Àrea de Dret Internacional Privat

Un altre blog Blogs.uab.cat

Archive for the category Jurisprudencia.Novedades

Mar 03 2010

La Unión Europea ya tiene competencias en materia de nacionalidad de los Estados miembros

El pasado 2 de marzo de 2010 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) dictó Sentencia en el asunto C-135/08, Janko Rottmann c. Freistaat Bayern, en el marco de una cuestión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) en relación con una decisión revocatoria de la naturalización en Alemania por parte de un ciudadano de origen austriaco.

El supuesto de hecho deriva de la adquisición, por parte del Sr. Janko Rottmann, nacional austriaco de origen, de la nacionalidad alemana. Como consecuencia de dicha naturalización, el Sr. Rottmann perdió su nacionalidad austriaca. Sin embargo, posteriormente las autoridades alemanas tuvieron conocimiento de que el Sr. Rottmann había ocultado su imputación en un procedimiento penal en Austria, motivo por el cual revocaron la naturalización al considerar que la nacionalidad alemana había sido obtenida fraudulentamente. Esta revocación, que estaba amparada por la legislación alemana sobre nacionalidad, produjo el resultado de que el Sr. Rottmann quedara, en principio, en situación de apátrida, dado que no cumplía los requisitos para recuperar su nacionalidad austriaca de origen. El Sr. Janko Rottmann impugnó la decisión de las autoridades alemanas, alegando que la revocación de su naturalización, al ponerlo en situación de apatridia, contravenía no sólo el Derecho internacional público sino también el Derecho comunitario en cuanto que implicaba la pérdida de la ciudadanía de la Unión.

En este marco, el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Administrativo Federal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

“1) ¿Es incompatible el Derecho comunitario con la consecuencia jurídica de la pérdida de la ciudadanía de la Unión (y de los derechos y libertades fundamentales que confiere), derivada del hecho de que una revocación, en sí conforme al ordenamiento jurídico nacional (alemán), de la nacionalización en un Estado miembro (Alemania) obtenida fraudulentamente mediante falsedad, en concurrencia con la normativa en materia de nacionalidad de otro Estado miembro (Austria) -como sucede en el caso del demandante, debido a la no recuperación de la nacionalidad original austriaca-, conduce a la condición de apátrida?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
¿Debe el Estado miembro (Alemania) que ha nacionalizado a un ciudadano de la Unión y pretende revocar la nacionalización fraudulentamente obtenida, renunciar absoluta o temporalmente, en consideración al Derecho comunitario, a la revocación de la nacionalización, en el caso o en la medida en que de ello se derive la consecuencia jurídica, descrita en la primera cuestión, de pérdida de la ciudadanía de la Unión (y de los derechos y libertades fundamentales que confiere), o bien debe el Estado miembro de la anterior nacionalidad (Austria) interpretar y aplicar o incluso adaptar su Derecho interno, de tal manera que no se produzca dicha consecuencia jurídica? “

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia, declara que “[e]l Derecho de la Unión, en particular el artículo 17 CE [actualmente artículo 20 TFUE], no se opone a que un Estado miembro le revoque a un ciudadano de la Unión la nacionalidad de dicho Estado miembro adquirida mediante naturalización cuando ésta se ha obtenido de modo fraudulento, a condición de que esta decisión revocatoria respete el principio de proporcionalidad.”

Para llegar a dicha conclusión, el Tribunal parte, inicialmente, del principio de de que la determinación de los modos de adquisición y pérdida de la nacionalidad es competencia de los Estados miembros, principio general proveniente del Derecho internacional público y asumido por el Derecho comunitario. Así, el Tribunal cita, por ejemplo, la Declaración nº 2 relativa a la nacionalidad de un Estado miembro, anexa por los Estados miembros al Acta Final del Tratado UE, y su propia jurisprudencia (asuntos Micheletti, Mesbah, Zhu y Chen). Sin embargo, vuelve también a recordar que el hecho de que una materia sea competencia de los Estados miembros no obsta para que, en situaciones comprendidas en el ámbito del Derecho de la Unión, las normas nacionales de que se trate deban respetar este último (así, asuntos García Avello o Schempp, entre otros).

