Jurisprudencia reciente sobre la compraventa de viviendas con entregas a cuenta

Uno de los temas que más ocupa al Tribunal Supremo en la actualidad es la compraventa de vivienda con entrega de cantidades a cuenta. En esta entrada voy a referirme a las siguientes cuestiones: la validez y eficacia de la obligación del promotor de subrogar al comprador en su posición de deudor hipotecario, el retraso en la entrega de la vivienda y la responsabilidad de la entidad de crédito o de los administradores de la promotora en caso de que no hayan otorgado las garantías de devolución de las cantidades a cuenta.

En la sentencia 748/2015, de 30 de diciembre de 2015, el TS declara la validez de la obligación del promotor de subrogar al comprador en su posición como deudor hipotecario frente a la entidad de crédito que concedió el préstamo. Confirma así la doctrina contenida en sus resoluciones 805/2012, de 16 de enero de 2013, 251/2013, de 12 de abril, 309/2013, de 26 de abril y 521/2015, de 15 de septiembre. En el caso en cuestión, absolvió a la compradora que no había podido continuar pagando las cantidades debidas. La razón es que la promotora también había incumplido el contrato al no haber obtenido la subrogación de la adquirente en el préstamo hipotecario concedido por una entidad de crédito a aquélla. Consecuentemente, “…habiéndose obligado la hoy recurrente frente a la compradora a que ésta pudiera subrogarse en el préstamo hipotecario y denegada la subrogación por la entidad de crédito, su propio incumplimiento impide que pueda exigir el cumplimiento de la otra parte contratante”.

En la sentencia 732/2015, de 30 de diciembre de 2015 el TS se pronuncia sobre la resolución del contrato debida al retraso en la entrega de la vivienda. El precepto clave es el artículo 1124 Cc, que otorga al acreedor la facultad de exigir el cumplimiento o resolver el contrato, con la indemnización de los daños y perjuicios en ambos casos, siempre que el deudor haya incumplido una obligación esencial y no exista causa justificativa. La máxima autoridad judicial recuerda que el retraso en la entrega de la vivienda no constituye per se un incumplimiento esencial. De ahí que sólo se permita resolver la compraventa en dos casos. El primero es cuando las partes otorgan carácter esencial a la fecha de entrega de la vivienda (cláusula resolutoria expresa). El segundo, cuando la demora frustra los legítimos intereses del comprador. De ahí que se haya exigido que éste ejercite la acción antes de que el vendedor le haya requerido para escriturar, al estar la vivienda terminada y lista para ser entregada, y que no actúe de mala fe o abuso de derecho. Véase las sentencias de 5 de mayo de 2014; 778/2014, de 20 de enero de 2015 y 237/2015, de 30 de abril.

En el caso que da lugar a la decisión comentada, niega que la demora en la entrega, causada por el retraso en la concesión de la licencia de primera ocupación, fundamente la acción de resolución. Por un lado, no se había pactado que el término de consignación tuviera carácter esencial. Por otro, la compradora no manifestó en ningún momento su insatisfacción o preocupación por el retraso. De ahí que el alto tribunal califique su alegación como oportunista y contraria a la buena fe.

Otra cuestión harto preocupante es la no contratación de las garantías que permitan al comprador recuperar las cantidades adelantadas en caso de que la promotora no pueda entregar la vivienda en la fecha prevista. El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la responsabilidad de la entidad de crédito que gestiona la cuenta corriente en el que se van a depositar esas cantidades en la sentencia 733/2015, de 21 de diciembre. Falla afirmativamente en base al art. 2.1 de la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas. El precepto obliga al banco o caja de ahorros a exigir la garantía de la devolución de los adelantos al abrir la cuenta corriente. En particular, utiliza la expresión “bajo su responsabilidad”. El TS interpreta que esta fórmula “…desmiente su carácter de terceros ajenos a la relación entre comprador y vendedor. Antes bien, supone la imposición legal de un especial deber de vigilancia sobre el promotor al que concede el préstamo a la construcción para que los ingresos en la única cuenta que tenga con la entidad, especialmente si provienen de particulares como en este caso, sean derivados a la cuenta especial que el promotor deberá abrir en esa misma o en otra entidad pero, en cualquier caso, constituyendo la garantía que la entidad correspondiente habrá de ‘exigir’”.

Esta interpretación resulta acertada porque refuerza la protección del comprador, que era la finalidad de la Ley, y extiende su tutela a las entidades de crédito en las que la promotora ha abierto una cuenta corriente. El problema que se puede plantear es que la sentencia se refiere a una norma que ya no está en vigor. En efecto, la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras derogó la Ley 57/1968. A partir del 1 de enero de 2016, las compraventas con percibo de cantidades a cuenta se rigen por la Disposición Adicional 1.ª de la Ley de Ordenación de la Edificación, modificada por la DF 3.ª de la Ley 20/2015. No obstante, la solución debería ser la misma pues la nueva disposición establece la misma solución que la antigua. Es más, repite la expresión que el TS considera clave. La letra b) del apartado Uno.1 de la DA 1.ª de la Ley de Ordenación de la Edificación termina con la frase: “Para la apertura de estas cuentas o depósitos la entidad de crédito, bajo su responsabilidad, exigirá la garantía a que se refiere la condición anterior”.

