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Gen 02 2011

El Reglamento Roma III: la nueva regulación de la ley aplicable a la separación judicial y al divorcio

Dr. Rafael Arenas García/Dr. Crístian Oró Martínez

Universitat Autònoma de Barcelona

I. Introducción

El 29 de diciembre se publicaba en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento 1259/2010 del Consejo de 20 de diciembre de 2010 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y la separación judicial (DO, núm. L 343 de 29 de diciembre de 2010). Se trata de un texto de singular relevancia ya que aunque no es pionero en la regulación por parte de la UE del Derecho aplicable, ya que Reglamentos anteriores habían incluido normas de conflicto de leyes (el Reglamento 1346/2000 en materia de procedimientos concursales y el Reglamento 4/2009 en materia de alimentos, por ejemplo, en este último caso por la incorporación de las soluciones del Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias); se nos antoja que la importancia práctica de este Reglamento 1259/2010 y su impacto en los sistemas jurídicos de los Estados miembros [no todos los Estados miembros de la Unión necesariamente, ya que el Reglamento es fruto de una cooperación reforzada en la que participan actualmente Bélgica, Bulgaria, Alemania, España, Francia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia (vid. Considerando 6)] será mayor que la que tienen otros instrumentos. Las crisis matrimoniales internacionales tienen una importancia práctica cada vez mayor, y prueba de ello es el eco que han tenido en los medios de comunicación no especializados los trabajos que han conducido al Reglamento que aquí comentamos. En el caso español basta repasar la crónica de jurisprudencia de la REDI o del AEDIPr para darse cuenta de la relevancia que el régimen de las crisis matrimoniales internacionales tiene en nuestra jurisprudencia; cualquier modificación de dicho régimen tendrá consecuencias prácticas destacables y la que aquí nos ocupa no es menor, desde luego.

Para darse cuenta de su transcendencia basta con considerar que la regulación de la Propuesta sustituirá parcialmente (y ahora explicaremos lo de “parcialmente”) al art. 107 CC. Si la relativamente reciente reforma de éste justificó unos cuantos comentarios y artículos es razonable calcular el impacto que tendrá esta nueva alteración, significativa en cuanto a su contenido, como veremos, en el régimen de las crisis matrimoniales internacionales.

La incidencia del Reglamento 1259/2010 será considerable, además, precisamente por su carácter parcial. El Reglamento no se ocupa de todas las cuestiones vinculadas a una crisis matrimonial, sino solamente de lo que se refiere a la disolución o relajación del vínculo. De esta forma, un tribunal español (por ejemplo) que deba conocer de un supuesto de divorcio o separación que esté conectado con diversos ordenamientos deberá aplicar el Reglamento 1259/2010 para determinar el Derecho que regirá el divorcio o la separación; pero seguirá aplicando el art. 107 CC para las consecuencias patrimoniales de la crisis matrimonial, y la normativa del DIPr autónomo que corresponda para la disolución y liquidación del régimen económico del matrimonio y las medidas que deban adoptarse respecto a los hijos. Los alimentos que deban establecerse en el marco de la crisis se regirán por el Derecho designado por el Reglamento 4/2009 (y, por tanto, por lo que establece el Protocolo de La Haya de 2007).

Esta combinación de Derechos en la regulación de una única crisis matrimonial podrá ser fuente de problemas; pero aquí nos bastará con apuntarlos, porque el objeto de estas líneas es tan solo el de hacer una somera presentación de algunos elementos destacados del Reglamento 1259/2010.

II. Ámbito de aplicación

El primero de los aspectos que deben ser comentados es el relativo al ámbito de aplicación del Reglamento. El Reglamento regula la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, excluyéndose la regulación de la ley aplicable a la nulidad matrimonial, lo que resulta adecuado puesto que la ley rectora de la nulidad debería ser, por coherencia, la misa que regula la validez del matrimonio. No existiendo una regulación comunitaria relativa a la validez y celebración del matrimonio no resulta adecuado tampoco la regulación de la ley aplicable a la nulidad matrimonial.

