THIRD PARTY OWNERSHIP*

Posted by Carles Górriz López

Gary Lineker fue uno de los mejores delanteros centros del mundo en la década de los ochenta. Jugó en el Barça desde 1986 hasta 1989, ganando una Copa del Rey y una Recopa de Europa. Es el autor de una de las definiciones de fútbol más célebres de todos los tiempos: “El fútbol es un juego simple: 22 hombres corren detrás de un balón durante 90 minutos y, al final, siempre los alemanes ganan”. A pesar de que el resultado del último Mundial parece darle la razón, esta definición no se ajusta a la realidad actual: los aspectos económicos del fútbol están condicionando este deporte y pueden llegar a desvirtuarlo. Y entre estos aspectos destaca lo que en inglés se llama “third-party ownership of players”; es decir, la propiedad -total o parcial- de los derechos de los futbolistas en manos de terceros diversos de los jugados y de los clubs. Acostumbran a ser fondos de inversión domiciliados en paraísos fiscales, cuyo único objetivo es rentabilizar la inversión, deviniendo irrelevantes los aspectos deportivos, humanos o sociales del balompié.

Esta situación constituye un peligro para el deporte. La razón es que los fondos de inversión interfieren en el fichaje, renovación y traspaso de los futbolistas, condicionando así no sólo su vida profesional sino también la política deportiva de los clubs. Además, existe el riesgo de que se desvirtúe la competición pues los fondos pueden tener intereses en jugadores de equipos que compiten entre sí. Así lo ha denunciado un estudio realizado por KPMG, una de las consultorías más famosas del mundo. Por este motivo, hay países (Inglaterra por ejemplo) que han prohibido esta práctica. Pero muchos otros la consideran lícita y cada vez tiene más fuerza en Sudamérica, Portugal y España.

La cosa se complica si los agentes de los futbolistas están implicados, pues se genera un conflicto de intereses. Deberían velar por la carrera de los jugadores que representan, buscando lo que sea mejores para ellos. Pero si tienen intereses en fondos de inversión, pueden estar tentados de buscar el negocio que más beneficios reporte a los últimos, aunque sea a costa de la trayectoria profesional de sus clientes.

En este ámbito Jorge Mendes es, como diría el personaje de Carles Puyol en la parodia televisiva Crackòvia, “el puto amo”. Una investigación de The Guardian pone de relieve que ha incurrido en varios conflictos de intereses expresamente prohibidos por la normativa de la FIFA. Mendes es el representante de algunos de los mejores jugadores y entrenadores del mundo y ha conseguido traspasos galácticos en los últimos tiempos (Cristiano Ronaldo, Ángel Di María, Diego Costa, James Rodríguez, Radamel Falcao, Jose Mourinho o Nuno Espirito Santo). Según el diario inglés mencionado, ha negociado el 68% los traspasos de futbolistas de los tres principales clubs de Portugal (Sporting de Lisboa, Benfica y Oporto) durante la primera década del siglo XXI. Pero, a la vez, Jorge Mendes y su socio Peter Kenyon, antiguo directivo del Manchester United y del Chelsea, asesoran fondos que invierten en futbolistas, algunos de los cuales son representados por ellos. Así pues, tenemos servido el conflicto de intereses. Esta situación está expresamente prohibida por el Reglamento de la FIFA sobre Agentes de Futbolistas (arts. 19.8 y 29.1). Pero la situación aún sería más grave si se confirmara la denuncia hecha por el presidente del Sporting de Lisboa de que la renovación de algunos de los jugadores que representaban Mendes y Kenyon estaba condicionada a que se vendieran una parte de los derechos contractuales a fondos de inversión que ellos asesoraban. La cuadratura del círculo.

Ahora Jose Mendes se ha reunido con Joan Laporta, el antiguo presidente del FC Barcelona que encarna a la perfección el dicho “Otros vendrán que bueno te harán”. Absuelto en primera instancia de un juicio de responsabilidad de administradores instado por el club azulgrana, está preparando su regreso a la presidencia y empieza a sonar el nombre de Jose Mourinho. Nuevo sobresalto para la parroquia culé, entre la que me cuento.

¿Y qué hacen los organismos del fútbol al respecto? Pues Joseph Blatter, el actual presidente de la FIFA, ya se ha puesto a trabajar y está pensando en prohibir esta práctica. Pero lleva tiempo así. De hecho, se pronunció en este sentido en 2007, a raíz del traspaso de Carlos Tévez y Javier Mascherano al West Ham. Y hasta ahora nada de nada; es una hombre tan ocupado que se le ha pasado estos siete años sin poder poner manos a la obra. También la UEFA ha advertido de que actuará si la FIFA no toma medidas. ¿Será más expeditiva la institución que preside Michel Platini?

* La versión original en catalán de este articulo se ha publicado en Comerç i Ciutat, núm. 51, noviembre 2014, páginas 10 y 11

Consulta sobre fusiones y escisiones transfronterizas

Posted by Carles Górriz López

El pasado 8 de septiembre de 2014 la Comisión Europea puso en marcha una consulta sobre fusiones y escisiones transfronterizas para recabar datos que permitan a la Dirección General de Mercado Interior y Servicios valorar la adecuación de la normativa existente; en particular de la Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital. Esta norma fue incorporada al Derecho español a través de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles. Cabe recordar que la normativa nacional de las fusiones fue armonizada por la Tercera Directiva 78/855/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1978. Por su parte las escisiones nacionales constituyeron el objeto de la Sexta Directiva 82/891/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982; pero no se ha regulado su operatividad transfronteriza.

El marco de la consulta es el Plan de acción sobre Derecho de sociedades europeo y gobierno corporativo. En él se informaba de que la Comisión iba a analizar un informe sobre fusiones, realizado a partir de una consulta pública hecha en 2012, para determinar si era conveniente modificar el marco normativo de las fusiones transfronterizas. El informe en cuestión es el Study on the Application of the Cross-Border Mergers Directive, elaborado por Bech-Bruun, firma de abogados danesa, y Lexidale, consultora internacional, que puede consultarse aquí. En cuanto a las escisiones transnacionales explicaba que la ausencia de regulación ocasionaba problemas, por lo que era frecuente tener que acudir a la creación de una filial a la que se transferirían los activos o bien a realizar una escisión nacional más un traslado de sede social transfronterizo. De ahí que se propusiera analizar la oportunidad de regular la operación conjuntamente con la fusión transnacional.

En cuanto a la Directiva 2005/56/CE, la Consulta desea obtener información acerca de la adecuación de su ámbito de aplicación, de la protección de los acreedores y de los socios minoritarios, del método de valoración de los patrimonios y de la fecha a partir de la cual las operaciones de las fusionadas se imputan a la resultante, de la fecha de publicación del proyecto común de fusión cuando no es necesaria la junta general de la resultante, de la necesidad de un procedimiento acelerado de fusión, de los extremos que deben verificar las autoridades nacionales y del régimen de participación de los trabajadores.

Respecto de las escisiones transfronterizas, se pregunta acerca de los motivos para llevarlas a cabo, de los problemas que ocasionan así como de los obstáculos y costes con los que se encuentran, acerca de los beneficios que generaría su disciplina por parte de la UE, de los extremos que deberían regularse y si debería ser una disciplina conjunta con la fusión. Por último, también desea conocer el número de escisiones nacionales y transnacionales de los últimos cinco años.

El plazo límite para responder a la consulta es el 1.12.2014.

KEITH RICHARDS I L’ENSENYAMENT DEL DRET MERCANTIL

Posted by Carles Górriz López

Mentre estava preparant les classes i els materials del proper curs aquest estiu, vaig recordar l’autobiografia de Keith Richards, el famós guitarra dels Rolling Stones, titulada Vida (Ediciones Península, 2010) que havia llegit feia temps i que m’havia agradar molt. Vaig repassar algunes parts que tenia assenyalades i vaig descobrir que alguna de les seves experiències es podien aplicar a l’ensenyament del Dret mercantil, la matèria que imparteixo a la universitat. No, no em refereixo al sexe, drogues i rock’n’roll (de moment), si no a altres valors d’en Richards que es posen de relleu en el llibre.

