Responsabilidad del banco en una compraventa con ingresos a cuenta

El Tribunal Supremo ha confirmado su doctrina sobre de la entidad de crédito que admite ingresos a cuenta en una compraventa de viviendas sobre plano sin exigir que la promotora haya conseguido la garantía de la devolución de las cantidades adelantadas. En cuatro sentencias declara la responsabilidad del banco: 733/2015, de 21 de diciembre (que comenté en la entrada: “Jurisprudencia reciente sobre la compraventa de viviendas con entregas a cuenta“); 142/2016, de 9 de marzo174/2016, de 17 de marzo y 226/2016, de 8 de abril.

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Nulidad de la suscripción de acciones de Bankia

Como es por todos conocido, el Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la suscripción de acciones de Bankia . Se trata de la STS 24/2016, de 3 de febrero. Tiene su origen en la demanda presentada por un matrimonio de jubilados (maestra y conductor). Fue estimada por el Juzgado de Primera Instancia. La Audiencia Provincial confirmó su fallo y el Tribunal Supremo desestima el recurso de la entidad financiera.Imagen Bankia

La clave de la sentencia es la existencia de error en el consentimiento (arts. 1265 y 1266 Cc). En su día los demandantes argumentaron error en el consentimiento: la imagen de solvencia y de obtención de resultados del banco no era verdad. En el recurso de casación el banco alega que no se había acreditado el nexo causal entre el error y la celebración del contrato. Entre otras razones, porque los demandantes reconocieron no haber leído el folleto.

El TS explica que son necesarios cuatro requisitos para que el error vicie el consentimiento: “a) Que el error recaiga sobre la cosa que constituye el objeto del contrato o sobre aquellas condiciones que principalmente hubieran dado lugar a su celebración, de modo que se revele paladinamente su esencialidad; b) Que el error no sea imputable a quien lo padece; c) Un nexo causal entre el error y la finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado; y d) Que se trate de un error excusable, en el sentido de que sea inevitable, no habiendo podido ser evitado por el que lo padeció mediante el empleo de una diligencia media o regular”.

Reconoce que la AP no utilizó la expresión “nexo causal” pero mantuvo que existió una representación equivocada de la situación patrimonial y financiera de Bankia, que determinó la suscripción de sus valores. El error era excusable al tratarse de pequeños inversores:

“La cualidad de pequeños inversores que tienen los demandantes hace que este error deba considerarse excusable, pues, a diferencia de lo que puede ocurrir con otros inversores más cualificados, carecen de otros medios de obtener información sobre los datos económicos que afectan a la sociedad cuyas acciones salen a cotización y que son relevantes para tomar la decisión inversora.”

Ahora bien, el TS matiza la importancia del folleto de emisión para sortear el argumento de que no fue leído por los demandantes. A su entender, lo relevante es la impresión que este documento y los “creadores de opinión” generan y que llega al gran público:

“Que cada concreto inversor haya leído en su integridad el folleto presentado ante la CNMV o no lo haya hecho, no es tan relevante, puesto que la función de tal folleto es difundir la información sobre la situación patrimonial y financiera de la sociedad cuyas acciones son ofrecidas públicamente entre quienes, en diversos ámbitos de la sociedad, crean opinión en temas económicos, de modo que esa información llegue, por diversas vías, a esos potenciales inversores que carecen de otros medios para informarse y que no han de haber leído necesariamente el folleto, como ocurrió en el caso de los demandantes, a quienes la información llegó a través de una empleada de la sucursal de Bankia en la que tenían abierta su cuenta bancaria, lo que generalmente determina una relación de confianza entre el empleado de la sucursal bancaria y el cliente habitual”.

Por otra parte, rechaza que sólo se permita anular la suscripción de acciones en un aumento de capital en los supuestos previstos para la nulidad de la sociedad (art. 56 LSC). Argumenta que debe aceptarse la nulidad para otorgar eficacia a la normativa europea sobre responsabilidad por folleto y por hechos relevantes. Cita la STJUE 19.12.2013 (C-174/12), Alfred Hirmann contra Immofinanz AG, que calificó estas normas como Derecho especial frente a la normativa societaria.

“No obstante, de la Sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2013 (…) se desprende que las normas sobre responsabilidad por folleto y por hechos relevantes son lex specialis respecto de las normas sobre protección del capital para las sociedades cotizadas.
Según la interpretación del TJUE, el accionista-demandante de la responsabilidad por folleto ha de ser considerado un tercero, por lo que su pretensión no tiene causa societatis , de manera que no le son de aplicación las normas sobre prohibición de devolución de aportaciones sociales. De acuerdo con esta sentencia, el Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional que establezca la responsabilidad de una sociedad anónima como emisora frente a un adquirente de acciones de dicha sociedad por incumplir las
obligaciones de información previstas en las Directivas comunitarias y que obligue a la sociedad a reembolsar al adquirente el importe correspondiente al precio de adquisición de las acciones y a hacerse cargo de las mismas.

Por tanto, los acreedores de la sociedad no están protegidos hasta el punto de que la sociedad no pueda contraer deudas de resarcimiento. Y ello abre la puerta, aunque la previsión legal parezca apuntar prioritariamente a la acción de responsabilidad civil por inexactitud en el folleto, a la posibilidad de la nulidad contractual por error vicio del consentimiento (arts. 1300 y 1303 del Código Civil) cuando, como en el caso de los pequeños inversores que han interpuesto la demanda, dicho error es sustancial y excusable, y ha determinado la prestación del consentimiento. En tal caso, no se trata de una acción de resarcimiento, pero los efectos prácticos (la restitución de lo pagado por las acciones, con restitución de estas a la sociedad para que pueda amortizarlas) son equiparables a los de una acción de resarcimiento como la contemplada en esta sentencia del TJUE (reembolso del importe de la adquisición de las acciones y entrega de estas a la sociedad emisora).”