Otra cuestión estrechamente relacionada con la anterior es la responsabilidad de los administradores de la promotora cuando ésta no ha contratado las garantías debidas. El Tribunal Supremo zanjó el debate que existía en las Audiencias Provinciales en su sentencia 242/2014, de 23 de mayo. Mantuvo la responsabilidad de los gestores al haber incumplido “un deber objeto de cuidado”. Esta decisión cambió la doctrina de la Audiencia Provincial de Barcelona. En dos fallos de 2012 y 2013 había absuelto a los administradores al considerar que no se había probado que hubiera incumplido un deber propio. En cambio, en la sentencia 353/2014, de 6 de noviembre, se pronuncia en sentido contrario. He tenido oportunidad de comentar esta decisión en el artículo “Acción individual de responsabilidad y garantía de la devolución de las cantidades entregadas a cuenta (Comentario de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona [Sección 15.ª] de 6 de noviembre de 2014)”, que se ha publicado en la Revista de Derecho Mercantil, 2015, núm. 297, págs. 419 a 481. Considero que tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Provincial pecan de falta de precisión al no concretar ni el acto u omisión nocivo ni fundamentar la ilicitud de la conducta. Quien esté interesado puede consultar también el webinar organizado por Vlex aquí.

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Artículo sobre Uber

Acabo de publicar un artículo sobre Uber en la Revista de Derecho del Transporte (Rdt); en el número 16 correspondiente al año 2015, páginas 77 a 98. En él analizo si la multinacional podría estar cometiendo un acto de competencia desleal por vulneración de normas jurídicas. Reproduzco las conclusiones a las que llego.

“Uber podría estar cometiendo un acto de competencia desleal al actuar como
intermediario en el transporte público discrecional de pasajeros por carretera. Se
le aplicaría el art. 15 LCD al infringir la normativa sectorial que exige disponer
de una autorización administrativa y que impone las tarifas a los taxis, con los
que concurren los conductores de Uber. Dado que esta normativa tiene por objeto
la regulación de la actividad concurrencial, se presumiría que la multinacional
estadounidense se aprovecha de la ventaja significativa que el incumplimiento de
la ley genera.

Es posible que la situación sea diferente en un futuro no muy lejano debido
a las presiones para liberalizar el mercado del taxi. En caso de que así suceda,
hay que tener en cuenta la necesidad de respetar el principio de igualdad de trato
y que determinadas intervenciones públicas relacionadas con la pericia de los
conductores y la seguridad de los vehículos están plenamente justificadas y son
difícilmente reemplazables en la actualidad.”

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Infarto y seguro de accidentes

¿Puede un infarto de miocardio ser considerado “accidente” a los efectos de un seguro de vida? El Tribunal Supremo se ha pronunciado en sentido contrario en la sentencia 709/2015, de 18 de diciembre de 2015, aplicando la regla general en la materia.
El precepto clave es el artículo 100 de la LCS que reza: “Sin perjuicio de la delimitación del riesgo que las partes efectúen en el contrato, se entiende por accidente la lesión corporal que deriva de una causa violenta súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez temporal o permanente o muerte…”
El Tribunal Supremo reconoce que, excepcionalmente, un infarto puede ser considerado “accidente”. Pero es necesario que obedezca a una causa externa, inmediata y ajena a factores orgánicos. Es lo que pasó en la STS 1067/2003, de 11 de noviembre de 2003. Confirmó la decisión recurrida en la que se había declarado probado que el infarto del asegurado había sido provocado por el trabajo, con lo que era una causa exógena. En el Fundamento 5.º afirmó: “Porque la doctrina jurisprudencia viene declarando de forma directa o por razonamiento contrario (“a contrario sensu”) -…- que, si bien el infarto de miocardio no está comprendido en los supuestos del art. 100 LCS (salvo estipulación), sin embargo debe comprenderse dentro del seguro de accidente cuando tenga su génesis en una causa externa; y a tal efecto se ha tomado en consideración la causa inmediata consistente en la presión y el “stress” consecuencia del aumento del trabajo (S. 14 de junio de 1.994), el esfuerzo físico en el desarrollo del trabajo para el que se hallaba capacitado (S. 27 de diciembre de 2.001), y el esfuerzo y tensiones en el desempeño del trabajo (S. 27 de febrero de 2.003), cuyos supuestos guardan una gran similitud con el que es objeto de enjuiciamiento”.
En el caso objeto de reseña no concurren esos requisitos. Al menos el Tribunal Supremo considera que no han sido probados. El asegurado se produjo una rotura fibrilar en el gemelo de la pierna izquierda jugando al pádel. Según su familia, está lesión derivó en un tromboembolismo pulmonar que fue la causa directa la muerte. La aseguradora se negó a pagar la indemnización correspondiente al seguro de accidentes –sí había pagado la correspondiente al seguro de vida que tenía concertado el fallecido-. Consecuentemente la viuda y los hijos del asegurador recurrieron a los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda, pero la Audiencia Provincial revocó la sentencia absolviendo a la aseguradora. El Tribunal Supremo confirma la decisión recurrida en casación:
“Pues bien, respetando la valoración probatoria de la Sala de apelación, y teniendo en cuenta que la prueba practicada no permite establecer la necesaria relación de causalidad entre la rotura fibrilar y el TEP; que no puede estimarse que se esté en presencia de un accidente, en los términos en que es conceptuado por el artículo 100 de la Ley de Contrato de Seguro puesto que se produce casi un mes más tarde de la lesión padecida jugando al pádel, lo que descarta esa aparición súbita exigida para la apreciación de accidente, y que la causa final del fallecimiento, “ha de ser considerada como de progenía congénita por completo”, la conclusión no puede ser otra que la de dejar el supuesto fuera de la cobertura del seguro de accidentes concertado, lo que supone la desestimación del motivo.”