Por otra parte, la regulación se limita, tal como hemos adelantado, a la disolución o relajación del vínculo conyugal, quedan excluidos, de acuerdo con el art. 1 del Reglamento las cuestiones previas que puedan plantearse en relación a la validez del matrimonio o la capacidad de los cónyuges y los efectos de la crisis matrimonial en la responsabilidad parental, los alimentos, las sucesiones o fideicomisos y también se excluyen las consecuencias del matrimonio a efectos patrimoniales. Esta es una cuestión que no estaba bien resuelta en la propuesta presentada por la Comisión. La propuesta estaba inspirada en una anterior del año 2006 que pretendía incluir la regulación de la ley aplicable a la separación judicial y el divorcio en una reforma del Reglamento 2201/2003. Al trasladar la propuesta al ámbito de la cooperación reforzada ya no resultaba posible la modificación del mencionado Reglamento, por lo que lo único que es objeto de regulación es la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial en los supuestos que impliquen un conflicto de leyes (art. 1.1). Sucedía, sin embargo, que como el origen de la propuesta estaba en otra que reformaba el Reglamento 2201/2003 no se incluyó ninguna regulación del ámbito de aplicación, descansando, seguramente en la delimitación del ámbito de aplicación que hace este Reglamento. Esta solución ya no era viable una vez que lo que se pretendía era elaborar un Reglamento nuevo y no simplemente modificar uno ya existente, por lo que la inclusión de este detallado artículo 1 en el texto definitivo resultaba inexcusable, confirmando de esta forma lo que ya se podía intuir: que el Reglamento no se ocuparía de todas las cuestiones vinculadas a una crisis matrimonial, sino solamente de la disolución o atenuación del vínculo matrimonial. Lo que, dicho sea de paso, hace descender varios grados las expectativas que algunos medios de comunicación habían puesto en esta norma, pues cuestiones tales como el reparto del patrimonio común seguirán regidos por la ley que establece el DIPr autónomo del juez que esté conociendo, sin que opere aquí ninguna unificación.

III. Ley aplicable a la separación judicial y al divorcio

Así pues, el Reglamento nos permitirá identificar el Derecho que deberá ser aplicado para decidir sobre la separación o el divorcio, tal Derecho puede ser el de un Estado no miembro, ya que el Reglamento tiene carácter universal (art. 4) y viene concretado en los arts. 6 a 10. De acuerdo con estos preceptos la primera ley que ha de ser considerada es la elegida por las partes. La elección solamente puede operar entre unas leyes determinadas: la ley del Estado de residencia habitual de los cónyuges en el momento en el que se celebra el convenio; la ley del Estado del último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí en el momento en que se celebre el convenio; la ley del Estado de la nacionalidad de alguno de los cónyuges en el momento en el que se celebre el convenio o la ley del foro. Es lógico en esta materia limitar la elección a leyes que presenten un vínculo significativo con el caso, y las designadas por la propuesta de Reglamento cumplen con este requisito; incluida aquí la ley del foro en tanto en cuanto los tribunales de los Estados que participan en la cooperación reforzada habrán determinado su competencia sobre la base de los criterios contenidos en el Reglamento 2201/2003, criterios de competencia que traducen siempre una conexión suficiente entre el litigio y el tribunal competente. Tal como veremos, la posibilidad de elegir la ley del foro plantea problemas específicos en el caso de España, por tratarse de un Estado plurilegislativo, pero estas dificultades serán tratadas en el apartado que se dedique específicamente a la incidencia de la propuesta de Reglamento en los Estados plurilegislativos.