La sentencia aborda otras cuestiones. La primera de ellas es la prejudicialidad penal. Bankia arguye que las determinaciones fácticas que se establezcan en el proceso penal son decisivas para el civil. En particular, la imagen que ofrezcan las cuentas anuales y el folleto de emisión. El TS rechaza la alegación basándose en la doctrina sentada por la STC 192/2009, de 28 de septiembre. La razón es que las partes del litigio aceptaron los hechos fundamentales de la demanda. Además, la falsedad que se debate en el proceso penal no es material sino ideológica. Consecuentemente, la decisión del orden penal carecerá de trascendencia para el civil. Por otra parte, la prejudicialidad penal en este caso pondría en cuestión la eficacia del régimen de responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados a los titulares de valores adquiridos como consecuencia de informaciones falsas o de omisiones relevantes ex art. 28 LMV (art. 38 del Texto Refundido).

Otro tema controvertido es la consideración como hecho notorio de la falta de veracidad de la información económico-financiera del folleto de Bankia. El TS niega que la AP afirmara que era “notorio” que la situación financiera no se correspondiera con la real cuando salió a bolsa y que el folleto de la oferta pública faltara a la verdad. Lo que concluyó fue que “resulta prueba bastante acreditada” en ese extremo.

Por último, el recurrente consideró que la Audiencia no había fundamentado suficientemente la prueba de presunciones en que basó la existencia de error en el consentimiento. El Tribunal Supremo lo niega, pues la AP no acudió a ese tipo de prueba: “Lo que hace la Audiencia Provincial es tomar en consideración una serie de hechos (…), valorarlos y sacar las conclusiones que considera adecuadas”.

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STS 72/2016: deber de información del tomador

En la sentencia 72/2016, de 17 de febrero, el Tribunal Supremo reitera su doctrina sobre el deber de información del tomador del seguro y las consecuencias de su dolo o culpa grave (arts. 10 y 11 LCS).

Antes que nada, recuerda que “más que un deber de declaración, (es) un deber de contestación o respuesta del tomador a lo que se le pregunte por el asegurador, ya que este, por su mayor conocimiento de la relevancia de los hechos a los efectos de la adecuada valoración del riesgo, debe preguntar al contratante aquellos datos que estime oportunos.”

La cuestión principal residía en cómo afectaba al deber del tomador el hecho de que el cuestionario hubiera sido rellenado por empleados de la aseguradora. El TS recuperó la doctrina sentada en su sentencia 676/2014, de 4 de diciembre donde afirmó que esa circunstancia no justificaba el incumplimiento de su deber de información. De ahí que lo relevante fuera si se le pidió información precisa sobre las circunstancias relevantes para la determinación del riesgo.

En el caso en cuestión, la alta autoridad judicial considera que se le pidió esa información y que el tomador incumplió su deber al omitirla. En palabras del Tribunal:

“…pese a que las preguntas fueron genéricas, sin referencia a ninguna patología o enfermedad en particular, es determinante -base fáctica sobre la que se sustenta la razón decisoria de la sentencia recurrida- que, desde como mínimo doce años antes de la firma de la primera póliza, el asegurado venía padeciendo una patología de depresión que condujo a la enfermedad (transtorno bipolar) causante de su invalidez, tratándose de antecedentes depresivos que, lejos de manifestarse de forma esporádica, como episodios aislados, dieron lugar a numerosas crisis que merecieron sucesivas actuaciones de los servicios de atención primaria y que precisaron tratamiento con medicación”.

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STS 74/2006: levantamiento del velo

El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre el levantamiento del velo de la personalidad jurídica. Continúa avanzando hacia la progresiva objetivación del presupuesto subjetivo del fraude. Se trata de la STS 74/2006, de 18 de febrero de 2016, que se enmarca en una relación de agencia de seguros.

Una entidad de seguros ejercita una demanda en reclamación de cantidad derivada del contrato de agencia contra el agente y otra aseguradora en virtud del art. 12.2 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reasguros privados. El nudo gordiano del caso residía en si los agentes que habían actuado por cuenta del demandante y de la aseguradora co-demandada eran la misma persona. La primera instancia aplicó la doctrina del levantamiento del velo. La Audiencia Provincial no. El Tribunal Supremo revoca la sentencia recurrido en este particular.

El TS reprocha a la AP que mantenga una concepción restrictiva del presupuesto subjetivo del fraude de ley. Es decir, que siga exigiendo la voluntad dolosa o intencional. Exige que se objetive este presupuesto, en el sentido que también debe entenderse que concurre cuando las partes debían ser conscientes del incumplimiento de sus responsabilidades personales y del conocimiento del daño producido. En palabras del propio Tribunal:

“…de las sentencias de esta Sala de 22 de febrero de 2007 (núm. 159/2007) y de 9 de marzo de 2015 (núm. 226/2015), se desprende que la utilización de la personalidad jurídica societaria como un medio o instrumento defraudatorio, o con un fin fraudulento, ya no puede concebirse exclusivamente en clave de un “consilium fraudis” o animus nocendi de los agentes implicados, esto es, desde el plano subjetivo de un deliberado propósito o maquinación de causar un claro perjuicio, tal y como hace la sentencia recurrida, sino que, acorde con la funcionalidad señalada, la noción de fraude también resulta objetivable en aquellos supuestos en donde las partes tienen o deben haber tenido un conocimiento del daño irrogado que determina la elusión de sus propias responsabilidades personales y, entre estas, el pago de las deudas.”

También realiza una interpretación amplia del art. 12.2 de la Ley de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. “…no requiere para su aplicación de la participación estrictamente dolosa del tercero, sino de su cooperación para que se produzca el daño (eventus damni), por lo que se le exige una diligencia profesional a la hora de contratar, de acuerdo con la ‘ratio’ o finalidad de la norma, es decir, que los contratos de agencia resulten ajustados a los principios de buena fe contractual”.

