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Abr 09 2011

La reforma del Reglamento Bruselas I y el Convenio de Lugano: una visión suiza

El pasado 8 de abril de 2011 tuvo lugar en la sede del Instituto Suizo de Derecho Comparado (ISDC) la 23ª Jornada de Derecho internacional privado, organizada por el propio ISDC y por el Centre de droit comparé, européen et international (CDCEI) de la Universidad de Lausana, cuyo director es el profesor Andrea Bonomi. La Jornada, titulada “La révision du Règlement 44/2001 (Bruxelles I): quelles conséquences pour la Convention de Lugano?”, tenía por objeto proceder a un examen de las principales innovaciones introducidas por la Comisión en su propuesta de revisión del Reglamento Bruselas I de 14 de diciembre de 2010 (sobre dicha propuesta, véase la entrada de este blog del día 28 de diciembre de 2010), con la finalidad de determinar hasta qué punto una eventual reforma del Reglamento Bruselas I en la línea planteada por la Comisión podría o habría de tener repercusiones sobre el Convenio de Lugano de 2007, que como es sabido entró en vigor para Suiza el pasado 1 de enero de 2011. Como puso de relieve el profesor Bonomi al inicio de la Jornada, la amplitud de la reforma propuesta y la importancia práctica de las posibles modificaciones al Reglamento Bruselas I obligan a plantearse la oportunidad y conveniencia de iniciar, cuando acaba apenas de entrar en vigor, un nuevo proceso de negociación del Convenio de Lugano, con la finalidad de mantener el tradicional paralelismo entre los regímenes de Bruselas y de Lugano (Convenio de Bruselas de 1968 – Convenio de Lugano de 1988; Reglamento Bruselas I – Convenio de Lugano de 2007).

Para dar respuesta a estos interrogantes, la Jornada se estructuró en base a cuatro grandes bloques temáticos, en línea con las principales innovaciones planteadas por la propuesta de la Comisión. Así, el primer bloque se consagró a lo que la Comisión ha dado en llamar el “funcionamiento del Reglamento en el ordenamiento jurídico internacional”, en particular la extensión de los foros de competencia a los domiciliados en terceros Estados, bien mediante la reforma de las normas existentes, o bien creando nuevos foros específicos para este tipo de demandados (competencia subsidiaria y forum necessitatis). La ponencia de Axel Buhr (Universidad de Lucerna) llevó a cabo un análisis de los foros propuestos por la Comisión, destacando algunos de los problemas que plantean, y se detuvo especialmente en consideraciones relativas a la necesidad o no de mantener el paralelismo entre ambos regímenes. Resaltó que dicho paralelismo debe entenderse como un principio y no como una finalidad en sí misma, y apuntó serias dudas especialmente por lo que respecta a las normas de competencia frente a domiciliados en terceros Estados contenidas en la propuesta: por una parte, en el escenario actual, por las dificultades que puede suponer coordinarlas con el art. 4 del Convenio de Lugano; y por otra, en la hipótesis de una posible revisión del Convenio, porque los objetivos de integración que subyacen en los citados foros (entre otros, garantizar el acceso a la justicia y la aplicación de las normas de la UE de carácter imperativo) difícilmente pueden proyectarse al Convenio de Lugano, ya que dicho instrumento no responde a este tipo de objetivos. En la mesa redonda que siguió a esta ponencia, presidida por Felix Dasser (Universidad de Zurich) y en la que participaron Andrea Bonomi (Universidad de Lausana), Pascal Grolimund (Universidades de Basilea y Zurich) e Ivo Schwander (Universidad de San Galo), se hizo patente el escepticismo que, de cara a una revisión del Convenio de Lugano para alinearlo con un posible futuro Reglamento Bruselas I revisado, se deriva de los problemas que se detectan en la propuesta de la Comisión. El profesor Bonomi resaltó ciertas incoherencias, como por ejemplo que las normas de competencia subsidiaria resultan menos facilitadoras para el acceso a la justicia que las normas autónomas actualmente vigentes en algunos Estados miembros, o el hecho de que el foro de la pluralidad de demandados se limite a los domiciliados en Estados miembros. En todo caso, se dejó claro que el debate del paralelismo (que afecta no sólo al paralelismo normativo, sino también al interpretativo, por cuanto el Tribunal Federal suizo tradicionalmente ha recogido en buena medida la jurisprudencia del Tribunal de Justicia) es un debate de todo o nada: si se decide renegociar el Convenio de Lugano, ha de mantenerse su equivalencia prácticamente total con el texto del Reglamento, no siendo recomendable adaptar sólo algunas de las nuevas soluciones.

