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Ago 01 2012

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el acceso al Registro de la Propiedad español de documentos notariales extranjeros

Posted in General by Rafael Arenas García |

La STS de 19 de junio de 2012 (puede consultarse aquí) pone fin (esperemos) a un debate jurídico que ha tenido ocupada a buena parte de la doctrina y la práctica españolas desde hace casi diez años. En 1984 un notario alemán otorga escritura de compraventa de la mitad indivisa de un apartamento situado en Puerto de la Cruz (Tenerife), reservándose el vendedor el usufructo de la propiedad. Fallecido el usufructario en el año 2002 otro notario alemán elabora una “Certificación de Hechos” que presente ser base para la inscripción en el Registro de la Propiedad español de la transmisión de la propiedad vendida en 1984, así como de la cancelación del usufructo por fallecimiento de su titular.

La inscripción en el Registro de la Propiedad es rechazada y esta denegación de inscripción recurrida ante la DGRN, quien confirmó el no acceso al Registro de la Propiedad español del documento notarial alemán (Resolución de la DGRN de 7 de febrero de 2005). La Resolución de la DGRN fue, a su vez, impugnada ante los tribunales, quienes se pronunciaron en sentido contrario a la DGRN tanto en Primera Instancia (Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Santa Cruz de Tenerife de 2 de marzo de 2006) como en apelación (Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección 4ª) de 22 de noviembre de 2006. Ahora el Tribunal Supremo confirma lo establecido en las instancias inferiores anulándose por tanto definitivamente la Resolución de la DGRN de 7 de febrero de 2005.

Son varios los aspectos que podrían ser analizados en este caso, pero desde la Resolución de la DGRN de febrero de 2005 el punto que se convirtió en el núcleo del debate es el de si los documentos extranjeros, por el hecho de serlo (extranjeros) no tenían acceso a los registros públicos españoles. Pese a que, como digo, el tema podría haberse abordado desde ángulos diversos y de una forma mucho más matizada o sofisticada, la Resolución de la DGRN colocó los términos del debate en este punto tan claro y contundente. A partir de aquí no fueron pocos los comentarios que se hicieron tanto a la Resolución de la DGRN como a las decisiones judiciales que le siguieron (Vid., sin ningún ánimo de exhaustividad: B. Añoveros Terradas, “Effects in Spain of a deed of sale and purchase of a property located in Spain authorised by a German Notary Public: DGRN of 7 February 2005 and 20 May 2005″, Yearbook of Private International Law2005, vol. 7, pp. 277-282; S. Sánchez Lorenzo, “La eficacia registral de las escrituras públicas de compraventa de inmuebles otorgadas ante notario extranjero a la luz de la doctrina reciente de la Dirección General de los Registros y del Notariado, La Ley, núm. 6425, de 20 de febrero de 2006, pp. 1-14; R. Arenas García, “Denegación de la inscripción de un documento en el Registro de la Propiedad español por el hecho de ser extranjero”, AEDIPr, 2005, vol. V, pp. 337-349; id. REDI, 2006, vol. LVIII, núm.. 1, pp. 484-488; ibidem, núm. 2, pp. 989-993; I. Heredia Cervantes, CCJC, 2006, núm. 70, pp. 122-138); comentarios en los que mayoritariamente se insistía en el sinsentido de impedir que los documentos notariales extranjeros accedan a los Registros públicos españoles y, en concreto, al Registro de la Propiedad. La Sentencia del TS de 19 de junio de 2012 confirma que este “cierre registral” a los documentos extranjeros no solamente es imposible desde una lectura correcta de nuestro Derecho civil, hipotecario e internacional privado, sino que también sería contraria a las exigencias derivadas de la libre prestación de servicios regulada en el Derecho de la UE; extremos éste que también había sido destacado por uno de los primeros comentaristas de la Resolución de la DGRN de 7 de febrero de 2005 (vid. S. Sánchez Lorenzo, loc. cit., p. 13).