Y, en este punto, el Tribunal –pese a las observaciones en sentido contrario presentadas por los Gobiernos de algunos Estados miembros-, declara de forma terminante (Fundamento nº 42) que “es manifiesto” que una situación como la planteada “está comprendida, por su propia naturaleza, en el ámbito del Derecho de la Unión”, no tratándose de una situación puramente interna. El único argumento utilizado por el Tribunal para dicha afirmación –si es que puede denominarse “argumento”- es la referencia al hecho de que la revocación de la naturalización coloque al interesado en una posición que puede acarrear la pérdida del estatuto de ciudadano de la Unión y los derechos correspondientes al mismo. Por ende, las normativas o decisiones nacionales implicadas están sometidas al control jurisdiccional del Tribunal de Justicia a fin de verificar su compatibilidad con el Derecho de la Unión. En sus conclusiones, el Abogado General Poiares Maduro también había sostenido la conexión con el Derecho comunitario, aunque cabe decir que con una argumentación más trabajada.

En consecuencia, el Tribunal analiza la decisión revocatoria de la naturalización adoptada por las autoridades alemanas, calificándola de legítima al basarse en el fraude cometido por el interesado y responder a un motivo de interés general (proteger la relación especial de solidaridad y de lealtad entre el Estado y sus nacionales). Dicha legitimidad quedaría corroborada por los convenios internacionales en materia de derechos humanos y de nacionalidad. En este punto, cabe señalar que el Tribunal “fiscaliza” la decisión revocatoria alemana en sí misma, es decir, en tanto que manifestación de las normas alemanas sobre adquisición y pérdida de la nacionalidad alemana, y al margen de que lleve o no aparejado el efecto de privar al interesado del estatuto de ciudadano de la Unión. Ello se desprende del hecho de que, después (Fundamento nº 54), el Tribunal añade que las mismas consideraciones sobre la legitimidad de la decisión “siguen siendo inicialmente válidas cuando la revocación tiene como consecuencia que la persona afectada pierda, además de la nacionalidad del Estado miembro de naturalización, la ciudadanía de la Unión”.

Sin embargo, y ante el eventual efecto de que la decisión revocatoria estatal lleve aparejada la pérdida del estatuto de ciudadano de la Unión, el Tribunal de Justicia añade otro parámetro de valoración: el principio de proporcionalidad (Fundamentos nº 55 a 58). Según el Tribunal, el órgano jurisdiccional nacional debe comprobar, al dictar una decisión revocatoria de la naturalización, si dicha decisión respeta el principio de proporcionalidad en lo que respecta a las consecuencias (concretas) que implica para el interesado y su familia la pérdida de sus derechos derivados de la ciudadanía de la Unión. El Tribunal cita, entre las circunstancias a tener en cuenta por el órgano nacional, la gravedad de la infracción cometida por el afectado, el tiempo transcurrido entre la naturalización y la decisión revocatoria, o la posibilidad de que el interesado pueda recuperar su anterior nacionalidad. Y, además, el Tribunal añade dos indicaciones: primero, que el hecho de que el afectado no haya recuperado la nacionalidad de su Estado miembro de origen no obliga al Estado de la naturalización fraudulenta a abstenerse de revocar la naturalización, y, segundo, que, con todo, el principio de proporcionalidad exigiría al órgano nacional valorar si debe aplazarse la efectividad de dicha decisión revocatoria, a fin de conceder al interesado un plazo razonable para intentar recuperar su nacionalidad de origen.

Respecto a la segunda de las cuestiones prejudiciales, el Tribunal se limita a señalar que no puede pronunciarse sobre la misma en tanto que las autoridades austriacas no habían tomado una decisión definitiva sobre la pérdida (o no) de la nacionalidad austriaca. Sin embargo, sí deja claro que los principios derivados de la presente Sentencia son aplicables por igual tanto al Estado miembro de la naturalización como al Estado miembro de la nacionalidad de origen. Es decir, lleva implícita la indicación de que toda decisión final que adopten las autoridades austriacas sobre la pérdida de la nacionalidad austriaca por parte del Sr. Rottmann deberá pasar, igualmente, por el filtro del principio de proporcionalidad tal como lo define el Tribunal en esta Sentencia.

