¿Conformidad de la CNMC con el Derecho europeo?: STJUE 19.10.2016

A finales de diciembre los medios de comunicación se hicieron eco de una sentencia del Tribunal de Justicia que, según informaban, declaraba la falta de independencia de la CNMC. Las líneas que siguen tienen por objeto explicar esta decisión. Se trata de la sentencia 19.10.2016 (C-424/15), Xabier Ormaetxea Garai, Bernardo Lorendo Almendros y Administración del Estado.

Antes que nada, cabe destacar que el TJUE está respondiendo a una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo. No se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, sino que simplemente responde tres preguntas que le formula la alta autoridad judicial española respecto de la compatibilidad de dos normas nacionales con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (“Directiva marco”). Interesa añadir que esta norma ha sido modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009.

La sentencia tiene su origen en la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Como comenté en su día (aquí y aquí), este acto legislativo supuso la fusión de siete reguladores nacionales en uno nuevo y generó mucha polémica. Entre otras cuestiones, supuso el cese de los Sres. Xabier Ormaetxea Garai y Bernardo Lorenzo Almendros, que eran consejero y presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, antes de la expiración del mandato previsto. Impugnaron los Reales Decretos 795/2013, de 11 de octubre, y 800/2013, de 11 de octubre (aquí) en los que se plasmó el cese. Alegaron que se había infringido el art. 3.3bis de la Directiva marco, pues no existía causa legal para ello.

El Tribunal Supremo formula tres cuestiones prejudiciles que el TJUE reduce a dos. La primera es si la creación de un único órgano de supervisión y regulación de los mercados, que fusiona reguladores nacionales responsables de sectores diferentes y la autoridad de la competencia, es compatible con la llamada Directiva marco. La curia europea responde afirmativamente. La razón es que el Derecho de la UE no designa los organismos nacionales a los que se confían las misiones reguladoras. Los Estados miembros gozan de autonomía institucional respecto de la organización y estructuración de los reguladores. De ahí que la fusión de varios de ellos no sea contraria al Derecho europeo. Ahora bien, existe una exigencia indispensable. Las autoridades nacionales deben respetar plenamente los objetivos y las obligaciones establecidas en las Directivas. Por lo tanto, para que la refundición de los reguladores sea válida, el órgano resultante debe cumplir los requisitos de organización y funcionamiento que las normas europeas imponen a los reguladores y autoridades nacionales. En particular, debe cumplir con los requisitos de competencia, independencia, imparcialidad y transparencia. Asimismo, sus decisiones deben poder ser recurridas ante un organismo independiente de las partes implicadas. Aunque corresponde a los tribunales nacionales decidir si se cumplen estas exigencias, el TJUE afirma que la Ley 3/2013 parece cumplirlas:

“…   parece deducirse de la Ley 3/2013 que ésta contiene las disposiciones necesarias al objeto de garantizar que la CNMC ejerza las funciones atribuidas a las ANR por la Directiva marco y las Directivas específicas, que la CNMC está   estructurada de forma que se tienen en cuenta las diferentes funciones que se le atribuyen, que sus órganos directivos están compuestos de miembros cuya autoridad y competencia profesional están reconocidos en los sectores de los que la CNMC es responsable y que dispone de un patrimonio propio, independiente del de la Administración General del Estado, y de la autonomía suficiente y de la capacidad jurídica necesaria para la gestión de estos   recursos. También se deduce del tenor de la Ley 3/2013 que están previstos recursos contra las resoluciones de la CNMC.” (párrafo 37)

El TJUE reformula las cuestiones segunda y tercera. Entiende que se le está preguntado acerca de si el cese del presidente y del consejero de una autoridad nacional, a raíz de la extinción de ésta por la fusión de varios reguladores, es contrario al art. 3.3bis de la Directiva marco. La institución judicial europea subraya que este precepto sólo permite el cese cuando los miembros de las autoridades nacionales dejan de cumplir las condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones. Además, la resolución debe ser pública y la motivación comunicada al responsable. Recuerda que, en el caso concreto, el cese se debió a la supresión de la CMT y la asunción de sus funciones por la CNMC. Subraya que el art. 16 de la Ley 2/2011, de 4 de noviembre, de Economía Sostenible establece las causas de cese y no incluye la fusión de reguladores nacionales en una autoridad nueva. Por lo tanto, afirma que los ceses controvertidos no encajan dentro de las causas previstas por la Directiva marco ni por la normativa nacional que la transpone.