En resumen, hoy es lo que podríamos llamar un día feliz para el DIPr.: el TS ratifica lo que la mayoría de nuestra doctrina había defendido: no solamente los documentos producidos por Notarios españoles acceden al Registro de la Propiedad español; también los documentos extranjeros pueden ser inscritos. Tiempo habrá en los próximos meses de analizar con detalle una resolución que, como adelantaba, resuelve un caso susceptible de ser estudiado desde ángulos diversos; baste ahora con destacar lo más importante, que no es otra cosa que el fin del peligro de que una perniciosa autarquía documental se enseñorase de nuestros Registros.

Rafael Arenas García


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Jul 17 2012

Orden público y derecho musulmán de la familia en Europa y África del norte

Posted in General by Rafael Arenas García |

Acaba de publicarse la obra colectiva Ordre public et droit musulman de la famille en Europe et en Afrique du Nord, Bruselas, Bruylant, 2012.

Se trata de un interesante trabajo que deriva del proyecto de investigación gestionado por el Institut de Recherche pour le Développement  (IRD) y financiado por la Mission de Recherche Droit et Justice (Ministerio de Justicia de Francia / Centre Nationale de la Recherche Scientifique), y cuyo título era: “Politiques législatives et pratiques judiciaires du statut personnel: la référence à l’ordre public comme standard de régulation et révelateur de conflits de valeurs dans les relations avec les pays  arabo-musulmans”, que se inició en el año 2007. Su principal objetivo era el de detectar de qué manera los jueces y autoridades de determinados Estados europeos (Francia, España y Bélgica) aplican las normas de familia de los Estados de tradición islámica y, a la inversa, las políticas legislativas y prácticas jurisprudenciales de algunos de nuestros vecinos de África del Norte (Marruecos, Egipto y Túnez). Las contribuciones escritas de expertos de cada uno de los países permiten conocer cuáles han sido las prácticas de cada uno de ellos con respecto a las normas o decisiones extranjeras en el ámbito del derecho de familia, identificándose así los valores que cada uno considera integrantes de su orden público. También se abordan las dificultades prácticas derivadas del conocimiento y  prueba del derecho extranjero. El índice de la obra puede consultarse aquí. La contribución relativa al ordenamiento español y a la práctica de nuestras autoridades ha sido elaborada por nuestro compañero M. Gardeñes Santiago (“L’application en Espagne du droit des états de tradition islamique en ce qui concerne le mariage et les crises matrimoniales. Règles de conflit de lois et ordre public”, páginas 279-306).


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Jul 17 2012

Nueva publicación sobre el abuso de derecho en el ordenamiento de la Unión Europea

Posted in General by Miguel Gardeñes Santiago |

La prestigiosa editorial Bruylant, de Bruselas, acaba de publicar en su colección Droit de l’Union européenne, la obra de Raluca Nicoleta Ionescu L’abus de droit en droit de l’Union européenne. Dicha obra encuentra su origen en la tesis doctoral que la autora defendió a principios de 2009 en la Universitat Autònoma de Barcelona, y que se elaboró en el marco de un convenio de cotutela entre la UAB y la Universidad de Toulouse 1 – Capitole. Por parte de la Universidad francesa, el codirector fue el profesor Joël Molinier y, por parte de la UAB, quien suscribe esta nota.

La obra que hoy ve la luz es un trabajo ordenado y sistemático dividido en dos partes claramente diferenciadas. La primera se dedicaría a lo que podríamos llamar el “trabajo de campo”, consistente en la localización y análisis en profundidad de la jurisprudencia sobre el abuso de derecho en diferentes campos del Derecho de la Unión Europea, mientras que la segunda se dedicaría a esclarecer el marco teórico general, que culminaría en la  construcción de un principio general del ordenamiento comunitario.  Ahora bien, la Dra.  Ionescu demuestra convincentemente que las dificultades teórico-prácticas no se terminan con la elevación del abuso de derecho al rango de principio general del Derecho de la UE: se trataría de un principio de contenido variable, en función de las especificidades de los distintos sectores en los que incide, y de su carácter armonizado o no, lo que hace difícil encontrar un régimen jurídico unitario.  Esta posición prudente de la autora se explica por su conocimiento detallado de los distintos sectores sobre los que la jurisprudencia se ha pronunciado, y de sus especificidades, y afortunadamente ello le lleva a huir de la tentación de una aproximación simplista, del tipo “one size fits all”, que podría conducir a resultados indeseables.