 

 

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La formació del jurista

Els passats 18 i 19 de febrer de 2016 va tenir lloc al Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona el Simpòsium internacional sobre la formació de l’advocat i el marc de qualificacions professionals. Agraeixo als seus organitzadors, i en particular al professor Josep Maria De Dios, que m’invitessin tot i conèixer les meves limitacions. Un exemple d’amistat. El divendres al matí vaig participar a la taula rodona titulada: Development of skills and professional competences in the European professional qualifications field: model degree vs. model professional associations. Advantatges of learning by doing method. Reprodueixo aquí el contingut substancial de la meva intervenció.

Simposium 1

I. Els condicionants de la formació

Com a mercantilista, segueixo el mètode propugnat pel mestre Garrigues: l’atenta observació de la realitat. També es pertinent en la matèria que ens ocupa, doncs la realitat condiciona l’ensenyament del Dret i la formació que hem de donar al futur jurista. Hi ha cinc fets que cal tenir molt en compte en valorar com hem de formar als estudiants.

1. El primer d’ells és el frenesí legislatiu que patim. Cada dia són més les instàncies que promulguen normes jurídiques. Un jurista actual ha de prestar atenció a les disposicions locals, autonòmiques, estatals, europees i internacionals. A més a més, cal tenir en compte que hi ha organismes que promulguen disposicions que tot i no tenir la consideració de normes jurídiques tenen un fort impacte en la conducta dels ciutadans. Pensin, per exemple, en els anomenats Incoterms de la Cambra de Comerç Internacional o en les seves Regles i Usos Uniformes sobre els Crèdits Documentaris. D’altra banda, cada vegada tenen més importància els reguladors i supervisors, tant domèstics com supranacionals.

Però no només hi ha més legisladors, sinó que en els darrers temps la seva activitat s’ha tornat frenètica. El jurista actual es troba sepultat per una allau de disposicions que l’obliguen a estar constantment estudiant i revisant el que ha après per tal d’estar al dia. Per si això no fos suficient, la tècnica legislativa cada vegada és pitjor. Tant que posa en crisi la seguretat jurídica. N’hi ha prou amb recordar alguns problemes de la promulgació i modificació de les lleis en l’actualitat: derogacions i modificacions amagades en disposicions que no tenen cap relació aparent –al menys a primera vista-, aprovació de normes rellevants durant les vacances o pocs dies abans, o modificació de preceptes abans de la seva vigència –és a dir, entre la seva aprovació i l’entrada en vigor. Fa anys criticàvem l’anomenada Llei d’Acompanyament. Avui en dia –qui ens ho havia de dir- la trobem a faltar.

Per si la situació legislativa fos poc, un bon jurista ha d’estar al dia de la jurisprudència, en sentit ampli. Pensin, per exemple, en la rellevància de la sentència del Tribunal de Justícia de 14 de març de 2013 (C-415/11), Mohamed Aziz vs Catalunya Caixa, que va obligar al legislador espanyol a modificar la normativa processal hipotecària, o la famosa sentència del Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013, sobre les clàusules sòl. Igual que succeeix amb la legislació, les instàncies es multipliquen: en alguns àmbits resulta imprescindible estar al dia, no només de les decisions dels tribunals, sinó també de les dels reguladors i supervisors.

2. Un altre condicionant de la formació del jurista és el pressupost universitari. La crisi l’ha sotmès a una cura d’aprimament que ha afectat greument a dos àmbits, respecte del tema que ens afecta. El primer és el fons bibliogràfic. N’hi ha prou en mirar les adquisicions de qualsevol biblioteca d’una facultat de Dret per comprovar que el número de manuals i, sobre tot, d’obres especialitzades adquirides s’ha reduït dràsticament des de 2008. I el mateix ha succeït amb les subscripcions a les revistes.

El segon àmbit és el professorat. La política de retallades dels darrers anys ha estat tremendament perniciosa per la universitat espanyola. D’una banda, la manca de places ha fet que molts joves investigadors haguessin d’emigrar o guanyar-se el pa fora de la universitat. De l’altra, la política de taxa de reposició cero ha impedit trobar relleu pels professors que es jubilen i ha desincentivat les noves vocacions. Es produirà (s’està produint) un salt generacional irreemplaçable, doncs un bon professor no s’improvisa. Conseqüentment, la qualitat i la competitivitat de les universitat minvarà en un moment en que mundialment està de moda l’excel·lència.

3. L’evolució desenfrenada de la tecnologia està revolucionant la societat, la feina i l’economia. La formació del jurista no pot quedar al marge. En primer lloc, està posant a l’abast de l’estudiant i del docent noves eines i continguts. Pensin en la possibilitat d’accedir a qualsevol diari oficial o bases de dades de la jurisprudència des de qualsevol smartphone, d’accedir gratuïtament a cursos en línia de prestigioses universitats (Massive On-line Open Courses o MOOC) o en l’aparició de recursos digitals lliures de cost. A més, moltes biblioteques estan digitalitzant els seus fons, amb tota la riquesa que això proporcionarà.

Una altra conseqüència és els canvis en els mercats de treball. Ja estem experimentant com l’avanç de la tecnologia estan fent desaparèixer algunes professions, amenaçant altres i generant noves oportunitats laborals. I el món jurídic no és aliè. Com explica Jeremy Rifkin en la seva interessant obra La sociedad de coste marginal cero (Paidós, Barcelona, 2014), existeix un software que facilita la interrelació de documents i la recerca de dades en ells. I està tan desenvolupat que està reemplaçant a equips d’advocats.

