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Abr 09 2011

La reforma del Reglamento Bruselas I y el Convenio de Lugano: una visión suiza

El pasado 8 de abril de 2011 tuvo lugar en la sede del Instituto Suizo de Derecho Comparado (ISDC) la 23ª Jornada de Derecho internacional privado, organizada por el propio ISDC y por el Centre de droit comparé, européen et international (CDCEI) de la Universidad de Lausana, cuyo director es el profesor Andrea Bonomi. La Jornada, titulada “La révision du Règlement 44/2001 (Bruxelles I): quelles conséquences pour la Convention de Lugano?”, tenía por objeto proceder a un examen de las principales innovaciones introducidas por la Comisión en su propuesta de revisión del Reglamento Bruselas I de 14 de diciembre de 2010 (sobre dicha propuesta, véase la entrada de este blog del día 28 de diciembre de 2010), con la finalidad de determinar hasta qué punto una eventual reforma del Reglamento Bruselas I en la línea planteada por la Comisión podría o habría de tener repercusiones sobre el Convenio de Lugano de 2007, que como es sabido entró en vigor para Suiza el pasado 1 de enero de 2011. Como puso de relieve el profesor Bonomi al inicio de la Jornada, la amplitud de la reforma propuesta y la importancia práctica de las posibles modificaciones al Reglamento Bruselas I obligan a plantearse la oportunidad y conveniencia de iniciar, cuando acaba apenas de entrar en vigor, un nuevo proceso de negociación del Convenio de Lugano, con la finalidad de mantener el tradicional paralelismo entre los regímenes de Bruselas y de Lugano (Convenio de Bruselas de 1968 – Convenio de Lugano de 1988; Reglamento Bruselas I – Convenio de Lugano de 2007).

Para dar respuesta a estos interrogantes, la Jornada se estructuró en base a cuatro grandes bloques temáticos, en línea con las principales innovaciones planteadas por la propuesta de la Comisión. Así, el primer bloque se consagró a lo que la Comisión ha dado en llamar el “funcionamiento del Reglamento en el ordenamiento jurídico internacional”, en particular la extensión de los foros de competencia a los domiciliados en terceros Estados, bien mediante la reforma de las normas existentes, o bien creando nuevos foros específicos para este tipo de demandados (competencia subsidiaria y forum necessitatis). La ponencia de Axel Buhr (Universidad de Lucerna) llevó a cabo un análisis de los foros propuestos por la Comisión, destacando algunos de los problemas que plantean, y se detuvo especialmente en consideraciones relativas a la necesidad o no de mantener el paralelismo entre ambos regímenes. Resaltó que dicho paralelismo debe entenderse como un principio y no como una finalidad en sí misma, y apuntó serias dudas especialmente por lo que respecta a las normas de competencia frente a domiciliados en terceros Estados contenidas en la propuesta: por una parte, en el escenario actual, por las dificultades que puede suponer coordinarlas con el art. 4 del Convenio de Lugano; y por otra, en la hipótesis de una posible revisión del Convenio, porque los objetivos de integración que subyacen en los citados foros (entre otros, garantizar el acceso a la justicia y la aplicación de las normas de la UE de carácter imperativo) difícilmente pueden proyectarse al Convenio de Lugano, ya que dicho instrumento no responde a este tipo de objetivos. En la mesa redonda que siguió a esta ponencia, presidida por Felix Dasser (Universidad de Zurich) y en la que participaron Andrea Bonomi (Universidad de Lausana), Pascal Grolimund (Universidades de Basilea y Zurich) e Ivo Schwander (Universidad de San Galo), se hizo patente el escepticismo que, de cara a una revisión del Convenio de Lugano para alinearlo con un posible futuro Reglamento Bruselas I revisado, se deriva de los problemas que se detectan en la propuesta de la Comisión. El profesor Bonomi resaltó ciertas incoherencias, como por ejemplo que las normas de competencia subsidiaria resultan menos facilitadoras para el acceso a la justicia que las normas autónomas actualmente vigentes en algunos Estados miembros, o el hecho de que el foro de la pluralidad de demandados se limite a los domiciliados en Estados miembros. En todo caso, se dejó claro que el debate del paralelismo (que afecta no sólo al paralelismo normativo, sino también al interpretativo, por cuanto el Tribunal Federal suizo tradicionalmente ha recogido en buena medida la jurisprudencia del Tribunal de Justicia) es un debate de todo o nada: si se decide renegociar el Convenio de Lugano, ha de mantenerse su equivalencia prácticamente total con el texto del Reglamento, no siendo recomendable adaptar sólo algunas de las nuevas soluciones.