También merece destacarse que buena parte del libro se dedica a un fenómeno relativamente nuevo, en comparación con las manifestaciones más clásicas del abuso de  derecho: concretamente, el supuesto en que se invocan normas del Derecho  de la UE –por ejemplo, las que establecen las libertades de circulación- con la  finalidad de esquivar la aplicación de determinadas normas de los Estados miembros. En estos casos, puede producirse un fraude a la ley nacional a través de una  invocación abusiva del Derecho comunitario. Ello podría ocurrir, según la autora, en los ámbitos regidos por el reconocimiento mutuo, planteándose entonces el difícil problema de trazar los límites de lo que sería un ejercicio “normal” del derecho en este contexto. Es claro que el análisis de este tipo de supuestos ofrece un gran interés desde la perspectiva del Derecho internacional privado, precisamente por la constatación de la existencia de supuestos de abuso de derecho con respecto a normas específicamente pensadas para situaciones de carácter transnacional.

En definitiva, el libro de Raluca Ionescu consigue ordenar un fenómeno complejo y que se manifiesta de diversas formas, proporcionándole un marco teórico general.  Su análisis es general (existencia y evolución de un nuevo principio general del Derecho de la Unión Europea) y al mismo tiempo sectorial, porque se examinan minuciosamente las diversas manifestaciones del principio en diferentes sectores normativos.

En conclusión, el tema del abuso de derecho es, sin duda, uno de los más difíciles a los que se enfrenta la dogmática jurídica (véase, por ejemplo, el interesante trabajo de M. Atienza y J. Ruiz Manero, Ilícitos atípicos, Madrid, Trotta, 2000, pp.  33-66), y la respuesta a cuáles sean los contornos del ejercicio “normal” de un derecho no siempre ha sido fácil, por no hablar de las aproximaciones dispares de los distintos sistemas jurídicos nacionales, que la autora también analiza (pp. 362-402). Pues bien, hay que agradecer la valentía de la Dra. Ionescu, que se ha atrevido a tratar un tema “clásicamente difícil” en un contexto complejo y caracterizado por la pluralidad normativa como es el de la Unión Europea.

M. Gardeñes Santiago

Julio de 2012


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Jun 18 2012

Publicación de la Directiva sobre la interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades

Posted in General by Rafael Arenas García |

Se ha publicado la Directiva sobre interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades. Puede consultarse aquí. Para un comentario a la misma nos remitimos a la entrada del blog de Jorge Miquel Rodríguez “Mercantilistas sin ánimo de lucro”.

La elaboración de la Directiva ha venido precedida de la publicación de un Libro Verde (que puede consultarse aquí) que fue objeto de varios comentarios entre los que se incluye uno de la Associació d’Estudis Jurídics Internacionals (AEJI) de la que son miembros los profesores del Área de Derecho internacional privado de la UAB. Aquí puede consultarse un resumen a las respuestas al Libro Verde y aquí la elaborada por la AEJI.

Como se puede apreciar de la lectura de la Directiva resulta que ésta solamente se ocupar de la facilitación en el acceso a la información, sin incidir en el régimen de incorporación de tal información al Registro ni del valor que tiene la inclusión o no de tales informaciones en el Registro Mercantil y equivalentes. Es evidente que esta tarea, que podría tener un gran interés, plantea mayores dificultades que lo en ocasiones se ha denominado “el hierro”; esto es, la adecuación de los mecanismos técnicos para el acceso a la información. Es una tarea pendiente así como la de pulir los problemas de técnica registral que aún plantean las operaciones societarias internacionales.