També els estudiants estan canviant. Constitueix un vici força estès entre els professors d’una certa edat queixar-se sobre les noves generacions: no saben, no s’esforcen, no es preocupen, etc. Però també hi ha qui opina que estem davant de la generació millor preparada de la Història. No sé quina de les afirmacions serà veritat –em temo que cap d’elles-. Però el que sí sembla cert és que les aptituds i competències dels nous estudiants han canviat degut a la disponibilitat d’ordinadors, tabletes i altres dispositius electrònics, a la tirada pels mitjans audiovisuals en lloc dels cartacis i a la facilitat d’accedir a continguts digitalitzats. Així, per exemple, són capaços de passar-se hores buscant informació a internet –tant que hi ha qui proposa convertir a google en font del Dret-, però només utilitzen les biblioteques per lligar. A més, no n’hi ha prou amb trobar la informació: s’ha de seleccionar i processar. I això no és gens fàcil. Es tracta d’una habilitat que cal aprendre.

4. Un altre condicionant és la globalització de l’economia i de la societat. És una realitat innegable que la internacionalització de les relacions humanes està condicionant la feina del jurista. Per això, cal preparar els estudiants de la millor manera possible per afrontar els reptes que se’ls presentin. I per això es necessari aprendre idiomes. Però també resulta aconsellable conèixer altres cultures. D’aquí que la mobilitat internacional esdevingui clau.

5. Per últim, cal prestar atenció a la demanda del mercat. És a dir, quin tipus d’advocat triomfa en l’actualitat. Fa pocs dies la premsa informava sobre l’èxit que estan tenint uns despatxos poc ortodoxos, com Arriaga Abogados, Bufete Rosales, Abogados Preferentes o Triviño Abogados. S’han especialitzat en les demandes col·lectives contra els bancs i entitats similars arrel de la comercialització de productes tòxics. I han aconseguit fer-se amb un nínxol de mercat gens menyspreable.

Hi ha tres dades rellevants d’aquest model de despatx. En primer lloc, la promoció que fan. Fins no fa gaire els advocats acostumaven a fer-se fotografiar a les seves biblioteques, rodejats d’Aranzadis i altres joies bibliogràfiques. José María Ruíz de Arriaga promociona el seu despatx de la ma de Iker Casillas, l’ex porter del Reial Madrid. Segon, els advocats acostumaven a fer tesi doctoral; al menys s’inscrivien als programes de doctorat amb l’esperança (utòpica?) de concloure algun dia la seva recerca. Segons els diaris, el senyor Arriaga és més partidari dels MBAs de les escoles de negoci: el que importa és el marketing. I tercer, els mitjans de comunicació estan posant en dubte l’ètica professional d’alguns d’aquests despatxos. Aporten dades que fan pensar que estan més interessats en la remuneració que generaria continuar amb els plets que en la defensa dels interessos dels seus clients.

II. Com ensenyar Dret (aptituds, habilitats i competències)

1. Un cop exposats els condicionants de la realitat, és hora de pronunciar sobre cóm ensenyar Dret i quines són les competència que s’han de fomentar. En primer lloc, cal pronunciar-se sobre si és millor centrar-se en les grans idees o si cal descendir al detall de la llei. Al meu modest entendre, és preferible la primera opció donat que avui en dia és més real que mai la idea de Kirchmann de que tres paraules del legislador poden fer inservible una biblioteca jurídica sencera. En efecte, l’allau de normes, la celeritat amb la que canvien i el fet que cada dia tinguem menys temps per l’ensenyament fan que sigui preferible dedicar els esforços a explicar els grans conceptes i els principis essencials de l’ordenament, així com analitzar el conflictes d’interessos que estan darrera de les normes jurídiques.

Això no significa que les classes tinguin que ser exclusivament lliçons magistrals on s’ensenyin conceptes abstractes. La pluralitat metodològica es benvinguda i es poden utilitzar casos pràctics per ensenyar les principals institucions de l’ordenament jurídic. Igualment, tampoc s’ha de renunciar a explicar el detall de la llei quan sigui possible. Però en cas de conflicte, cal donar preferència a la transmissió dels conceptes i principis bàsics del Dret.

2. Ja que ens hem referit a la metodologia, crec que no hi ha una única possibilitat vàlida sinó que totes poden ser útils en funció de les necessitats docents. Així, les lliçons magistrals són útils per introduir les grans qüestions a grups nombrosos d’alumnes. Els casos pràctics són més atractius pels estudiants però exigeixen grups reduïts disposats a treballar, tant els alumnes com els professors. I una cosa similar succeeix amb l’autoaprenentatge.

Ara bé, l’opció per un mètode o altre pot resultar aliena a la voluntat docent en estar supeditada als condicionants universitaris. Així, no es poden (rectius, no s’haurien de) fer classes pràctiques amb més de cinquanta alumnes. Igualment, no sembla raonable programar lliçons magistrals quan la seva duració supera el temps en que un alumne pot estar concentrat (o en que la pròstata del docent està tranquil·la). I no cal oblidar la formació del docent, doncs també condiciona la manera d’ensenyar el Dret. Així, per exemple, als professors en exclusiva ens costa molt resoldre correctament els casos pràctics mentre que tenim més facilitat per ensenyar la teoria general. I el mateix succeeix, però al revés, amb els professionals (advocats, jutges, notaris, registradors) que donen classes. L’ideal seria que complementéssim les nostres aptituds i ens coordinéssim.

D’altra banda, cal fomentar el treball en equip. La raó principal és que la societat demana que els juristes posseeixin aquesta competència. La complexitat actual de les relacions humanes i, sobre tot, econòmiques determina que sigui més efectiu unir esforços que treballar en solitari. A més a més, actuar en equip permet també que desenvolupin l’habilitat de resoldre per si mateixos els conflictes que poden sorgir dins del col·lectiu, el que constitueix un valor afegit a la formació de l’alumnat. Però no només interessa impulsar el treball en equip, sinó que cal exigir als estudiants que adoptin tots els papers possibles; és a dir, que sàpiguen actuar com líders o com gregaris en funció de les necessitats.

