Procesos de selección: ¡porque yo lo valgo!

Un exceso de trabajo me impide actualizar este blog como desearía. Sin embargo, hay ocasiones que exigen hacer un acto en el camino. Y hoy ha sido una de ellas, pues quiero agradecer a José María Rojí la magnífica charla que ha impartido hoy en mi Facultad. Con el sugerente título que rubrica esta entrada, ha dado una lección magistral sobre cómo afrontar un proceso de selección. En primer lugar, ha destacado la necesidad de conocer qué objetivo tiene el graduado que lo afronta. Ha aconsejado a los estudiantes que reflexionen sobre qué quieren realmente y qué están dispuestos a sacrificar. A continuación, se ha centrado en los procesos de selección, strictu sensu, y ha reflexionado sobre la importancia de la imagen. En cuanto al curriculum vitae, ha subrayado la trascendencia de planificarlo, de incluir aspectos diferenciales, de preparar argumentos para cubrir las carencias y de la necesidad de cuidar la forma. El cuarto punto de su intervención ha sido la entrevista. Entre las valiosas recomendaciones que ha dado, se hallan la necesidad de informarse sobre el despacho y valorar si es coherente con el estilo del candidato. Igualmente les ha instado a cuidar la imagen en las redes sociales. Antes de pasar a responder las preguntas de los asistentes, les ha dado unos valiosos consejos, como el pensar en las referencias culturales del entrevistador.

Aunque no tenía necesidad alguna, José María Rojí ha confirmado de nuevo sus amplios conocimientos, su exquisitez en las formas y una gran generosidad. Muchísimas gracias.

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El representante de la persona jurídica no puede ser administrador de hecho

En la sentencia 104/2018, de 1 de marzo, el Tribunal Supremo afirma:

“…por definición, las personas físicas representantes de personas jurídicas administradoras de unas sociedades no pueden ser calificadas de administradores de hecho, pues precisamente desarrollan las funciones de su cargo con arreglo a una representación expresamente prevista en la ley.”

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El TS se pronuncia sobre la distribución de los impuestos derivados de los préstamos hipotecarios

Por fin se ha publicado la decisión del Tribunal Supremo sobre la validez de las cláusulas que imputan al cliente bancario los tributos generados en un préstamo con garantía hipotecaria. O mejor dicho, las decisiones, pues se trata de dos sentencias con un contenido idéntico: 147/2018, de 15 de marzo y 148/2017, de 15 de marzo. No es la primera vez que la máxima autoridad judicial analiza la abusividad de condiciones generales relativas a gastos relacionados con préstamos hipotecarios. Como ella misma recuerda en los fallos que nos ocupan, ha tratado ese tema en sus sentencias 550/2000, de 1 de junio; 842/2011, de 25 de noviembre y 795/2015, de 23 de diciembre.

Antes de ir más allá, conviene reproducir una de las condiciones generales en cuestión. Se trata de la cláusula 5.ª de la escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria del primer litigio.

“Gastos a cargo del prestatario: La parte deudora asume el pago de los gastos de tasación del inmueble hipotecado, de todos los demás gastos y tributos derivados de esta escritura, de los actos y contratos que en la misma se formalizan y de su inscripción en el Registro de la Propiedad, de los originados por cuantos otorgamientos sean precisos para que este documento tenga acceso al citado Registro y de los causados por las cartas de pago parcial o total del préstamo y por la cancelación de la hipoteca, así como de cuantos se ocasionen para exigir el cumplimiento de lo pactado o para la defensa por parte de Banco Herrero, de su crédito, comprendidos los de la interposición y la oposición a tercerías, incluidos los honorarios de Letrado y derechos de Procurador aunque su intervención no fuere preceptiva, la deudora asume la totalidad de los gastos de gestión y tramitación necesarios para la inscripción de la hipoteca”.

El TS declara que es abusiva y, por lo tanto, nula. La razón es que contraviene normas imperativas. La cláusula imputa al prestatario/consumidor el pago de todos los impuestos generados por un préstamo con hipoteca inmobiliaria, mientras que la ley los reparte entre sus partes. Pese a que la afirmación de la alta autoridad judicial es cierta, cabe destacar que grava sobre el deudor todos los tributos salvo el derecho de cuota fija por los actos jurídicos documentados del timbre de los folios de papel exclusivo para uso notarial. Veámoslo.