Estamos seguros de que la presente Sentencia merece un análisis más extenso y profundo, análisis que excede a las pretensiones de este blog. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que, con esta Sentencia, el Tribunal entra de lleno en una cuestión que hasta ahora no se había planteado: la posibilidad de que el Derecho comunitario incida en la regulación por parte de los Estados miembros de los modos de adquirir, perder y recuperar su propia nacionalidad. Hasta el momento (asunto Micheletti), el Tribunal se había ceñido a deducir del Derecho comunitario el principio conforme al cual los Estados miembros no pueden restringir los efectos de la atribución de la nacionalidad de otro Estado miembro estableciendo requisitos adicionales para reconocer dicha nacionalidad en orden al ejercicio de las libertades fundamentales previstas en el Tratado. Con esta Sentencia, en cambio, el Tribunal proyecta el Derecho comunitario sobre la regulación de la propia nacionalidad de un Estado miembro, apuntando unas posibles limitaciones a la competencia legislativa estatal en esta materia, limitaciones que derivarían directamente del Derecho de la Unión y que de momento giran en torno al principio de proporcionalidad. Habrá que ver el alcance que ello puede tener en un futuro.

Milagros Orozco Hermoso


No hi ha comentaris

Des 23 2008

Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2008, asunto C‑161/07

Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 43 CE, al haber exigido, para la inscripción de las sociedades en el registro mercantil a petición de los nacionales de los Estados miembros que se adhirieron a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, a excepción de la República de Chipre y de la República de Malta, (en lo sucesivo, «ocho nuevos Estados miembros»), la determinación de su condición de autónomos por el Arbeitsmarktservice (Servicio de empleo; en lo sucesivo, «AMS») o la aportación de una exención del permiso de trabajo.

El artículo 24 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión (DO 2003 L 236, p. 33; en lo sucesivo, «Acta de adhesión») establece que los anexos correspondiente establecen en particular, en su punto 2, párrafo primero, que figura bajo el epígrafe «Libre circulación de personas», que los actuales Estados miembros podrán seguir aplicando, hasta el final del plazo de cinco años a partir de la fecha de adhesión, «medidas nacionales […] para regular el acceso de los nacionales [de los nuevos Estados miembros] a sus mercados de trabajo».

La normativa austríaca  artículo 32 bis, en relación con el artículo 1, apartado 2, letras l) y m), de la Ley sobre el empleo de extranjeros (Ausländerbeschäftigungsgesetz), de 20 de marzo de 1975 (BGBl. 218/1975), en su versión actualmente en vigor (BGBl. I, 99/2006; en lo sucesivo, «AuslBG»),  establece que dicha ley se aplicará a los nacionales de los ocho nuevos Estados miembros. El artículo 2 de la AuslBG define el empleo como la realización de una actividad «en el seno de una relación laboral» o «en una relación cuasi laboral». El apartado 4 se requiere

«A la hora de apreciar estas relaciones a efectos del apartado 2, es importante fijarse en el verdadero contenido económico de los hechos y no en su apariencia externa. De esta forma, existirá empleo a efectos del apartado 2 cuando:

1.      un socio de una sociedad de responsabilidad personal e ilimitada, a los fines de lograr los objetivos      sociales, o

2.      un socio de una sociedad de responsabilidad limitada que tenga una participación inferior al 25 % en esa sociedad, realicen para dicha sociedad actividades que habitualmente se ejercen en el seno de una relación laboral, a menos que la Oficina regional del [AMS] certifique, previa petición al respecto y en un plazo de tres meses, que un socio ejerce personalmente una influencia decisiva en la gestión de la sociedad. La carga de la prueba recae sobre el solicitante. Cuando expire el citado plazo, podrá realizarse la referida actividad incluso sin la certificación exigida. Si se denegase la solicitud después de haber expirado el plazo, deberá ponerse fin inmediatamente a la actividad ya comenzada o bien a más tardar dentro de la semana siguiente a la notificación de la certificación.»