3. Quant a les competències dels estudiants, tradicionalment seguien (i continuen seguint) un paradigma format per quatre elements: apuntar, “empollar”, vomitar i oblidar. És a dir, l’alumne acostumava a desenvolupar un paper totalment passiu a les classes: es limitava a anotar el que el professor predicava amb més o menys gràcia. El dia abans o, en el millor dels casos, pocs dies abans de l’examen aprenia de memòria el que havia apuntat sense aprofundir en els continguts, doncs no se li exigia. Tercer, l’examen consistia en reproduir, amb més o menys detall, el que el professor havia explicat a classe. Desgraciadament la major part de les dades apreses acostumaven a oblidar-se als pocs dies (sic, hores).

Sense perjudici de continuar fomentant la memòria quan sigui necessari, cal promoure altre tipus d’habilitats dels nostres estudiants; en particular, el trinomi buscar, analitzar i exposar. En primer lloc, cal incentivar que els estudiants cerquin per sí sols materials jurídics: normes, sentències, resolucions administratives, contractes-tipus, usos y pràctiques, etc. Quantes més variats i quantes més fonts millor. És una bona manera d’estimular l’esperit d’iniciativa, que tan útil és en el món professional i laboral.

Cal tenir en compte que els avanços de la tecnologia i l’augment de la digitalització fan que molts d’aquests continguts estiguin a l’abast de qualsevol persona que tingui un dispositiu connectat a la xarxa. A més a més, avui en dia internet ofereix la possibilitat d’accedir a lliçons magistrals de grans professors a través de recursos com conferències a youtube, webinars o MOCCs. Però no cal oblidar les biblioteques, dotades de fons bibliogràfics i bases de dades de gran utilitat. Cal aconseguir que els alumnes tornin a elles a aprendre.

En segon lloc, cal impulsar la capacitat d’anàlisi dels estudiants. Estimular-los per a que identifiquin els conflictes d’interessos existents, esbrinin els arguments utilitzats per les parts o en trobin d’altres i els valorin a fi de decidir quins són pertinents i quins no. En aquest sentit, s’ha d’esperonar l’esperit crític dels nostres alumnes per tal de formar bons juristes.

L’últim element del trinomi és l’exposició. Cal ensenyar als alumnes a transmetre els coneixements adquirits, tant de forma oral com per escrit. El professor ha de corregir les presentacions, els treballs i escrits que els alumnes li entriguin no només per valorar el seu treball sinó també per tal d’ajudar-los a esmenar les defectes que puguin tenir i a ser més efectius en la transmissió de la informació al públic.

En aquest sentit, tenen gran utilitat els cursos, seminaris i tallers de retòrica i oratòria. I el mateix succeeix amb les concursos, tornejos i lligues de debat que s’han posat tant de moda. Malauradament, aquests últims no tenen reconeixement oficial ni pels alumnes ni pels professors. S’acostumen a fer gratia et amore. No pot ser així. Es necessari incorporar aquestes activitats als plans d’estudi de les nostres universitats i aconseguir el finançament necessari per a que treballar no costi diners.

4. En una societat i en una economia tan globalitzades com les actuals, els futurs juristes se les veuran amb clients estrangers i hauran de comunicar-se amb ells. Per això el domini del major número d’idiomes resulta fonamental. I entre ells l’anglès, que avui en dia no constitueix un valor afegit sinó un pressupost indispensable.

A les facultats de Dret ens hem d’esforçar per ajudar als alumnes a adquirir aquestes habilitats. No es tracta tant d’ensenyar Dret comparat –tot i que és una assignatura molt formativa, la inclusió de la qual als plans d’estudi mereix ser valorada- com d’emprar idiomes estrangers. Això es pot fer utilitzant-los com a llengua vehicular o, al menys, utilitzant materials escrits o elaborats en altres llengües. La primera opció és la més desitjable, però molt complicada d’assolir. D’una banda, precisa un gran domini de l’idioma en qüestió, tant per part del docent com de l’alumnat. De l’altra, es difícil trobar els materials normatius traduïts. Cal reconèixer que el Ministeri de Justícia ha fet una gran esforç al respecte i trobem moltes normes essencials traduïdes a l’anglès i al francès a la seva pàgina web. Dissortadament aquestes traduccions no són perfectes; presenten incorreccions i contradiccions. Atesa aquesta dificultat, és comprensible la recança dels professors i dels òrgans de govern de les Facultats de Dret a programar assignatures en altres idiomes.

Molt més fàcil és incorporar materials en altres idiomes a les assignatures que s’imparteixen en català o en espanyol. Poden ser sentències o decisions administratives, regles i pràctiques uniformes, contractes-tipus o formularis, per exemple. La seva utilització ajuda a assolir un major domini de l’idioma estranger i també pot servir per comprendre millor una institució o concepte nacional. Així, l’anàlisi d’un coneixement d’embarcament redactat en anglès permetrà explicar que és un “lien”, comparar-lo amb un dret de retenció i aprofundir en el significat, eficàcia i problemes d’aquest últim.

L’intercanvi d’alumnes i de professors és un altre instrument importantíssim per l’aprenentatge dels idiomes. Resulta tan evident i són tan coneguts els seus avantatges que no cal dir res més. Deixin-me però fer una consideració. Si ens creiem els beneficis dels intercanvis, cal dotar-los dels recursos necessaris. D’una banda, recursos econòmics. Unes beques de 200 o 300 euros al mes per als nostres estudiants sembla un insult a d’intel·ligència (d’aquí aquella dita carregada de raó: “l’eramus són els pares”). D’altra banda, cal més flexibilitat en els plans d’estudi i en els programes de les assignatures. Aquesta reivindicació afecta sobre tot al intercanvi de professors. L’exigència d’un mínim de vuit hores setmanals de classe genera un mal de cap al coordinador de la universitat de destí, doncs no resulta fàcil trobar aquest espai en uns plans d’estudi i programes tan atapeïts com els actuals. Al final, acaba pidolant unes hores als seus companys de facultat per tal que un professor de fora, al que moltes vegades no coneix, pugui venir a treballar.