El primer hecho imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en el caso que nos ocupa, es la constitución del préstamo hipotecario. Siguiendo la doctrina de su Sala Tercera –interprete máximo de las normas tributarias españolas-, el TS afirma que grava sobre el prestatario en virtud de los arts. 8 y 15.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre). El segundo hecho es la documentación del acto en escritura pública. Se distinguen dos modalidades: un derecho de cuota variable en función de la cuantía del acto o negocio jurídico que se documenta y un derecho de cuota fija por los actos jurídicos documentados del timbre de los folios de papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz y las copias autorizadas. El sujeto pasivo del primero es el prestatario. Así se deriva del art. 69 del Reglamento del Impuesto (Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo). En cambio, la solución es diversa respecto de la cuota fija. Los de la matriz corresponden al prestatario, salvo en los casos en que las partes acordaran otra cosa sobre la distribución. Los de las copias gravan sobre la parte, bien el prestamista bien el prestatario, que las solicite. El tercer y último hecho imponible es la cancelación de la hipoteca. El art. 45 B.18 del Texto Refundido de la LITPAJD declara exentas las primeras copias de la escritura que la documente.

Así las cosas, el TS declara nula la cláusula y obliga a la entidad de crédito a reembolsar al consumidor las cantidades que satisfizo y que correspondía abonarlas a aquélla. Pero se trata exclusivamente de las sumas correspondiente a la expedición de las copias solicitadas a instancias del prestamista, con lo que puede ser que la cantidad sea mínima

“Aunque sí debería restituir el banco las cantidades cobradas por la expedición de las copias, cuando no se ajusten a lo antes indicado, este pronunciamiento no afecta al importe de las cantidades fijadas en la sentencia recurrida, pues más allá de su escasa incidencia económica, no se ha acreditado que, por el concepto de impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la demandante hubiera pagado alguna cantidad distinta a la correspondiente a la constitución del préstamo y haber tenido en cuenta la Audiencia Provincial lo abonado por matriz y copias.”

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Llamada a comunicaciones para la IV Jornada de la Real Academia de Derecho de la Competencia

La IV Jornada de la Real Academia de Derecho de la Competencia se celebrará en la Facultad de Derecho de la UVEG (Valencia) el próximo viernes 1 de Junio de 2018.
Las propuestas de comunicaciones para la Jornada RADC pueden versar sobre cualquier tema en materia de Derecho de la Competencia. La solicitud de interés puede enviarse hasta el 1  de mayo próximo al correo electrónico teresa.palomar@uv.es , y deberá incluir:
– Título
– Resumen de 500 palabras como máximo
– Nombre del autor/a o autores/as y, en caso de que corresponda, adscripción institucional
– Dirección de correo electrónico
Las comunicaciones podrán ser presentadas en castellano o inglés. El texto final se entregará antes del 25 de mayo por la misma vía. La selección se realizará por el Consejo Directivo de la RADC, quienes decidirán cuáles serán objeto de exposición pública, lo que se comunicará a los autores con antelación.

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“La Mafia se sienta a la mesa”: marca prohibida

El Tribunal General ha confirmado la decisión de la EUIPO de no registrar la marca figurativa solicitada por la Mafia Franchises, SL para las clases 25, 35 y 43 del Arreglo de Niza. La razón es que es contraria al orden público y a las buenas costumbres (art. 7.1.f) del Reglamento 207/2009; actualmente 7.1.f) Reglamento 2017/1001). Estamos hablando de la sentencia de 15 de marzo de 2018 (T-1/17), La Mafia Franchises, S.L. contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

La autoridad judicial europea explica que al aplicar esta prohibición hay que valorar “…las cualidades intrínsecas de la marca solicitada y no (las) circunstancias relativas al comportamiento de la persona solicitante de la marca […]” (párr. 40). Así pues, cabe empezar subrayando que el tribunal destaca el papel central que poseen los términos “La Mafia” en el signo distintivo, tanto por el tamaño de su grafía como por su posición central. Identifican una organización criminal, con origen italiano, que se ha extendido por todo el mundo. Se dedica al todo tipo de actividades ilícitas, destacando el tráfico de drogas, de armas, el blanqueo de dinero y la corrupción. Utiliza medios deplorables, como la intimidación, la violencia física y el asesinato. Por lo tanto, contraviene los valores de la libertad y la dignidad humana, pilares sobre los que se asienta la Unión Europea.

