar la competitividad de los VTC confinándoles a sólo uno de los segmentos en que pueden operar; es decir, prohibiéndoles captar clientes en la calle o en las paradas. Más todavía si se les obliga a ir provistos de distintivo o se les veta llevar signos que puedan generar confusión con los taxis. Se produce, además, una situación de discriminación inaceptable al estar desprovista de fundamento aceptable. Lo mismo sucede con la obligación de llevar a bordo la documentación que acredite la contratación previa del servicio. Su justificación decae si se rechaza que esté justificado prohibir a los VTC contratar clientes en la calle o en las paradas. Para más inri, incrementa la carga burocrática que deben soportar estas empresas, lo cual va en contra de los postulados de la LGUM.

Por otra parte, no nos parece aceptable valorar la proporcionalidad de una medida restrictiva en función de las alegaciones de las partes. Todos los límites al principio de libertad de empresa deben estar justificados. De ahí que no se pueda compartir la solución del Tribunal Supremo a la fracción 1/30 pues es desmedida. No ofrece justificación alguna que respalde esta regla que privilegia al sector tradicional. Y el hecho de que las Comunidades Autónomas puedan reducir la desproporción no elimina la crítica. Y lo mismo sucede con la regla de la habitualidad.

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Los riders de Deliveroo son trabajadores (SJS 6 Valencia 244/2018, de 1 de junio)

Ayer fue un día nefasto para la economía colaborativa en España. Recibió dos fuertes reveses en forma de sentencia. De un lado, el Juzgado de lo Social número 6 de Valencia calificó a los repartidores (“riders”) en un fallo sobre despido improcedente. De otra, el Tribunal Supremo bendijo la mayoría de las barreras de entrada que el Real Decreto 1057/2015 establece respecto del arrendamiento de servicios con conductor (licencias VTC). Nos ocupamos de la primera decisión en esta entrada. Respecto de la segunda, de momento nos remitimos a la nota de prensa del Consejo General del Poder Judicial que puede consultarse aquí.

Se trata de la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 6 de Valencia 244/2018, de 1 de junio, disponible aquí. Ha sido reseñada por el profesor Adrián Todolí en la entrada “Primera Sentencia que Condena a Deliveroo y declara la Laboralidad del Rider”, publicada el 4 de junio de 2018 en su blog Argumentos de Derecho laboral (aquí). Esencialmente se discutía si el despido de un rider de Roofoods Spain SLU (en adelante “Deliveroo”) había sido despedido correctamente. El demandante pedía que se calificara como nulo o, subsidiariamente, improcedente. El principal argumento de la defensa era que no se trataba de una relación laboral sino mercantil. El JS 6 Valencia lo rechaza: califica la relación como laboral y estima la demanda. Ahora bien, considera que no concurre ninguna de las causas de nulidad, por lo que falla la improcedencia del despido.

Autor Môsieur J. Fuente #deliveroo

Esencialmente el tribunal examina si concurren las notas de ajenidad y dependencia del art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores; “esto es, que la prestación de servicios contratada se realice dentro del ámbito de organización y dirección de la empresa, y por tanto con sometimiento al circulo rector, disciplinario y organizativo de la misma”. Afirma que sí.

En primer lugar, existe dependencia puesto que la mercantil demandada impartía instrucciones al repartidor y estableció unilateralmente las condiciones de su actividad. Explica que éste debía descargarse la app (software informático) en su teléfono móvil y utilizarla para llevar a cabo sus servicios. Igualmente, Deliveroo establecía como debía efectuarse el reparto. Así, fijaba los tiempos de entrega y la forma de comportamiento. Y tenía siempre geolocalizado al rider (“…a quien podía pedir explicaciones en cualquier momento sobre el servicio, llevando un control de tiempos de cada reparto, siendo la empresa la que decidía en cada momento sobre los repartos a realizar y la efectiva asignación de los mismos”). Por último, el horario laboral también reflejaba la dependencia. Es cierto que el trabajador podía elegir las franjas de trabajo; pero siempre dentro de los límites contractualmente fijados y era la plataforma colaborativa la que finalmente dictaminaba cuándo iban a prestarse los servicios.

Segundo, concurre la nota de ajenidad. “(E)ra la empresa la que decidía el precio de los servicios realizados por el trabajador, que éste percibía con independencia del cobro por parte de la empresa, y tras la elaboración por parte de ésta de la factura correspondiente”. Asimismo, era Deliveroo quien imponía el precio del producto en relación al cliente final y lo cobraba a través de la aplicación. Los repartidores no podían percibir ninguna cantidad en metálico, excepto las propinas.

El tribunal añade dos argumentos más, que presentan gran interés. De un lado, el JS 6 Valencia destaca que el repartidor carecía de organización empresarial. Aunque aportaba su bicicleta y teléfono móvil, la plataforma virtual a través de la que se organizaba y prestaba el servicio era de Deliveroo. De otro, “…los trabajadores eran ‘la imagen de la compañía de cara al cliente’”.