La propuesta de Reglamento incluye también una regulación detallada sobre el momento en el que debe realizarse la elección del Derecho aplicable y la forma en que ha de procederse a dicha elección. En la regulación de estos extremos se introducen algunas remisiones a los Derechos nacionales que quizás puedan plantear algún problema por lo que será necesario seguir en este punto la práctica que se vaya consolidando en los próximos años. Destaca también que se haya incluido en el art. 6 una regulación que recuerda la incluida en el art. 10 del Reglamento Roma I respecto a la ley aplicable a la validez del convenio. La solución del Reglamento Roma I, que es también la del Reglamento 1259/2010, es la de que dicha validez se determinará por la ley que resultaría aplicable en el caso de que el convenio fuera válido la que ha de considerarse para determinar su validez; pero pudiendo cada cónyuge utilizar la ley del Estado en el que tiene su residencia habitual en el momento de interposición de la demanda para fundamentar que no prestó su consentimiento a la celebración del mencionado convenio; aunque se hace la salvedad de que esta posibilidad no operará si de las circunstancias se desprende que sería razonable determinar el efecto de su conducta de acuerdo con la ley elegida en el convenio.

La utilización de la conexión autonomía de la voluntad en materia de crisis matrimoniales responde a un declarado propósito de potenciar la autonomía de la voluntad en esta materia. Ciertamente, esta orientación del legislador de la UE no hace más que ratificar la opción que están siguiendo otros legisladores en Europa; aunque tampoco debe dejar de observarse que la admisión de que el legislador europeo puede utilizar su competencia en materia de conflictos de leyes para potenciar determinadas opciones substantivas implica consentir en que también en aquellos casos en los que dichas políticas no coincidan con las mantenidas por el legislador propio deberá asumirse la limitación que se deriva de la legislación de la UE.

Si no existe una elección de ley de acuerdo con lo previsto en los arts. 5 a 7 del Reglamento el Derecho rector de la separación o el divorcio será el determinado por el art. 8, que prevé la aplicación sucesiva de:

– la ley del Estado en el que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la presentación de la demanda.

– la ley del Estado en que los cónyuges hayan tenido su última residencia habitual, siempre que el período de residencia no haya finalizado más de un año antes de la presentación de la demanda y que uno de ellos aún resida allí en el momento de la presentación de la demanda.

– la ley del Estado de la nacionalidad de ambos cónyuges en el momento de la presentación de la demanda.

– la ley del Estado ante cuyos órganos jurisdiccionales se interponga la demanda.

Se trata de conexiones razonables, que muestran una conexión suficiente con el caso, incluyendo aquí la conexión de cierre del lugar de presentación de la demanda, sobre todo si consideramos que los Estados partícipes en la cooperación reforzada habrán de determinar su competencia a partir de lo establecido en el Reglamento 2201/2003, tal como ya se ha recordado.

Las conexiones se apartan de la filosofía subyacente a la regulación vigente en España, que da prioridad a la conexión nacionalidad sobre la conexión residencia; pero esta última conexión, la residencia, es perfectamente asumible, máxime cuando, como aquí sucede es una “residencia reforzada” en el sentido de que no se aplica nunca la mera residencia de uno de los cónyuges, sino la residencia común o la última residencia común cuando, en este último caso, existen vínculos adicionales de dicha residencia con el matrimonio. Finalmente, la conexión nacionalidad también se encuentra presente, como última conexión antes de la conexión de cierre. Se trata de una conexión tradicional en este ámbito que no ha de presentar problemas cuando, como sucede aquí, no se trata de la nacionalidad de uno de los cónyuges, sino la nacionalidad común.

Destaca también favorablemente que se hayan concretado temporalmente las conexiones, lo que favorece la seguridad jurídica.

El art. 9 del Reglamento introduce una regla (que no estaba en la Propuesta presentada por la Comisión) específica para los supuestos de transformación de la separación en divorcio. En estos supuestos la ley que se haya aplicado a la separación regirá también el divorcio, salvo que las partes hayan convenido otra cosa o que la ley aplicada a la separación no prevea la transformación de la separación en divorcio. En este último caso se aplicará la ley elegida por las partes de acuerdo con el art. 5 y en defecto de tal elección la ley que resulte de la aplicación del art. 8.