La expresión “se sienta a la mesa” contribuye a banalizar la percepción negativa de esta organización criminal. A pesar de ocupar un lugar secundario en el signo distintivo, transmite el mensaje de compartir una comida; o sea una atmósfera de bienestar y familiaridad, lo que disminuye la connotación negativa del nombre “La Mafia”. Por otra parte, el hecho de que numerosos libros, revistas o películas se refieran a esta organización tampoco elimina el carácter peyorativo de este nombre.

En consecuencia, “…la marca controvertida, vista en su conjunto, evoca una organización criminal, da una imagen globalmente positiva de dicha organización y, por lo tanto, banaliza los ataques graves que tal organización perpetra contra los valores fundamentales de la Unión … La marca controvertida es, por lo tanto, chocante u ofensiva no sólo para las víctimas de dicha organización criminal y sus familias, sino también para cualquier persona que, en el territorio de la Unión se encuentre ante dicha marca y posea umbrales medios de sensibilidad y tolerancia.” (parr. 47)

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Congreso sobre traslado de domicilio y reestructuración empresarial

Los días 26 y 27 del próximo mes de abril se celebrará en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid el Congreso sobre Traslado de domicilio y reestructuración empresarial, organizado por el Departamento de Derecho Mercantil, Financiero y Tributario de dicha Universidad, y la colaboración de la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal (RCP), el Registro de Economistas Forenses (REFOR), y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

Tras la conferencia inaugural impartida por Christoph Teichmann, el Congreso se organiza en Mesas Redondas en las que intervendrán académicos y profesionales especialistas en las implicaciones societarias, preconcursales y concursales de la operación de traslado de domicilio. Los interesados pueden obtener la información en http://eventos.ucm.es/18432/detail/traslado-de-domicilio-y-reestructuracion-empresarial.html.

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Contrato de alquiler de cajas de seguridad (STS 96/2018)

La STS 96/2018, de 26 de febrero plantea una interesante cuestión sobre un contrato de alquiler de caja de seguridad. En particular, la determinación del montante de la indemnización derivada del robo de la caja fuerte. No se trata de un tema nuevo, sino que varias sentencias anteriores ya habían abordado este contrato y en tres de ellas se basa ahora el Tribunal Supremo para fundamentar su fallo: SSTS 21/1994, de 27 de enero; 985/2008, de 4 de noviembre y 38/2013, de 15 de febrero.

El TS cita su sentencia 985/2008 para resolver el problema de la naturaleza jurídica del contrato de alquiler de caja de seguridad. En el fundamento de Derecho primero mantuvo: “La naturaleza jurídica del contrato bancario denominado de alquiler de cajas de seguridad no es la de depósito en su variedad de depósito cerrado, sino la de un contrato atípico, surgido de la conjunción de prestaciones del arriendo de cosas y de depósito, en el que la finalidad pretendida por el cliente no es el mero goce de la cosa arrendada, sino el de la custodia y seguridad de lo que se guarda en la caja, que se consigue de una forma indirecta, a través del cumplimiento por el banco de una prestación consistente en la vigilancia de la misma y de su integridad a cambio de una remuneración. La entidad bancaria no asume la custodia de ese contenido, sino del daño que la ruptura, sustracción o pérdida de la caja pueda ocasionar al cliente. Es claro que la situación más análoga a la descrita es la determinada por la existencia de un depósito cerrado y sellado, contemplada en el art. 1.769 del Código civil . El contrato litigioso, en suma, tiene una causa mixta”.

También sigue a esta decisión en cuanto a la normativa aplicable. Ahora bien, en la que nos ocupa parte del art. 310 Ccom para afirmar que el contrato tiene naturaleza mercantil y aplicar la prelación de fuentes que establece.

“…primero habrá que estar a lo dispuesto en los estatutos de la entidad depositaria, esto es, la normativa administrativa que regula la contratación bancaria y que, en el presente caso, viene constituida por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprobó el Reglamento de Seguridad Privada, y por la Orden del Ministro del Interior de 23 de abril de 1997, que no contienen una previsión específica sobre el problema litigioso.