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Abr 21 2012

El blog “Pedro de Miguel Asensio” premiado

Posted in General by Rafael Arenas García |

Recogemos aquí la noticia que hemos leído en el blog de Federico Garau sobre el premio “Derecho en red” al mejor blog jurídico del año 2011 recibido por el Blog “Pedro de Miguel Asensio”, del catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid Pedro de Miguel Asensio. Nuestra enhorabuena a Pedro por este merecido premio. Los blogs jurídicos han demostrado que no son una rareza o una anécdota, sino un elemento indispensable en el trabajo del jurista. Poco a poco se han ido configurando distintos perfiles en estos blogs y el de Pedro aporta un equilibrio muy meritorio entre la información y el análisis. Ha conseguido encontrar el tono justo que lo convierte en un referente por su originalidad, rigor, amenidad y elegancia. Nos alegramos enormemente de este premio por el reconocimiento que supone a un trabajo muy bien hecho.


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Mar 15 2012

El Anuario Español de Derecho Internacional Privado es reconocida como revista científica excelente por el FECYT

Posted in General by Rafael Arenas García |

Tanto el blog de Federico Garau como de Pedro de Miguel Asensio dan cuenta del reconocimiento recibido por el Anuario Español de Derecho Internacional Privado, que ha sido incluido en la lista de las 31 revistas españolas científicas excelentes por la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad.

Es una muy buena noticia por la que ha de darse la enhorabuena a todos los internacionalprivatistas, a los profesionales del Derecho y especialistas de otras disciplinas jurídicas que utilizan el AEDIPr para difundir sus trabajos, al amplio grupo de profesores que contribuye cada año a su publicación y, muy especialmente, al creador, impulsor y director del AEDIPr, el profesor José Carlos Fernández Rozas.

Dejamos aquí un vídeo del acto de entrega de la distinción a las revistas que la han obtenido este año

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sc56FAM2tiM&feature=share[/youtube]


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Mar 12 2012

Breve nota sobre ciertos aspectos Dipr del Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles

Posted in General by Rafael Arenas García |

El único objetivo de este texto es realizar una cita telegráfica y aséptica (o no) sobre ciertos aspectos de interés para el Dipr sobre la nueva regulación legal sobre mediación civil (RD Ley 5/2012, de 5 de marzo) .

(Preámbulo). Leyendo el preámbulo, y conociendo  más o menos la dilatada tramitación que se ha producido sobre el tema de la mediación civil,  el hecho de, nuevamente, haber superado el período de transposición de la Directiva 2008/52/CE, se presenta más como una coartada que una justificación para recurrir a la figura del Real Decreto Ley para proceder a la regulación legal de la mediación.

(Artículo 2.1). Que nos encontramos ante una norma de transposición de una directiva también se infiere  de la lectura del articulado. En una lectura paralela de ambos textos (Directiva versus RDL) podemos encontrar multitud de frases que, total o parcialmente,  son copias literales.  La fidelidad con la que, a veces, el legislador patrio pretende incorporar las Directivas UE al ordenamiento jurídico español, se convierte a la postre, en un problema de aplicación e interpretación de la norma. Véase simplemente el artículo 2.1 dónde se regula, o pretende regular, el ámbito de aplicación de la norma.

(Artículo 3.1) En  el artículo 3.1, más o menos,  se extrapola la definición de la directiva de conflicto transfronterizo intracomunitario a todo conflicto transfronterizo. Ello no plantearía mayor problema si no fuera porque en el apartado siguiente, artículo 3.2, se precisa que en el caso de que se trate de un litigio transfronterizo intracomunitario el domicilio de las partes se determinará de acuerdo con los artículos 59 y 60 del R 44/01. La malévola conclusión que se podría hacer es que en caso de litigios extracomunitarios la determinación del domicilio de las partes se debería realizar, necesariamente,  a partir de criterios diferentes de los contenidos en los artículos 59 y 60 del R 44/01.

(Artículo 22.3). El carácter ejecutivo del acuerdo alcanzado en un proceso de mediación se conseguirá, con su elevación a escritura pública, debiendo el notario autorizante realizar un control de legalidad exhaustivo (interprétese el inciso final del artículo 22.2). La cuestión es: ¿Impone el artículo 22.3 una obligación de control de legalidad al notario autoritzante español para que el título sea ejecutable, en cualquier Estado más allá de nuestras fronteras? ¿Condiciona el artículo 22.3 que se considere, de acuerdo con el  ordenamiento jurídico español,  título ejecutivo a la escritura notarial? ¿Es de interés lo que regula el artículo 22.3 para el operador jurídico español?