El TJUE trae a colación la Directiva 2009/140/CE, que modifica la Directiva marco y que se aprobó para reforzar la independencia de los reguladores nacionales. Su considerando 13 exige que se establezcan claramente las causas de cese de sus miembros para disipar las dudas sobre la neutralidad del organismo y su impermeabilidad frente a factores externos. En el apartado 47, el TJUE afirma que este objetivo

“…se vería comprometido si, por el mero hecho de una reforma institucional, como la controvertida en el litigio principal, estuviera permitido poner fin de forma anticipada e inmediata al mandato de uno o varios miembros de la instancia colegial que dirige la ANR en cuestión”.

Exige encontrar un balance entre la soberanía del Estado miembro respecto de la organización y estructura de sus reguladores y la preservación de su imparcialidad e independencia. De ahí que sea lícito fusionar varias autoridades nacionales en una sola entidad y cesar a sus miembros antes del término de sus mandatos. Pero el Estado debe adoptar las medidas para garantizar que no se menoscaba la independencia y la imparcialidad de las personas afectadas. En consecuencia, responde a las cuestiones segunda y tercera con las palabras siguientes:

“…el artículo 3, apartado 3 bis, de la Directiva marco debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, por el mero hecho de una reforma institucional consistente en fusionar una ANR, responsable de la regulación ex ante del mercado o de la resolución de litigios entre empresas, con otras autoridades nacionales de reglamentación para crear un organismo de reglamentación multisectorial responsable, en particular, de las funciones encomendadas a las ANR, en el sentido de dicha Directiva, el Presidente y un Consejero, miembros del órgano colegial que dirige la ANR fusionada, sean cesados antes de la finalización de sus mandatos, siempre que no estén previstas reglas que garanticen que tal cese no menoscaba su independencia e imparcialidad.”

Sobre la misma sentencia véase también la entrada: http://derechocompetencia.blogspot.com.es/2016/10/sobre-la-nulidad-del-cese-del.html

 

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Digitalización del Derecho de sociedades

En marzo de 2016, el Grupo Informal de Expertos en Derecho de Sociedades (ICLEG, en su abreviatura en lengua inglesa) publicó un informe sobre la Digitalización del Derecho de Sociedades. En enero de 2015 la Comisión había formalizado el encargo y en octubre del mismo año albergó una conferencia al respecto, en la que se destacaba las oportunidades que ofrece la digitalización y la necesidad de no perder el tren del progreso tecnológico.

El informe empieza con la introducción preceptiva, en la que se destacan los aspectos relacionados con la digitalización, los beneficios que puede generar y se dibuja el estado de la cuestión. En esta primera parte el ICLEG destaca que los Estados miembros no están sacando todo el provecho de la digitalización y que sus aproximaciones varían considerablemente. Así sucede, por ejemplo, con la creación en línea de compañías, la publicidad de la información o la relación entre las compañías y los socios. No obstante, también se reconoce que la transición a la Era Digital tiene sus costes, tanto para el Estado (por ejemplo, la digitalización del Registro Mercantil), como para las sociedades y sus miembros. En cuanto a las normas existentes, los expertos citan las Directivas 1999/93 (reemplazada por el Reglamento 910/2014), 2004/109 (modificada por la 2013/50), 2007/36 y 2009/101 (modificada por la 2012/17), así como la propuesta de Directiva SUP.

