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Ago 01 2012

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el acceso al Registro de la Propiedad español de documentos notariales extranjeros

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La STS de 19 de junio de 2012 (puede consultarse aquí) pone fin (esperemos) a un debate jurídico que ha tenido ocupada a buena parte de la doctrina y la práctica españolas desde hace casi diez años. En 1984 un notario alemán otorga escritura de compraventa de la mitad indivisa de un apartamento situado en Puerto de la Cruz (Tenerife), reservándose el vendedor el usufructo de la propiedad. Fallecido el usufructario en el año 2002 otro notario alemán elabora una “Certificación de Hechos” que presente ser base para la inscripción en el Registro de la Propiedad español de la transmisión de la propiedad vendida en 1984, así como de la cancelación del usufructo por fallecimiento de su titular.

La inscripción en el Registro de la Propiedad es rechazada y esta denegación de inscripción recurrida ante la DGRN, quien confirmó el no acceso al Registro de la Propiedad español del documento notarial alemán (Resolución de la DGRN de 7 de febrero de 2005). La Resolución de la DGRN fue, a su vez, impugnada ante los tribunales, quienes se pronunciaron en sentido contrario a la DGRN tanto en Primera Instancia (Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Santa Cruz de Tenerife de 2 de marzo de 2006) como en apelación (Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección 4ª) de 22 de noviembre de 2006. Ahora el Tribunal Supremo confirma lo establecido en las instancias inferiores anulándose por tanto definitivamente la Resolución de la DGRN de 7 de febrero de 2005.

Son varios los aspectos que podrían ser analizados en este caso, pero desde la Resolución de la DGRN de febrero de 2005 el punto que se convirtió en el núcleo del debate es el de si los documentos extranjeros, por el hecho de serlo (extranjeros) no tenían acceso a los registros públicos españoles. Pese a que, como digo, el tema podría haberse abordado desde ángulos diversos y de una forma mucho más matizada o sofisticada, la Resolución de la DGRN colocó los términos del debate en este punto tan claro y contundente. A partir de aquí no fueron pocos los comentarios que se hicieron tanto a la Resolución de la DGRN como a las decisiones judiciales que le siguieron (Vid., sin ningún ánimo de exhaustividad: B. Añoveros Terradas, “Effects in Spain of a deed of sale and purchase of a property located in Spain authorised by a German Notary Public: DGRN of 7 February 2005 and 20 May 2005″, Yearbook of Private International Law2005, vol. 7, pp. 277-282; S. Sánchez Lorenzo, “La eficacia registral de las escrituras públicas de compraventa de inmuebles otorgadas ante notario extranjero a la luz de la doctrina reciente de la Dirección General de los Registros y del Notariado, La Ley, núm. 6425, de 20 de febrero de 2006, pp. 1-14; R. Arenas García, “Denegación de la inscripción de un documento en el Registro de la Propiedad español por el hecho de ser extranjero”, AEDIPr, 2005, vol. V, pp. 337-349; id. REDI, 2006, vol. LVIII, núm.. 1, pp. 484-488; ibidem, núm. 2, pp. 989-993; I. Heredia Cervantes, CCJC, 2006, núm. 70, pp. 122-138); comentarios en los que mayoritariamente se insistía en el sinsentido de impedir que los documentos notariales extranjeros accedan a los Registros públicos españoles y, en concreto, al Registro de la Propiedad. La Sentencia del TS de 19 de junio de 2012 confirma que este “cierre registral” a los documentos extranjeros no solamente es imposible desde una lectura correcta de nuestro Derecho civil, hipotecario e internacional privado, sino que también sería contraria a las exigencias derivadas de la libre prestación de servicios regulada en el Derecho de la UE; extremos éste que también había sido destacado por uno de los primeros comentaristas de la Resolución de la DGRN de 7 de febrero de 2005 (vid. S. Sánchez Lorenzo, loc. cit., p. 13).

En resumen, hoy es lo que podríamos llamar un día feliz para el DIPr.: el TS ratifica lo que la mayoría de nuestra doctrina había defendido: no solamente los documentos producidos por Notarios españoles acceden al Registro de la Propiedad español; también los documentos extranjeros pueden ser inscritos. Tiempo habrá en los próximos meses de analizar con detalle una resolución que, como adelantaba, resuelve un caso susceptible de ser estudiado desde ángulos diversos; baste ahora con destacar lo más importante, que no es otra cosa que el fin del peligro de que una perniciosa autarquía documental se enseñorase de nuestros Registros.

Rafael Arenas García


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