El segundo bloque de la Jornada se dedicó a la regulación propuesta en materia de litispendencia, acuerdos de elección de foro y medidas provisionales y cautelares. La ponente Tanja Domej (Universidad de Zurich) expuso con detalle las principales novedades sobre estos tres extremos recogidas en la propuesta de la Comisión, manifestando su postura en general favorable a las grandes líneas de la reforma planteada al respecto. Sin embargo, no dejó de subrayar algunos aspectos negativos en el articulado propuesto: por ejemplo, en materia de litispendencia, la ausencia de sanción para el caso de que el primer tribunal no se pronuncie sobre su propia competencia en el plazo de 6 meses previsto por el art. 29.2 de la propuesta; o en materia de medidas provisionales, la dificultad que supondría proyectar al ámbito del Convenio de Lugano las reglas de coordinación entre el juez cautelar y el juez del fondo del art. 31 de la propuesta, por cuanto se trata de normas que inciden en la soberanía estatal y que por lo tanto encuentran justificación en el ámbito interno a la UE, pero que plantarían más dificultades para su extensión al ámbito Lugano. En la mesa redonda de este segundo bloque, presidida por Anton K. Schnyder (Universidad de Zurich) y en la que participaron Yves Donzallaz (juez federal), Laurent Killias (abogado en Zurich) y Ramon Mabillard (Universidad de Friburgo), se insistió en las críticas a la regulación de la litispendencia y a la eficacia de las disposiciones sobre acuerdos de elección de foro. Frente a las repetidas invocaciones a la soberanía para oponerse a las propuestas de la Comisión, la ponente Domej subrayó que para conseguir una regulación efectiva en el ámbito procesal internacional quizá sea conveniente renunciar a la concepción tradicional de soberanía.

En el tercer bloque de la Jornada, dedicado a la supresión del exequátur, la ponente Dorothee Schramm (abogada en Zurich) efectuó una presentación de la regulación propuesta por la Comisión para la eliminación del exequátur como procedimiento, pero conservando determinados controles. La ponente efectuó una presentación comparativa, en la que se detallaron las principales diferencias entre el régimen actual y el que resultaría en caso de ser aprobada la propuesta en términos de plazos, instancias y autoridades involucradas, y eficacia de eventuales medidas cautelares. El aspecto más criticado fue la dispersión de autoridades potencialmente competentes: el tribunal de origen (art. 45), el tribunal de ejecución (art. 43), y el tribunal del Estado miembro requerido competente para controlar vulneraciones del orden público procesal distintas de las previstas por el art. 45 (art. 46). La mesa redonda de esta tercera sesión, presidida por Alexander R. Markus (Universidad de Berna) e integrada por Francesco Trezzini (juez cantonal del Tesino), Daniel Staehelin (Universidad de Basilea) y Corinne Widmer Lüchinger (Universidad de Basilea), expresó una visión favorable a la supresión del exequátur como procedimiento, pero mucho más crítica con la regulación propuesta para los controles a los que puede someterse la resolución, especialmente en lo relativo a la dispersión de autoridades. Por ejemplo, el juez Trezzini insistió en la necesidad de incrementar la información al acreedor para facilitar la ejecución, y por su parte la profesora Widmer Lüchinger se mostró escéptica con la supresión del control del orden público material.