La segunda parte contiene los principios generales en la materia. Son tres. En primer lugar, la digitalización debe respetar y acomodarse a los diferentes modelos corporativos existentes en los Estados miembros. El segundo principio es la neutralidad tecnológica. No obstante, el ICLEG defiende que, en caso de conflicto, debe darse preferencia a la tecnología abierta. El último principio es el de reconocimiento mutuo.

A continuación el informe examina la digitalización en las comunicaciones entre las sociedades y las Administraciones públicas. Comienza reconociendo la libertad que tienen los Estados miembros para diseñar su propio Derecho de sociedades. Ahora bien, es preciso que sus normas respeten y sean compatibles con las libertades comunitarias. De ahí que sea necesario asegurar la interrelación entre los sistemas jurídico-societarios de los Estados miembros. Por ejemplo, es imprescindible que la información que las sociedades deben proporcionar en un Estado miembro sea accesible para los nacionales de todos los demás países que conforman la Unión Europea. A continuación el Grupo de Expertos se refiere a los temas siguientes: formación en línea de sociedades, creación de sucursales, publicidad de la información y representación electrónica.

La parte cuarta se centra en el ámbito privado de las comunicaciones; es decir, las que median entre las sociedades y sus accionistas y los demás interesados. El principio general debe ser el de libertad: deben poderse utilizar sistemas electrónicos para intercambiar información y ejercer derechos, siempre que garanticen la identidad de los comunicantes y la integridad del mensaje. No obstante, podrá tomarse en cuenta la dimensión de la sociedad para establecer normas especiales.

El ICLEG pasa revista a los ámbitos en los que la digitalización tiene más importancia y realiza diversas recomendaciones a la Comisión. Por ejemplo, obligar a los Estados miembros a eliminar todas las trabas al uso de la tecnología digital, forzar a las sociedades a proporcionar determinada información en su página web, o permitir que los socios elijan el modo de acceder a la información de las compañías. El Grupo de Expertos formula algunas recomendaciones exclusivamente dirigidas a las sociedades cotizadas. Por ejemplo, plantea la posibilidad de prescindir de la celebración de una junta general cuando los accionistas así lo acuerden o la necesidad de facilitar la representación de los socios.

El informe concluye con dos anexos. En el primero se pasa revista al estado de la digitalización en los Derechos nacionales de sociedades. El segundo es un diagrama que ilustra la complejidad del voto transfronterizo.

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El Corte Inglés v. The English Cut

El Tribunal General de la Unión Europea ha vuelto a pronunciarse sobre el litigio que enfrentaba las marcas “The English Cut” y “El Corte Inglés”. La primera vez que falló al respecto fue en la sentencia 15 de octubre de 2014 (T-515/12). Había confirmado la decisión de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO, que a su vez había hecho lo mismo con la resolución de la División de Oposición de la EUIPO, que había rechazado la oposición de El Corte Inglés, SA. Recordemos que el origen del litigio era la solicitud de registro de la marca denominativa “The English Cut” a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). The English Cut, SL pedía el signo distintivo para la clase 25: «Vestidos, excepto trajes, pantalones y chaquetas; calzados, sombrerería». El Corte Inglés, SA se opuso al considerar que vulneraba su marca denominativa española “El Corté Inglés” y dos marcas figurativas de la Unión Europea consistentes en los famosos triángulos con fondo verde en los que aparece escrito “El Corte Inglés”.

En su fallo de 10 de diciembre de 2015 (C-603/14 P), el TJUE anuló la sentencia del Tribunal General. Afirmó que debería haber examinado si el grado de similitud conceptual entre los signos en conflicto, pese a ser ligero, era suficiente para que el publicó asociara los signos en conflicto.

En la sentencia actual, de 27.10.2016 (T-515/12 RENV), el Tribunal General vuelve a pronunciarse en la misma dirección. Deniega la oposición de El Corte Inglés, SA. La decisión gira alrededor de la exégesis del artículo 8.5 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, que reza:

“5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.”