En segundo lugar, resulta de aplicación lo previsto en el art. 307 II CCom., que en el caso de los depósitos cerrados dispone que «Los riesgos de dichos depósitos correrán a cargo del depositario, siendo de cuenta del mismo los daños que sufrieren, a no probar que ocurrieron por fuerza mayor o caso fortuito insuperable». De donde se presume la responsabilidad de la demandada.

Pero, en cualquier caso, el art. 307 CCom no ofrece respuesta al problema de la prueba o acreditación de la preexistencia y valor de los objetos depositados, por lo que habrá que estar a lo dispuesto en el art. 1769 CC…”

Así las cosas, en resolución 96/2018, de 26 de febrero, la máxima autoridad jurisdiccional española decide dos cuestiones importantes. La primera es el fundamento de la responsabilidad; en otras palabras, las causas de exoneración que puede esgrimir la entidad de crédito demandada. Parte de que el contrato imputa al depositario un deber de custodia consistente en la vigilancia y seguridad de la caja. La responsabilidad que asume es objetiva, ex art. 1769 Cc.: responde del incumplimiento salvo cuando pruebe que el quebrantamiento de la clausura o cierre de la caja fue debido a un hecho ajeno imprevisible e inevitable. Falla que el banco ha incumplido y es responsable porque no ha probado que la causa del robo fuera un caso fortuito o un supuesto de fuerza mayor. Esta tesis choca con la que mantuvo en una de las sentencias que cita. En efecto, en el fallo 21/1994, de 27 de enero afirmó que el art. 1769 Cc introduce una presunción relativa de culpa del depositario. Por lo tanto, la entidad de crédito no necesitaría acreditar la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, sino simplemente que fue diligente.

La segunda cuestión debatida es el cálculo de la indemnización. El TS mantiene que el art. 1769 Cc. otorga preferencia a la declaración del depositante sobre la existencia y valor de los efectos depositados, salvo prueba en contrario. Considera que, en el litigio concreto, el depositante ha aportado un principio de prueba que no ha sido rebatido por el depositario.

En este tema interesa traer a colación la STS 985/2008,  citada con anterioridad. Tras explicar que el precepto en cuestión establecía una presunción relativa, destacaba que la prueba en contrario normalmente serían meramente indicios. Pero otorgó eficacia a los esgrimidos por el banco para exonerarle, puesto que el depositante no había acreditado la propiedad de los objetos desaparecidos:

“En el caso de autos, los indicios aportados por el Banco demandante han de considerarse sólidos para dejar de dar credibilidad a la declaración por la actora del valor de lo depositado, pues la misma no va acompañada de ningún indicio de propiedad sobre las joyas y objetos preciosos desaparecidos. Sólo se remite a que han sido heredados, y a la tradición de que pasen de madre a hija, pero, repetimos, sin el más mínimo indicio de su adquisición. Por ello son creíbles las alegaciones contrarias a la preexistencia de los objetos en la caja de seguridad antes de su robo, y por ende a su valor, que formuló la entidad bancaria demandada, y que la sentencia recurrida acogió.”

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Alojamiento turístico en Castilla y León: el TSJ sólo anula el art. 3.2 del Decreto 3/2017

En la noticia publicada el 19 de febrero de 2018, la página web del CGPJ destacaba que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado parcialmente el recurso presentado por la CNMC y ha anulado el art. 3.2 del Decreto de la Comunidad de Castilla y León 3/2017, de 16 de febrero, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico en la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 33, de 17 de febrero). Pese a ser cierto, la lectura de la sentencia 86/2018, de 2 de febrero de 2018 revela que el resto del articulado es válido, lo cual nos parece más significativo si tenemos en cuenta que la autoridad de la competencia pedía la nulidad de los arts. 3.2, 4.c), 4.d), 6, 7 a 12, 25 y 30.4.