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Congreso sobre transporte en Castellón 13-15.6.2018

Los próximos días 13, 14 y 15 de junio de 2018 tendrá lugar en Benicàssim (Castellón) el VII Congreso Internacional de Transporte: “El transporte como motor del desarrollo socioeconómico”, organizado por el Instituto Universitario de Derecho del Transporte de la Universitat Jaume I de Castellón (IDT). Puede encontrarse más información en http://transportconferenceidt.com/.

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STS 14/2018: dies a quo de la prescripción de la acción de responsabilidad de los administradores

Aunque ya tiene unos meses, la STS 14/2018, de 12 de enero tiene cierto interés al incidir un tema clásico del Derecho de sociedades, el inicio del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad de los administradores, y discrepar el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial.

Sin entrar en detalles sobre los antecedentes de hecho, harto complejos, basta comentar que el cese del administrador se produjo el día 14 de noviembre de 1996 y la demanda se interpuso el 1 de octubre de 2002; es decir, casi seis años más tarde. El Juzgado de Primera Instancia la desestimó, pero la Audiencia Provincial condenó al exadministrador. El Tribunal Supremo casa el último fallo al considerar que la acción de responsabilidad había prescrito.

Antes que nada, interesa subrayar que, evidentemente, no se aplica el art. 241 bis LSC, pues no estaba en vigor cuando se produjeron los hechos. El TS resuelve la litis en virtud del art. 949 Ccom., que establece un plazo de prescripción de 4 años “…a contar desde que por cualquier motivo cesaron en el ejercicio de la administración”. Ahora bien, explica que es jurisprudencia consolidada retrasar el inicio del cómputo “…a la constancia del cese en el Registro Mercantil cuando se trata de terceros de buena fe (artículos 21.1 y 22 del Código de comercio y 9 del Reglamento del Registro Mercantil), con fundamento en que solo a partir de la inscripción registral puede oponerse al tercero de buena fe el hecho del cese, dado que el legitimado para ejercitar la acción no puede a partir de ese momento negar su desconocimiento”. Esta extensión no es aplicable frente a los terceros de mala fe o cuando el afectado conocía el momento efectivo del cese del administrador. Así sucede cuando la propia sociedad demanda a sus gestores (acción social de responsabilidad).

De ahí que revoque la sentencia de la AP:

“(l)a tesis … de que solo comenzaba a correr el plazo de prescripción de la acción cuando los administradores contra los que se dirigió́ la acción, que habían sido los únicos accionistas, dejaron de ostentar la mayoría del capital social y entró en el accionariado un nuevo socio mayoritario, porque solo en ese momento fue posible ejercitar la acción social, es incorrecta.

Tampoco es aceptable la tesis de que solo comienza a correr el plazo de cuatro años del art. 949 del Código de Comercio respecto de todos los administradores demandados, desde el cese del último de ellos. No existe ningún obstáculo para que se ejercite la acción de responsabilidad contra un administrador cesado pese a que persistan en sus cargos el resto de administradores contra los que se vaya a ejercitar la acción social de responsabilidad.

De aceptar la tesis contraria, la acción de exigencia de responsabilidad contra el administrador cesado en su cargo podría pervivir indefinidamente mientras no cesaran el resto de administradores susceptibles de ser demandados”.

La corte suprema también se pronuncia sobre la retroactividad de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989 y la niega, casando de nuevo el fallo de la AP en este punto. Recuerda que el art. 9.3 de la Constitución vincula esencialmente al legislador y que el juez debe estar a las Disposiciones de Derecho transitorio que contenga la norma aplicable. “La Ley 19/1989, de 25 de julio, sí contenía algunas normas de Derecho transitorio, pero ninguna afectaba al régimen de responsabilidad de los administradores establecido en los arts. 79 y 80 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, que reformaba. Por tal razón, debe aplicarse la previsión del art. 2.3 del Código Civil y negar eficacia retroactiva a la nueva redacción de esos preceptos legales reguladores de la responsabilidad de los administradores”.

Jan Albert Sasal Renom y Carlos Górriz López

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Seminario sobre la retribución de administradores (Málaga, 18 de mayo de 2018)

El 18 de mayo de 2018 se celebrará, en el Centre Pompidou de Málaga, el Seminario de Derecho mercantil “La retribución de administradores y la más reciente jurisprudencia”, organizado por el Área de Derecho mercantil de la Universidad de Málaga con la colaboración de la Cátedra de Viabilidad Empresarial de esta misma Universidad. Puede encontrarse toda la información en: www.seminariosderechomercantilmalaga.es

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Procesos de selección: ¡porque yo lo valgo!