El Tribunal General explica que la oposición del titular exige que concurran, acumulativamente, tres requisitos. En primer lugar, la identidad o similitud de las marcas en conflicto. La corte subraya que no es necesario el riesgo de confusión; basta que el público pueda establecer un vínculo entre los signos. Y ese vínculo debe valorarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes. El segundo requisito es la existencia de un renombre de la marca anterior invocada. Y el tercero, una de las tres alternativas siguientes: que se lesione el carácter distintivo del signo cuya protección se solicitada, que se perjudique su renombre, o que se aproveche indebidamente de su carácter distintivo o fama.

En el caso en cuestión, el Tribunal General reconoció que concurrían los dos primeros condicionantes. De un lado, existía una “ligera similitud conceptual” entre The English Cut y El Corte Inglés. De otro las marcas del gigante español de la distribución gozaban de un gran renombre en el sector de los grandes almacenes. Sin embargo, no había probado que concurriera el tercer requisito; es decir, una lesión al carácter distintivo o al renombre de la marca o el aprovechamiento indebido de cualquiera de ellos. Por lo tanto, no procedía la oposición.

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STS 572/2016: no levantamiento del velo

En la sentencia 572/2016, de 29 de septiembre, el Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre el levantamiento del velo. Tras recordar que se trata de un remedio excepcional (STS 101/2015, de 9 de marzo) y negar el numerus clausus de sus hipótesis (STS 326/2012, de 30 de mayo), afirma que no procede en el caso en cuestión. En primer lugar, considera que no es suficiente que las sociedades compartan el objeto social, los socios, el domicilio social y la página web. Esta coincidencia es habitual en los grupos de sociedades y no prueba per se el abuso de la personalidad jurídica. En segundo término, no se ha probado ninguno de los supuestos típicos de esta figura ni el carácter instrumental de las filiales con carácter fraudulento. Y tercero, el acreedor conocía la estructura corporativa de su deudor y era consciente de los riesgos que asumía al contratar con él:

“…, en suma, no ha resultado acreditado el aspecto subjetivo o de concertación (consilium) para procurar el fraude, máxime si se tiene en cuenta que el acreedor conocía la estructura del grupo familiar y su actuación en el tráfico mercantil y, no obstante, negoció y aceptó las garantías ofrecidas por las empresas filiales; por lo que difícilmente puede haber fraude cuando el acreedor conoce las constancias que concurren (scientia) y, pese a ello, acepta los riesgos derivados de las mismas.”

 

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Responsabilidad del socio único por las deudas sociales: STS 499/2016

En la sentencia 499/2016, de 19 de julio, el Tribunal Supremo trata de la responsabilidad del socio por las deudas sociales al no haber inscrito, ni hecho constar en la documentación de la compañía, la unipersonalidad sobrevenida. Explica que se trata de una responsabilidad personal, ilimitada y solidaria respecto de las deudas sociales. Destaca que no es un supuesto de obligado solidario sino que este calificativo se predica de la responsabilidad: el socio único “…responde del incumplimiento de la deudora, que es la sociedad”.
En segundo lugar, la responsabilidad se predica exclusivamente de las deudas sociales originadas tras la omisión de la inscripción de la unipersonalidad. Es decir, desde que transcurrieron los seis meses desde la personalidad sobrevenida.
Por último, es una responsabilidad ex lege: “Se trata de un régimen propio de responsabilidad, respecto del que no resultan de aplicación los requisitos y principios de la responsabilidad por dolo o culpa grave, contractual o extracontractual, prevista con carácter general en el Código Civil y de forma particular, para los administradores sociales, en la Ley de Sociedades de Capital”. Igualmente, “…no se exige relación de causalidad entre el incumplimiento de la deuda social respecto de la que se impone la responsabilidad, en un caso al socio único y en otro al administrador, y el incumplimiento del deber legal correspondiente, el de publicidad registral de la unipersonalidad para el socio único y el de promover la disolución para el administrador.”