Con carácter general, la CNMC alegó que esos preceptos obstaculizaban significativamente la competencia efectiva en el mercado. Creaban barreras de entrada y permanencia en el mercado, limitaban la capacidad concurrencial de los operadores turísticos, reducían sus incentivos para competir y restringían la oferta, con lo que resultaban perjudicados los consumidores. Infringían así el art. 38 de la Constitución, el art. 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y el art. 5.1 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

El TSJ rechaza todas las peticiones de la autoridad de la competencia salvo una. En primer lugar, considera que la facultad que tiene el órgano directivo central competente en materia de turismo de recabar información sobre los precios de los alojamientos de uso turístico (art. 30.4) no limita el ejercicio de la actividad comercial ni obstaculiza la existencia de competencia en el mercado. Segundo, descarta que sea una carga innecesaria y excesiva la obligación de proporcionar un número de teléfono o una dirección de correo electrónico, disponible las veinticuatro horas del día, para atender y resolver de manera inmediata consultas e incidencias (art. 25). Subraya que la CNMC no aporta argumentos que justifiquen su calificación. Algo parecido sucede con el requisito de que las viviendas de uso turístico aparezcan identificadas con un distintivo (art. 6). Por una parte, no es una exigencia desproporcionada. Por otra, “…no se alcanza a comprender la razón por la que se dice que la colocación de la placa puede dar lugar a problemas vecinales o que se compadece mal con la explotación esporádica de la vivienda”. A nuestro modesto entender, basta prestar atención a los medios de comunicación o pasear por determinados barrios de algunas grandes ciudades para poner en cuestión este argumento. En cuarto lugar, la alta autoridad judicial de Castilla y León niega que sean ilegales los arts. 7 a 12, que imponen un determinado equipamiento mínimo a los alojamientos turísticos. De un lado, son elementos básicos, no excesivos ni descabellados. De otro, protegen al consumidor al garantizar una calidad mínima a las viviendas. Por último, desestima la impugnación de las definiciones de habitualidad y de servicio de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico (arts. 4.c y 4.d). Afirma que la exigencia de habitualidad a la empresa turística significa que, cuando no se facilite alojamiento como mínimo un periodo de un mes al año, esa actividad es libre al no quedar sometida al Decreto. Por otra, considera que la fijación de un máximo de dos meses a un mismo cliente para calificar el servicio de alojamiento como turístico proporciona seguridad a la interpretación del art. 29 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León.

La única petición que estima el TSJ es la nulidad del art. 3.2, que rezaba: “Las viviendas de uso turístico constituyen una única unidad de alojamiento que se cede al completo, no permitiéndose la cesión por estancias”. La razón reside en la falta de competencia de la Comunidad Autónoma para regular este supuesto, pues queda sometido a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. Es cierto que el art. 5.e) de esta norma excluye de su ámbito de aplicación “(l)a cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial”. Pero, siguiendo a tres Audiencias Provinciales, el TSJ interpreta que la exclusión se refiere exclusivamente a la totalidad de la vivienda, no a sus estancias por separado.

Así pues, continúa la cruzada de la CNMC contra las normas autonómicas que regulan el alquiler turístico. Al igual que ha pasado en otras ocasiones (por ejemplo, SSTSJ Madrid 291/2016, de 31 de mayo y 292/2016, de 31 de mayo, a las que me referí en la entrada “Valencia sanciona a Airbnb, pero…”), sus pretensiones no siempre triunfan. Y es que los tribunales se muestran reacios a anular normas vigentes si no se justifica a conciencia que están restringiendo la competencia sin justificación válida. Además, en el caso que nos ocupa da que pensar que el TSJ reproche a la autoridad de la competencia que no fundamente sus reproches.

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Caso De Gea: STS 61/2018

Hace poco más de una semana, la página web del CGPJ anunciaba la sentencia del caso De Gea, el que fuera portero del Atlético de Madrid y actual guardamenta del Manchester United. Evidentemente, el morbo me pudo y leí la decisión del Tribunal Supremo (61/2018, de 5 de febrero). El resultado no es tan interesante como pudiera parecer, aunque sí hay algún aspecto que merece reseñarse. En primer lugar, el Tribunal Supremo no se pronuncia sobre la naturaleza jurídica del contrato de representación deportiva; se remite a sus anteriores sentencias 127/2017, de 24 de febrero y 9/2015, de 21 de enero. Pero sí afirma que debe prestarse atención a los Reglamentos de la FIFA: “…aunque se trate de normas de naturaleza privada, sirven de referencia para la interpretación de los contratos sometidos a su ámbito objetivo de aplicación”.