El segundo bloque de la Jornada se dedicó a la regulación propuesta en materia de litispendencia, acuerdos de elección de foro y medidas provisionales y cautelares. La ponente Tanja Domej (Universidad de Zurich) expuso con detalle las principales novedades sobre estos tres extremos recogidas en la propuesta de la Comisión, manifestando su postura en general favorable a las grandes líneas de la reforma planteada al respecto. Sin embargo, no dejó de subrayar algunos aspectos negativos en el articulado propuesto: por ejemplo, en materia de litispendencia, la ausencia de sanción para el caso de que el primer tribunal no se pronuncie sobre su propia competencia en el plazo de 6 meses previsto por el art. 29.2 de la propuesta; o en materia de medidas provisionales, la dificultad que supondría proyectar al ámbito del Convenio de Lugano las reglas de coordinación entre el juez cautelar y el juez del fondo del art. 31 de la propuesta, por cuanto se trata de normas que inciden en la soberanía estatal y que por lo tanto encuentran justificación en el ámbito interno a la UE, pero que plantarían más dificultades para su extensión al ámbito Lugano. En la mesa redonda de este segundo bloque, presidida por Anton K. Schnyder (Universidad de Zurich) y en la que participaron Yves Donzallaz (juez federal), Laurent Killias (abogado en Zurich) y Ramon Mabillard (Universidad de Friburgo), se insistió en las críticas a la regulación de la litispendencia y a la eficacia de las disposiciones sobre acuerdos de elección de foro. Frente a las repetidas invocaciones a la soberanía para oponerse a las propuestas de la Comisión, la ponente Domej subrayó que para conseguir una regulación efectiva en el ámbito procesal internacional quizá sea conveniente renunciar a la concepción tradicional de soberanía.

En el tercer bloque de la Jornada, dedicado a la supresión del exequátur, la ponente Dorothee Schramm (abogada en Zurich) efectuó una presentación de la regulación propuesta por la Comisión para la eliminación del exequátur como procedimiento, pero conservando determinados controles. La ponente efectuó una presentación comparativa, en la que se detallaron las principales diferencias entre el régimen actual y el que resultaría en caso de ser aprobada la propuesta en términos de plazos, instancias y autoridades involucradas, y eficacia de eventuales medidas cautelares. El aspecto más criticado fue la dispersión de autoridades potencialmente competentes: el tribunal de origen (art. 45), el tribunal de ejecución (art. 43), y el tribunal del Estado miembro requerido competente para controlar vulneraciones del orden público procesal distintas de las previstas por el art. 45 (art. 46). La mesa redonda de esta tercera sesión, presidida por Alexander R. Markus (Universidad de Berna) e integrada por Francesco Trezzini (juez cantonal del Tesino), Daniel Staehelin (Universidad de Basilea) y Corinne Widmer Lüchinger (Universidad de Basilea), expresó una visión favorable a la supresión del exequátur como procedimiento, pero mucho más crítica con la regulación propuesta para los controles a los que puede someterse la resolución, especialmente en lo relativo a la dispersión de autoridades. Por ejemplo, el juez Trezzini insistió en la necesidad de incrementar la información al acreedor para facilitar la ejecución, y por su parte la profesora Widmer Lüchinger se mostró escéptica con la supresión del control del orden público material.