El art. 10 del Reglamento incluye una regulación que se asemeja en gran medida a la letra c) del art 107.2 del CC. De acuerdo con este art. 10, se aplicará la ley del foro cuando el Derecho que resulte de los arts. 5 a 8 no contemple el divorcio o no conceda a uno de los cónyuges, por motivos de sexo, igualdad de acceso al divorcio o a la separación judicial. Se trata de una previsión que se ha de valorar positivamente en el Derecho español y que debe recibir la misma valoración positiva en la Propuesta de Reglamento. Hemos de diferenciar, sin embargo, entre los dos supuestos regulados: los Derechos que no contemplen el divorcio, por un lado; y por otro lado, los casos en los que la regulación discrimine en función del sexo.

En el último de estos supuestos, el art. 10 opera de una forma redundante respecto a la cláusula general de orden público (art. 12), ya que una regulación que establezca discriminaciones en función del sexo habrá de ser considerada como contraria al orden público, al menos desde la perspectiva del Derecho español y, probablemente, de todos los Estados que participan en la cooperación reforzada. De todas formas, este carácter redundante no convierte a la disposición en inútil, como ha mostrado la práctica española. La modificación del art. 107 CC que introdujo la aclaración expresa de que no debería darse aplicación a los Derechos extranjeros que contuviesen regulaciones discriminatorias fue consecuencia de la solicitud del Defensor del Pueblo, al que habían llegado denuncias relativas a supuestos en los que los tribunales españoles habían aplicado Derechos extranjeros discriminatorios sin atender a su carácter contrario al orden público español. En ese contexto, el recordatorio del art. 107.2 CC tendría una función “pedagógica” que, a su vez, también asume la previsión del art. 10 de la Propuesta. Además, tanto en un caso como en el otro la regulación ofrece la ventaja de identificar el Derecho que resulta aplicado en caso de que el Derecho extranjero designado por la norma de conflicto sea discriminatorio. En ambos casos tal Derecho es el Derecho del foro, lo que resulta lógico; pero no se encuentra expresamente previsto en el art. 12, relativo al orden público.

La previsión de que la ley del foro también se aplicará si el Derecho designado no contempla el divorcio tiene una naturaleza distinta. Aquí nos encontramos con una previsión orientada al favor divortii, materialmente orientada, por tanto, que incide indirectamente en la regulación substancial, dando preferencia a aquéllas que prevean el divorcio sobre las que no lo prevean. Dado que el ordenamiento español regula el divorcio la orientación material de la Propuesta coincide con la propia, por lo que no debería ser fuente de problemas, aunque sí que cabe plantearse si, en general, la actuación comunitaria en materia de Derecho aplicable ha de operar de esta forma materialmente orientada o, por el contrario, limitarse a ofrecer conexiones neutras que no primen unos Derechos sobre otros en función de su contenido.

Finalmente, tal como ya se ha indicado, la propuesta incluye la regulación del orden público (art. 12) y también del reenvío (art. 11). La regulación de estas figuras es la habitual en los instrumentos comunitarios de DIPr: se admite la inaplicación de las disposiciones de la ley designada por el Reglamento cuando sea manifiestamente incompatible con el orden público del foro y se excluye el reenvío, considerando que la remisión que realiza el Reglamento es al Derecho material de cada Estado, no a su DIPr.

IV. Roma III y los Estados plurilegislativos

Los arts. 14 a 16 del Reglamento se ocupan de la problemática derivada de la existencia de Estados plurilegislativos, esto es, en los que coexistan varios ordenamientos que regulen el divorcio y la separación judicial. Así, los arts. 14 y 15 regulan cómo deben solucionarse los supuestos en que las normas de conflicto del Reglamento se remiten, respectivamente, a un Estado plurilegislativo de base territorial o a un Estado plurilegislativo de base personal, mientras que el art. 16 se ocupa de los llamados conflictos internos.

En lo que se refiere a los conflictos internos (art. 16), la soclución es la común en los distintos instrumentos de la UE en materia de DIPr: se exime a los Estados miembros participantes de aplicar las normas de conflicto del Reglamento a los conflictos puramente internos, es decir, que no tengan ningún vínculo con otro Estado.