Segundo, aplica el criterio exegético contra proeferentem; es decir, mantiene que debe interpretarse el contrato a favor del jugador y en contra del representante (U1ST SPORT SA) porque éste era un profesional y el primero carecía de asesoramiento legal cuando se perfeccionó el contrato. Me sorprende que el guardameta no tuviera asesoramiento jurídico, pues se trataba de uno de los jugadores de mayor proyección del fútbol europeo. Pero si el TS así lo afirma…

Tercero, U1ST SPORTS SA no tenía derecho a la remuneración pactada en el contrato, sino a la indemnización de daños y perjuicios. Es cierto que el guardameta incumplió el contrato, y dolosamente según el máximo órgano judicial español. Pero la relación había terminado cuando De Gea fichó por el Manchester United.

En cuanto a la compensación de los daños y perjuicios, el Tribunal Supremo afirma que debe resarcirse “la pérdida de oportunidad”. Es decir, el hecho de que el representante pudiera haber obtenido unos ingresos si el jugador no hubiera incumplido sus obligaciones. Confirma la decisión de la AP.

El último extremo relevante son los intereses derivados de la indemnización. Aplica la doctrina del Acuerdo de los Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2005:

No debe aplicarse de forma absoluta y como principio el brocardo jurídico “in illiquidis non fit mora”, sino contemplar la razonabilidad de la discusión del deudor; si ésta no es razonable, ello implicará la imposición de intereses moratorios al deudor estándose al canon de razonabilidad.

En la sentencia que nos ocupa, el TS asevera que hay que tener en cuenta la razonabilidad del fundamento de la reclamación, las razones de la oposición, las conducta de la parte demandada en orden a la liquidación y pago de la deuda y demás circunstancias concurrentes. Concluye que no se devengan intereses moratorios desde la demanda sino desde el pronunciamiento judicial que cuantifica la indemnización.

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Competencia objetiva en materia de seguro marítimo

Mi amigo Carlos Salinas me ha pasado una resolución de Derecho marítimo muy interesante. Se trata del Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección vigesimoctava, 11/2018, de 2 de febrero, que declara la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil para conocer litigios sobre seguro marítimo. Tiene su origen en un seguro de transporte marítimo de mercancías. Sus condiciones generales disponían que se cubrían los siniestros producidos en mar, ríos y canales, así como los acaecidos durante las operaciones de embarque, desembarque y transbordo. En las condiciones particulares se precisaba que se trataba de un transporte “combinado terrestre-marítimo”. Acaecidos dos siniestros, y ante la negativa de la compañía aseguradora a pagar la indemnización correspondiente, la sociedad asegurada formula demanda. El Juzgado de lo Mercantil núm. 10 de Madrid se abstiene de conocer a través de un Auto de 10 de enero de 2017. Considera que son competentes los Juzgados de Primera Instancia, pues el contrato de seguro no está incluido dentro del listado de competencias del art. 86 ter 2 bis de la LOPJ.

Acertadamente, la AP revoca su decisión. El argumento principal es que el objeto principal del contrato de seguro es el transporte marítimo. Es cierto que se prevé una fase terrestre, pero no es el modo principal. Este dato es importante porque el art. 453 LNM somete toda la operación a las normas del seguro marítimo, siempre que las demás fases “…sean accesorias del viaje marítimo”. Quita importancia al hecho de que las Disposiciones Generales de la póliza se refirieran a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. La razón es que también se someten a la “demás legislación aplicable” así como a los pactos contractuales.

“Dentro de la ‘demás legislación aplicable’ debe considerarse el Código de Comercio, que era el vigente en el momento en que se firmó la póliza. No en vano, en alguna disposición de la póliza, como la II.16, se hace referencia la exclusión pactada de concretos preceptos del Código de Comercio, lo que implica la aplicabilidad del resto.”

Y recuerda que el Tribunal Supremo ha sometido el seguro marítimo al régimen del Código de comercio, con excepción de las embarcaciones de recreo: SSTS 890/2011, de 16 de diciembre, y 241/2015, de 6 de mayo.

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