(Artículo 27) Aplaudo la mención que se hace en el apartado primero a la equivalencia de funciones entre autoridades para reconocer  fuerza ejecutiva a acuerdos de mediación transfronterizos; mejorable era la terminología empleada en al apartado tercero al referirse a documento.

Josep Gràcia i Casamitjana


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Feb 20 2012

Traslado de sede social, libertad de establecimiento y fiscalidad

Posted in General by Rafael Arenas García |

La Sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 29 de noviembre de 2011 en el asunto National Grid es interesante. En ella se aborda la forma en la que la libertad de establecimiento afecta a la regulación fiscal de la transferencia de la sede de dirección de la sociedad desde un Estado miembro de la UE a otro. La doctrina que se sienta es interesante tanto para el DIPr de sociedades; sobre todo porque supone una vuelta al supuesto que dio origen a la clásica sentencia Daily Mail; como para el Derecho fiscal, cambiando para las personas jurídicas algunos de los planteamientos hechos por el tribunal respecto a la fiscalidad de las personas físicas (en la Sentencia N, por ejemplo).

Aquí puede consultarse el comentario a la Sentencia que ha elaborado Rafael Arenas y que se publicará próximamente en la Revista Jurídica Española La Ley.

Rafael Arenas


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Jun 15 2011

Ser europeo hoy (In memoriam Jorge Semprún)

Posted in General by Rafael Arenas García |

Aquí se puede leer un artículo de Blanca Vilà Costa (Catedrática de Derecho internacional privado en la UAB y directora del Instituto Universitario de Estudios Europeos (IUEE) en recuerdo de Jorge Semprún.


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Abr 09 2011

La reforma del Reglamento Bruselas I y el Convenio de Lugano: una visión suiza

El pasado 8 de abril de 2011 tuvo lugar en la sede del Instituto Suizo de Derecho Comparado (ISDC) la 23ª Jornada de Derecho internacional privado, organizada por el propio ISDC y por el Centre de droit comparé, européen et international (CDCEI) de la Universidad de Lausana, cuyo director es el profesor Andrea Bonomi. La Jornada, titulada “La révision du Règlement 44/2001 (Bruxelles I): quelles conséquences pour la Convention de Lugano?”, tenía por objeto proceder a un examen de las principales innovaciones introducidas por la Comisión en su propuesta de revisión del Reglamento Bruselas I de 14 de diciembre de 2010 (sobre dicha propuesta, véase la entrada de este blog del día 28 de diciembre de 2010), con la finalidad de determinar hasta qué punto una eventual reforma del Reglamento Bruselas I en la línea planteada por la Comisión podría o habría de tener repercusiones sobre el Convenio de Lugano de 2007, que como es sabido entró en vigor para Suiza el pasado 1 de enero de 2011. Como puso de relieve el profesor Bonomi al inicio de la Jornada, la amplitud de la reforma propuesta y la importancia práctica de las posibles modificaciones al Reglamento Bruselas I obligan a plantearse la oportunidad y conveniencia de iniciar, cuando acaba apenas de entrar en vigor, un nuevo proceso de negociación del Convenio de Lugano, con la finalidad de mantener el tradicional paralelismo entre los regímenes de Bruselas y de Lugano (Convenio de Bruselas de 1968 – Convenio de Lugano de 1988; Reglamento Bruselas I – Convenio de Lugano de 2007).