Life_by_Keith_Richards

El primer d’elles és la passió. El guitarra dels Stones era i és un apassionat de la música. Resulta extraordinària l’anècdota inicial de la obra en la que explica com, durant un viatge iniciàtic pels Estats Units, van estar a punt de ser apallissats en un club de rythm and blues. Van entrar en ell atrets per la música i es van quedar encisats sense adonar-se’n de que era un club de negres que miraven amb odi aquells blanquets que s’endinsaven al seu territori sense permís. Per sort els van veure tan embadalits per aquells sons que els van deixar tranquils. Doncs bé, crec que la passió és un element essencial del docent. Els grans mestres ho són a temps complert i estan sempre pensant en com transmetre els seus coneixements, malgrat que pugui estar fent alguna altra activitat. Per això em meravella la diferència lingüística que hi ha entre el català/espanyol i l’italià en aquest sentit. Mentre que en català fem servir el verb “ser”, els col·legues italians afirmen que ells “fan” de professors.

Un altre dels valors d’en Richards és la seva admiració pels clàssics del rock i del rythm’n’blues: BB King, T-Bone Walker, Elmore James, Jimmy Reed… Estic convençut de que és una dels elements que em de recuperar. Està molt bé estar a la última i parlar als alumnes de les noticies, articles i llibres més recents. Però les obres clàssiques d’una matèria són essencials pel coneixement: aporten els conceptes bàsics, susciten les qüestions principals i serveixen per entendre la evolució de la matèria i el punt en el que ens trobem. Per això són insustituibles.

L’últim dels valors las que em referiré és el seu afany per aprendre i perfeccionar. Em va encantar llegir com anava canviant el micròfons de lloc per comprovar com variava el so i on els havia de posar per obtenir el resultat desitjat; o la seva explicació sobre la extraordinària Sympathy for the Devil. Evidentment aquesta és una qualitat que tot ensenyant hauria de tenir. Per això, aquest estiu em vaig dedicar -perdonin la referència personal- a reflexionar sobre com preparar els millors juristes i per això vaig pensar en el que la societat actual demana a un graduat en Dret.

En primer lloc crec que és bàsica la trinitat “cerca, anàlisi i exposició”. El jurista ha de saber buscar i trobar lleis, decisions judicials i administratives, formularis, contractes, etc. Un cop localitzats, ha de saber analitzar-los, tot diferenciant el gra de la palla. I ho ha de fer amb un esperit crític, identificant els arguments utilitzats i avaluant el seu mèrit. Però no n’hi ha prou amb això: ha de saber transmetre els resultats als que ha arribat, ja sigui de forma escrita o de forma oral, adequant-se al que espera el seu interlocutor. En aquest àmbit és molt important tenir el major coneixement possible de les noves tècniques de comunicació.

En segon terme, el jurista ha de saber treballar en equip. En una societat tan complexa com l’actual, moltes vegades és impossible cobrir tots els fronts, de manera que només es pot assolir l’objectiu buscat unint esforços. Per això és bàsic aprendre a treballar en equip i assumir diferents rols: bé de gregari, bé de líder.

I què dir de l’anglès? Avui en dia ha deixat de ser un valor afegit per convertir-se en un pressupost. Malgrat que el Dret continua sent essencialment nacional, un jurista ha de dominar la llengua anglesa, sobre tot si aspira a tenir casos importants. Només cal tenir en compte que en una economia tan global com l’actual, bona part dels clients són estrangers i cada vegada hi ha més operacions transnacionals.

En quart lloc, cal estar atent a la realitat que ens envolta; és a dir, ha de conèixer les últimes notícies i tendències, doncs no sé sap mai on pot haver una oportunitat de negoci. I actualment és molt fàcil; n’hi ha prou amb una connexió a internet per estar al dia del que passa a la nostra ciutat, al nostre país i al món en general. Per últim, cal ser proactiu: cal perseguir els teus somnis i interessos perquè normalment ningú en et ve a buscar a casa, per molt bo que siguis.

FOLLETO INFORMATIVO EN LAS VENTAS EJECUTIVAS DE CERTIFICADOS DE ACCIONES

Posted by Carles Górriz López

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea diferencia las ofertas públicas de valores y las ventas ejecutivas de certificados de acciones para afirmar que la obligación de publicar un folleto informativo respecto de las primeras no se aplica a las últimas. Así lo ha mantenido en la sentencia de 17.9.2014 (C-441/12), Almer Beher y otros v Van den Dungen y otros, en la que responde a una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los arts. 1.2.h) y 3.1 de la Directiva 2003/71/CE sobre el folleto en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por el que se modifica la Directiva 2001/34/CE.

Tiene su origen en un litigio entre Almer Beheer Bv y Daedalus Holding BV, por una parte, y Van Den Dungen Vastgoed BV y Oosterhout II BVBA, por otra, en relación con un acuerdo de venta de acciones. Al considerar que el primero lo había incumplido, el Tribunal de Apelación de Hertogenbosch le condenó al pago de 500.000 euros a favor de Van den Dungen. Con el fin de garantizar esa decisión, se decretó el embargo ejecutivo de certificados de acciones en poder Almer Beheer y otros. El Tribunal de Breda ordenó la venta pública y la transmisión de los certificados. Debían enajenarse al mejor postor y el procurador de ejecución debía velar que no se vendieran más de los necesarios para alcanzar la cantidad debida, a la que se sumaban los costes procesales. El Tribunal consideró que no era aplicable el art. 5:2 de la Ley de los Países Bajos sobre Supervisión Financiera; norma que transponía los preceptos de la Directiva en cuestión y que reza: “Se prohíbe en los Países Bajos ofrecer al público valores o admitirlos a cotización en un mercado regulado situado o en funcionamiento en territorio neerlandés, a menos que se publique un folleto sobre la oferta o la admisión aprobado por la autoridad encargada de los mercados financieros o por una autoridad de supervisión de otro Estado miembro”. Almer Beheer recurrió esa decisión y el Tribunal de Apelación de Hertogenbosch la confirmó, lo que determinó que se acudiera al Tribunal Supremo de los Países Bajos. Este órgano judicial formula dos cuestiones perjudiciales sobre la obligación de publicar un folleto en caso de venta ejecutiva de certificados de acciones.

El problema se plantea porque la Directiva 2001/34 no presta atención a las ventas ejecutivas de valores. La razón es que no se trata de operaciones normales del mercado, sino producto de una patología. Hay que tener en cuenta que no es el titular de la acción quien la vende sino un acreedor suyo, que a menudo interviene un procurador de ejecución y que, en esas condiciones, el comprador acostumbra a ser consciente de los riesgos que corre con la operación y paga un precio inferior al valor de mercado usual.