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Cuatro sentencias recientes sobre seguros

En las últimas semanas, el Tribunal Supremo ha tenido que pronunciarse en diversas ocasiones sobre el contrato de seguro. Recojo las últimas cuatro sentencias. La primera es la 641/2015, de 12 de noviembre y versa sobre la aplicación del art. 20 LCS. En particular analiza si existía una causa justificada para demorar el pago de la prestación debida por el asegurador. Recuerda su doctrina al respecto: la mora genera una indemnización que tiene carácter sancionador y finalidad preventiva. “La mora de la aseguradora únicamente desaparece cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro que hace precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes al respecto…” En el caso, el Tribunal Supremo considera que la aseguradora no actuó diligentemente. Es cierto que hizo un ofrecimiento de pago a los tres meses de recibir el informe médico. Pero era insuficiente y no consignó hasta dos años después, con ocasión de la contestación a la demanda.

El objeto de la sentencia 663/2015, de 17 de noviembre es la oponibilidad de una cláusula limitativa de derechos al asegurado. Se trataba de un seguro de automóviles que cubría tanto los daños al vehículo como los causados a terceros. Una de sus cláusulas excluía la cobertura en caso de que el asegurado condujera en estado de embriaguez. La póliza había sido firmada por el tomador pero no por el propietario asegurado. El último tuvo un accidente al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, razón por la que fue condenado por los juzgados de lo penal. La compañía aseguradora fue obligada a pagar la indemnización a la víctima y luego repitió contra el tomador y el asegurado. El último opuso la nulidad de la cláusula en cuestión en virtud del artículo 3 LCS: se trataba de una cláusula limitativa de derechos que él no había firmado.

El Tribunal Supremo rechaza la alegación. Las condiciones limitativas asumidas por el tomador se extienden al asegurado, sin ser necesario que éste se adhiera expresamente. Fundamenta su respuesta en los artículos 5 y 7 LCS y en el 13 (21 en el momento en que se perfeccionó el contrato) del Reglamento del Seguro Obligatorio de Automóviles.

 

La STS 659/2015, de 23 de noviembre, trata de la mala fe del asegurado en la causación del siniestro (artículo 19 LCS). El supuesto de hecho sería cómico sino fuera tan trágico. Un ladrón se hizo un corte en la pierna al abandonar el lugar del delito. Buscando refugio se escondió en una chimenea de extracción de aire donde murió desangrado. Su padre había concertado un seguro combinado de decesos y accidentes que cubría al hijo. Solicitó el pago de la indemnización correspondiente a la cobertura. La aseguradora se negó en virtud del art. 19 LCS. La Primera Instancia estimó la demanda pero la Audiencia Provincial la desestimó. La discusión versaba sobre la equiparación entre intencionalidad y temeridad.

El Tribunal Supremo revoca la sentencia recurrida al interpretar restrictivamente el artículo 19 LCS: la mala fe no incluye la temeridad manifiesta. Y en el caso no hubo intencionalidad en el siniestro. En base a las Diligencias Previas, que recogían el testimonio de dos vecinas que oyeron quejarse y pedir auxilio al delincuente-víctima, considera que éste no buscó intencionalmente el resultado funesto sino que huyó con la esperanza de ponerse a salvo y luego acudir a algún ambulatorio o centro hospitalario para ser curado.