Por otro lado, el art. 15 de la AuslBG regula los requisitos necesarios para la concesión de una exención del permiso de trabajo. Dicho precepto está redactado en los siguientes términos:

«(1)      Se podrá conceder a un extranjero que no disponga aún de un permiso de trabajo por tiempo indefinido (artículo 17), una exención del permiso de trabajo, previa la solicitud correspondiente:

1.       si hubiera desempeñado una actividad autorizada durante al menos cinco de los últimos ocho años en el territorio nacional […] y si dispusiera de una autorización legal de establecimiento, […]”

Al considerar que el criterio de distinción entre trabajadores autónomos y trabajadores por cuenta ajena establecido en el artículo 2, apartado 4, de la AuslBG constituye una restricción a la libertad de establecimiento garantizada por el artículo 43 CE, la Comisión dirigió, el 21 de marzo de 2005, un escrito de requerimiento sobre este particular a las autoridades austriacas, que respondieron mediante escrito de 19 de mayo de 2005, en el que negaban cualquier infracción de este último artículo. El 6 de julio de 2006, la Comisión dirigió a la República de Austria un dictamen motivado, en el que instaba a dicho Estado miembro a adoptar las medidas necesarias para atenerse a dicho dictamen en un plazo de dos meses contados a partir de la recepción de éste. El 7 de septiembre de 2006, las autoridades austriacas respondieron al citado dictamen, reafirmándose en su postura.  En consecuencia, la Comisión decide interponer un recurso. La Comisión alega que la obligación establecida en la legislación nacional de que se trata, consistente en exigir a los nacionales de los ocho nuevos Estados miembros que pretendan inscribir una sociedad en el registro mercantil que estén en posesión, bien de una certificación de la AMS en la que se acredite su condición de trabajador autónomo, bien de una exención del permiso de trabajo, constituye una restricción injustificada al ejercicio del derecho de establecimiento.

La República de Austria discrepa las alegaciones de la Comisión y estima que las normas nacionales respetan las disposiciones comunitarias de libre circulación de trabajadores. Sostiene, sin embargo, que  a finalidad de esta disposición es sancionar una práctica consistente en eludir la obligación de autorización previa para el acceso a una actividad por cuenta ajena mediante la creación de sociedades, a través de los dos supuestos que contempla la citada disposición. Alega que la norma reguladora de la carga de la prueba constituye el único método adecuado para verificar si, efectivamente, la actividad desempeñada por un socio es de carácter autónomo, ya que una mera obligación de cooperación no basta para controlar la observancia del citado requisito. En efecto, los interesados no tienen ningún interés en cooperar en aquellos casos en que se hayan eludido las leyes.

El Tribunal de Justicia rechaza la alegación de la República de Austria según la cual la legislación nacional controvertida está comprendida exclusivamente dentro del ámbito de la libre circulación de los trabajadores y, más en concreto, de la excepción transitoria prevista en el punto 2, párrafo primero, de los anexos V a XIV del Acta de adhesión. El Tribunal estima que “… a libertad de establecimiento que el artículo 43 CE reconoce a los nacionales comunitarios implica para estos últimos el derecho a acceder a las actividades por cuenta propia y a su ejercicio, así como a la creación y a la gestión de las empresas en idénticas condiciones a las fijadas por la legislación del Estado miembro de establecimiento para sus propios nacionales (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de marzo de 1999, Centros, C‑212/97, Rec. p. I‑1459, apartado 19, y de 14 de diciembre de 2006, Denkavit Internationaal y Denkavit France, C‑170/05, Rec. p. I‑11949, apartado 20). Dicho de otra forma, el artículo 43 CE prohíbe a cada Estado miembro prever en su legislación, para las personas que hagan uso de su libertad de establecerse en él, condiciones para el ejercicio de sus actividades que sean diferentes de las fijadas para sus propios nacionales (sentencia de 28 de enero de 1986, Comisión/Francia, 270/83, Rec. p. 273, apartado 24)”. Por lo tanto, la normativa nacional es manifiestamente contraria a las disposiciones comunitarias así citadas al obligar tan sólo a los nacionales de los ocho Estados Miembros que se adherieron el año 2004 a  acreditar la inexistencia de una actividad por cuenta ajena mediante la presentación de la certificación prevista en el artículo 2, apartado 4, de la AuslBG o bien de la exención del permiso de trabajo a que se refiere el artículo 15, apartado 1, de esta misma Ley.