En primer lugar el Tribunal Supremo de los Países Bajos pregunta si el art. 3.1 de la Directiva, que exige la publicación de un folleto antes de la oferta pública de valores, se aplica a las ventas ejecutivas de valores. El TJUE responde negativamente. Antes que nada destaca que la Directiva sobre folletos no se refiere en ningún momento a las ventas ejecutivas de certificados de acciones, aunque la amplitud de la definición del art. 2.1.d) permitiría incluirlas dentro del concepto de “oferta pública de valores”. Por eso analiza si los objetivos de la obligación de publicar un folleto se adecúan a las ventas ejecutivas de certificados de acciones. Esencialmente esos objetivos son la protección de los inversores y el funcionamiento y desarrollo apropiados de los mercados. “Habida cuenta de estos objetivos, con la publicación de un folleto se pretende, por un lado, permitir a los inversores evaluar los riesgos ligados a las operaciones de oferta pública y de admisión a cotización de valores, de tal modo que se les permita tomar una decisión con conocimiento de causa, y, por otro lado, garantizar que el funcionamiento apropiado de los mercados de que se trata no se vea alterado por alguna irregularidad”. Entiende que no se ajustan a las circunstancias de las ventas ejecutivas de valores. Argumenta que no las insta el titular de los valores sino un órgano jurisdiccional en el marco de un procedimiento ejecutivo para dar satisfacción a un acreedor del titular. En cuanto a la protección de los inversores, en una venta ejecutiva normalmente son conscientes de que la finalidad de la operación es satisfacer una deuda del titular de los valores y que se desarrolla en el marco de un procedimiento judicial. En tercer lugar, la obligación de publicar un folleto podría comprometer los objetivos del procedimiento de ejecución: “El cumplimiento de esa obligación no sólo retrasaría la venta ejecutiva y, por lo tanto, el pago al acreedor, sino que generaría costes de elaboración del folleto que deberían deducirse del producto de la venta, con la posible limitación de las posibilidades de reembolso del acreedor”. Por último, la obligación de emitir un folleto en el marco de una venta ejecutiva de valores generaría grandes dificultades. De un lado, existen dudas sobre quién debe elaborarlo y emitirlo; de otro, exige la colaboración de los administradores del titular de los valores.

La conclusión que extrae el Tribunal es que los objetivos de las ofertas públicas de valores no se adecúan a las circunstancias de las ventas ejecutivas de certificados de acciones, por lo que no se puede aplicar a las últimas la exigencia de publicar un folleto informativo.

DERECHO AL OLVIDO VS LIBERTAD DE INFORMACIÓN: EL CASO GOOGLE SPAIN

Posted by Carles Górriz López

El conflicto entre el derecho a la intimidad y las libertades de expresión y de información es un clásico. Piensen en todos los casos en que famosos, pseudo-famosos y particulares han demandado a medios de comunicación para difundir noticias o imágenes pertenecientes a su vida privada. Las nuevas tecnologías, y en particular internet, han revolucionado este tema y han renovado el interés de los juristas. Uno de los últimos casos ha sido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 13 de mayo de 2014 (C-131/12), que enfrentaba el todopoderoso Google con la Agencia Española de Protección de Datos y el Sr. Mario Costeja González.

El origen del fallo radica en la petición del Sr. Costeja, abogado de profesión -¡como no! -, de que La Vanguardia y Google eliminaran datos referentes al embargo de determinados inmuebles que había sufrido a raíz de deudas con la Seguridad Social. Fundamentó su reclamación en que esos hechos, a pesar de ser ciertos, habían pasado hacía mucho tiempo y hoy en día no tenían ninguna relevancia. La Agencia Española de Protección de Datos acogió la petición respecto de Google pero no de La Vanguardia pues la información que proporcionaba su página web estaba amparada por el art. 20 de la Constitución Española, que reconoce la libertad de expresión y de información. Google recurrió ante la Audiencia Nacional y, como ésta tenía algunas dudas sobre la interpretación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, formuló determinadas preguntas al TJUE sobre la interpretación de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos y a la libre circulación de estos datos, que es el referente esencial de la ley española.

La corte europea considera que Google hace un tratamiento de datos personales, pues los motores de búsqueda (google, bing o yahoo por ejemplo) buscan información publicada en internet, la indexan, la almacenan temporalmente y la ponen a disposición de los internautas. Y como el gestor del motor de búsqueda determina los fines y medios de la actividad, se le debe considerar responsable del tratamiento de datos. Se plantea un problema porque el propietario del motor de búsqueda (Google Inc.) tiene su sede en Estados Unidos y, en principio, no le afecta la Directiva. Y la otra empresa demanda, su filial ibérica (Google Spain), se dedica a la promoción y venta de espacios publicitarios, pero no gestiona el motor de búsqueda. No obstante, el Tribunal de Justicia falla su responsabilidad debido a la estrecha relación existente entre las dos actividades: sin la venta de espacios publicitarios no tendría sentido empresarial el motor de búsqueda (“En efecto, en tales circunstancias, las actividades del gestor del motor de búsqueda y las de su establecimiento situado en el Estado miembro de que se trate están indisociablemente ligadas, dado que las actividades relativas a los espacios publicitarios constituyen el medio para que el motor de búsqueda en cuestión sea económicamente rentable y dado que este motor es, al mismo tiempo, el medio que permite realizar las mencionadas actividades”). Además añade que una interpretación restrictiva de la Directiva no permitiría lograr su finalidad, que es garantizar una protección eficaz y completa de las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas -y, en particular, del derecho a la intimidad-.

La cuestión principal era si el Sr. Costeja tenía derecho a que el motor de búsqueda google dejara de ofrecer información sobre los embargos mencionados. Entre otros problemas estaba que los datos proporcionados por el buscador eran ciertos. Sin embargo, el Tribunal le da la razón en virtud del art. 6.1 de la Directiva. Considera que hay derecho a pedir la supresión de los datos personales no sólo cuando son inexactos sino también cuando son inadecuados, no pertinentes y excesivos en relación a los fines del tratamiento de datos, cuando no están actualizados o cuando se conservan durante un tiempo posterior al necesario. Afirma que en estos casos el interés de la persona debe prevalecer sobre el interés del público a encontrar la información. Ahora bien, exceptúa las hipótesis en que la relevancia pública de la persona justifica que se continúe informando sobre las circunstancias personales, aunque ya no sean actuales.

“Ya que el interesado puede, habida cuenta de sus derechos con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados, es necesario considerar, como se desprende, en particular, del apartado 81 de la presente sentencia, que estos derechos prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en encontrar la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el mencionado interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate” (apartado 97). Así pues, el Tribunal de Justicia prima el derecho a la intimidad sobre la libertad de expresión.

Esta concepción ha sido muy criticada en Estados Unido que acusan a la sentencia de atentar contra uno de los pilares del Estado de Derecho, la libertad de expresión. Por ejemplo, Jeff Jarvis, profesor de Ciencias de la Comunicación en Nueva York, califica la decisión de loca y peligrosa (“…insane and dangerous ruling…”) y compara a la corte europea con un tirano que quiere tener el control sobre el conocimiento. También ha sido cuestionada en Europa donde se ha objetado que el TJUE parece haberse olvidado de que el art. 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce la libertad de expresión (Por ejemplo Vassall-Adams, Guy: “Case comment: Google Spain SL, Google Inc v Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja González” en Eutopia Law, de 16.5.2014, quien destaca la importancia de internet para la libertad de expresión).

El Sr.. Javis se equivoca en las formas, pero no en el fondo, a mi modesto entender. No creo que deba prevalecer el derecho a la intimidad sobre la libertad de expresión cuando la información es verdadera, pertinente y relevante. Al menos la sentencia no me ha convencido -imagínense que el Sr. Costeja llega a presidente del TC en unos años: ¿tendría interés la información eliminada?-. La Corte europea debería haberse detenido más en la relación entre los dos principios en conflicto y dar más argumentos para defender la primacía del derecho al olvido. Sobre todo si tenemos en cuenta que el Abogado General Niilo Jääskinen sí lo había hecho en sus conclusiones sobre el caso (25/06/2013) y precisamente a favor de la libertad de expresión, información y empresa.