 

La STS 640/2015, de 25 de noviembre trae causa del atropello de una persona por una furgoneta en la ciudad de Salamanca. Las cuestiones controvertidas eran dos. La primera era la carga de la prueba de la contribución de la víctima al accidente. La segunda, la determinación de la normativa que fija la indemnización.

La Primera Instancia y la Audiencia Provincial divergían respecto de la primera cuestión. Aquélla atribuyó a la víctima una contribución causal y culposa del 50%. La Audiencia Provincial la negó. El Tribunal Supremo confirma la sentencia recurrida. La razón es que en la normativa sobre la responsabilidad derivada de la circulación de vehículos a motor invierte el onus probandi: “no es la víctima -o, en este caso, los perjudicados por su fallecimiento- quienes tienen que acreditar la actuación adecuada y diligente por su parte, sino que es el conductor causante -o su aseguradora- el que tiene que probar llevando a la convicción del tribunal que por parte de la víctima existió culpa exclusiva o concurrente”.

En cuanto a la normativa en base a la que se determina el montante de la indemnización, el Tribunal Supremo estima el recurso y recuerda su doctrina: “…los daños sufridos en un accidente de circulación quedan fijados de acuerdo con el régimen legal vigente el momento de la producción del hecho que ocasiona el daño, y deben ser económicamente valorados, a efectos de determinar el importe de la indemnización procedente, al momento en que se produce el alta definitiva del perjudicado”.

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La silueta del escudo del Barça

La prensa escrita ha publicado la noticia de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha denegado al FC Barcelona la marca comunitaria de la silueta de su escudo. Se trata de la sentencia de 10 de diciembre de 2015 (T-615/14), que no habría tenido mayor trascendencia si el recurrente hubiera sido otro.

Tiene su origen en la solicitud de marca comunitaria figurativa que planteó el club azulgrana en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). Quería registrar la silueta de su escudo. La sentencia referida describe ese signo del modo siguiente: “…se asemeja en conjunto a una olla. En su parte superior contiene tres pronunciamientos hacia el interior, y presenta en su parte central dos «aletas» laterales en cada lado, y en su parte inferior un pico en el centro cierra el signo…” (párrafo 33). Se solicitó para los bienes y servicios de las clases 16, 25 y 41. Esencialmente productos de papel y de cartón, de fotografías, de productos para embalaje, de revistas y periódicos, así como de vestidos, calzados y sombrerería, y también servicios de educación, formación, esparcimiento y actividades deportivas y culturales.

La OAMI denegó la petición al considerar que el signo figurativo solicitado carecía de carácter distintivo intrínseco. El Barça formuló recurso y la Primera Sala de Recurso confirmó la decisión de la registradora. El club presidido por Josep Maria Bartomeu recurrió ante el TGUE que respondió de forma negativa.

El Tribunal reitera que el signo figurativo en cuestión no tiene fuerza distintiva. Es decir, el consumidor medio no identifica, a través de la silueta del escudo, los productos o servicios designados como procedentes del FC Barcelona. Por lo tanto, no puede ser registrado como marca en virtud del artículo 7.1.b) del Reglamento 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria. Acertadamente subraya que no es un problema de creatividad o imaginación artística; sencillamente, el consumidor “normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz” no identificará el signo en cuestión con el equipo catalán.

La lectura de la sentencia da la impresión de que los abogados que representaron al Barça no estuvieron muy brillantes. Pero claro, a toro pasado todo resulta muy evidente. En primer lugar, era muy difícil que el signo en cuestión pudiera registrarse ya que era demasiado simple. Así lo dan a entender las palabras del Tribunal General: “…un signo de una simplicidad excesiva y constituido por una figura geométrica básica, como un círculo, una línea, un rectángulo o un pentágono convencional, no puede como tal transmitir un mensaje que los consumidores puedan recordar, de modo que éstos no lo considerarán una marca, a menos que haya adquirido carácter distintivo por el uso” (párrafo 27). No obstante, el club azulgrana había registrado el mismo signo en España como marca nacional.

La segunda crítica es que los productos o servicios para los que solicitaron la marca no eran los más idóneos pues eran demasiado generales. Intersa recordar que los productos y servicios reivindicados determinan quién es el consumidor medio, cuyo punto de vista se utiliza para valorar si concurren los requisitos que permiten conceder la marca. El TGUE explica que los seleccionados van destinadas al público en general (párrafo 32) y no al especializado. Por eso, resultaba más difícil apreciar la fuerza distintiva del signo en cuestión. Si la petición hubiera sido referida a otros bienes o servicios, el consumidor “medio” podría haber sido más especializado e identificar el signo con el FC Barcelona. Ahora bien, cabe recordar que las marcas deben registrarse para el tipo de productos que van a identificar. No tiene sentido solicitarla para otro tipo de bienes o servicios sólo para conseguir una valoración más positiva, pues si no se utiliza luego la marca se corre el riesgo de que caduque.