La problemática derivada de la existencia de Estados plurilegislativos merece un comentario un poco más extenso. En primer lugar, hemos de celebrar que se hubiera modificado sensiblemente el tenor del texto presentado en su día por la Comisión. Allí, en el art. 8.1 de la propuesta, se regulaba la remisión a un Estado plurilegislativo mediante la previsión de un simple sistema de remisión directa, solución criticable, por un parte, porque el Reglamento utiliza en varias de sus disposiciones la conexión nacionalidad, y por otra, porque no da solución a los conflictos interpersonales. Frente a ello, el art. 14 se ocupa de los conflictos interterritoriales partiendo, como principio general, de un sistema de remisión directa en los apdos. a) y b); y estableciendo en el apdo. c), para los casos en que la norma de conflicto utilice la conexión nacionalidad, un triple sistema con carácter alternativo: en primer lugar, un sistema de remisión indirecta; en su defecto, la unidad territorial elegida por las partes; y en su defecto, como cláusula de cierre, la unidad con la que los cónyuges estén más estrechamente vinculados.

Por su parte, el art. 15 establece, para los supuestos de remisión a un Estado plurilegislativo de base personal, un sistema de remisión indirecta y, en su defecto, una cláusula de vínculos más estrechos.

Debe aplaudirse la doble regulación de los arts. 14 y 15, así como el hecho de que se haya tenido en cuenta los problemas que pueden derivarse del uso de la conexión nacionalidad, no sólo mediante la regulación del art. 14.c), sino también en los considerandos 22 (supuestos de nacionalidad múltiple) y 28, que recomienda que cuando las partes escojan como Derecho aplicable el de la nacionalidad de uno de ellos en aplicación del art. 5.1.c), designen también cuál es la unidad territorial cuya ley quieren que se aplique. Sin embargo, choca que el art. 14.c) no otorgue  plena eficacia a esta elección, ya que la misma sólo operará cuando no sea posible utilizar el mecanismos de la remisión indirecta, esto es, cuando el Estado en cuestión carezca de normas de Derecho interterritorial. Dada la preeminencia que el Reglamento otorga a la autonomía de la voluntad de las partes, sería más adecuado respetar también la elección del concreto ordenamiento a utilizar, y reservar la remisión indirecta solamente para los casos en que las partes no hayan realizado tal elección.

Finalmente, cabe señalar que las referencias que las normas de conflicto del Reglamento hacen a la ley del foro [art. 5, apdos. 1.d) y 3, y art. 10] o a la ley del Estado ante cuyos órganos jurisdiccionales se haya interpuesto la demanda [art. 8.d)] parece que en supuestos de Estados plurilegislativos deberán interpretarse, en virtud de lo dispuesto en el art. 14.a), como referencias a la ley del lugar en que tenga su sede el tribunal que conozca de un asunto.

V. Disposiciones transitorias

De acuerdo con lo previsto en ela rt. 18 del Reglamento éste se aplicará a las demandas interpuestas a partir del 21 de junio de 2012. En lo que se refiere a los convenios por los que los cónyuges determinen el derecho aplicable a la separación judicial o al divorcio la regla general es que el Reglamento se aplicará a los celebrados a partir del 21 de junio de 2012; no obstante, también se dará efecto a los celebrados con anterioridad a dicha fecha si reunen los requisitos previstos en los arts. 5 y 7 del Reglamento. Claro está que solamente se les dará efecto en aquellos casos en los que la demanda se interponga después del 21 de junio de 2012, pues en las demandas interpuestas antes de esa fecha el Reglamento no será considerado por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros.


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Des 24 2008

Publicación en el DOUE de la Directiva de retorno

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Se publica hoy en el DOUE (L 348 de 24 de diciembre de 2008) la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

El objetivo de la Directiva es “fijar normas claras, transparentes y justas para establecer una política efectiva de retorno como un elemento necesario de una política migratoria bien gestionada” (Considerando 4). Se aplica a los nacionales de terceros Estados que no sean beneficiarios del régimen comunitario, tal como son definidos dichos beneficiarios en el art. 2.5 del Código de fronteras de Schengen (art. 3.1 de la Directiva).