En segundo lugar, el TJCE analiza si la supuesta medida de protección está comprendida dentro de la excepción contemplada en el artículo 46 CE, a tenor del cual las medidas discriminatorias sólo podrán estar justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas. La República de Austria invoca un motivo relativo a la protección del orden público, alega que las referidas medidas pretenden esencialmente luchar contra posibles abusos de la libertad de establecimiento, impidiendo cualquier incumplimiento de las normas transitorias aplicables a la libre circulación de los trabajadores, con el fin de salvaguardar el interés de la sociedad austriaca en el correcto funcionamiento del mercado de trabajo y en la igualdad de las condiciones de competencia en el citado mercado.  El Tribunal no acepta tal argumentación sosteniendo que  las razones que pueden ser invocadas por un Estado miembro para justificar una excepción al principio de la libertad de establecimiento deberán ir acompañadas de un análisis de la oportunidad y de la proporcionalidad de la medida restrictiva adoptada por dicho Estado miembro, así como de los datos precisos que permitan corroborar su argumentación.  La República de Austria, además,  invoca en términos generales un riesgo de elusión de las normas transitorias que regulan la libertad de circulación de los trabajadores procedentes de los ocho nuevos Estados miembros por parte de supuestos «falsos autónomos», sin aportar ningún dato preciso que permita acreditar que la posibilidad de tales infracciones a las citadas normas suponga una vulneración real y suficientemente grave de un interés fundamental de la sociedad, es decir, noha acreditado de modo suficiente que la medida prevista en la normativa laboral sea necesaria para la creación de un sistema de autorización general y previa aplicable a todos los operadores afectados de los ocho nuevos Estados miembros ni que la citada finalidad no pueda alcanzarse con medidas menos restrictivas de la libertad de establecimiento.  En consecuencia, el TCJE establece que no está justificada la restricción a la libertad de establecimiento resultante de la legislación nacional controvertida y declara que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 43 CE al haber exigido, para la inscripción de sociedades en el registro mercantil a petición de nacionales de los ocho nuevos Estados miembros, socios de una sociedad personalista o socios minoritarios de una sociedad de responsabilidad limitada, la determinación de su condición de autónomos por el AMS o la aportación de una exención del permiso de trabajo.


No hi ha comentaris

Des 19 2008

Conclusiones del abogado general Kokott en el caso Apostolides- Asunto C-420/07

El caso versa sobre un terreno situado en una zona de Chipre en la que la República de Chipre no ejerce un control efectivo y en la que, por ese motivo, se ha suspendido la aplicación de gran parte del Derecho comunitario. Desde la intervención de tropas turcas en 1974 la isla de Chipre está dividida de hecho en una zona grecochipriota, situada al sur, y una zona turcochipriota, situada al norte. La República de Chipre está reconocida como Estado por la comunidad de naciones a efectos del Derecho Internacional Público y, aunque de iure representa a la totalidad de Chipre, de facto únicamente controla la parte sur de la isla. En el norte se ha proclamado la República Turca de Chipre del Norte, (en lo sucesivo, «RTCN»), reconocida únicamente por Turquía.

Aunque las negociaciones sobre la reunificación, apoyadas por las Naciones Unidas y la UE, no pudieron concluirse satisfactoriamente, la República de Chipre se adhirió en 2004 a la Unión Europea. En un Protocolo especial del Tratado de Adhesión se excluyó la aplicación del acervo comunitario a la parte de la isla sobre la que la República de Chipre no ejerce su soberanía.

A raíz de la división de la isla una gran parte de ciudadanos de ambos grupos de población huyeron o fueron desplazados forzosamente. Muchos de los desplazados reivindican la propiedad de terrenos que fueron obligados a abandonar. Los terrenos abandonados en la RTCN por los grecochipriotas se consideran allí transmitidos al Estado. Las autoridades de la RTCN han transmitido muchos de estos terrenos a particulares. La manera de tratar los derechos de propiedad de los desplazados es una de las cuestiones aún no resueltas en las negociaciones de reunificación.

En este contexto tan delicado se sitúa el litigio entre el Sr. Apostolides y el matrimonio británico Orams. Este matrimonio adquirió un particular un terreno en el norte de Chipre. El Sr. Apostolides, cuya familia tuvo que huir del Norte, reivindica la propiedad sobre dicho terreno. A raíz de su demanda, el Tribunal de Distrito de Nicosia, un tribunal que tiene su sede en la zona grecochipriota, condenó al matrimonio Orams a que desalojara el terreno y pagara determinada cantidad. El Sr. Apostolides ha solicitado el reconocimiento y la ejecución de dicha resolución en el Reino Unido.