La tercera cuestión delicada es la prueba presentada. El Barça demostró que había utilizado la silueta de su escudo como marca. Sin embargo, a juicio del TGUE, no consiguió acreditar que esa utilización hubiera conferido al signo distintividad. “La prueba del carácter distintivo adquirido por el uso no se puede aportar presentando únicamente volúmenes de venta y material publicitario. El solo hecho de que el signo se haya utilizado en el territorio de la Unión desde cierto tiempo tampoco basta para demostrar que el público al que se dirigen los productos considerados lo percibe como una indicación de origen comercial” (párrafo 48; y también párrafo 60). Para más inri, afirma que ninguno de los medios de prueba aportados “…concierne específicamente a la marca solicitada” (párrafo 58).

Por último, también se podría censurar el argumento utilizado por el FC Barcelona de que había podido registrar en España una marca idéntica a la solicitada y otra que presentaba gran similitud, el antiguo escudo del club blaugrana. No le costó mucho al Tribunal General rechazar ese argumento. Es jurisprudencia consolidada que la OAMI no está vinculada por las resoluciones que las autoridades nacionales hayan dictado en casos similares. En su apoyó citó las sentencias de 19 de septiembre de 2001 (T.337/99), Henkel/OAMI y de 26 de abril de 2007 (C-412/05 P), Alcon/OAMI. La justificación del TGUE se ajusta a Derecho. Mas no deja buen sabor de boca. Especialmente porque se trataba de aplicar un criterio tan etéreo como la impresión del consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por eso sorprende el posicionamiento tan radicalmente opuesto de la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina de Armonización del Mercado Interior; dos organismos especializados en el ámbito marcario. ¿O acaso divergen el consumidor medio español y el europeo? Para reflexionar

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Crédito “revolving” usurario

En la sentencia 628/2015 de 25 de noviembre de 2015, el Tribunal Supremo califica de usurarios los intereses de un crédito revolving conforme a la Ley de 23 de julio de 1908 de Represión de la Usura. Revoca así la sentencia de instancia que se había pronunciado en sentido contrario al negar que el interés fuera excesivo.

El TS empieza explicando que la citada norma podía aplicarse al caso pese a que no se trataba de un préstamo “… sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera”. La flexibilidad del art. 9.1 permite aplicar la Ley de Represión de la Usura a la operación en cuestión. En cambio, rechaza entrar a considerar el carácter abusivo de la cláusula de interés conforme a la Ley de Condiciones Generales. La razón es que se trataba de un elemento esencial del contrato y se cumplía el requisito de transparencia.

Los requisitos para considerar usuaria una operación crediticia son dos: que el interés estipulado sea notablemente superior al normal del dinero y que sea manifiestamente desproporcionado a la luz de las circunstancias del caso. En cuanto al primero, el interés que debe tomarse en consideración no es el nominal sino la tasa anual equivalente (TAE). La razón es que fija de forma más clara la carga onerosa que para el prestatario supone realmente el crédito. El otro término de la comparación no es el interés legal del dinero sino el “normal o habitual”. El Tribunal subraya que no debe valorarse si el TAE es excesivo sino sólo si es notablemente superior al interés “normal o habitual”. En el caso se pactó un TAE del 24.6%. Superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo en la época en que se perfeccionó el crédito.

Respecto de la necesidad de que sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, afirma que no se ha probado que así fuera. Pone la carga de la prueba sobre el banco: “La entidad financiera que concedió el crédito ‘revolving’ no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo”.

El Tribunal Supremo niega que deban concurrir otros requisitos como que el prestatario hubiera aceptado el préstamo debido a las circunstancias angustiosas en que se hallaba, su inexperiencia o la limitación de sus facultades mentales.

Consecuentemente, desestima la demanda y rechaza que el deudor deba pagar la suma reclamada. Ahora bien, no condena a la entidad de crédito a devolver las cantidades percibidas que excedan del capital prestado debido a la falta de reconvención.

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INICIO PLAZO PRESCRIPCIÓN EN CASO DE DAÑOS CONTINUADOS Y DAÑOS PERMANENTES

En su sentencia 538/2015, de 13 de octubre, el Tribunal Supremo repite su doctrina sobre el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción de indemnización de daños continuados. Basándose en su anterior fallo 31/2004, de 28 de enero, afirma que el dies a quo se sitúa en el momento en que se produce el resultado definitivo. O, en palabras del propio tribunal:
“Los daños continuados son aquellos que aparecen como consecuencia de una actividad dañosa que opera día a día. Pese a esto, llegará un determinado momento en el que se estabilizarán, conociéndose entonces su alcance total; momento en el que la jurisprudencia viene entendiendo que debe fijarse el ‘dies a quo’ para el cómputo del plazo de prescripción”

La solución es diferente en el caso de los daños permanentes, como aclara el Tribunal Supremo en la sentencia 544/2015, de 20 de octubre. Esta decisión será conocida por resolver el recurso planteado por AVITE, la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España. El 12 de febrero de 2012 formuló demanda contra Grünenthal Pharma SA, la farmacéutica que fabricó el mediamento en cuestión. En primera instancia se estimó parcialmente la demanda y en la apelación se rechazó al considerar prescrita la acción.

