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Abr 09 2011

La reforma del Reglamento Bruselas I y el Convenio de Lugano: una visión suiza

El pasado 8 de abril de 2011 tuvo lugar en la sede del Instituto Suizo de Derecho Comparado (ISDC) la 23ª Jornada de Derecho internacional privado, organizada por el propio ISDC y por el Centre de droit comparé, européen et international (CDCEI) de la Universidad de Lausana, cuyo director es el profesor Andrea Bonomi. La Jornada, titulada “La révision du Règlement 44/2001 (Bruxelles I): quelles conséquences pour la Convention de Lugano?”, tenía por objeto proceder a un examen de las principales innovaciones introducidas por la Comisión en su propuesta de revisión del Reglamento Bruselas I de 14 de diciembre de 2010 (sobre dicha propuesta, véase la entrada de este blog del día 28 de diciembre de 2010), con la finalidad de determinar hasta qué punto una eventual reforma del Reglamento Bruselas I en la línea planteada por la Comisión podría o habría de tener repercusiones sobre el Convenio de Lugano de 2007, que como es sabido entró en vigor para Suiza el pasado 1 de enero de 2011. Como puso de relieve el profesor Bonomi al inicio de la Jornada, la amplitud de la reforma propuesta y la importancia práctica de las posibles modificaciones al Reglamento Bruselas I obligan a plantearse la oportunidad y conveniencia de iniciar, cuando acaba apenas de entrar en vigor, un nuevo proceso de negociación del Convenio de Lugano, con la finalidad de mantener el tradicional paralelismo entre los regímenes de Bruselas y de Lugano (Convenio de Bruselas de 1968 – Convenio de Lugano de 1988; Reglamento Bruselas I – Convenio de Lugano de 2007).

Para dar respuesta a estos interrogantes, la Jornada se estructuró en base a cuatro grandes bloques temáticos, en línea con las principales innovaciones planteadas por la propuesta de la Comisión. Así, el primer bloque se consagró a lo que la Comisión ha dado en llamar el “funcionamiento del Reglamento en el ordenamiento jurídico internacional”, en particular la extensión de los foros de competencia a los domiciliados en terceros Estados, bien mediante la reforma de las normas existentes, o bien creando nuevos foros específicos para este tipo de demandados (competencia subsidiaria y forum necessitatis). La ponencia de Axel Buhr (Universidad de Lucerna) llevó a cabo un análisis de los foros propuestos por la Comisión, destacando algunos de los problemas que plantean, y se detuvo especialmente en consideraciones relativas a la necesidad o no de mantener el paralelismo entre ambos regímenes. Resaltó que dicho paralelismo debe entenderse como un principio y no como una finalidad en sí misma, y apuntó serias dudas especialmente por lo que respecta a las normas de competencia frente a domiciliados en terceros Estados contenidas en la propuesta: por una parte, en el escenario actual, por las dificultades que puede suponer coordinarlas con el art. 4 del Convenio de Lugano; y por otra, en la hipótesis de una posible revisión del Convenio, porque los objetivos de integración que subyacen en los citados foros (entre otros, garantizar el acceso a la justicia y la aplicación de las normas de la UE de carácter imperativo) difícilmente pueden proyectarse al Convenio de Lugano, ya que dicho instrumento no responde a este tipo de objetivos. En la mesa redonda que siguió a esta ponencia, presidida por Felix Dasser (Universidad de Zurich) y en la que participaron Andrea Bonomi (Universidad de Lausana), Pascal Grolimund (Universidades de Basilea y Zurich) e Ivo Schwander (Universidad de San Galo), se hizo patente el escepticismo que, de cara a una revisión del Convenio de Lugano para alinearlo con un posible futuro Reglamento Bruselas I revisado, se deriva de los problemas que se detectan en la propuesta de la Comisión. El profesor Bonomi resaltó ciertas incoherencias, como por ejemplo que las normas de competencia subsidiaria resultan menos facilitadoras para el acceso a la justicia que las normas autónomas actualmente vigentes en algunos Estados miembros, o el hecho de que el foro de la pluralidad de demandados se limite a los domiciliados en Estados miembros. En todo caso, se dejó claro que el debate del paralelismo (que afecta no sólo al paralelismo normativo, sino también al interpretativo, por cuanto el Tribunal Federal suizo tradicionalmente ha recogido en buena medida la jurisprudencia del Tribunal de Justicia) es un debate de todo o nada: si se decide renegociar el Convenio de Lugano, ha de mantenerse su equivalencia prácticamente total con el texto del Reglamento, no siendo recomendable adaptar sólo algunas de las nuevas soluciones.