La Court of Appeal que conoce del procedimiento de ejecución plantea la cuestión de si los tribunales del Reino Unido están obligados a ello conforme al Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.  Sus dudas se deben, por una parte, a que la resolución se refiere a un terreno situado en una zona de Chipre en la que la República de Chipre no ejerce un control efectivo y en la que, por ese motivo, se ha suspendido la aplicación de gran parte del Derecho comunitario. Por otra parte, al notificar al matrimonio Orams la cédula de emplazamiento en su domicilio situado en el territorio turcochipriota, se produjeron algunas irregularidades.

El Tribunal estima que:

1) La suspensión de la aplicación del acervo comunitario en las zonas de la República de Chipre en las que el Gobierno de la República de Chipre no ejerce un control efectivo, establecida en el artículo 1, apartado 1, del Protocolo nº 10 del Acta de Adhesión de 2003, no impide que un tribunal de otro Estado miembro reconozca y ejecute, sobre la base del Reglamento nº 44/2001, una resolución de un tribunal de la República de Chipre que guarde conexión con la zona no controlada por dicho Gobierno.

2) El artículo 35, apartado 1, en relación con el artículo 22, número 1, del Reglamento nº 44/2001 no faculta a los tribunales de los Estados miembros para denegar el reconocimiento y la ejecución de una resolución dictada por un tribunal de otro Estado miembro cuando dicha resolución se refiera a un terreno situado en una zona de éste en la que el Gobierno de dicho Estado miembro no ejerce un control efectivo.

3) Los tribunales de un Estado miembro no pueden denegar, invocando la excepción de orden público establecida en el artículo 34, número 1, del Reglamento nº 44/2001, el reconocimiento y la ejecución de una resolución cuando ésta, si bien formalmente tiene carácter ejecutorio en el Estado en que se dictó, en la práctica no puede ejecutarse en dicho Estado.

4) El artículo 34, número 2, del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que no puede denegarse el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada en rebeldía por irregularidades en la notificación de la cédula de emplazamiento, si el demandado podía recurrir contra la resolución dictada en rebeldía, los tribunales del Estado en que se dictó la resolución la han examinado en un procedimiento completo e imparcial y no existen indicios de que, en dicho procedimiento, se haya menoscabado el derecho de defensa del demandado.


No hi ha comentaris

Des 19 2008

Conclusiones del Abogado General Kokott en el caso Gambazzi – 18 de diciembre de 2008, Asunto C-394/07

Han sido publicadas las conclusiones del Abogado General en el caso Gambizzi, Asunto C-394/07. El procedimiento versa sobre la interpretación del artículo 27, número 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. El objeto del procedimiento principal es el reconocimiento de una sentencia inglesa dictada después de que el demandado fuera excluido del procedimiento por incumplir una orden jurisdiccional. Este asunto proporciona al Tribunal de Justicia la posibilidad de seguir desarrollando los principios establecidos en particular en su sentencia Krombach sobre el orden público procesal. Se estima que:

32. El Tribunal de Justicia ha expuesto en reiteradas sentencias los rasgos fundamentales de la interpretación de la reserva de orden público consagrada en el artículo 27, número 1, del Convenio de Bruselas.

33. A la hora de su interpretación, el Tribunal de Justicia parte antes de nada del sentido y de la finalidad del Convenio. El Convenio pretende facilitar, en la mayor medida posible, la libre circulación de resoluciones, estableciendo un procedimiento de exequátur simple y rápido. Por tanto, en cuanto obstáculo a la consecución de este objetivo fundamental del Convenio, el artículo 27 debe interpretarse de forma restrictiva.  En particular, la cláusula de orden público que figura en el artículo 27, número 1, del Convenio sólo puede aplicarse en casos excepcionales.

34. El Tribunal de Justicia aclara en este contexto que aunque en principio los Estados contratantes puedan seguir determinando libremente, en virtud de la reserva establecida en el artículo 27, número 1, del Convenio, conforme a sus concepciones nacionales, las exigencias de su orden público, los límites de este concepto son definidos a través de la interpretación del Convenio.  Por consiguiente, si bien no corresponde al Tribunal de Justicia definir el contenido del concepto de orden público de un Estado contratante, sí le corresponde controlar los límites dentro de los cuales los tribunales de un Estado contratante pueden recurrir a este concepto para no reconocer una resolución dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado contratante.