Un exceso de trabajo me impide actualizar este blog como desearía. Sin embargo, hay ocasiones que exigen hacer un acto en el camino. Y hoy ha sido una de ellas, pues quiero agradecer a José María Rojí la magnífica charla que ha impartido hoy en mi Facultad. Con el sugerente título que rubrica esta entrada, ha dado una lección magistral sobre cómo afrontar un proceso de selección. En primer lugar, ha destacado la necesidad de conocer qué objetivo tiene el graduado que lo afronta. Ha aconsejado a los estudiantes que reflexionen sobre qué quieren realmente y qué están dispuestos a sacrificar. A continuación, se ha centrado en los procesos de selección, strictu sensu, y ha reflexionado sobre la importancia de la imagen. En cuanto al curriculum vitae, ha subrayado la trascendencia de planificarlo, de incluir aspectos diferenciales, de preparar argumentos para cubrir las carencias y de la necesidad de cuidar la forma. El cuarto punto de su intervención ha sido la entrevista. Entre las valiosas recomendaciones que ha dado, se hallan la necesidad de informarse sobre el despacho y valorar si es coherente con el estilo del candidato. Igualmente les ha instado a cuidar la imagen en las redes sociales. Antes de pasar a responder las preguntas de los asistentes, les ha dado unos valiosos consejos, como el pensar en las referencias culturales del entrevistador.

Aunque no tenía necesidad alguna, José María Rojí ha confirmado de nuevo sus amplios conocimientos, su exquisitez en las formas y una gran generosidad. Muchísimas gracias.

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El representante de la persona jurídica no puede ser administrador de hecho

En la sentencia 104/2018, de 1 de marzo, el Tribunal Supremo afirma:

“…por definición, las personas físicas representantes de personas jurídicas administradoras de unas sociedades no pueden ser calificadas de administradores de hecho, pues precisamente desarrollan las funciones de su cargo con arreglo a una representación expresamente prevista en la ley.”

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El TS se pronuncia sobre la distribución de los impuestos derivados de los préstamos hipotecarios

Por fin se ha publicado la decisión del Tribunal Supremo sobre la validez de las cláusulas que imputan al cliente bancario los tributos generados en un préstamo con garantía hipotecaria. O mejor dicho, las decisiones, pues se trata de dos sentencias con un contenido idéntico: 147/2018, de 15 de marzo y 148/2017, de 15 de marzo. No es la primera vez que la máxima autoridad judicial analiza la abusividad de condiciones generales relativas a gastos relacionados con préstamos hipotecarios. Como ella misma recuerda en los fallos que nos ocupan, ha tratado ese tema en sus sentencias 550/2000, de 1 de junio; 842/2011, de 25 de noviembre y 795/2015, de 23 de diciembre.

Antes de ir más allá, conviene reproducir una de las condiciones generales en cuestión. Se trata de la cláusula 5.ª de la escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria del primer litigio.

“Gastos a cargo del prestatario: La parte deudora asume el pago de los gastos de tasación del inmueble hipotecado, de todos los demás gastos y tributos derivados de esta escritura, de los actos y contratos que en la misma se formalizan y de su inscripción en el Registro de la Propiedad, de los originados por cuantos otorgamientos sean precisos para que este documento tenga acceso al citado Registro y de los causados por las cartas de pago parcial o total del préstamo y por la cancelación de la hipoteca, así como de cuantos se ocasionen para exigir el cumplimiento de lo pactado o para la defensa por parte de Banco Herrero, de su crédito, comprendidos los de la interposición y la oposición a tercerías, incluidos los honorarios de Letrado y derechos de Procurador aunque su intervención no fuere preceptiva, la deudora asume la totalidad de los gastos de gestión y tramitación necesarios para la inscripción de la hipoteca”.

El TS declara que es abusiva y, por lo tanto, nula. La razón es que contraviene normas imperativas. La cláusula imputa al prestatario/consumidor el pago de todos los impuestos generados por un préstamo con hipoteca inmobiliaria, mientras que la ley los reparte entre sus partes. Pese a que la afirmación de la alta autoridad judicial es cierta, cabe destacar que grava sobre el deudor todos los tributos salvo el derecho de cuota fija por los actos jurídicos documentados del timbre de los folios de papel exclusivo para uso notarial. Veámoslo.

El primer hecho imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en el caso que nos ocupa, es la constitución del préstamo hipotecario. Siguiendo la doctrina de su Sala Tercera –interprete máximo de las normas tributarias españolas-, el TS afirma que grava sobre el prestatario en virtud de los arts. 8 y 15.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre). El segundo hecho es la documentación del acto en escritura pública. Se distinguen dos modalidades: un derecho de cuota variable en función de la cuantía del acto o negocio jurídico que se documenta y un derecho de cuota fija por los actos jurídicos documentados del timbre de los folios de papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz y las copias autorizadas. El sujeto pasivo del primero es el prestatario. Así se deriva del art. 69 del Reglamento del Impuesto (Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo). En cambio, la solución es diversa respecto de la cuota fija. Los de la matriz corresponden al prestatario, salvo en los casos en que las partes acordaran otra cosa sobre la distribución. Los de las copias gravan sobre la parte, bien el prestamista bien el prestatario, que las solicite. El tercer y último hecho imponible es la cancelación de la hipoteca. El art. 45 B.18 del Texto Refundido de la LITPAJD declara exentas las primeras copias de la escritura que la documente.