El Tribunal Supremo confirma la decisión recorrida. Afirma que se trata de un caso de daño permanente y no de uno continuado. Define el primero como “…aquel que se produce en un momento determinado por la conducta del demandado pero persiste a lo largo del tiempo con la posibilidad, incluso, de agravase por factores ya del todo ajenos a la acción u omisión del demandado”. Conforme al art. 1968.2 Cc, el plazo de prescripción comienza a correr desde que el perjudicado tuvo conocimiento del daño, pudo medir su trascendencia mediante un pronóstico razonable y pudo ejercitar la acción. Por lo tanto, el dies a quo se fija en el momento en que los afectados alcanzaron la mayoría de edad: “Los daños derivados de la ingestión por la madre son detectables en el momento del nacimiento, de manera que como máximo todos los perjudicados estuvieron en disposición de ejercitar la acción de reclamación cuando alcanzaron su mayoría de edad (en todos los casos, mucho tiempo antes de que se presentara la demanda)”

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EJECUCIÓN HIPOTECARIA Y CLÁUSULAS ABUSIVAS: STJUE 29.10.2015 (C-8/14)

Es por todos conocido que la técnica jurídica del legislador español deja mucho que desear. Y si a alguien le quedan dudas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelve a confirmarlo. En su sentencia de 29 de octubre de 2015 (C-8/14), BBVA, afirma que la Disposición Transitoria 4.ª de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social es incompatible con los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Lo grave es que la Ley 1/2013 se aprobó, entre otras razones, para adecuar la Ley de Enjuiciamiento Civil al ordenamiento europeo.

En efecto, como se recordará, en la famosa sentencia de 14 de marzo de 2013 (C-415/11), que valoré sucintamente aquí, la corte europea había declarado que la normativa española del procedimiento de ejecución hipotecaria contravenía el Derecho de la Unión Europea. De un lado, no permitía alegar el carácter abusivo de las cláusulas durante el procedimiento ejecutivo. De otro, no permitía al juez del procedimiento declarativo adoptar medidas cautelares como la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria.

El legislador español aprobó la Ley 1/2013 para corregir los defectos denunciados por el Tribunal de Justicia. No obstante, como ya advertí en la entrada Ley de Protección de los Deudores Hipotecarios: una respuesta insuficiente, diversos preceptos de la nueva disposición presentaban problemas de compatibilidad con la normativa europea. Y así lo confirmó de nuevo el TJUE en la sentencia de 17 de julio de 2014 (C-169/14) (la comenté sucintamente en la entrada Europa saca los colores al legislador español). En ella declaró que el artículo 695.4 LEC, producto de la reforma de 2013, chocaba con el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 71 de la Directiva 93/13/CEE.

Ahora es el turno de la Disposición Transitoria 4.ª de la Ley 1/2013. Regula cómo afecta esta norma a los procedimientos ejecutivos que se hallan en curso en el momento de su entrada en vigor. Esencialmente concede un plazo de un mes para que las partes ejecutadas puedan formular un procedimiento extraordinario de oposición basándose en la existencia de cláusulas abusivas. Este periodo preclusivo se computa desde la entrada en vigor de la Ley. El Tribunal de Justicia valora la compatibilidad de sus dos elementos, el plazo de un mes y el mecanismo para determinar su inicio, con la Directiva 93/13/CEE a la luz de los principios de equivalencia y efectividad. Estima que el primero no presenta problemas: “…un plazo preclusivo de un mes para formular un incidente extraordinario de oposición no parece, en principio, materialmente insuficiente para la preparación e interposición de un recurso judicial efectivo, sino que parece razonable y proporcionado habida cuenta de los derechos e intereses de que se trata”.

No sucede lo mismo con el mecanismo para determinar el inicio de ese lapso: vulnera el principio de efectividad. La autoridad judicial europea explica que los deudores hipotecarios fueron informados al principio del procedimiento, mediante una notificación individual, de que tenían un término de diez días para oponerse a la ejecución. Pero esa notificación era anterior a la entrada en vigor de la Ley 1/2013 y no se les volvió a informar individualmente acerca del nuevo derecho de oposición que les concedía la Disposición Transitoria 4.ª Por lo tanto, es posible que no trabaran conocimiento de esa posibilidad con lo que sus derechos de defensa resultaban perjudicados. Consecuentemente, el TJUE afirma que “…la disposición transitoria controvertida, en la medida en que prevé que el plazo preclusivo comienza a correr en el presente caso sin que los consumidores afectados sean informados personalmente de la posibilidad de alegar un nuevo motivo de oposición en el marco de un procedimiento de ejecución ya iniciado antes de entrar en vigor esa Ley, no garantiza que se pueda aprovechar plenamente ese plazo y, en consecuencia, no garantiza el ejercicio efectivo del nuevo derecho reconocido por la modificación legislativa en cuestión”.