El Tribunal estima que El artículo 27, número 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 debe interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional del Estado requerido puede denegar el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro si tal resolución ha sido dictada en violación manifiesta del derecho fundamental a un procedimiento justo.


No hi ha comentaris

Des 17 2008

Sentencia del Tribunal de Justicia – 16 de diciembre de 2008, Cartesio, Asunto C-210/06

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeos ha dictado el día 16 de diciembre de 2008  sentencia en el caso Cartesio. Dicha sentencia se formuló en el marco de un recurso interpuesto por CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt (en lo sucesivo, «Cartesio»), sociedad con domicilio social en Baja (Hungría), contra la resolución que desestimó su petición de inscripción en el registro mercantil del traslado de su domicilio a Italia.  El Tribunal de Justicia declara que:

1) Un órgano jurisdiccional como el órgano jurisdiccional remitente que conoce de un recurso de apelación contra una resolución dictada por un tribunal competente para la llevanza del registro mercantil que ha desestimado una petición de modificación de una mención en dicho registro debe calificarse de órgano jurisdiccional que ostenta la facultad de formular una petición de decisión prejudicial en virtud del 234 CE, a pesar de la circunstancia de que ni la resolución de ese tribunal ni el examen del referido recurso de apelación por el órgano jurisdiccional remitente tengan lugar en el contexto de un procedimiento contradictorio.

2) Un órgano jurisdiccional como el órgano jurisdiccional remitente, cuyas resoluciones dictadas en un litigio como el litigio principal pueden ser objeto de un recurso de casación, no puede calificarse de órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de recurso judicial de Derecho interno, en el sentido del artículo 234 CE, párrafo tercero.

3) De existir normas de Derecho nacional relativas al recurso de apelación contra una resolución por la que se acuerde una remisión prejudicial, que se caractericen por la circunstancia de que el asunto principal sigue pendiente en su integridad ante el órgano jurisdiccional remitente, siendo objeto de una apelación limitada únicamente la resolución de remisión, el artículo 234 CE, párrafo segundo, debe interpretarse en el sentido de que no puede cuestionarse la competencia que dicha disposición del Tratado confiere a todo órgano jurisdiccional nacional de acordar una remisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia por la aplicación de tales normas que permiten al órgano jurisdiccional que conoce de la apelación reformar la resolución por la que se acuerda plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, dejar sin efecto esa remisión prejudicial y ordenar al órgano jurisdiccional que haya dictado la referida resolución reanudar el procedimiento de Derecho interno que haya sido suspendido.

4) En el estado actual del Derecho comunitario, los artículos 43 CE y 48 CE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro que impida a una sociedad constituida en virtud del Derecho nacional de ese Estado miembro trasladar su domicilio a otro Estado miembro manteniendo su condición de sociedad regida por el Derecho nacional del Estado miembro según cuya legislación hubiera sido constituida.


No hi ha comentaris

Oct 21 2008

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 14 de octubre de 2008 – Grunkin-Paul

Con fecha 14 de octubre el TJCE publica su decisión en el asunto Grunkin-Paul.  El Tribunal de Luxemburgo declara que “El artículo 18 CE se opone, en circunstancias como las del litigio principal, a que las autoridades de un Estado miembro, aplicando el Derecho nacional, denieguen el reconocimiento del apellido de un niño tal como ha sido determinado e inscrito en otro Estado miembro en el que ese niño nació y reside desde entonces, y quien al igual que sus padres sólo posee la nacionalidad del primer Estado miembro.

Vesela Andreeva


No hi ha comentaris

Mai 29 2008

Petición de decisión prejudicial relativa al artículo 1(2)(b) del Reglamento Bruselas I

El día 12 de marzo de 2008 el Högsta domstolen (Suecia) ha invitado el TJCE a pronunciarse sobre los siguientes aspectos (Asunto C-148/08, SCT Industri AB i likvidation / Alpenblume AB):

“¿Debe interpretarse la excepción prevista en el artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento de Bruselas I, relativa a la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos, en el sentido de que incluye una resolución dictada por un tribunal de un Estado miembro (A), relativa al registro de la titularidad de participaciones en una sociedad con domicilio social en el Estado miembro A, titularidad que había sido transmitida por un administrador concursal de una sociedad situada en otro Estado miembro (B), cuando el tribunal ha fundamentado su resolución en que el Estado miembro A, a falta de un convenio internacional relativo al reconocimiento mutuo de procedimientos concursales, no reconoce la facultad de dicho administrador concursal para realizar actos dispositivos sobre bienes situados en el Estado miembro A?”