Para dar respuesta a estos interrogantes, la Jornada se estructuró en base a cuatro grandes bloques temáticos, en línea con las principales innovaciones planteadas por la propuesta de la Comisión. Así, el primer bloque se consagró a lo que la Comisión ha dado en llamar el “funcionamiento del Reglamento en el ordenamiento jurídico internacional”, en particular la extensión de los foros de competencia a los domiciliados en terceros Estados, bien mediante la reforma de las normas existentes, o bien creando nuevos foros específicos para este tipo de demandados (competencia subsidiaria y forum necessitatis). La ponencia de Axel Buhr (Universidad de Lucerna) llevó a cabo un análisis de los foros propuestos por la Comisión, destacando algunos de los problemas que plantean, y se detuvo especialmente en consideraciones relativas a la necesidad o no de mantener el paralelismo entre ambos regímenes. Resaltó que dicho paralelismo debe entenderse como un principio y no como una finalidad en sí misma, y apuntó serias dudas especialmente por lo que respecta a las normas de competencia frente a domiciliados en terceros Estados contenidas en la propuesta: por una parte, en el escenario actual, por las dificultades que puede suponer coordinarlas con el art. 4 del Convenio de Lugano; y por otra, en la hipótesis de una posible revisión del Convenio, porque los objetivos de integración que subyacen en los citados foros (entre otros, garantizar el acceso a la justicia y la aplicación de las normas de la UE de carácter imperativo) difícilmente pueden proyectarse al Convenio de Lugano, ya que dicho instrumento no responde a este tipo de objetivos. En la mesa redonda que siguió a esta ponencia, presidida por Felix Dasser (Universidad de Zurich) y en la que participaron Andrea Bonomi (Universidad de Lausana), Pascal Grolimund (Universidades de Basilea y Zurich) e Ivo Schwander (Universidad de San Galo), se hizo patente el escepticismo que, de cara a una revisión del Convenio de Lugano para alinearlo con un posible futuro Reglamento Bruselas I revisado, se deriva de los problemas que se detectan en la propuesta de la Comisión. El profesor Bonomi resaltó ciertas incoherencias, como por ejemplo que las normas de competencia subsidiaria resultan menos facilitadoras para el acceso a la justicia que las normas autónomas actualmente vigentes en algunos Estados miembros, o el hecho de que el foro de la pluralidad de demandados se limite a los domiciliados en Estados miembros. En todo caso, se dejó claro que el debate del paralelismo (que afecta no sólo al paralelismo normativo, sino también al interpretativo, por cuanto el Tribunal Federal suizo tradicionalmente ha recogido en buena medida la jurisprudencia del Tribunal de Justicia) es un debate de todo o nada: si se decide renegociar el Convenio de Lugano, ha de mantenerse su equivalencia prácticamente total con el texto del Reglamento, no siendo recomendable adaptar sólo algunas de las nuevas soluciones.

El segundo bloque de la Jornada se dedicó a la regulación propuesta en materia de litispendencia, acuerdos de elección de foro y medidas provisionales y cautelares. La ponente Tanja Domej (Universidad de Zurich) expuso con detalle las principales novedades sobre estos tres extremos recogidas en la propuesta de la Comisión, manifestando su postura en general favorable a las grandes líneas de la reforma planteada al respecto. Sin embargo, no dejó de subrayar algunos aspectos negativos en el articulado propuesto: por ejemplo, en materia de litispendencia, la ausencia de sanción para el caso de que el primer tribunal no se pronuncie sobre su propia competencia en el plazo de 6 meses previsto por el art. 29.2 de la propuesta; o en materia de medidas provisionales, la dificultad que supondría proyectar al ámbito del Convenio de Lugano las reglas de coordinación entre el juez cautelar y el juez del fondo del art. 31 de la propuesta, por cuanto se trata de normas que inciden en la soberanía estatal y que por lo tanto encuentran justificación en el ámbito interno a la UE, pero que plantarían más dificultades para su extensión al ámbito Lugano. En la mesa redonda de este segundo bloque, presidida por Anton K. Schnyder (Universidad de Zurich) y en la que participaron Yves Donzallaz (juez federal), Laurent Killias (abogado en Zurich) y Ramon Mabillard (Universidad de Friburgo), se insistió en las críticas a la regulación de la litispendencia y a la eficacia de las disposiciones sobre acuerdos de elección de foro. Frente a las repetidas invocaciones a la soberanía para oponerse a las propuestas de la Comisión, la ponente Domej subrayó que para conseguir una regulación efectiva en el ámbito procesal internacional quizá sea conveniente renunciar a la concepción tradicional de soberanía.