Sea como sea, lo cierto es que Google tiene trabajo. A principios de julio había recibido más de setenta mil peticiones de supresión de datos personales. La empresa estadounidense ya ha comenzado a responder, aunque no siempre de forma positiva ni rápidamente, lo que ya ha generado las primeras quejas. Hay que tener en cuenta que la eliminación de los datos no es automática sino que Google ha de comprobar si la información a pesar de ser cierta es inadecuada, irrelevante, excesiva en relación a su finalidad u obsoleta. Además, debe valorar si el interés que pueda tener para la opinión pública justifica su mantenimiento. Y por si esto fuera poco, la sentencia del Tribunal de Justicia sólo afecta a la Unión Europea: ninguna obligación impone respecto de la información publicada en el resto del mundo. Así pues, Google elimina la información en las páginas relacionadas con los países europeos, pero no a la de los Estados Unidos (por ejemplo, véase Ball, Joseph: “EU’s right to be forgotten: Guardian articles have been hidden by Google”, en The Guardian, 2.7.2014). Es más, las páginas existen y son accesibles por otras vías; lo único que hace Google es evitar que aparezcan los resultados en su buscador.

Por último, resulta paradójico que una acción destinada a conseguir que se olvidaran determinados datos se haya convertido en uno de los temas jurídicos más comentados en todo el mundo.

EUROPA SACA LOS COLORES AL LEGISLADOR ESPAÑOL

Posted by Carles Górriz López

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sacado los colores al legislador español: su sentencia de 17 de julio de 2014 declara que el art. 695.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) vulnera el ordenamiento europeo. Es cierto que no es la primera vez que esto sucede y que, probablemente, tampoco será la última. También es verdad que no es un hecho excepcional ni exclusivo de España. Al contrario, no es inusual que la corte europea corrija a un legislador nacional por no haber hecho bien su trabajo. Pero el caso que nos ocupa es significativo porque se trata de una ley aprobada para corregir otra que el mismo TJUE había tachado de contraria al Derecho de la Unión. Y en un tema tan sensible como las hipotecas.

Recordemos esa sentencia de 14 de marzo de 2013 (c-415/11), Mohamed Aziz v. Catalunyacaixa (puede encontrarse una valoración sucinta aquí y una referencia a sus consecuencias aquí). El Sr. Aziz no había pagado algunas cuotas del crédito que había solicitado para adquirir su vivienda y Catalunyacaixa ejecutó la hipoteca, quedándose con la casa por el 50% de su valor al resultar desierta la subasta. Sin embargo, antes de que se produjera la adjudicación definitiva, el deudor presentó una demanda solicitando que se declarara la nulidad de una cláusula del contrato de préstamo hipotecario debido a su carácter abusivo. A pesar de que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo se habían pronunciado a favor de la licitud de determinadas cláusulas de estos contratos, el Magistrado Fernández Seijo planteó una cuestión prejudicial ante la corte europea de justicia. Falló que la normativa española era incompatible con la Directiva 93/13/CE sobre las cláusulas abusivas en los contratos con consumidores.

Como no podía ser menos el legislador español reaccionó y aprobó la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Mediante ella modificaba diversas leyes a fin de corregir los defectos denunciados por el TJUE; entre ellas, el art. 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Y llegamos al caso que nos ocupa, que tiene su origen de nuevo en un préstamo hipotecario. Al no cobrar alguna mensualidad, el BBVA inició un procedimiento ejecutivo hipotecario contra los deudores en el que solicita la satisfacción íntegra del préstamo, más los intereses ordinarios y de demora, así como la venta de la finca en subasta pública. Los deudores se opusieron, pero el Juzgado de Primera Instancia hizo caso omiso, lo que provocó que recurrieran en apelación ante la Audiencia Provincial de Castellón. Como tenía dudas sobre compatibilidad del Derecho español con el ordenamiento europeo, la Audiencia formuló una cuestión prejudicial ante la corte europea en Luxemburgo. En particular, tenía dudas acerca de la validez del art. 695.4 LEC pues permite a los acreedores recurrir contra una decisión judicial que acuerda el sobreseimiento del procedimiento ejecutivo o la no aplicación de una cláusula abusiva, pero no contempla la posibilidad de impugnar la resolución que desestima las pretensiones de los consumidores.

El Tribunal de Justicia responde que el art. 695.4 LEC es contrario al Derecho de la Unión Europea pues coloca al consumidor en una situación de inferioridad respecto del acreedor que ejecuta la hipoteca. “En efecto, este desequilibrio entre los medios procesales de que disponen, por un lado, el consumidor y por otro, el profesional, no hace sino acentuar el desequilibrio que existe entre las partes contratantes…”. Por lo tanto, esta disposición vulnera el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial) y el art. 7.1 de la Directiva 93/13/CE.

La corte de justicia aprovecha la ocasión para apuntar otros problemas de la normativa española, a pesar de que no se le había preguntado al respeto. Primero, critica que el art. 552.1 LEC sólo permita que el juez nacional pueda examinar de oficio el carácter abusivo de las condiciones generales. Debería obligarle a hacerlo. Segundo, los artículos 552.1 y 695.1 LEC condicionan temporalmente la posibilidad de oponerse a un procedimiento de ejecución hipotecaria en virtud del carácter abusivo de una de las condiciones generales. No deberían existir límites cronológicos. Y tercero, no es correcto que el procedimiento declarativo que falla que una cláusula de un préstamo hipotecario es abusiva y por tanto nula no tenga repercusión en el procedimiento ejecutivo. No ofrece una protección completa y suficiente al consumidor, pues seguramente no podrá recuperar su domicilio.

Esta decisión no solucionará el problema de la vivienda ni del procedimiento ejecutivo hipotecario. Es posible que comporte la suspensión o la anulación de algunas ejecuciones y obligará al legislador a modificar la LEC (El País informa de que se aprovechará la reforma de la Ley Concursal para ello). Pero pone de relieve dos hechos importantes. El primero es la existencia de un grave problema de técnica legislativa en España. No sé si será ineptitud, dejadez, precipitación o razones más poderosas, pero la situación es preocupante porque está en juego el principio sagrado de la seguridad jurídica y la credibilidad del sistema. El segundo hecho es que los jueces de a pie parecen haberse rebelado contra el legislador. No se limitan a ser la boca muda que pronuncia las palabras de la Ley, como decía Montesquieu. Gracias sobre todo a los instrumentos que proporciona la Unión Europea, ha recuperado la voz y velan por la buena salud del Derecho nacional. Mi más sincero reconocimiento.

UBER

Posted by Carles Górriz López

“Las ciencias avanzan que es una barbaridad”. Aquesta frase que canta don Hilarion a la sarsuela La verbena de la paloma es pot aplicar a Uber, el software d’aplicació mòbil que està revolucionant –per no dir encabritant- el món del taxi. Des de la seva creació al 2009, ha generat polèmica. En un primer moment els taxistes de San Francisco van protestar per que el seu nom original “UberCab” donava lloc a confusió. Un jutjat de Brusel•les la ha prohibit i a Paris no es permet recollir passatgers fins que no passin 15 minuts des de la comunicació. A l’abril d’enguany la Generalitat va obrir un expedient en considerar que podria no complir la normativa sobre el transport de passatgers. Però va ser el passat 11 de juny quan els mitjans de comunicació se’n van fer ressò arrel de la vaga dels taxistes de Barcelona i de Madrid. Molt s’ha escrit des de llavores i algunes afirmacions m’han generat les següents reflexions.

Un dels arguments que s’ha donat per defensar Uber és que constitueix un exemple de la nova “economia compartida” i que els taxistes han d’adaptar-se a l’evolució de les noves tecnologies. És més que discutible. Uber no serveix per compartir les despeses d’un trajecte. Si així fos, no hi hauria res a dir. La web d’aquesta aplicació explica que té per objecte connectar passatgers i conductors professionals i que cobra aproximadament un vint per cent del preu. Es genera així un problema perquè la llei exigeix una autorització tant per realitzar serveis de transport discrecional de persones com per mitjançar en aquest servei. I per si quedés algun dubte, també per l’arrendament vehicles amb conductor. Això significa que tant Uber com els conductors que fan servir aquesta aplicació necessiten la corresponent autorització. I, evidentment, hauran de complir amb les corresponents obligacions fiscals, com qualsevol ciutadà i empresa. Per això, encerten la Generalitat i el Ministeri de Foment en obrir un expedient sancionador contra Uber Tecnologies, la empresa que hi ha darrera l’aplicació, i contra els conductors que la fan servir per a oferir el servei de transport. Una cosa diferent és que aquest expedient arribi a bon port. D’altra banda, no es cert que el món del taxi no s’hagi adaptat a les noves tecnologies. Hi ha aplicacions de telèfons mòbils que permeten aconseguir un taxi. És el cas de Hailo, Mytaxi, Cabify, GooTAxi, By-taxi, Click A Taxi o Join Up Taxi.