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AUSENCIA DE PROTESTA DE AVERÍAS EN UN FLETAMENTO MARÍTIMO: STS 418/2015, DE 20 DE JULIO

A diferencia de lo que es usual en la doctrina, el objeto de esta entrada es aplaudir una decisión judicial y no criticarla. Se trata de la STS 418/2015, de 20 de julio, que aborda el problema de las consecuencias de la falta de protesta de avería en un transporte marítimo de mercancías. El Tribunal Supremo huye de la literalidad del artículo 952.2 del Código de comercio y adecua su exégesis a la realidad actual, rompiendo así con la interpretación tradicional.

Este precepto configuraba la protesta de averías como un requisito de procedibilidad, de modo que su ausencia no permitía estimar la acción de indemnización ejercitada por el acreedor del transporte. Se aplicaba al caso por que los hechos, un transporte de mercancías entre Vilanova i la Geltrú y Cardiff, se habían producido antes de la entrada en vigor de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima y no concurrían los requisitos necesarios para aplicar la normativa uniforme del acarreo marítimo bajo conocimiento de embarques.

Tradicionalmente se había interpretado que el segundo párrafo del artículo 952.2 condicionaba el ejercicio de la acción de indemnización por pérdida o daño de la carga a la presentación de la protesta en su debido tiempo. Así, SSTS 2.3.1988, 23.3.1988, 20.9.1988, 3.12.1990 y 21.2.2008. En la decisión comentada, la máxima autoridad judicial española cambia de posición y mantiene que la ausencia de reserva de pérdida o daños genera la presunción de que las mercancías se han entregado conforme al conocimiento de embarque, admitiéndose la prueba en contrario. Pero no impide el ejercicio de la acción de indemnización.

Fundamenta su decisión en la necesidad de adecuar la hermenéutica a la realidad social actual (art. 3.1 del Código civil). Pero también otorga gran importancia, acertadamente, a la restante normativa sobre el contrato de transporte de mercancías, que niega que la reserva de pérdida y averías sea un requisito de procedibilidad, y en especial a la Ley de Navegación Marítima.

Cómo hemos dicho, el fallo comentado nos parece encomiable, pues abandona un formalismo obsoleto y adecúa la interpretación del art. 952.2 Ccom a la realidad actual. Sin embargo, su trascendencia será escasa puesto que la Ley de Navegación Marítima ha derogado el Libro III del Código de comercio y su combinación con la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías han privado de eficacia al precepto referido. No obstante, la STS 418/2015 alimenta el debate sobre la autonomía del Derecho de la navegación marítima en España o la apuesta por un Derecho del transporte.

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LIM, CR7 I VALÈNCIA: CONFLICTE D’INTERESSOS FUTBOL CLUB*

Diuen que la ficció sempre supera a la realitat. A vegades és difícil de creure; però el temps normalment acaba confirmant aquesta frase. És el que pot passar amb el tema que els hi presento avui en dia: l’adquisició dels drets d’imatge de Cristiano Ronaldo pel president a l’ombra del Valencia FC, Peter Lim.

Fa dotze anys, Ferran Torrent, novel·lista valencià, vividor fascinant i un dels meus escriptors favorits, va publicar Espècies protegides on feia un retrat esperpèntic d’un empresari, Juan Lloris, que accedia a la presidència del València per tal de fer-se un nom a la societat che. És una novel·la molt divertida que, junt amb Societat limitada i Judici Final conformen una trilogia memorable sobre la fauna de la ciutat del Túria. Doncs bé, la situació actual d’aquest club i el seu futur proper poden reduir la sàtira d’en Torrent a un conte per nens.

Peter Lim és un empresari de Singapur amb una fortuna personal calculada en 2400 milions de dòlars. Fill d’un pescador, va treballar com a taxista i cambrer per pagar-se els estudis universitaris a Austràlia. Ha triomfat en la vida doncs s’ha convertit en l’octava fortuna del seu país. Va intentar fer-se amb el Liverpool i el Glasgow Rangers sense aconseguir-ho. A començaments de 2014 va aterrar al València CF. El club es trobava en una crisi econòmic i social galopant -recordin que un dels seus ex-presidents, Juan Soler, va ser detingut per intentar segrestar a un altre ex-president, Vicente Soriano degut a l’impagament d’uns deutes-. El València no podia fer front al préstec que li havia concedit Bankia i el seu president executiu, Amadeo Salvo, va buscar un “cavaller blanc” que aportés capital. I el va trobar en aquest empresari asiàtic, que va prometre una inversió de 100 milions d’euros (després ens hem assabentat que no era una donació, com pensaven alguns aficionats ches, sinó un préstec que el club haurà de tornar amb interessos).