El segundo bloque de la Jornada se dedicó a la regulación propuesta en materia de litispendencia, acuerdos de elección de foro y medidas provisionales y cautelares. La ponente Tanja Domej (Universidad de Zurich) expuso con detalle las principales novedades sobre estos tres extremos recogidas en la propuesta de la Comisión, manifestando su postura en general favorable a las grandes líneas de la reforma planteada al respecto. Sin embargo, no dejó de subrayar algunos aspectos negativos en el articulado propuesto: por ejemplo, en materia de litispendencia, la ausencia de sanción para el caso de que el primer tribunal no se pronuncie sobre su propia competencia en el plazo de 6 meses previsto por el art. 29.2 de la propuesta; o en materia de medidas provisionales, la dificultad que supondría proyectar al ámbito del Convenio de Lugano las reglas de coordinación entre el juez cautelar y el juez del fondo del art. 31 de la propuesta, por cuanto se trata de normas que inciden en la soberanía estatal y que por lo tanto encuentran justificación en el ámbito interno a la UE, pero que plantarían más dificultades para su extensión al ámbito Lugano. En la mesa redonda de este segundo bloque, presidida por Anton K. Schnyder (Universidad de Zurich) y en la que participaron Yves Donzallaz (juez federal), Laurent Killias (abogado en Zurich) y Ramon Mabillard (Universidad de Friburgo), se insistió en las críticas a la regulación de la litispendencia y a la eficacia de las disposiciones sobre acuerdos de elección de foro. Frente a las repetidas invocaciones a la soberanía para oponerse a las propuestas de la Comisión, la ponente Domej subrayó que para conseguir una regulación efectiva en el ámbito procesal internacional quizá sea conveniente renunciar a la concepción tradicional de soberanía.

En el tercer bloque de la Jornada, dedicado a la supresión del exequátur, la ponente Dorothee Schramm (abogada en Zurich) efectuó una presentación de la regulación propuesta por la Comisión para la eliminación del exequátur como procedimiento, pero conservando determinados controles. La ponente efectuó una presentación comparativa, en la que se detallaron las principales diferencias entre el régimen actual y el que resultaría en caso de ser aprobada la propuesta en términos de plazos, instancias y autoridades involucradas, y eficacia de eventuales medidas cautelares. El aspecto más criticado fue la dispersión de autoridades potencialmente competentes: el tribunal de origen (art. 45), el tribunal de ejecución (art. 43), y el tribunal del Estado miembro requerido competente para controlar vulneraciones del orden público procesal distintas de las previstas por el art. 45 (art. 46). La mesa redonda de esta tercera sesión, presidida por Alexander R. Markus (Universidad de Berna) e integrada por Francesco Trezzini (juez cantonal del Tesino), Daniel Staehelin (Universidad de Basilea) y Corinne Widmer Lüchinger (Universidad de Basilea), expresó una visión favorable a la supresión del exequátur como procedimiento, pero mucho más crítica con la regulación propuesta para los controles a los que puede someterse la resolución, especialmente en lo relativo a la dispersión de autoridades. Por ejemplo, el juez Trezzini insistió en la necesidad de incrementar la información al acreedor para facilitar la ejecución, y por su parte la profesora Widmer Lüchinger se mostró escéptica con la supresión del control del orden público material.

El cuarto y último bloque de la Jornada se ocupó del complejo tema de las relaciones entre el Reglamento Bruselas I y el arbitraje. La ponencia de Sébastien Besson (abogado en Ginebra) repasó la evolución que ha sufrido la exclusión del arbitraje del ámbito material del Reglamento en lo relativo a su interpretación doctrinal y jurisprudencial, hasta llegar al asunto West Tankers. Frente a esta confusión, el ponente celebró que la Comisión decidiera tomar cartas en el asunto y alabó la originalidad del art. 29.4 de la propuesta, así como el hecho de que se enfrente a uno de los problemas más frecuentes y espinosos en este ámbito: la existencia de procedimientos paralelos. Sin embargo, no dejó de subrayar algunos problemas planteados por la propuesta: por ejemplo, que puede dar pie a comportamientos abusivos; que carece de una reserva para los supuestos en que la cláusula compromisoria sea manifiestamente nula; o que establece un régimen diferenciado para las materias que son objeto de foros de protección de parte débil, lo que podría llevar a plantear si debe restringirse la arbitrabilidad de dichas materias. Finalmente, el ponente comparó el art. 29.4 de la propuesta con el proyecto de reforma del art. 7 de la Ley suiza de DIPr, que prevé añadir a dicha disposición un segundo apartado que va en una línea similar a la de la propuesta de la Comisión. La mesa redonda que siguió a la última ponencia, presidida por Gabrielle Kaufmann-Kohler (Universidad de Ginebra) y en la que participaron Daniel Girsberger (Universidad de Zurich) y Alexander R. Markus (Universidad de Berna), se hizo eco de varias críticas respecto de la propuesta de la Comisión, especialmente en tanto que de facto comporta para el juez del Estado miembro en el que no se encuentre la sede del arbitraje una obligación de reconocimiento automático de la resolución arbitral en la que se establezca la existencia, validez o eficacia de la cláusula compromisoria. La profesora Kaufmann-Kohler remarcó que, pese a sus defectos, el art. 29.4 de la propuesta es mejor que la actual ausencia absoluta de regulación; sin embargo, a la vista de los problemas de coordinación que se producirían entre el Reglamento Bruselas I y el Convenio de Nueva York de 1958, defendió que esta materia debería regularse mediante un instrumento de alcance universal, y no meramente al nivel de la UE.

Las actas de la Jornada serán publicadas por el ISCD en otoño de 2011.

Crístian Oró Martínez


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