Raluca Ionescu


No hi ha comentaris

Mai 29 2008

Petición de decisión prejudicial relativa al reglamento nº 1346/2000

El día 9 de abril de 2008 el Juzgado de lo Mercantil de Málaga ha invitado el TJCE a pronunciarse sobre los siguientes aspectos (Asunto C-148/08, Mejnertse):

“A los efectos de los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, dicho Estado ¿debe considerarse Estado miembro de conformidad al artículo 16 del Reglamento (CE) 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia?

El hecho de que dicho Reglamento se sujete a dicho protocolo ¿significa que el citado Reglamento no forma parte de la normativa comunitaria en el citado país?

La falta de vinculación y aplicación del Reglamento 1346/2000 en Dinamarca ¿significa que los demás Estados miembros no aplicarán dicho reglamento para el reconocimiento y ejecución de resoluciones de insolvencia dictadas en dicho país? O por el contrario ¿significa que los demás Estados miembros están obligados, salvo que hubiesen formulado salvedades, a aplicar el citado Reglamento cuando la resolución de insolvencia es dictada en Dinamarca y se pretenda su reconocimiento y ejecución en dichos Estados? En concreto cuando afecta a España”.

Raluca Ionescu


No hi ha comentaris

Mai 25 2008

Sentencia Laboratoires Glaxosmithkline: el artículo 6(1) no se aplica a litigios regidos por las reglas de competencia aplicables en materia de contratos individuales de trabajo

Por una sentencia de 22 de mayo de 2008, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha contestado a la cuestion prejudicial de la Cour de Cassation francesa. La pregunta visa en esencia la cuestión de si la regla de competencia especial enunciada en el artículo 6, número 1, del Reglamento en relación con los codemandados es aplicable a la acción ejercitada por un trabajador contra dos sociedades establecidas en diferentes Estados miembros, a las que el trabajador considera como sus coempleadores.

La cuestión prejudicial se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. Rouard y las sociedades Glaxosmithkline y Laboratoires Glaxosmithkline, establecidas respectivamente en el Reino Unido y en Francia y consideradas por el Sr. Rouard como sus coempleadores en virtud de una cláusula de su contrato de trabajo, a las que el Sr. Rouard reclama el pago de diversas cantidades en concepto de indemnizaciones por despido y por la extinción improcedente del citado contrato.

Continue Reading »


1 comentari

Abr 24 2008

Conclusiones en el caso Grunkin-Paul

El 24 de abril se han publicado las Conclusiones del Abogado General Sharpston en el caso Grunkin-Paul. La conclusiones pueden consultarse en la página web del TJCE.

El caso tiene su origen en la solicitud de dos ciudadanos alemanes -el señor Grunkin y la señora Paul, casados entre si- para que su hijo común, Leonhard Matthias, originariariamente inscrito en Dinamarca con el apellido “Grunkin-Paul”, fuese inscrito también en Alemania con este apellido. Las autoridades alemanas rechazaron dicha solicitud con el argumento de que, de acuerdo con el DIPr. alemán, Leonhard Matthias debía ser inscrito, bien con el apellido Grunkin, bien con el apellido Paul, de acuerdo con lo establecido en el Derecho alemán, aplicable al caso por ser el niño nacional alemán. En este contexto se plantea si la norma alemana es contraria a la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad contenida en el art. 12 del TCE y al derecho de circulación reconocido en el art. 18 del TCE.

El Abogado General concluye que la norma de conflicto alemana no es en sí misma contraria a los arts. 12 17 o 18 del TCE, pero debe ser aplicada teniendo en cuenta el derecho de los ciudadanos comunitarios a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros; en consecuencia las autoridades de un Estado miembro no pueden, al registrar el nombre de un ciudadano comunitario, rechazar automáticamente el reconocimiento del nombre con el que ya ha sido registrado de acuerdo con lo establecido en el Derecho de otro Estado miembro; salvo que dicho reconocimiento pudiera suponer un conflicto con razones primordiales de interés público que no admitieran excepción.

Rafael


1 comentari

Next »