5. Per últim, però no per això menys important, la formació continuada es una necessitat evident avui en dia. Per això cal que les universitats i els col·legis d’advocats ofereixin als interessats programes adients. I si fos possible, de forma coordinada. Ara bé, en l’actualitat la formació continuada és voluntària; depèn exclusivament de la volició del jurista. La qüestió està en si cal condicionar l’exercici de les activitats jurídiques a l’acreditació de la realització de cursos de seguiment. Així succeeix, per exemple, amb els mediadors.

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De nuevo sobre el retraso en la entrega de la vivienda

El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre el derecho a resolver el contrato de compraventa de vivienda por incumplimiento del plazo de entrega. La sentencia 71/2016, de 17 de febrero de 2016 reitera la doctrina anterior que expusimos en la entrada: “Jurisprudencia reciente sobre la compraventa de viviendas con entregas a cuenta“.

En el caso, la primera instancia y la apelación desestimaron la demanda al considerar que una demora de siete meses en la obtención de la vivienda de primera ocupación constituía un mero retraso sin trascendencia resolutoria. El Tribunal Supremo confirma el fallo recurrido. Recuerda que no puede entrar en la interpretación del contrato salvo cuando “…la realizada por el tribunal sentenciador sea contraria a las normas legales, ilógica o arbitraria…”.

Respecto del fondo del asunto, subrayó que la falta de entrega de la vivienda era imputable a los compradores, “…ya que no atendieron el requerimiento de la vendedora para que comparecieran a escriturar…” Además, no habían demostrado que la falta de entrega del inmueble en plazo les hubiera producido daño alguno.

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Jurisprudencia reciente sobre la compraventa de viviendas con entregas a cuenta

Uno de los temas que más ocupa al Tribunal Supremo en la actualidad es la compraventa de vivienda con entrega de cantidades a cuenta. En esta entrada voy a referirme a las siguientes cuestiones: la validez y eficacia de la obligación del promotor de subrogar al comprador en su posición de deudor hipotecario, el retraso en la entrega de la vivienda y la responsabilidad de la entidad de crédito o de los administradores de la promotora en caso de que no hayan otorgado las garantías de devolución de las cantidades a cuenta.

En la sentencia 748/2015, de 30 de diciembre de 2015, el TS declara la validez de la obligación del promotor de subrogar al comprador en su posición como deudor hipotecario frente a la entidad de crédito que concedió el préstamo. Confirma así la doctrina contenida en sus resoluciones 805/2012, de 16 de enero de 2013, 251/2013, de 12 de abril, 309/2013, de 26 de abril y 521/2015, de 15 de septiembre. En el caso en cuestión, absolvió a la compradora que no había podido continuar pagando las cantidades debidas. La razón es que la promotora también había incumplido el contrato al no haber obtenido la subrogación de la adquirente en el préstamo hipotecario concedido por una entidad de crédito a aquélla. Consecuentemente, “…habiéndose obligado la hoy recurrente frente a la compradora a que ésta pudiera subrogarse en el préstamo hipotecario y denegada la subrogación por la entidad de crédito, su propio incumplimiento impide que pueda exigir el cumplimiento de la otra parte contratante”.

En la sentencia 732/2015, de 30 de diciembre de 2015 el TS se pronuncia sobre la resolución del contrato debida al retraso en la entrega de la vivienda. El precepto clave es el artículo 1124 Cc, que otorga al acreedor la facultad de exigir el cumplimiento o resolver el contrato, con la indemnización de los daños y perjuicios en ambos casos, siempre que el deudor haya incumplido una obligación esencial y no exista causa justificativa. La máxima autoridad judicial recuerda que el retraso en la entrega de la vivienda no constituye per se un incumplimiento esencial. De ahí que sólo se permita resolver la compraventa en dos casos. El primero es cuando las partes otorgan carácter esencial a la fecha de entrega de la vivienda (cláusula resolutoria expresa). El segundo, cuando la demora frustra los legítimos intereses del comprador. De ahí que se haya exigido que éste ejercite la acción antes de que el vendedor le haya requerido para escriturar, al estar la vivienda terminada y lista para ser entregada, y que no actúe de mala fe o abuso de derecho. Véase las sentencias de 5 de mayo de 2014; 778/2014, de 20 de enero de 2015 y 237/2015, de 30 de abril.

En el caso que da lugar a la decisión comentada, niega que la demora en la entrega, causada por el retraso en la concesión de la licencia de primera ocupación, fundamente la acción de resolución. Por un lado, no se había pactado que el término de consignación tuviera carácter esencial. Por otro, la compradora no manifestó en ningún momento su insatisfacción o preocupación por el retraso. De ahí que el alto tribunal califique su alegación como oportunista y contraria a la buena fe.

Otra cuestión harto preocupante es la no contratación de las garantías que permitan al comprador recuperar las cantidades adelantadas en caso de que la promotora no pueda entregar la vivienda en la fecha prevista. El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la responsabilidad de la entidad de crédito que gestiona la cuenta corriente en el que se van a depositar esas cantidades en la sentencia 733/2015, de 21 de diciembre. Falla afirmativamente en base al art. 2.1 de la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas. El precepto obliga al banco o caja de ahorros a exigir la garantía de la devolución de los adelantos al abrir la cuenta corriente. En particular, utiliza la expresión “bajo su responsabilidad”. El TS interpreta que esta fórmula “…desmiente su carácter de terceros ajenos a la relación entre comprador y vendedor. Antes bien, supone la imposición legal de un especial deber de vigilancia sobre el promotor al que concede el préstamo a la construcción para que los ingresos en la única cuenta que tenga con la entidad, especialmente si provienen de particulares como en este caso, sean derivados a la cuenta especial que el promotor deberá abrir en esa misma o en otra entidad pero, en cualquier caso, constituyendo la garantía que la entidad correspondiente habrá de ‘exigir’”.