El cuarto y último bloque de la Jornada se ocupó del complejo tema de las relaciones entre el Reglamento Bruselas I y el arbitraje. La ponencia de Sébastien Besson (abogado en Ginebra) repasó la evolución que ha sufrido la exclusión del arbitraje del ámbito material del Reglamento en lo relativo a su interpretación doctrinal y jurisprudencial, hasta llegar al asunto West Tankers. Frente a esta confusión, el ponente celebró que la Comisión decidiera tomar cartas en el asunto y alabó la originalidad del art. 29.4 de la propuesta, así como el hecho de que se enfrente a uno de los problemas más frecuentes y espinosos en este ámbito: la existencia de procedimientos paralelos. Sin embargo, no dejó de subrayar algunos problemas planteados por la propuesta: por ejemplo, que puede dar pie a comportamientos abusivos; que carece de una reserva para los supuestos en que la cláusula compromisoria sea manifiestamente nula; o que establece un régimen diferenciado para las materias que son objeto de foros de protección de parte débil, lo que podría llevar a plantear si debe restringirse la arbitrabilidad de dichas materias. Finalmente, el ponente comparó el art. 29.4 de la propuesta con el proyecto de reforma del art. 7 de la Ley suiza de DIPr, que prevé añadir a dicha disposición un segundo apartado que va en una línea similar a la de la propuesta de la Comisión. La mesa redonda que siguió a la última ponencia, presidida por Gabrielle Kaufmann-Kohler (Universidad de Ginebra) y en la que participaron Daniel Girsberger (Universidad de Zurich) y Alexander R. Markus (Universidad de Berna), se hizo eco de varias críticas respecto de la propuesta de la Comisión, especialmente en tanto que de facto comporta para el juez del Estado miembro en el que no se encuentre la sede del arbitraje una obligación de reconocimiento automático de la resolución arbitral en la que se establezca la existencia, validez o eficacia de la cláusula compromisoria. La profesora Kaufmann-Kohler remarcó que, pese a sus defectos, el art. 29.4 de la propuesta es mejor que la actual ausencia absoluta de regulación; sin embargo, a la vista de los problemas de coordinación que se producirían entre el Reglamento Bruselas I y el Convenio de Nueva York de 1958, defendió que esta materia debería regularse mediante un instrumento de alcance universal, y no meramente al nivel de la UE.

Las actas de la Jornada serán publicadas por el ISCD en otoño de 2011.

Crístian Oró Martínez


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Abr 01 2011

Crónica del Coloquio “ Quelle architecture pour un code européen de droit international prive ? ».

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Quelle architecture pour un code européen de droit international privé?

Esta es la pregunta que se planteaba a los participantes en el Coloquio que se celebró los días 17 y 18 de marzo de 2011 en la Universidad de Toulouse Capitole 1, organizado por el Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé (IRDEIC ).

El objetivo del coloquio era el de reflexionar acerca de la estructura actual de las normas de Derecho Internacional Privado adoptadas en el seno de la Unión Europea para, partiendo del reconocimiento de la fragmentación existente, analizar la posibilidad de proceder a una codificación del Derecho Internacional Privado Europeo.

El  coloquio se inició con una presentación introductoria a cargo de Marc Fallon quien comenzó por subrayar la realidad de que la multiplicación de las normas europeas en materia de DIPr ha puesto en peligro el principio de coherencia de la legislación. La definición de una estructura jurídica ordenada y de fácil acceso es ahora una necesidad y no una posibilidad, con el objetivo de proteger la seguridad jurídica en el ámbito de la Unión Europea. Una necesidad que ha reflejado ya el Parlamento Europeo en distintas ocasiones. Marc Fallon define el objetivo de este coloquio al anunciar que no se trata de determinar el contenido de un futuro código sino de centrarse en la definición de su estructura.

A continuación intervino Aude Fiorini, cuya comunicación se centró en los aspectos formales de un posible código, analizando las diferentes posibilidades dentro de la codificación, desde una compilación de tipo anglo-sajón hasta una codificación reformadora, bien a través de un restatement , propio del derecho norteamericano, o bien de una codificación en el sentido tradicional continental. En cualquier caso se enunciaron las grandes dificultades existentes en este sentido, tanto por la propia naturaleza de las normas existentes, como por las diferencias existentes en las posiciones de los Estados miembros ante el propio concepto de codificación.