També s’ha acusat als taxistes de formar un càrtel. Resulten paradigmàtiques les paraules de Neelie Kroes, la vicepresidenta de la Comissió Europea, al seu blog. Va criticar la decisió d’un jutjat de Brussel•les de prohibir Uber perquè no constituïa una mesura per protegir o ajudar als passatgers si no que la finalitat era mantenir el càrtel del taxi. També em sembla discutible. És veritat que el taxi constitueix un mercat tancat, en el sentit que per entrar en ell cal reunir uns requisits molt exigents; el que fa que els preus d’aquest servei siguin elevats. Però no és menys cert que aquests requisits no són un capritx. Al contrari, estan pensats –en teoria, al menys- per protegir a l’usuari. Persegueixen garantir uns determinats mínims de qualitat i seguretat. I, el que és més important, hi ha una llei que els imposa. Per tant, si es vol obrir aquest mercat, s’haurà de canviar la llei, el que obligarà a valorar quins requisits s’exigeixen per dedicar-se professionalment al transport de persones.

Els taxistes farien bé en repensar la seva estratègia. Ho dic perquè el dia de la vaga va ser quan més descarregues es van enregistrar d’Uber. Sembla doncs que els hi van fer publicitat gratuïta. En segon lloc, l’èxit d’aquesta aplicació rau en el preu: els seus usuaris aconsegueixen pagar menys que el que els hi costaria fer el mateix trajecte en taxi. Es possible que la diferència estigui en les despeses imprescindibles en complir els requisits legals. Però, de totes maneres, els taxistes farien bé en avaluar la situació. I, per últim, han de tenir ben present que la tecnologia mòbil continua avançant i que cal adaptar-se a ella per oferir un millor servei.

* Publicat a Comerç i ciutat, 2014, número 47, pàg. 13

LA MEDIACIÓ CONCURSAL

Posted by Carles Górriz López

1. Introducció

La mediació concursal és una institució preconcursal de recent creació, la finalitat de la qual és aconseguir que el deutor insolvent i els seus creditors arribin a un acord respecte del pagament dels deutes de manera que s’eviti el concurs del primer. Pertany al Dret concursal que es pot definir com aquella part de l’ordenament jurídic que busca solució a la crisi econòmica dels particulars. La seva finalitat es aconseguir la màxima satisfacció dels creditors. Però es difícil de realitzar quant més temps passa sense que es prenguin mesures. Per això la tendència actual és actuar quant abans millor; a ser possible, abans de que s’obri el procediment judicial del concurs. En aquesta línea, al setembre de 2013 es va crear l’acord extrajudicial de pagaments, també conegut com “mediació concursal”. Es tracta de permetre a un empresari insolvent forçar una negociació amb els seus creditors a fi d’aconseguir que li perdonin una part del deute, li donin més temps per pagar o acceptin béns o dret en pagament. La negociació és canalitza a través d’un “mediador concursal”, com l’anomena la llei. Una part important de la doctrina li nega la condició de mediació, atès que el règim de l’acord extrajudicial de pagament s’allunya dels trets que caracteritzen aquell mitjà de solució de conflictes. L’anàlisi del seu règim jurídic ens permetrà pronunciar-nos al respecte.

La mediació concursal està regulada a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en endavant LC); essencialment al Títol X (arts. 231 a 242). Quant a la seva eficàcia, interessa comentar que no s’aplica als crèdits de Dret públic, però sí als que compten amb una garantia real, sempre que el seu titular s’hagi adherit a la negociació informant expressament al mediador concursal. Supletòriament s’aplica la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, sempre que és mantingui que l’acord extrajudicial de pagaments és una mediació. La Ley 5/2012 incorpora la Directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, sobre Certs Aspectes de la Mediació en Assumptes Civils i Mercantils. També cal esmentar el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, doncs desenvolupa la Ley 5/2012.

2. Estatut jurídic del mediador concursal

Convé analitzar l’estatut jurídic del mediador concursal doncs presenta algunes singularitats respecte del règim general. Essencialment es refereixen als requisits per accedir a la professió i a la remuneració. Respecte dels primers, l’art. 233.1 LC exigeix que tinguin els requisits necessaris per esdevenir mediador i per ser administrador concursal. Els primers es troben previstos a l’art. 11 de la Ley 5/2012. En primer lloc, pot ser una persona física o jurídica; però en l’últim cas ha de designar una persona física que compleixi les condicions exigides als mediadors “naturals”. Segon, ha de tenir un títol oficial universitari o de formació professional superior. Tercer, ha d’haver fet cursos de formació específica per al desenvolupament de la tasca de mediador, organitzats per institucions autoritzades. I quart, ha de tenir coberta, mitjançant assegurança o garantia anàloga, la responsabilitat civil que pugui ocasionar la seva actuació. L’art. 27 LC estableix les condicions que han de tenir els administradors concursals i el 28 les prohibicions. Essencialment ha de ser un advocat, economista, titulat mercantil o auditor de comptes, amb cinc anys d’experiència professional i formació especialitzada a l’àmbit concursal.

Així doncs, el mediador concursal ha de ser un advocat, economista, titulat mercantil o auditor de comptes, amb cinc anys d’experiència professional i formació especialitzada a l’àmbit mercantil, que hagi fet els necessaris cursos de formació per adquirir els coneixements i habilitats propis dels mediadors i tingui coberta la seva responsabilitat civil. A més, haurà d’estar inscrit obligatòriament al Registre de Mediadors i Institucions de Mediació (art. 11 RD 980/2013).

La remuneració del mediador concursal presenta importants diferències respecte del règim general. L’art. 15 de la Ley 5/2012 parteix del principi d’autonomia de la voluntat i preveu que les parts en conflicte es repartiran la quantitat al cinquanta per cent, la generació de la qual no depèn del resultat de la negociació. La Disposició Addicional 8.ª LC remet el règim de la remuneració del mediador concursal a la dels administradors concursals. Esdevenen així aplicables l’art. 34 LC i el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el Arancel de Derecho de los Administradores Concursales. El primer aspecte que mereix comentar-se és que no són les parts i el mediador les que fixen la remuneració si no un tercer. El que la llei no aclareix si serà el jutge que ha de conèixer del concurs del deutor o el registrador/notari que nomenen al mediador concursal. Segon, la determinació de la quantia no és lliure. L’art 34 LC fixa els elements que el jutge ha de tenir en compte al establir-la. A més, configura aquesta suma com un màxim, de manera que el mediador mercantil no podrà rebre cap altre pagament, tret de que existeixin circumstàncies excepcionals. Ara bé, la quantitat fixada no és immutable. D’una banda, el jutge pot modificar-la en qualsevol moment del procediment quan concorri justa causa. D’altra, la decisió del jutge pot ser recorreguda en apel•lació. Per últim, la retribució va a càrrec de la massa activa; és a dir, de l’univers de béns i drets del deutor.