De acuerdo con la Directiva los Estados deberán dictar una decisión de retorno contra los nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular en su territorio. Esta decisión obligará al destinatario a salir del país, bien de forma voluntaria (en un plazo que ha de oscilar entre siete y treinta días) procediéndose a la expulsión en el caso de que no se realice la salida voluntaria. Los menores no se ven excluidos de la regulación, si bien se prevén normas específicas respecto a los menores no acompañados (art. 10 de la Directiva). Las decisiones de retorno, además, han de ir acompañadas de una prohibición de entrada para el caso de que no se haya concedido un plazo para la salidad voluntaria o no se ha cumplido la obligación de retorno (art. 11).

Las ordenes de retorno han de cumplir con una serie de garantías formales y tienen que poder ser recurridas (arts. 12 y 13 de la Directiva).

En la Directiva también se incluye la regulación de los derechos de los extranjeros durante el plazo para la salida voluntaria y se detalla el régimen de internamiento de dichos extranjeros. Precisamente este régimen de internamiento ha sido uno de los puntos más polémicos de la Directiva, ya que se prevé que pueda alcanzar hasta los dieciocho meses. Bin es cierto que los plazos que establece la Directiva no son mínimos, sino que cada Estado puede fijar plazos de internamiento más cortos; pero no deja de ser preocupante que la norma comunitaria permita plazos tan prolongados de privación de libertad, sin que se excluya la posibilidad de que dicho internamiento pueda realizarse en centros penitenciarios (art. 16.1). Llama la atención también que no se recoja el derecho a una atención sanitaria completa durante el tiempo de internamiento, limitándose la obligación que establece la Directiva a prestar atención sanitaria de urgencia y tratamiento básico de las enfermedades a las “personas vulnerables” (menores, menores no acompañados, personas discapacitadas, ancianos, mujeres embarazadas, padres solos con hijos menores y personas que hayan padecido tortura, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual, tal como las define el art. 3.9 de la Directiva), de acuerdo con lo que establece el art. 16.3.

La transposición de la Directiva debe realizarse antes del 24 de diciembre de 2010, excepto en lo que se refiere a las disposiciones sobre asistencia jurídica gratuita previstas en el art. 13 de la Directiva, cuyo plazo de transposición se extiende hasta el 24 de diciembre de 2011.

No deja de resultar curioso, tal como destaca Eduardo Rojo (http://eduardorojoblog.blogspot.com/2008/12/la-directiva-de-retorno-en-el-diario.html), que se haya elegido, precisamente, el Día de Nochebuena para publicar esta norma.

Rafael Arenas


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Jul 24 2008

La ley aplicable al divorcio en debate en el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores de 25 de julio de 2008

Posted in Divorcio, Legislación |

Un artículo interesante del EUObserver sobre el debate entorno a la ley aplicable al divorcio y una posible cooperación reforzada :

Nine EU states are getting ready to reinforce their legal co-operation at the EU level by agreeing a common divorce law, by-passing Sweden’s veto and posing questions about a “two-speed Europe.”

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Jun 09 2008

Resultados del Consejo de Justicia y Asuntos Interiores de 6 de junio de 2008

Posted in Legislación, Roma I |

“The Council (JHA) took today important decisions in the field of civil law matters at its meeting in Luxembourg. These decisions relate to a Regulation harmonising conflict of law rules concerning contractual obligations, maintenance obligations, applicable law in matrimonial matters, protection of children (the Hague Convention), recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters (replacement of the Lugano Convention) and the external dimension of civil law.
As a result, the European judicial cooperation will improve and European citizens will have an easier access to justice in the European space of justice, liberty and security.”

Factsheet.