Esta interpretación resulta acertada porque refuerza la protección del comprador, que era la finalidad de la Ley, y extiende su tutela a las entidades de crédito en las que la promotora ha abierto una cuenta corriente. El problema que se puede plantear es que la sentencia se refiere a una norma que ya no está en vigor. En efecto, la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras derogó la Ley 57/1968. A partir del 1 de enero de 2016, las compraventas con percibo de cantidades a cuenta se rigen por la Disposición Adicional 1.ª de la Ley de Ordenación de la Edificación, modificada por la DF 3.ª de la Ley 20/2015. No obstante, la solución debería ser la misma pues la nueva disposición establece la misma solución que la antigua. Es más, repite la expresión que el TS considera clave. La letra b) del apartado Uno.1 de la DA 1.ª de la Ley de Ordenación de la Edificación termina con la frase: “Para la apertura de estas cuentas o depósitos la entidad de crédito, bajo su responsabilidad, exigirá la garantía a que se refiere la condición anterior”.

Otra cuestión estrechamente relacionada con la anterior es la responsabilidad de los administradores de la promotora cuando ésta no ha contratado las garantías debidas. El Tribunal Supremo zanjó el debate que existía en las Audiencias Provinciales en su sentencia 242/2014, de 23 de mayo. Mantuvo la responsabilidad de los gestores al haber incumplido “un deber objeto de cuidado”. Esta decisión cambió la doctrina de la Audiencia Provincial de Barcelona. En dos fallos de 2012 y 2013 había absuelto a los administradores al considerar que no se había probado que hubiera incumplido un deber propio. En cambio, en la sentencia 353/2014, de 6 de noviembre, se pronuncia en sentido contrario. He tenido oportunidad de comentar esta decisión en el artículo “Acción individual de responsabilidad y garantía de la devolución de las cantidades entregadas a cuenta (Comentario de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona [Sección 15.ª] de 6 de noviembre de 2014)”, que se ha publicado en la Revista de Derecho Mercantil, 2015, núm. 297, págs. 419 a 481. Considero que tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Provincial pecan de falta de precisión al no concretar ni el acto u omisión nocivo ni fundamentar la ilicitud de la conducta. Quien esté interesado puede consultar también el webinar organizado por Vlex aquí.

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Artículo sobre Uber

Acabo de publicar un artículo sobre Uber en la Revista de Derecho del Transporte (Rdt); en el número 16 correspondiente al año 2015, páginas 77 a 98. En él analizo si la multinacional podría estar cometiendo un acto de competencia desleal por vulneración de normas jurídicas. Reproduzco las conclusiones a las que llego.

“Uber podría estar cometiendo un acto de competencia desleal al actuar como
intermediario en el transporte público discrecional de pasajeros por carretera. Se
le aplicaría el art. 15 LCD al infringir la normativa sectorial que exige disponer
de una autorización administrativa y que impone las tarifas a los taxis, con los
que concurren los conductores de Uber. Dado que esta normativa tiene por objeto
la regulación de la actividad concurrencial, se presumiría que la multinacional
estadounidense se aprovecha de la ventaja significativa que el incumplimiento de
la ley genera.

Es posible que la situación sea diferente en un futuro no muy lejano debido
a las presiones para liberalizar el mercado del taxi. En caso de que así suceda,
hay que tener en cuenta la necesidad de respetar el principio de igualdad de trato
y que determinadas intervenciones públicas relacionadas con la pericia de los
conductores y la seguridad de los vehículos están plenamente justificadas y son
difícilmente reemplazables en la actualidad.”

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Infarto y seguro de accidentes

¿Puede un infarto de miocardio ser considerado “accidente” a los efectos de un seguro de vida? El Tribunal Supremo se ha pronunciado en sentido contrario en la sentencia 709/2015, de 18 de diciembre de 2015, aplicando la regla general en la materia.
El precepto clave es el artículo 100 de la LCS que reza: “Sin perjuicio de la delimitación del riesgo que las partes efectúen en el contrato, se entiende por accidente la lesión corporal que deriva de una causa violenta súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez temporal o permanente o muerte…”
El Tribunal Supremo reconoce que, excepcionalmente, un infarto puede ser considerado “accidente”. Pero es necesario que obedezca a una causa externa, inmediata y ajena a factores orgánicos. Es lo que pasó en la STS 1067/2003, de 11 de noviembre de 2003. Confirmó la decisión recurrida en la que se había declarado probado que el infarto del asegurado había sido provocado por el trabajo, con lo que era una causa exógena. En el Fundamento 5.º afirmó: “Porque la doctrina jurisprudencia viene declarando de forma directa o por razonamiento contrario (“a contrario sensu”) -…- que, si bien el infarto de miocardio no está comprendido en los supuestos del art. 100 LCS (salvo estipulación), sin embargo debe comprenderse dentro del seguro de accidente cuando tenga su génesis en una causa externa; y a tal efecto se ha tomado en consideración la causa inmediata consistente en la presión y el “stress” consecuencia del aumento del trabajo (S. 14 de junio de 1.994), el esfuerzo físico en el desarrollo del trabajo para el que se hallaba capacitado (S. 27 de diciembre de 2.001), y el esfuerzo y tensiones en el desempeño del trabajo (S. 27 de febrero de 2.003), cuyos supuestos guardan una gran similitud con el que es objeto de enjuiciamiento”.
En el caso objeto de reseña no concurren esos requisitos. Al menos el Tribunal Supremo considera que no han sido probados. El asegurado se produjo una rotura fibrilar en el gemelo de la pierna izquierda jugando al pádel. Según su familia, está lesión derivó en un tromboembolismo pulmonar que fue la causa directa la muerte. La aseguradora se negó a pagar la indemnización correspondiente al seguro de accidentes –sí había pagado la correspondiente al seguro de vida que tenía concertado el fallecido-. Consecuentemente la viuda y los hijos del asegurador recurrieron a los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda, pero la Audiencia Provincial revocó la sentencia absolviendo a la aseguradora. El Tribunal Supremo confirma la decisión recurrida en casación:
“Pues bien, respetando la valoración probatoria de la Sala de apelación, y teniendo en cuenta que la prueba practicada no permite establecer la necesaria relación de causalidad entre la rotura fibrilar y el TEP; que no puede estimarse que se esté en presencia de un accidente, en los términos en que es conceptuado por el artículo 100 de la Ley de Contrato de Seguro puesto que se produce casi un mes más tarde de la lesión padecida jugando al pádel, lo que descarta esa aparición súbita exigida para la apreciación de accidente, y que la causa final del fallecimiento, “ha de ser considerada como de progenía congénita por completo”, la conclusión no puede ser otra que la de dejar el supuesto fuera de la cobertura del seguro de accidentes concertado, lo que supone la desestimación del motivo.”