3. Actuació del mediador concursal a l’acord extrajudicial de pagaments

1. La negociació de l’acord extrajudicial s’origina amb el nomenament del mediador concursal i la iniciativa correspon al deutor exclusivament. No es necessari el consentiment del creditors ni que la mediació estigués prevista als contractes o negocis que van generar els crèdits deguts. La Llei Concursal preveu que la negociació comença amb una instància del deutor demanant el nomenament del mediador concursal. Els arts. 231 i 232 LC fixen els requisits, límits i prohibicions. D’ells resulta que aquest tipus de mediació està disponible només per a persones físiques que tinguin la condició d’empresari i per a persones jurídiques. Resulta criticable que no es permeti als consumidors acudir a aquest mitjà de solució de conflictes. Quant a les persones físiques, la llei defineix de forma molt ampli la condició d’empresari, de manera que compren també els professionals independents i els autònoms. Han d’estar en situació d’insolvència, que pot ser tant actual com imminent; però el seu passiu no pot superar els cinc milions d’euros. Respecte de les persones jurídiques, la llei exigeix que estiguin en situació d’insolvència actual, que si es declaren en concurs no sigui d’especial complexitat (art. 190 LC), que tinguin líquid suficient per satisfer les despeses de la negociació i que el seu patrimoni i ingressos semblin suficients per arribar a un acord.

El destinatari de la instància serà un registrador mercantil o un notari. Haurà de dirigir-se al primer si el deutor és un empresari individual o una persona jurídica inscribible al Registre Mercantil. En cas contrari serà competent un notari de la població en la que el deutor tingui el seu domicili. L’art. 232 estableix el contingut i la forma de la instància.

2. El registrador o el notari nomenaran al mediador concursal. Ho faran seguint un criteri objectiu: l’art. 233.1 LC ordena triar la persona natural o jurídica que de forma seqüencial correspongui entre les que figurin a la llista elaborada pel Registre de Mediadors i Institucions de Mediació del Ministeri de Justícia. Si el designat accepta el càrrec, el registrador/notari procedirà al seu nomenament i a donar-ne la publicitat corresponent. En particular, comunicarà la designació al jutge competent per conèixer del concurs del deutor, al Registre Mercantil, al Registre Públic Concursal i als restants registres públics que tinguin relació amb el conflicte, així com a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

El nomenament del mediador concursal té gran transcendència doncs la llei li atribueix efectes importants (arts. 5 bis, 15 i 235 LC). Estableix que el deutor pot continuar amb la seva activitat empresarial o professional; però li prohibeix sol•licitar nous préstecs, l’obliga a retornar totes les targetes de crèdit i no li permet utilitzar mitjans electrònics de pagament. Igualment, declara que no podrà ser declarat en concurs de creditors, tret de que la negociació fracassi. Tampoc procedirà l’execució judicials dels béns necessaris per l’exercici de la seva activitat empresarial o professional. S’exceptuen els crèdits que comptin amb una garantia real. A més, els creditors que puguin veure’s afectats per l’acord extrajudicial de pagaments no podran realitzar cap acte destinat a millorar la posició en la que es trobin respecte del deutor. Per últim, aquest no podrà sol•licitar una nou acord extrajudicial de pagament durant un any.

3. El primer que ha de fer el mediador concursal és comprovar l’existència i quantia dels crèdits del deutor. A continuació convocarà als creditors a una reunió per revisar les circumstàncies del pagament dels deutes existents. L’art. 234 LC fixa el contingut, la forma i el moment de la convocatòria. Interessa especificar que el termini màxim per celebrar la reunió és de dos mesos a comptar des del moment en que el mediador concursal accepta el càrrec. Quant als destinataris, s’haurà de dirigir a tots els creditors, inclosos els que comptin amb una garantia real, però no els de Dret públic.

4. El mediador concursal ha de fer la proposta d’acord. En particular, la llei li encarrega la preparació d’uns plans de pagament, viabilitat i continuació. El primer consisteix en oferir als creditors la modificació de les condicions de satisfacció dels crèdits existents; essencialment un quitament i una espera. L’art. 236 imposa uns límits: el quitament no podrà excedir del 25 % de l’import dels crèdits i l’espera de 3 anys. El pla de viabilitat detallarà com es satisfaran els crèdits pendents si s’accepta la proposta, així com les quantitats que percebrà el deutor en concepte de dret d’aliments. I el pla de continuació explicarà com seguirà l’activitat empresarial o professional que exerceix el deutor. La Llei permet que el mediador concursal proposi una dació en pagament; és a dir, oferir determinats béns o drets en pagament dels crèdits existents. Malgrat que es preveu com una alternativa als plans referits, no té perquè ser així: La finalitat i la flexibilitat intrínseca a la mesura prejudicial permet concebre-les com complementaries.

El mediador concursal ha de preparar la proposta d’acord amb el deutor i enviar-la als creditors. Aquests podran adherir-se a ella, rebutjar-la o fer contraofertes, que poden consistir en propostes alternatives o en una modificació de la rebuda. Ara bé, estan condicionades pels límits de l’art. 236. També poden negar-se a negociar. L’art. 236.4 LC exigeix que el mediador concursal sol•liciti la declaració de concurs del deutor quan la majoria del passiu que pugui ser afectada per l’acord extrajudicial decideixi no continuar les negociacions.

5. Els creditors deliberaran i decidiran si aproven o no la proposta d’acord a una reunió que es celebrarà en el lloc, data i hora fixats a la convocatòria. La llei vol garantir l’assistència dels creditors sancionant com a subsidiaris -en cas de que es declari el concurs del deutor- els crèdits els titulars dels quals no assisteixin a la reunió i no hagin comunicat amb antelació la seva adhesió o rebuig a la proposta del mediador concursal. S’exceptuen els crèdits de Dret públic i els que compten amb una garantia real i no s’hagin adherit a la negociació.

Durant la reunió es debatran les propostes i es podran introduir modificacions. Però, a fi de protegir els creditors que s’haguessin adherit a la proposta i no assisteixen a la reunió, l’art. 237 no permet que s’alterin les condicions de pagament de la proposta que s’analitza. Igualment estableix les majories per aprovar l’acord. La regla general és que han de votar a favor creditors que representin el 60% del passiu afectat per l’acord. Si conté una dació en pagament, la majoria s’eleva al 75% i, a més, cal l’aprovació del creditor o creditors que tinguessin una garantia real sobre el bé objecte de la dació. També especifica que aquests percentatges es calculen en funció del passiu que resulti afectat per l’acord.

L’aprovació d’una proposta té gran transcendència doncs comporta la novació dels crèdits anteriors a la publicació de l’apertura del procediment. És a dir, quedaran reduïts, extingits o el seu venciment ajornat conforme als termes de l’acord. L’article 240.1 LC impedeix que s’iniciïn o continuïn les execucions relatives a aquests crèdits. Per a que es produeixin aquests efectes cal elevar el pacte a escriptura pública i que el notari o registrador en donin publicitat tot comunicant-lo al Butlletí Oficial de l’Estat i al Registre Públic Concursal, així com als registres públics de béns afectats. Si la proposta no s’aprova, el mediador concursal sol•licitarà la declaració de concurs de creditors, tret de que el deutor no es trobi en situació d’insolvència.

6. L’art. 239 LC regula la impugnació de l’acord extrajudicial de pagaments. Restringeix les causes a tres: la manca de concurrència de les majories de l’art. 238.1, la superació dels límits respecte del quitament i de l’espera i la desproporció de les mateixes. També restringeix la legitimació activa als creditors que no hagin estat convocats, als que no hagin votat a favor i als que s’haguessin oposat al pacte durant la negociació. El termini és de 10 dies a partir de la data de publicació de l’acord i el procediment l’incident concursal. La sentència podrà confirmar o anular l’acord. En l’últim cas, el mediador haurà de sol•licitar la declaració de concurs, tret de que el deutor no sigui insolvent. La decisió judicial es publicarà al B.O.E. i al Registre Públic Concursal i podrà ser recorreguda en apel•lació.

7. L’acord extrajudicial de pagament no posa fi al procediment ni allibera al mediador de les seves obligacions. La llei li exigeix que supervisi el compliment. Només quan aquest es produeixi de forma íntegra podrà posar fi a la seva activitat, tot fent-lo constar en acta notarial que es publicarà al B.O.E. i al Registre Públic Concursal. En cas d’incompliment, haurà d’instar el concurs de creditors del deutor, sempre que estigui en situació d’insolvència.