Así las cosas, el TS declara nula la cláusula y obliga a la entidad de crédito a reembolsar al consumidor las cantidades que satisfizo y que correspondía abonarlas a aquélla. Pero se trata exclusivamente de las sumas correspondiente a la expedición de las copias solicitadas a instancias del prestamista, con lo que puede ser que la cantidad sea mínima

“Aunque sí debería restituir el banco las cantidades cobradas por la expedición de las copias, cuando no se ajusten a lo antes indicado, este pronunciamiento no afecta al importe de las cantidades fijadas en la sentencia recurrida, pues más allá de su escasa incidencia económica, no se ha acreditado que, por el concepto de impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la demandante hubiera pagado alguna cantidad distinta a la correspondiente a la constitución del préstamo y haber tenido en cuenta la Audiencia Provincial lo abonado por matriz y copias.”

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Llamada a comunicaciones para la IV Jornada de la Real Academia de Derecho de la Competencia

La IV Jornada de la Real Academia de Derecho de la Competencia se celebrará en la Facultad de Derecho de la UVEG (Valencia) el próximo viernes 1 de Junio de 2018.
Las propuestas de comunicaciones para la Jornada RADC pueden versar sobre cualquier tema en materia de Derecho de la Competencia. La solicitud de interés puede enviarse hasta el 1  de mayo próximo al correo electrónico teresa.palomar@uv.es , y deberá incluir:
– Título
– Resumen de 500 palabras como máximo
– Nombre del autor/a o autores/as y, en caso de que corresponda, adscripción institucional
– Dirección de correo electrónico
Las comunicaciones podrán ser presentadas en castellano o inglés. El texto final se entregará antes del 25 de mayo por la misma vía. La selección se realizará por el Consejo Directivo de la RADC, quienes decidirán cuáles serán objeto de exposición pública, lo que se comunicará a los autores con antelación.

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“La Mafia se sienta a la mesa”: marca prohibida

El Tribunal General ha confirmado la decisión de la EUIPO de no registrar la marca figurativa solicitada por la Mafia Franchises, SL para las clases 25, 35 y 43 del Arreglo de Niza. La razón es que es contraria al orden público y a las buenas costumbres (art. 7.1.f) del Reglamento 207/2009; actualmente 7.1.f) Reglamento 2017/1001). Estamos hablando de la sentencia de 15 de marzo de 2018 (T-1/17), La Mafia Franchises, S.L. contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

La autoridad judicial europea explica que al aplicar esta prohibición hay que valorar “…las cualidades intrínsecas de la marca solicitada y no (las) circunstancias relativas al comportamiento de la persona solicitante de la marca […]” (párr. 40). Así pues, cabe empezar subrayando que el tribunal destaca el papel central que poseen los términos “La Mafia” en el signo distintivo, tanto por el tamaño de su grafía como por su posición central. Identifican una organización criminal, con origen italiano, que se ha extendido por todo el mundo. Se dedica al todo tipo de actividades ilícitas, destacando el tráfico de drogas, de armas, el blanqueo de dinero y la corrupción. Utiliza medios deplorables, como la intimidación, la violencia física y el asesinato. Por lo tanto, contraviene los valores de la libertad y la dignidad humana, pilares sobre los que se asienta la Unión Europea.

La expresión “se sienta a la mesa” contribuye a banalizar la percepción negativa de esta organización criminal. A pesar de ocupar un lugar secundario en el signo distintivo, transmite el mensaje de compartir una comida; o sea una atmósfera de bienestar y familiaridad, lo que disminuye la connotación negativa del nombre “La Mafia”. Por otra parte, el hecho de que numerosos libros, revistas o películas se refieran a esta organización tampoco elimina el carácter peyorativo de este nombre.

En consecuencia, “…la marca controvertida, vista en su conjunto, evoca una organización criminal, da una imagen globalmente positiva de dicha organización y, por lo tanto, banaliza los ataques graves que tal organización perpetra contra los valores fundamentales de la Unión … La marca controvertida es, por lo tanto, chocante u ofensiva no sólo para las víctimas de dicha organización criminal y sus familias, sino también para cualquier persona que, en el territorio de la Unión se encuentre ante dicha marca y posea umbrales medios de sensibilidad y tolerancia.” (parr. 47)

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