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Guía técnica de buenas prácticas para la aplicación del principio “cumplir o explicar”

El 15 de julio de 2016 la CNMV aprobó la Guía técnica de buenas prácticas para la aplicación del principio “cumplir o explicar”, que se puede consultar aquí. Su objetivo es “… contribuir a subsanar esas deficiencias [en la aplicación práctica del principio “cumplir o explicar”], proporcionando orientación a las sociedades cotizadas respecto a cómo deberían ser las explicaciones que aparezcan en sus IAGC en caso de no seguimiento de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas (el Código).” A mi modesto entender, no lo cumple. La razón es que se limita a reiterar varias apreciaciones que la Comisión Europea ya había hecho en su Recomendación de 9 de abril de 2014 sobre la calidad de la información presentada en relación con la “gobernanza empresarial” (cumplir o explicar), que se puede consultar aquí. Por lo tanto, ninguna novedad relevante de carácter sustancial. En cambio, sí presentan interés –al menos para los teóricos del Derecho- los ejemplos reales que se incorporan sobre las deficiencias más frecuentes y sobre el grado de seguimiento de las recomendaciones.

La Guía empieza con la preceptiva “Introducción” en que se recuerdan los datos básicos del principio “cumplir o explicar”. A continuación se reproducen los extremos principales de la Recomendación de la Comisión aludida. El apartado 3.º contiene las consideraciones adicionales de la CNMV. Primero, los consejeros de las sociedades cotizadas deben valorar ex ante si la decisión que va a tomar se ajusta al Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas. En caso negativo deben analizar el por qué y preparar las explicaciones oportunas. Al elaborar el informe anual de gobierno corporativo, deberán explicar o, mejor aún, justificar el no seguimiento de la recomendación específica e indicar si, a pesar de ello, se alcanzan los objetivos previstos en el Código. Las razones y circunstancias ofrecidas deberán ser específicas, en el sentido de proporcionar información sobre situaciones concretas y particulares de la sociedad. Por último, deberá hacerse una mención expresa, en la medida de lo posible, al procedimiento seguido por la sociedad para tomar la decisión de no seguir la recomendación. Interesa añadir que los consejeros deberían adoptar la posición de los acreedores e inversores de la sociedad, pues es a ellos a quién va dirigida esta información. La Guía termina con los ejemplos aludidos, que abarcan casi la mitad de su contenido.

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Uber: webinar y presentación

Recientemente la ocasión de impartir dos charlas sobre el caso de Uber, en el que analizo si podía estar realizando un acto de competencia desleal por infracción de normas. Su origen es un artículo que publiqué en el número 16 de la Revista de Derecho del Transporte (2015), cuyos datos pueden consultarse en la página de Dialnet.

El 28 de junio impartí en la sede de Vlex un webinar que puede consultarse en youtube. Hoy martes 19 de mayo he participado en el curso de verano “Taxi i apps. Els reptes que les TIC planteen en el transport de viatgers” de la Universitat de Barcelona. Puede consultarse la presentación de la ponencia en la página web de academia.edu. Agradezco a Anna Conti y Marc Tarres la invitación y facilidades prestadas para realizar los respectivos actos.

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Cláusula de notificación del impago de la prima: STS 374/2016

El pasado 3 de junio de 2016, la Sala de lo civil del Tribunal Supremo dictó la sentencia 374/2016, pronunciándose así, sobre un conflicto entre un particular (Jesús María) y una compañía de seguros (Caser). En el seno de dicha sentencia, se planteó un problema interesante en torno a una cláusula hallada en las condiciones generales del contrato de seguro que imponía al asegurador el deber de notificar por escrito el impago de la prima al tomador:

“7.2. La prima se entenderá satisfecha a su vencimiento salvo que, intentado el cobro, la entidad bancaria devolviera el recibo impagado. En tal caso, CASER notificará por escrito al Tomador del seguro el impago producido, comunicándole la nueva forma de pago y el nuevo plazo para hacer efectivo el recibo.”