4. CONCURS CONSECUTIU

El concurs de creditors presenta diverses especialitats quan és la conseqüència de la negociació d’un acord extrajudicial de pagaments. Ens centrem en les que afecten al mediador concursal. En primer lloc, està obligat a sol•licitar la declaració de concurs del deutor en tres casos: quan sigui impossible arribar a un acord extrajudicial, quan el jutgi l’anul•li en estimar la impugnació i quan s’incompleixi. Segon, el mediador es convertirà en administrador concursal, tret de que concorri justa causa que permeti al jutge nomenar una altra persona. I tercer, les despeses de la negociació extrajudicial i els crèdits generats -i entre ells, la remuneració del mediador concursal- tindran la consideració de crèdits contra la massa. Aquesta qualificació resulta molt beneficiosa pels seus titulars doncs aquests crèdits es paguen al seu venciment, separant de la massa activa els béns i drets necessaris (arts. 84 i 154 LC). La especialitat del concurs consecutiu també afecta a l’apertura de la fase de liquidació, a l’exercici de les accions de reintegració (art. 71 LC) i als efectes de la conclusió (art. 178.2 LC).

5. CONCLUSIONS

L’anàlisi de l’acord extrajudicial de pagaments evidencia que existeixen profundes diferències amb el règim general de la mediació. Destaca l’inici de les negociacions, la designació del mediació concursal i la seva remuneració, doncs xoquen amb els principis de voluntarietat i lliure disposició (art. 6 Ley 5/2012). Igual succeeix amb determinades imposicions de la negociació que col•lisionen amb la flexibilitat que caracteritza aquest medi alternatiu de solució de conflictes.

Ara bé, al meu modest entendre es pot continuar mantenint que es tracta d’una verdadera mediació. La raó es que està present la seva essència: l’acord extrajudicial de pagaments serveix per a que les parts en conflicte, deutor i creditors, arreglin les seves diferències sobre la satisfacció dels deutes. Es cert que la iniciativa correspon exclusivament al primer; però si la majoria del passiu no vol negociar, acaba el procediment. Igualment, tot i que correspon al mediador concursal formular els plans de pagament, viabilitat i continuació, el deutor ha d’estar d’acord. Es més, sembla necessària la comunió entre tots dos per a que la proposta sigui viable i realista. D’aquí que resulti coherent que als creditors correspongui aprovar o no la proposta. També cal tenir en compte la terminologia utilitzada pel legislador (“mediador concursal”), la remissió que l’art. 233.1 fa a la Ley 5/2012, que el RD 980/2013 regula el mediador concursal i que aquesta figura també forma part del Registre de Mediadors i Institucions de Mediació. D’altra banda, l’aplicació supletòria de la Ley 5/2012 a l’acord extrajudicial de pagaments pot facilitar l’exegesi i aplicació del Títol X de la Ley Concursal.

Els desencontres entre el règim general de la mediació s’expliquen, en bona part, pel marc jurídic-econòmic de l’acord extrajudicial de pagaments. Cal tenir en compte que el deutor es troba en una situació d’insolvència que precisa actuació immediata, que la seva contrapart està formada per una pluralitat de persones -els creditors-, a les que cal tractar de forma paritària i que la institució també està pensada per alleugerir la càrrega de treball dels jutges de lo mercantil. Ara bé, no es menys cert que el règim jurídic de la mediació concursal conté múltiples deficiències que precisen la intervenció correctora del legislador. És el cas, per exemple, de la conversió del mediador en administració concursal, doncs posa en crisi el principi de confidencialitat i desincentiva el recurs a la figura examinada.

6. BIBLIOGRAFÍA

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Publicat a MORENO OLIVER, F. X. (Coord.): Bases de mediació, Servei de Publicacions de la UAB, Bellaterra, 2014, 71 a 78.

Lastminute v Ryanair: denigración y bases de datos

Posted by Carles Górriz López

La STS 236/2014, de 7 de mayo de 2014 resulta relevante porque sintetiza la doctrina del Tribunal Supremo sobre el acto desleal de denigración y los requisitos de protección de las bases de datos elaborada en diversas sentencias que resuelven litigios entre Ryanair y agencias de viajes on line. El caso que nos ocupa enfrentaba a Lastminute Network SL, Sociedad Unipersonal con la famosa compañía low cost. La primera había ejercitado diversas acciones de competencia desleal a raíz de unas declaraciones formuladas por el transportista aéreo en 2008 en las que advertía de que no iba a atender las reservas provenientes de agencias on line, a las que acusaba de robar y tomar a los consumidores y cobrar precios desorbitadas. Ryanair formuló reconvención en la que pedía que se condenara a Lastminute por vulnerar sus derechos de propiedad intelectual al extraerse datos de su página web sin su permiso. La primera instancia estimó la demanda y desestimó la reconvención. La AP confirmó la sentencia recurrida y lo mismo hace el TS.

El primer tema que se plantea es si la denigración exige que la identificación de la persona descalificada. La razón es que Ryanair se refirió a las agencias de viajes on line en general, pero a ninguna de ellas en particular. El TS falla negativamente en virtud de la finalidad del art. 9 LCD y de la distinción con la vulneración al honor. Así, afirma que “…el artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal trata de evitar el daño al crédito en el mercado producido a un agente económico. Pero no tiene como última finalidad dar protección a dicho crédito, sino asegurar, por medio de su tutela, el correcto funcionamiento del mercado … la mención a la denominación social de la empresa objeto de la conducta denigratoria resulta secundaria, pues no afecta a la distorsión del correcto funcionamiento del mercado que provoca la conducta denigratoria.” Mantiene así la línea defendida con anterioridad en las decisiones 167/2014, de 7 de abril (Rumbo v Ryanair) y 171/2014, de 9 de abril (Atrápalo v Ryanair), entre otras. Interesa destacar que en esos dos fallos el TS se pronunció sobre el conflicto entre la denigración desleal y la libertad de expresión. A su entender debe resolverse valorando qué derecho protegido es más digno de tutela a la vista de las circunstancias del caso y conforme a las reglas rectoras de cada uno de ellos.

En segundo término, el TS mantiene que es lícita la aplicación de la cláusula general de deslealtad, a pesar de que se ha calificado la actuación de Ryanair como denigratoria. La razón es que constituyen situaciones fácticas diversas. El Tribunal Supremo se había pronunciado en la misma línea, aunque con mayor claridad, en las dos sentencias anteriormente referidas.

Otro de los problemas que se plantea es si está justificada la publicación de la sentencia condenatoria. El dilema es de carácter ontológico; en particular, si su fundamento es resarcitorio o de remoción. La alta autoridad judicial española mantiene que antes de la reforma introducida por la Ley 29/2009 respondía a la primera naturaleza y en la actualidad a la última.

Por otra parte, niega que Lastminute haya incumplido obligación contractual alguna frente a Ryanair al utilizar información de la página web de la compañía de tranpsorte aéreo. La razón es que no existía contrato alguno entre ambos empresarios. Se había pronunciado en la misma dirección en dos sentencias anteriores: 572/2012, 9 de octubre (Atrápalo v. Ryanair) y 630/2012, de 30 de octubre (Ryanair v Edreams).

En relación con las bases de datos, el TS niega que Lastminute haya vulnerado derechos de autor de Ryanair al utilizar información sobre los vuelos que ésta ofrece a sus consumidores. En primer lugar, rechaza que exista una base de datos; a su entender, se trata de un simple programa de ordenador. Pero aunque existiera una base de datos, no merece la protección general de los derechos de autor porque la selección o disposición de su contenido no es original. Por último, considera que Ryanair no puede recabar la tutela del derecho “sui generis” sobre las bases de datos porque la inversión realizada por la compañía low cost iba dirigida a generar u obtener los datos y no la base.