En aterrar al club, el senyor Lim es rodeja d’una cort de persones fidels que conviuen amb la estructura existent. Per tal de fer un projecte engrescador, s’associa amb Jose Mendes, l’omnipresent agent portuguès de futbolistes, del que ja vaig parlar a “Third party ownership” (Comerç i ciutat, núm. 51, novembre de 2014, pàgines 10 i 11, reproduït aquí). L’associació aviat començà a tenir fruits i van arribar al València futbolistes de la fructífera “factoria” Mendes (André Gomes, Otamendi, Mustafi, Enzo Pérez, Joao Cancelo etc.), així com l’entrenador Nuno Espirito Santo. Al final de la primera temporada, els resultats els hi donen la raó, doncs el club acaba quart a la Lliga i jugarà la Champions l’any vinent.

El començament de l’estiu no només porta la calor sinó que desencadena la guerra a Mestalla. Arran de la possibilitat de contractar l’enèsim jugador representat per Mendes, Rodrigo Caio, Amadeo Salvo i Francisco Rufete -director esportiu- abandonen el club; el que deixa el camí lliure pel clan del “superagent” portuguès, que cada vegada es fa més fort al València. Mentrestant, el senyor Lim continua fent negocis. L’últim moviment del que es fa ressò la premsa espanyola és l’adquisició dels drets d’imatge de Cristiano Ronaldo (CR7), el crack del Real Madrid. I és aquí on volia anar a parar, doncs hi ha un conflicte d’interessos evident que necessita una solució per evitar que s’adulteri la competició. Com a propietari dels drets d’imatge d’en CR7, al senyor Lim li interessa que aquest triomfi; que faci gols, guanyi partits i campionats i li donin quantes més pilotes i pebrots d’or possibles. Què passarà quan jugui contra el València? Si fóssim malpensats -Déu ens lliuri- sospitariem que trucaria al seu entrenador o als jugadors per donar-lis alguns “consells” sobre l’alineació, els marcatges o la manera de jugar. Recordin que el representant d’en Nuno Espirito Santo és també l’agent del crack portuguès i soci del senyor Lim… Per acabar d’enredar la troca, el magnat asiàtic no és el president del club che. Tot i tenir la majoria de les accions, va tenir la prudència de posar al front de l’entitat a una de les seves persones de confiança, la senyora Lay Hoon Chan.

Com que el València CF és una societat anònima esportiva, hauríem de buscar una solució en la Llei de Societats de Capital. Malauradament, la resposta que dona no ens ajuda. El seu art. 190 prohibeix votar en junta general als socis que tinguin un conflicte d’interessos amb la societat, com és el cas del Senyor Lim. Però no crec que els partits del València CF contra el Real Madrid es tractin en aquest òrgan de la societat. L’article 224 ordena a la junta general cessar als administradors quan tinguin interessos oposats a la societat. Ara bé, s’ha de tractar d’una situació estructural i no només conjuntural; és a dir, aquests interessos oposats han de ser constants i no puntuals. Es pot argumentar convincentment que no és el cas dels drets d’imatge de Cristiano Ronaldo, doncs normalment els dos clubs s’enfrontaran només en dos ocasions al llarg del campionat; sis com a màxim si també coincidissin en la Copa i la Champions. Per últim, l’article 228 obliga als administradors en conflicte d’interessos amb la societat a no intervenir en les decisions que els puguin afectar. Tampoc serveix de gaire, ja que el senyor Lim no és el president sinó només un accionista i l’alineació o la manera de jugar de l’equip no són temes que es tractin en el si del consell d’administració.

Davant d’aquesta situació, cal esperar que actuïn les autoritats esportives. Però, donada la conjuntura actual, més val que esperem assentats. Pel que fa a Espanya, els presidents de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, i del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, estan embrancats en una baralla personal que només pot acabar malament –confiem-. La FIFA està immersa en un escàndol de corrupció, que ha portat a la presó a set dels seus membres i ha obligat a dimitir al seu president, Joseph Blatter –o, com suggereix Jesús Mota, a opositar a director de Spectra, l’organització criminal a la que s’enfrontava James Bond-. I la UEFA? Després de sancionar al Barça per les banderes independentistes que van onejar a la final de la Champions, es rumoreja que el seu president, Michel Platini, està ocupat planejant l’assalt al tro d’en Blatter.

* La versió inicial d’aquesta entrada es va publicar al número de juliol de la revista Comerç i Ciutat. Es pot consultar una versió en llengua espanyola al blog Sin balón de Pablo Sitges Vernis: http://www.sinbalon.com/2015/09/lim-cr7-valencia.html.

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