Previamente a abordar la cláusula destacada, debemos valorar mínimamente los hechos que dieron lugar al litigio planteado. En consonancia con lo que se ha expuesto hasta aquí, resulta evidente que las partes estaban vinculados por un contrato de seguro; más concretamente, un seguro de automóviles. Durante el primer año no se produjo problema alguno: el tomador pagaba la prima y el contrato se mantenía vigente. En el segundo se encadenaron distintos problemas.

En primer lugar, el tomador dejó de pagar la prima que, como bien sabemos, es una “conditio sine qua non” para la existencia de un contrato de seguro. Tiene mucha transcendencia en este aspecto que el tomador del seguro, después de que se le fuera cargado el recibo en su cuenta bancaria, ordenara su devolución. Así pues, el impago de la prima fue un acto voluntario y consciente.

En cumplimiento con la cláusula anteriormente citada, la aseguradora remitió una carta al particular que contenía un nuevo recibo y ofrecía un nuevo plazo para satisfacer el pago de la prima. No obstante, no quedó constancia de que esta carta fuera recibida por su destinatario. Sí se registró que el recibo fue devuelto, una vez más, por el banco a petición del tomador.

Al cabo de unos cuantos meses y sin que la prima fuera pagada, ocurrió aquello que a veces parece inevitable en situaciones como la planteada: el asegurado se vio involucrado en un accidente de tráfico, de manera que se produjo un siniestro. En aquél momento los daños ocasionados a terceros fueron satisfechos por el Consorcio de Compensación de Seguros, pues Jesús María ya no estaba cubierto por Caser. Sucesivamente, el Consorcio se dirigió al tomador para reclamar los daños y perjuicios causados y éste, a su vez, contra el asegurador, dando lugar, así, a una cadena de litigios.

En la Primera Instancia fue estimada la posición del demandante (tomador del seguro). Se amparaba en que en ningún momento fue notificado del impago, de manera que sostenía que se había producido un incumplimiento del artículo 7.2 de las condiciones generales del contrato. Caser recurrió y mantuvo que había cumplido con su deber; el tomador, de manera deliberada, se había negado, hasta en dos ocasiones, a cumplir con su obligación de satisfacer la prima. Este razonamiento fue decisivo para que la Audiencia Provincial estimara su recurso.

El Tribunal Supremo confirma la decisión recurrida en virtud de la interpretación de la cláusula controvertida. Mantiene que:

La ratio del art. 7.2 de las condiciones generales del contrato de seguro es impedir que por un descuido, derivado de la devolución del recibo sin que el tomador sea plenamente consciente de ello, se suspenda la cobertura del seguro. Para ello se prevé que, ante la devolución de un recibo por el banco, la compañía volverá a requerir de pago al tomador para cerciorarse de que es consciente de que está pendiente de pago la prima, antes de que pueda operar el efecto legal de la mora previsto en el art. 15.2 LCS .

La alta autoridad judicial considera que el asegurado provocó de manera voluntaria el impago. Fue un acto que no se podía subsumir en la citada cláusula puesto que tenía por objeto promover la buena fe entre las partes en el seno de la relación contractual. Es decir que se puede concluir que el TS optó por atribuir más importancia en su sentencia a la actitud contraria a la buena fe del tomador, que a la notificación deficiente por parte de Caser.

Joost Loves

Graduado en Derecho

Universidad Autónoma de Barcelona

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TS reitera doctrina sobre repetición aseguradora en caso de conducción bajo influencia bebidas alcohólicas

En la sentencia 402/2016, de 15 de junio, el Tribunal Supremo reitera la doctrina que mantuvo en la sentencia que referimos en la entrada anterior. Por una parte, el art. 7.c) de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor no se aplica a los seguros voluntarios. Por otra, las cláusulas limitativas de derechos deben cumplir los requisitos del art. 3 LSC.