La segunda parte de la sesión de la mañana del día 17 de marzo se dedicó a los fundamentos de la creación de un sistema coherente de  DIPr Europeo. En una primera presentación Sylvaine Poilllot-Peruzzetto y Johan Meeusen analizaron la posibilidad de tomar el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia como punto de partida para la codificación. En este sentido S. Poillot-Peruzzetto expuso su visión de cómo la Unión Europea se ha construido sobre la base del Mercado Interior, que obligo a los Estados miembros a repensarse, un proceso que ahora han de enfrentar de nuevo para adaptarse a los objetivos  y principios del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, lo que supone una gran oportunidad para la codificación  del DIPr Europeo, tanto respecto a sus grandes líneas como a su forma. Por su parte Johan Meeusen aportó una visión crítica respecto a esta posibilidad, partiendo de la falta de un concepto claro del DIPr Europeo, y de su posición dentro de dicho espacio, basando sus afirmaciones en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el asunto Grunken Paul que pone de manifiesto las tensiones existentes entre el DIPr en su concepción tradicional y el DIPr europeo, sometido a los objetivos y principios del ordenamiento de la Unión.

A continuación, Miquel Gardeñes realizó un análisis de las exigencias del mercado interior en la construcción de un posible código, fijando su atención, especialmente la centralidad de la confianza y el reconocimiento mutuo en los ámbitos del mercado interior y el espacio de libertad, seguridad y justicia por lo que se refiere al reconocimiento de resoluciones judiciales emitidas en otro Estado miembro. Pero en su comunicación Miquel Gardeñes expone igualmente el valor potencial del denominado “método del reconocimiento” como alternativa a la regla bilateral del derecho aplicable, que cumpliría tanto la finalidad propia del DIPr (la continuidad de las relaciones jurídicas), como del Derecho de la Unión Europea (la libre circulación). La sesión de la mañana finalizó con la contribución de Catherine Kessedjian que analizó la perspectiva de la elaboración de un código de DIPr desde el prisma de los objetivos del DIPr.

El debate posterior estuvo marcado por la intervención de Jurgen Basedow  que resumió las visiones escépticas de algunos de los participantes respecto de la oportunidad de una codificación; en su opinión, ha llegado el momento de buscar una mayor coherencia en el DIPr y de rellenar las lagunas existentes, aunque pensar en una verdadera codificación  sea para él probablemente prematuro.

La sesión de la tarde se dedicó al ámbito de aplicación del DIPr europeo comenzando con la identificación de  su dimensión espacial expuesta por Marc Fallon, quien determinó que, a pesar de que en un principio las normas europeas seguían en este ámbito las constantes propias del DIPr convencional, en la actualidad es posible observar una tendencia hacia normas de aplicación universal, una tendencia clara en relación a las normas de derecho aplicable (Roma I, Roma II) pero ya presente igualmente en la propuesta de revisión de los instrumentos de competencial judicial.

A continuación Jean-Silvestre Bergé y Pedro de Miguel Asensio procedieron a analizar la incidencia en el proceso de codificación de lo que denominan “relación entre sistemas”; y en concreto en la identificación del perímetro de un futuro código y en la inclusión en el mismo de disposiciones que regulen dicha relación. En un primer momento Jean-Silvestre Bergé analizó las relaciones entre el DIPr europeo y el Derecho de la Unión Europea para concluir que la misma no habría de regularse de manera específica en el texto del código. Por lo que respecta a las relaciones con los instrumentos internacionales, Pedro de Miguel  procedió a analizar las implicaciones para el proceso de codificación de la adopción por parte de la Unión Europea de diversos textos internacionales de DIPr, que vienen a sustituir la necesidad de adoptar normas propias europeas, afectando así el ámbito material del futuro código en algunas materias. En su comunicación puso de manifiesto igualmente las dificultades que surgen del hecho de que los Estados miembros conserven la competencia para la ratificación de textos internacionales en diversas materias, que pueden contener normas de DIPr, afectando así a la elaboración de un sistema coherente en el seno de la Unión.