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Cuatro sentencias recientes sobre seguros

En las últimas semanas, el Tribunal Supremo ha tenido que pronunciarse en diversas ocasiones sobre el contrato de seguro. Recojo las últimas cuatro sentencias. La primera es la 641/2015, de 12 de noviembre y versa sobre la aplicación del art. 20 LCS. En particular analiza si existía una causa justificada para demorar el pago de la prestación debida por el asegurador. Recuerda su doctrina al respecto: la mora genera una indemnización que tiene carácter sancionador y finalidad preventiva. “La mora de la aseguradora únicamente desaparece cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro que hace precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes al respecto…” En el caso, el Tribunal Supremo considera que la aseguradora no actuó diligentemente. Es cierto que hizo un ofrecimiento de pago a los tres meses de recibir el informe médico. Pero era insuficiente y no consignó hasta dos años después, con ocasión de la contestación a la demanda.

El objeto de la sentencia 663/2015, de 17 de noviembre es la oponibilidad de una cláusula limitativa de derechos al asegurado. Se trataba de un seguro de automóviles que cubría tanto los daños al vehículo como los causados a terceros. Una de sus cláusulas excluía la cobertura en caso de que el asegurado condujera en estado de embriaguez. La póliza había sido firmada por el tomador pero no por el propietario asegurado. El último tuvo un accidente al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, razón por la que fue condenado por los juzgados de lo penal. La compañía aseguradora fue obligada a pagar la indemnización a la víctima y luego repitió contra el tomador y el asegurado. El último opuso la nulidad de la cláusula en cuestión en virtud del artículo 3 LCS: se trataba de una cláusula limitativa de derechos que él no había firmado.

El Tribunal Supremo rechaza la alegación. Las condiciones limitativas asumidas por el tomador se extienden al asegurado, sin ser necesario que éste se adhiera expresamente. Fundamenta su respuesta en los artículos 5 y 7 LCS y en el 13 (21 en el momento en que se perfeccionó el contrato) del Reglamento del Seguro Obligatorio de Automóviles.

 

La STS 659/2015, de 23 de noviembre, trata de la mala fe del asegurado en la causación del siniestro (artículo 19 LCS). El supuesto de hecho sería cómico sino fuera tan trágico. Un ladrón se hizo un corte en la pierna al abandonar el lugar del delito. Buscando refugio se escondió en una chimenea de extracción de aire donde murió desangrado. Su padre había concertado un seguro combinado de decesos y accidentes que cubría al hijo. Solicitó el pago de la indemnización correspondiente a la cobertura. La aseguradora se negó en virtud del art. 19 LCS. La Primera Instancia estimó la demanda pero la Audiencia Provincial la desestimó. La discusión versaba sobre la equiparación entre intencionalidad y temeridad.

El Tribunal Supremo revoca la sentencia recurrida al interpretar restrictivamente el artículo 19 LCS: la mala fe no incluye la temeridad manifiesta. Y en el caso no hubo intencionalidad en el siniestro. En base a las Diligencias Previas, que recogían el testimonio de dos vecinas que oyeron quejarse y pedir auxilio al delincuente-víctima, considera que éste no buscó intencionalmente el resultado funesto sino que huyó con la esperanza de ponerse a salvo y luego acudir a algún ambulatorio o centro hospitalario para ser curado.

 

La STS 640/2015, de 25 de noviembre trae causa del atropello de una persona por una furgoneta en la ciudad de Salamanca. Las cuestiones controvertidas eran dos. La primera era la carga de la prueba de la contribución de la víctima al accidente. La segunda, la determinación de la normativa que fija la indemnización.

La Primera Instancia y la Audiencia Provincial divergían respecto de la primera cuestión. Aquélla atribuyó a la víctima una contribución causal y culposa del 50%. La Audiencia Provincial la negó. El Tribunal Supremo confirma la sentencia recurrida. La razón es que en la normativa sobre la responsabilidad derivada de la circulación de vehículos a motor invierte el onus probandi: “no es la víctima -o, en este caso, los perjudicados por su fallecimiento- quienes tienen que acreditar la actuación adecuada y diligente por su parte, sino que es el conductor causante -o su aseguradora- el que tiene que probar llevando a la convicción del tribunal que por parte de la víctima existió culpa exclusiva o concurrente”.

En cuanto a la normativa en base a la que se determina el montante de la indemnización, el Tribunal Supremo estima el recurso y recuerda su doctrina: “…los daños sufridos en un accidente de circulación quedan fijados de acuerdo con el régimen legal vigente el momento de la producción del hecho que ocasiona el daño, y deben ser económicamente valorados, a efectos de determinar el importe de la indemnización procedente, al momento en que se produce el alta definitiva del perjudicado”.

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