En el tercer bloque de la Jornada, dedicado a la supresión del exequátur, la ponente Dorothee Schramm (abogada en Zurich) efectuó una presentación de la regulación propuesta por la Comisión para la eliminación del exequátur como procedimiento, pero conservando determinados controles. La ponente efectuó una presentación comparativa, en la que se detallaron las principales diferencias entre el régimen actual y el que resultaría en caso de ser aprobada la propuesta en términos de plazos, instancias y autoridades involucradas, y eficacia de eventuales medidas cautelares. El aspecto más criticado fue la dispersión de autoridades potencialmente competentes: el tribunal de origen (art. 45), el tribunal de ejecución (art. 43), y el tribunal del Estado miembro requerido competente para controlar vulneraciones del orden público procesal distintas de las previstas por el art. 45 (art. 46). La mesa redonda de esta tercera sesión, presidida por Alexander R. Markus (Universidad de Berna) e integrada por Francesco Trezzini (juez cantonal del Tesino), Daniel Staehelin (Universidad de Basilea) y Corinne Widmer Lüchinger (Universidad de Basilea), expresó una visión favorable a la supresión del exequátur como procedimiento, pero mucho más crítica con la regulación propuesta para los controles a los que puede someterse la resolución, especialmente en lo relativo a la dispersión de autoridades. Por ejemplo, el juez Trezzini insistió en la necesidad de incrementar la información al acreedor para facilitar la ejecución, y por su parte la profesora Widmer Lüchinger se mostró escéptica con la supresión del control del orden público material.

El cuarto y último bloque de la Jornada se ocupó del complejo tema de las relaciones entre el Reglamento Bruselas I y el arbitraje. La ponencia de Sébastien Besson (abogado en Ginebra) repasó la evolución que ha sufrido la exclusión del arbitraje del ámbito material del Reglamento en lo relativo a su interpretación doctrinal y jurisprudencial, hasta llegar al asunto West Tankers. Frente a esta confusión, el ponente celebró que la Comisión decidiera tomar cartas en el asunto y alabó la originalidad del art. 29.4 de la propuesta, así como el hecho de que se enfrente a uno de los problemas más frecuentes y espinosos en este ámbito: la existencia de procedimientos paralelos. Sin embargo, no dejó de subrayar algunos problemas planteados por la propuesta: por ejemplo, que puede dar pie a comportamientos abusivos; que carece de una reserva para los supuestos en que la cláusula compromisoria sea manifiestamente nula; o que establece un régimen diferenciado para las materias que son objeto de foros de protección de parte débil, lo que podría llevar a plantear si debe restringirse la arbitrabilidad de dichas materias. Finalmente, el ponente comparó el art. 29.4 de la propuesta con el proyecto de reforma del art. 7 de la Ley suiza de DIPr, que prevé añadir a dicha disposición un segundo apartado que va en una línea similar a la de la propuesta de la Comisión. La mesa redonda que siguió a la última ponencia, presidida por Gabrielle Kaufmann-Kohler (Universidad de Ginebra) y en la que participaron Daniel Girsberger (Universidad de Zurich) y Alexander R. Markus (Universidad de Berna), se hizo eco de varias críticas respecto de la propuesta de la Comisión, especialmente en tanto que de facto comporta para el juez del Estado miembro en el que no se encuentre la sede del arbitraje una obligación de reconocimiento automático de la resolución arbitral en la que se establezca la existencia, validez o eficacia de la cláusula compromisoria. La profesora Kaufmann-Kohler remarcó que, pese a sus defectos, el art. 29.4 de la propuesta es mejor que la actual ausencia absoluta de regulación; sin embargo, a la vista de los problemas de coordinación que se producirían entre el Reglamento Bruselas I y el Convenio de Nueva York de 1958, defendió que esta materia debería regularse mediante un instrumento de alcance universal, y no meramente al nivel de la UE.

Las actas de la Jornada serán publicadas por el ISCD en otoño de 2011.

Crístian Oró Martínez


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