El cuarto y último bloque de la Jornada se ocupó del complejo tema de las relaciones entre el Reglamento Bruselas I y el arbitraje. La ponencia de Sébastien Besson (abogado en Ginebra) repasó la evolución que ha sufrido la exclusión del arbitraje del ámbito material del Reglamento en lo relativo a su interpretación doctrinal y jurisprudencial, hasta llegar al asunto West Tankers. Frente a esta confusión, el ponente celebró que la Comisión decidiera tomar cartas en el asunto y alabó la originalidad del art. 29.4 de la propuesta, así como el hecho de que se enfrente a uno de los problemas más frecuentes y espinosos en este ámbito: la existencia de procedimientos paralelos. Sin embargo, no dejó de subrayar algunos problemas planteados por la propuesta: por ejemplo, que puede dar pie a comportamientos abusivos; que carece de una reserva para los supuestos en que la cláusula compromisoria sea manifiestamente nula; o que establece un régimen diferenciado para las materias que son objeto de foros de protección de parte débil, lo que podría llevar a plantear si debe restringirse la arbitrabilidad de dichas materias. Finalmente, el ponente comparó el art. 29.4 de la propuesta con el proyecto de reforma del art. 7 de la Ley suiza de DIPr, que prevé añadir a dicha disposición un segundo apartado que va en una línea similar a la de la propuesta de la Comisión. La mesa redonda que siguió a la última ponencia, presidida por Gabrielle Kaufmann-Kohler (Universidad de Ginebra) y en la que participaron Daniel Girsberger (Universidad de Zurich) y Alexander R. Markus (Universidad de Berna), se hizo eco de varias críticas respecto de la propuesta de la Comisión, especialmente en tanto que de facto comporta para el juez del Estado miembro en el que no se encuentre la sede del arbitraje una obligación de reconocimiento automático de la resolución arbitral en la que se establezca la existencia, validez o eficacia de la cláusula compromisoria. La profesora Kaufmann-Kohler remarcó que, pese a sus defectos, el art. 29.4 de la propuesta es mejor que la actual ausencia absoluta de regulación; sin embargo, a la vista de los problemas de coordinación que se producirían entre el Reglamento Bruselas I y el Convenio de Nueva York de 1958, defendió que esta materia debería regularse mediante un instrumento de alcance universal, y no meramente al nivel de la UE.

Las actas de la Jornada serán publicadas por el ISCD en otoño de 2011.