En la segunda sesión de la tarde Isabel Rueda abordó la posición de la materia administrativa y las inmunidades de estado en el seno de un posible código. Respecto de la primera cuestión la presentación propone la necesidad de replantearse el estatuto derogatorio de la misma en los instrumentos de DIPr europeo. En cuanto a las inmunidades se afirma el carácter deseable de una ampliación de los límites actuales del acquis para definir un régimen común en la materia. La jornada finalizó con la aportación de Blanca Vilá, Catedrática de esta área, y Michel Attal en relación a las normas procesales y la cooperación judicial en la que se enunció la importancia central de la lex fori en lo que se refiere a la regulación del proceso y la importancia del principio de autonomía procesal. Los autores subrayaron que la UE ha avanzado mucho en cuestiones como la litispendencia o la cooperación judicial, pero no tanto respecto de otros asuntos como la representación en justicia o la prueba del derecho extranjero. Esta comunicación finalizó con la afirmación de que, desde un punto de vista técnico, no  parece necesaria la codificación de las normas procesales, al menos en un primer momento.

La Jornada del día 18 se inició con una reflexión sobre la estructura y contenido del código. Sabien Corneloup y Cyril Nourissat definieron una serie de posible estructuras para el mismo dependiendo fundamentalmente de que se optase por una mera recopilación de los instrumentos ya existente o bien se abordase una tarea más compleja de reforma y producción normativa en la búsqueda de un sistema completo y coherente. En una segunda sesión los participantes se centraron en el tema de los elementos de una parte general. En primer lugar, Michael Wilderspin puso de manifiesto la evolución que se ha producido en las reglas de competencia internacional creadas por instrumentos comunitarios, desde un modelo de reglas europeas para regular las cuestiones internas y el reenvío a las normas nacionales para el mundo exterior a la Unión, hacia un modelo de normas universales.

A continuación Marie- Laure Niboyet analizó los problemas relativos a las normas procesales manifestando que las reglas actuales de derecho procesal nacional dificultan la puesta en práctica de las técnicas de cooperación judicial definidas en los instrumentos de la Unión Europea. Una dificultad que se ve reforzada por la resistencia de los jueces a la cooperación juez-juez. A continuación Anne Marmisse- D’Abbadie D’Arrast procedió a analizar el ámbito de la calificación subrayando el problema de la ausencia en muchos casos de calificaciones autónomas, y empleando para ello el ejemplo de las medidas cautelares. Por su parte Marc-Phillipe Weller afirmó, en relación a los puntos de conexión, la necesidad de regresar al modelo clásico savigniano y abandonar los puntos de conexión impregnados de los valores materiales del derecho europeo.

La última sesión presentó la intervención de Etienne Pataut y Stefania Bariatti quienes abordaron la posibilidad de definir una teoría general del DIPr europeo. En este sentido los autores señalan el hecho de que la UE ha incorporado una distinción según que las norma de conflicto sean de producción comunitaria o nacional, y lo mismo ocurre en el caso del derecho aplicable, una distinción que produce efectos en elementos clásicos de DIPr tales como la prueba del derecho extranjero o el orden público internacional.

El coloquio se cerró con las reflexiones de Paul Lagarde quién recordó que el objetivo de crear un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia donde la libre circulación esté asegurada es de aplicación para todos los instrumentos de DIPr europeo. Significa que el Código no debe contener sólo disposiciones que garanticen el ejercicio, en la esfera económica, de las cuatro grandes libertades, sino que debe contener todas aquellas normas que garanticen la libre circulación de los ciudadanos europeos y la seguridad jurídica en sus vidas. Manifestó igualmente su convencimiento de que ha llegado el momento de proceder a la codificación, abogando por la misma en su versión reformadora e integradora, y bajo la forma de Reglamento. Por ello presentó un « Embryon de Règlement portant sur le Code Européen de Droit International Privé » que supuso el punto final de este coloquio.

Rebeca Varela Figueroa

Vid. también la crónica de este Seminario en el Blog de Pedro de Miguel Asensio.


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