Estas cuestiones habían sido analizadas de forma más clara en dos fallos citados: 572/2012, de 9 de octubre y 630/2012, de 30 de octubre. En ellos el TS se apoyó en la jurisprudencia comunitaria, como es preceptivo, y sobre todo en la sentencia del Tribunal de Justicia de 9.11.2004 (C-444/02), Fixtures Marketing. En ésta puede leerse: “el concepto de inversión destinada a la obtención del contenido de una basede datosdebe entenderse en el sentido de que designa los recursos consagrados a la búsqueda de elementos independientes ya existentes y a su recopilación en la base de que se trate, con exclusión de aquellos recursos utilizados para la propia creación de los elementos independientes.”

Dallas? Nissaga de poder? Joc de trons? No, Pescanova!

Posted by Carles Górriz López

Seguiu “La Riera”? Esteu enganxats a “Joc de trons”, “Breaking bad” o “House of cards”? Gaudíeu de les malifetes de l’Angela Chaning o d’en J.R.? Doncs us proposo una alternativa més real però igual d’enrevessada i interessant: Pescanova! Intriga, “dolents”, lluites de poder i acció (judicial) … Un “Joc de trons” empresarial localitzat a Galicia. Només li falta violència i sexe (o millor dit, no se n’han publicat detalls). Però qualsevol guionista amb una mica d’imaginació solucionaria aquest problema. Us presento la estructura bàsica de les tres temporades de la sèrie. Malgrat que em baso en la informació de la premsa, ha de quedar clar que estic fent ficció … no fos cas que algú es senti al·ludit i es vulgui querellar.

 

La primera temporada portaria per títol “Cau l’imperi”. Començaríem presentant l’empresa. Fundada al 1960, va desenvolupar una tecnologia puntera en la captura i congelació de peix, convertint-se en el líder indiscutible del mercat nacional i internacional. A l’any 1980 Don Manuel, fill d’un dels fundadors, es converteix en president i modernitza l’empresa. A l’any 1985 comença a cotitzar a la Borsa de Madrid i s’expandeix per mig món. Es converteix en una de les joies de la corona gallega, amb una gran relació amb el govern i la banca autonòmica (Bustabad, Lorena: “La Xunta dio ayudas por 44 millones a Pescanova entre 2005 y 2013”, publicat a El País, 11.12.2013).

 

Arrel d’uns accidents a les filials estrangeres, cal finançament addicional i per aconseguir-lo es creen societats instrumentals per fingir vendes i amb les factures sol·licitar bestretes als bancs (“Pescanova pidió a dos gestorías crear sociedades para generar facturas falsas”, ABC, 28.10.2013 i “Pescanova infló facturas falsas hasta en un 12.64% sobre el precio al cliente”, El País, 21.10.2013). L’engany surt a la llum quan l’auditor de la societat es nega a fer un informe favorable i la societat no pot presentar els comptes anuals. La primera temporada s’acabaria amb una escena on el president de la companyia veu com els que fins llavors es feien fotos amb ell ara el fugen (“Feijoo cree que no es razonable rescatar Pescanova con los impuestos de los gallegos”, El País, 15.9.2013).

P.S. Sembla que hi haurà material per una nova temporada. Segons informa El País, el Tribunal Suprem exigeix que processin a Demetrio Carceller, expresident de Damm, per delictes contra Hisenda i blanqueig de capital. A més, l’actual president de la firma considerava la inversió a Pescanova com a estafa (“El presidente de Damm: ‘Pescanova ha sido una puñetera estafa'”, El País, 30.6.2014)

La segona temporada (“Lluita pel tró”) comença amb una reunió entre dos accionistes, don José i don François, en la que acorden fer-se amb el poder de l’empresa. El primer pertany a una família empresarial molt important, amb interessos al món de la cervesa, dels entrepans i de l’aigua mineral i que compta també amb una petita petrolera. El segon representa un fons d’inversió que controla empreses d’alimentació, navilieres i fins i tot un banc (per a qui li costi imaginar-s’ho, se’n podria fer una idea llegint l’article de Ortín, Alberto: “Las familias Carceller y Oetker cogen el timón de Pescanova”, Cinco Días, 13.09.2013). Tots dos comencen a parlar amb la resta d’accionistes per a que els hi donin suport i apoderar-se del consell d’administració.

 

Mentrestant, don Manuel es desfà d’un paquet important d’accions de la societat sense informar als altres administradors ni, el que és més greu, a la CNMV, com exigeix la llei. Arrel de denuncies presentades per petits accionistes i proveïdors que veuen perillar les seves inversions, la Justícia comença a investigar a la cúpula de l’empresa i l’acusa d’haver comès delictes societaris, contra els consumidors, d’estafa i de falsedat (Pérez, Fernando J.: “El juez impone una fianza civil de 1.200 millones a la cúpula de Pescanova”, El País, 3.9.2013). Per si fos poc, s’obre un altre front: es declara l’empresa en concurs de creditors al no poder satisfer els seus deutes.

 

Don José i don François han convençut a la major part del accionariat. Aconsegueixen que es celebri una junta general i en ella executen el cop d’estat empresarial: cessen a don Manuel i els seus administradors i en nomenen un nou consell controlat per ells. Don Manuel jura venjar-se i recuperar l’empresa i presenta una demanda per acomiadament improcedent en la que reclama més de 600.000 euros en concepte d’indemnització. La segona temporada està a punt d’acabar. Però hi ha un últim cop d’efecte: l’Audiència Nacional imputa a don José i al seu pare per frau fiscal (“Ruz imputa a Carceller (Damm) en una trama de fraude fiscal junto a su padre”, El Economista, 11.9.2013 i Grasso, D.: “La Audiencia Nacional levanta la imputación del presidente de Damm, Demetrio Carceller”, www.elcondifencial.com, 2.1.2014).

 

Tercera temporada: “Lluita per la supervivència”. La crisi de l’empresa és molt greu, tant que es dubta de la seva viabilitat. El concurs de creditors avança i les vendes de la companyia continuen baixant (va perdre 719 milions d’euros al 2013 i les seves vendes van baixar un 21%, segons publica Cristina Delgado a El País de 27.5.2013). Els administradors ho intenten tot: renuncien al sou, busquen inversors a Espanya i a l’estranger, proposen un acord als principals creditors i els amenacen amb demanar la liquidació de la companyia. Res de res. S’esgota el temps i per això el consell d’administració decideix presentar a la junta de creditors un conveni preparat per don José i don François: a canvi d’una quita del 80 del deute -és a dir, perdonar entre 2900 i 3000 milions d’euros-, ells injectaran 250 milions d’euros per tal de que la societat surti de la crisi (“Pescanova elige la oferta de Damm para asegurar su viabilidad futura”, La Vanguardia, 14.12.2013). Fracassa. Es liquidarà Pescanova? El jutge concedeix una mica més de temps, el necessari per a que els bancs, que són els principals creditors, facin una contraoferta: quitament del 60% del deute i injecció de 125 milions per part de nous inversors. Evidentment, nomenaran una nova cúpula directiva que pilotarà la reestructuració de l’empresa (“El convenio de la banca para salvar Pescanova logra el respaldo de más del 60% de los acreedores”, Expansión, 30.4.2014 i Delgado, C.: “Pescanova sobrevive a la tormenta”, El País, 1.6.2014). La junta de creditors aprova el conveni i el jutge el ratifica. L’empresa s’ha salvat! S’executa el conveni: la inversió de don José i don François queda reduïda al 1%, amb el que se’ls cessa com administradors i se’ls substitueix per uns de nous, afins a la banca. La sèrie s’acaba amb la imatge de tots dos abandonant el consell d’administradors i de don Manuel anat a declarar a l’Audiència Nacional.