Crístian Oró Martínez


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Des 24 2009

De nuevo sobre el efecto reflejo de las competencias exclusivas

Gracias al imprescindible blog de Federico Garau acabo de leer el Informe Explicativo del Convenio de Lugano que ha elaborado el profesor Fausto Pocar con motivo de la reforma del texto original del mencionado Convenio. Me ha llamado especialmente la atención en dicho Informe la referencia que se hace al tema del efecto reflejo de las competencias exclusivas, y me llama la atención porque me resulta sorprendente que veinte años después de la negociación del Convenio de Lugano se sigan desconociendo los trabajos preparatorios del mismo, trabajos cuya consulta resulta aconsejable si lo que se quiere es interpretar la famosa frase del Informe Jenard/Möller al Convenio de Lugano de 1988 que tanto ha sido citada como argumento en contra del efecto reflejo de las competencias exclusivas. Me explico.Desde el mismo momento en el que entró en vigor el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 se discutió sobre el tratamiento que debía darse a aquellos supuestos en los que el criterio de competencia del art. 16 del mencionado Convenio (competencias exclusivas) conducía a un Estado no parte del Convenio. La literalidad del Convenio parecía conducir en tales casos a la competencia de los tribunales del Estado parte del domicilio del demandado, sin que dicha competencia pudiera ser descartada por la circunstancia de que, quizás, los tribunales del Estado extranjero en el que se concretaba la conexión del art. 16 gozasen de competencia exclusiva para conocer de acuerdo con su propio Derecho.Frente a esta interpretación literal del Convenio se sostuvo que las competencias exclusivas del art. 16 desplegaban un “efecto reflejo”. De acuerdo con este efecto reflejo la competencia de los tribunales del Estado del domicilio del demandado debía descartarse o, al menos, dejaba de ser obligatoria.En esta situación de duda estábamos cuando en el Informe Jenard/Möller al Convenio de Lugano de 1988 se indicó que el artículo 16, apartado 1, del Convenio de 1988 únicamente se aplica si el bien está situado en el territorio de un Estado contratante. Si el bien está situado en un Estado no vinculado por el Convenio, las demás disposiciones del Convenio se aplican. Esta frase ha sido interpretada como un rechazo a la doctrina del efecto reflejo de las competencias exclusivas; y así lo recoge también el Informe Explicativo al Convenio de Lugano de 2007 (vid. núm. 93). Lo cierto es, sin embargo, que este inciso del Informe Jenard/Möller nada tiene que ver con el efecto reflejo de las competencias exclusivas, tal como intentaré demostrar a continuación.Para empezar, quiero llamar la atención sobre la circunstancia de que la frase se refiere únicamente a las competencias exclusivas en materia de derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles (art. 16.1 del Convenio de Bruselas y del Convenio de Lugano de 1988; art. 22.1 del Reglamento 44/2001 y del Convenio de Lugano de 2007) ¿por qué si se trataba de negar el efecto reflejo de las competencias exclusivas la aclaración se refiere únicamente a una de las materias que integran tales competencias? ¿quiere decir esto que en el resto de materias -validez o nulidad de sociedades, validez o nulidad de patentes, inscripciones en registros, etc.- sí que juega el efecto reflejo? La respuesta es que, como digo, la aclaración del Informe no tiene que ver con el efecto reflejo de las competencias exclusivas, sino con otro problema que surgió durante la negociación del Convenio de Lugano, problema del que me ocuparé a continuación.Si se consultan los trabajos preparatorios del Convenio de Lugano, publicados en Zúrich en el año 1991 se comprobará que el origen de la aclaración sobre el alcance del art. 16.1 del Convenio tiene su origen en una preocupación planteada por la delegación británica. Los representantes del Reino Unido mostraron su preocupación por el hecho de que en el Convenio de Lugano se introducía la competencia exclusiva de los tribunales del domicilio del demandado en determinados supuestos de litigios relativos a arrendamientos de bienes inmuebles. Este criterio competencial suponía una novedad respecto al Convenio de Bruselas, que solamente recogía la competencia exclusiva de los tribunales del lugar de situación del inmueble en materia de litigios sobre arrendamientos de bienes inmuebles.Lo que preocupaba a la delegación del Reino Unido era el supuesto en el que el bien inmueble estuviera situado en un tercer Estado (Estados Unidos, por ejemplo) y el domicilio del demandado estuviera situado en un Estado parte del Convenio de Lugano (Francia, por ejemplo). Los británicos temían que se interpretara que en un supuesto como éste los tribunales franceses gozaban de competencia exclusiva, lo que podría implicar que no pudiera ser reconocida en el Reino Unido una sentencia dictada en Estados Unidos, al vulnerar dicha sentencia una competencia exclusiva de un Estado parte.Para evitar esta desazón británica se introduce la aclaración que comento en el Informe Jenard/Möller. El sentido de ésta es dejar claro que en los supuestos en los que el inmueble se encuentra en un tercer Estado no podría entenderse que los tribunales del Estado del domicilio del demandado asumían competencia exclusiva en materia de arrendamiento de bienes inmuebles. Lo que pedían los británicos -y a lo que responde el Informe Explicativo- es que se aclarara que la competencia exclusiva prevista en el Convenio no opera cuando el inmueble se encuentra en un Estado tercero. Es por eso por lo que, casi con desgana (pues el resto de Estados no acababan de entender las razones de la preocupación británica), en el Informe se indica que, pese a que del tenor del Convenio ya se desprende esta conclusión, se aclara que la competencia exclusiva del 16.1 solamente opera cuando el inmueble se encuentra en un Estado miembro. Si se estuviera tratando del tema del efecto reflejo de las competencias exclusivas no tendría sentido ni reducir la explicación al primer apartado del art. 16 ni añadir que el texto del Convenio ya lo deja suficientemente claro, puesto que el problema que plantean las competencias exclusivas de Estados terceros es, precisamente, su falta de regulación en el Convenio.Es cierto que la frase del Informe Jenard/Möller puede dar lugar a dudas (y prueba de ello es la utilización que se ha hecho de la misma en los últimos veinte años); pero creo que el dato de que se refiere únicamente al art. 16.1 del Convenio (y no a todas las competencias exclusivas) debería, al menos, despertar alguna sospecha. Y una vez despertada la sospecha, la consulta de los trabajos preparatorios del Convenio de Lugano, que son públicos y están publicados, conduciría sin grandes dificultades a la correcta interpretación de dicho inciso.Rafael Arenas


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Des 21 2007

El nuevo Convenio de Lugano

Por una decisión de 15 de octubre de 2007, publicada en el DOUE no. L 339 de 21 de diciembre de 2007, la Comunidad europea ha aprobado la firma del Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que substituirá al Convenio de Lugano de 16 de septiembre de 1988.

Raluca Ionescu


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