En el caso enjuiciado consta el derecho de repetición -y consiguiente exclusión de cobertura- por conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas como exclusión propia del seguro obligatorio, lo que sin duda lleva a considerar que la misma no se pactó para el caso del seguro voluntario concertado, sin que una vez suscrito este último -lo que conlleva el pago de una prima superior y la contratación de un mayor aseguramiento- pueda argumentarse que el seguro se rige por unas normas -las del seguro obligatorio- hasta una determinada cuantía de indemnización y por otras -las pactadas- si la indemnización excede de dichos límites.

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Repetición contra asegurado que conduce bajo la influencia de bebidas alcohólicas

En su sentencia 375/2016, de 3 de junio, el Tribunal Supremo se pronuncia una vez más sobre los requisitos que cabe exigir a las cláusulas limitativas de derechos en los contrato de seguro con consumidores. Tiene origen en la acción de repetición de la aseguradora Reale S.A. contra los asegurados. Les reclama la indemnización que ha tenido que abonar a la víctima de un accidente de tráfico que ellos habían causado. La razón es que la cobertura del riesgo quedaba excluida al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

La problemática aquí planteada es doble. En primer lugar, determinar si es de aplicación el artículo 7 c) (rectius, a) de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. Esta disposición fue el resultado de la modificación introducida por la DA 8.ª de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. En la redacción vigente en el momento de producirse el hecho perjudicial otorgaba un derecho de repetición al asegurador “a) Contra el conductor, el propietario del vehículo causante y el asegurado, si el daño causado fuere debido a la conducta de cualquiera de ellos, o a la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas”. En caso de que no fuera de aplicación dicho precepto, habría que determinar si se cumplen los requisitos que, con carácter general, establece el art. 3 LCS para que pueda operar la cláusula limitativa que excluye la cobertura en caso de conducción en estado de embriaguez.

Al igual que las instancias inferiores, el Tribunal Supremo niega que el derecho de repetición ex art. 7 c) sea de aplicación al caso. Lamentablemente no ofrece una explicación convincente. En palabras de la alta autoridad judicial:

Se ha estimado por esta Sala, y así se ha reconocido también en las instancias, que no es aplicable tal derecho de repetición en el seguro voluntario salvo que así se haya pactado, porque el artículo 7.c) se encuentra dentro del Capítulo III que la LRCSCVM -en redacción dada por la DA 8a de la Ley 50/95 de 26 de noviembre – dedica al seguro obligatorio.

A continuación examina si el clausulado del seguro confiere a la aseguradora el derecho de repetición ejercitado. Considera que se trata de una cláusula limitativa de derechos y que, por lo tanto, está sujeta al art. 3 LCS. Su validez está condicionada a que su redacción sea clara y precisa, a haber sido de modo especial y su aceptación específica por escrito. Si no concurren estos requisitos la cláusula deviene nula e ineficaz.

Tras afirmar que los requisitos aludidos deben interpretarse de forma estricta para mayor protección del consumidor, el TS falla la nulidad de la cláusula por infracción de la disposición referida. En particular, exige no sólo la conformidad general del asegurado con el contrato, sino que tenga un conocimiento real de las cláusulas que limitan sus derechos. No sucedió así en el litigio: “…desde luego en absoluto dicha cláusula limitativa aparece destacada en la póliza por lo que no cumple la exigencia del artículo 3 LCS para su oponibilidad al tomador y al asegurado”.

En consecuencia, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de apelación de la Audiencia Provincial de Valencia y desestima la demanda inicial interpuesta por la aseguradora. Confirma así su extensa jurisprudencia favorable a la protección del asegurado-consumidor al ser la parte más débil de la relación.

Daniel Castrillo y Carlos Górriz

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