Raluca Ionescu


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Jun 02 2008

Proyecto de Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

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Con fecha 30 de mayo de 2008 en el Boletín Oficial de los Cortes Generales ha sido publicado el Proyecto de Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Uno de los objetivos de la modificación es la incorporación en la legislación española de la Directiva 2005/56/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital. Se establecen normas especiales que regulan el traslado del domicilio de sociedades mercantiles españolas al extranjero y el traslado a territorio español del domicilio de sociedades constituidas conforme a la ley de otros Estados. Las modificaciones tienen como objetivo facilitar la movilidad societaria y promover la integración del mercado comunitario. Por “modificaciones estructurales” el Proyecto de Ley entiende “aquellas alteraciones de la sociedad que van más allá de las simples modificaciones estatutarias para afectar a la estructura patrimonial o personal de la sociedad, y que, por tanto, incluyen la transformación, la fusión, la escisión y la cesión global de activo y pasivo y, en sentido amplio, el traslado internacional del domicilio social.”

En el Proyecto de Ley el legislador nacional permite que la sociedad traslade en bloque todo su patrimonio a otra u otras entidades mercantiles por sucesión universal a cambio de una contraprestación diferente de acciones, participaciones o cuotas del cesionario. Se regulan con especial atención los aspectos internacionales de la fusión y de la escisión. Además, se introducen modificaciones en el régimen de las aportaciones no dinerarias, la exigencia de informes de expertos independientes y en el régimen de la autocartera y de la asistencia financiera.

Vesela Andreeva


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Mai 25 2008

Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles

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La Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles ha sido publicada en el DOUE del 24 de mayo de 2008.

Raluca Ionescu


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Mar 17 2008

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con respecto a la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles

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El 22 de octubre de 2004, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y comerciales. La finalidad de la Directiva propuesta es facilitar el acceso a la resolución de conflictos y promover el acuerdo amistoso fomentando el uso de la mediación y asegurando una relación dinámica entre mediación y procedimientos judiciales. La propuesta constituye una de las acciones de seguimiento al Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos presentado por la Comisión en 2002 junto con el código de conducta europeo para mediadores, elaborado por una agrupación de partes interesadas con la ayuda de la Comisión y que se lanzó en julio de 2004.

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Gen 29 2008

Creación de un procedimiento prejudicial de urgencia en el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia

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Para responder a una petición presentado por el Tribunal de Justicia el día 11 de julio de 2007, el Consejo ha adoptado el día 20 de diciembre de 2007 una decisión por la cual se modifica el Protocolo del estatuto del Tribunal de Justicia. Asimismo se añade el artículo 23 bis que establece:

El reglamento de procedimiento podrá establecer un procedimiento acelerado y, para las remisiones prejudiciales relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia, un procedimiento de urgencia.

Estos procedimientos pueden prever, para las presentación de las alegaciones u observaciones escritas, un plazo inferior al previsto en el artículo 23 y, no obstante lo dispuesto en el artículo 20, párrafo cuarto, la falta de conclusiones del abogado general.

El procedimiento de urgencia puede prever, además, la limitación de las partes y otros interesados contemplados en el artículo 23, autorizados a presentar alegaciones u observaciones escritas, y, en casos de extrema urgencia, la omisión de la fase escrita del procedimiento.

En el mismo número del Diario Oficial de la Unión Europea (nº L 24 del 29 de enero de 2008), han sido publicadas las modificaciones necesarias del reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia.

Raluca Ionescu


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Gen 19 2008

Últimas modificaciones en la legislación española de Mercado de Valores

El día 20 de diciembre en el BOE se publicó la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Los cambios tienen como objetivo incorporar en el orden jurídico interno tres directivas comunitarias: la Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos financieros, la Directiva 2006/73/CE por la que se aplica la Directiva 2004/39/CE en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva y la Directiva 2006/49/CE sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito. Se introducen un total de 50 nuevos artículos y se modifican un gran número disposiciones, que debido a la modernización y el constante desarrollo de los mercados financieros internacionales, han quedado obsoletos.

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