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Archive for Març, 2010

Mar 19 2010

Seminario “El TJUE y el fin del Derecho”

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El pasado jueves 18 de marzo tuvo lugar en la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de la UAB un Seminario de profesores, sugerentemente titulado “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el fin del Derecho”. El Seminario reunió a profesores que analizaron, desde sus diferentes y respectivas áreas de especialización y en la mayoría de casos con una mirada crítica, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con un formato de presentaciones breves que estimularon la reflexión y el debate por parte de todos los profesores asistentes, no sólo de la UAB, sino también de la Universitat de Barcelona y la Universitat Rovira i Virgili.

La sesión fue moderada por el profesor Antonio Serrano González, del área de Historia del Derecho y de las Instituciones, quien recordó las resonancias iheringuianas del título y fue hilando las diversas ponencias. Así, el profesor José Antonio Fernández Amor, del área de Derecho Financiero y Tributario, analizó cómo la jurisprudencia del TJUE está poniendo coto a determinadas medidas antielusorias adoptadas por los Estados miembros para intentar combatir la erosión fiscal que se deriva de ciertas operaciones realizadas por los contribuyentes. El profesor Fernández Amor destacó que a pesar de tratarse de un ámbito de competencia esencialmente estatal, el TJUE ha condenado numerosas de estas medidas por restringir la libre circulación de capitales, y eventualmente la libertad de establecimiento, en base a un estricto juicio de proporcionalidad. A partir de ahí, el ponente apuntó que esta jurisprudencia debería servir para impulsar la coordinación administrativa entre los Estados, e incluso la supervisión fiscal por parte de la propia Unión.

Desde la perspectiva del Derecho del Trabajo, los profesores Eduardo Rojo Torrecilla y Carolina Gala Durán examinaron críticamente algunos de los más recientes desarrollos jurisprudenciales en materia laboral, poniendo de relieve cómo la protección de las libertades de establecimiento y de prestación de servicios ha venido a socavar parte del modelo social europeo en general, así como el de algunos Estados miembros en particular. El profesor Eduardo Rojo expuso cómo las decisiones más recientes del TJUE, por una parte, han implicado que el modelo social colectivo de muchos Estados se vea puesto en entredicho por considerar que algunas de sus manifestaciones pueden restringir las citadas libertades comunitarias; y por otra, han restringido la virtualidad del orden público que puede ser invocado por los Estados miembros en el ámbito laboral, al limitar su alcance material. Por todo ello, el profesor Rojo se mostró muy crítico con esta línea jurisprudencial, y abogó por recuperar un sistema que respete los modelos de relaciones sociales de cada Estado. Véase al respecto el blog del propio profesor Rojo . La profesora Carolina Gala, por su parte, analizó también críticamente el tratamiento que, en el asunto Rüffert, el TJUE otorgó a determinadas cláusulas sociales orientadas a la consecución de un modelo de subcontratación pública socialmente responsable, una vez más por entender que vulneran la libre prestación de servicios. Para la profesora Gala, esta sentencia no sólo supone un obstáculo a la política de la propia Comisión de promocionar la responsabilidad social de las empresas, sino que pone serias cortapisas a la ya de por sí difícil introducción e implementación de este factor en las legislaciones de los Estados miembros, sector en el que España se sitúa a la cabeza. En definitiva, la lógica de mercado no hace desaparecer la subcontratación pública socialmente responsable, pero dificulta sin duda su efectiva puesta en marcha.

La profesora Montserrat Pi Llorens, del área de Derecho Internacional Público, se aproximó al tema de la protección de los derechos fundamentales por parte del TJUE, y más concretamente, examinó su sentencia relativa a la Directiva sobre reagrupación familiar. El Tribunal, aun siendo pionero en la introducción de la protección de los derechos fundamentales en el Derecho de la Unión, entendió que determinadas excepciones de la Directiva que ampliaban notablemente el margen de maniobra de los Estados miembros a la hora de rechazar o dilatar en el tiempo el goce efectivo del derecho de reagrupación familiar no podían considerarse como vulneraciones de derechos fundamentales. La profesora Pi analizó críticamente los argumentos avanzados por el TJUE para justificar su fallo, así como su enfoque excesivamente impregnado de pragmatismo político.

Finalmente, el profesor Rafael Arenas García, del área de Derecho Internacional Privado, puso de relieve que en numerosas sentencias en el ámbito del Derecho privado y del Derecho internacional privado el TJUE se ha caracterizado, en ciertas ocasiones, por no argumentar suficientemente sus decisiones, y en otras, por aportar argumentos incoherentes con su propia jurisprudencia o que parecen apuntar a soluciones incompatibles con la solución finalmente retenida por el Tribunal. A partir de los ejemplos de las sentencias Handte y West Tankers, el profesor Arenas criticó que los citados defectos en la argumentación del TJUE impiden poder generalizar sus decisiones y proyectarlas a ulteriores casos concretos, lo que supone un problema especialmente en términos de seguridad jurídica y previsibilidad de decisiones futuras.

El Seminario finalizó con un debate en el que la interdisciplinariedad de los ponentes se vio enriquecida con las aportaciones de profesores de otras áreas de conocimiento, que permitieron conformar un análisis de la actividad del TJUE no desde su propia lógica, sino a partir de las perspectivas de los diversos profesores presentes. Crístian Oró Martínez


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Mar 15 2010

IV Seminario de Derecho internacional privado. Universidad Complutense de Madrid, 11 y 12 de marzo de 2010.

Los pasados jueves y viernes se desarrolló en la Facultad de Derecho de la UCM y en el Colegio Notarial de Madrid el IV Seminario de Derecho internacional privado, organizado por los profesores José Carlos Fernández Rozas y Pedro Alberto de Miguel Asensio.

El tema que articuló el Seminario fue el de la litigación civil internacional (“Litigación civil internacional: nuevas perspectivas europeas y de terceros Estados”). En las cuatro sesiones del seminario se abordó la reforma del Reglamento 44/2001, tanto en lo que se refiere a la competencia judicial internacional como al reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales y documentos auténticos; la dimensión exterior del Espacio de Seguridad, Libertad y Justicia y las relaciones entre arbitraje y jurisdicción.

En el Seminario participaron más de cuarenta profesores, españoles, de otros países europeos, latinoamericanos y de Asia, siendo la edición más “internacional” de las celebradas hasta ahora. Las ponencias, comunicaciones y debates se desarrollaron en español, inglés y francés, sin que faltase una breve pero sustanciosa intervención en italiano.

En los dos días de Seminario se desarrollaron varios debates intensos e interesantes. Destacaríamos, en primer lugar, el profundo intercambio de opiniones que se centró en la propuesta de eliminación del exequátur planteada por el Libro Verde sobre la reforma del Reglamento 44/2001. El día 11, en la sesión de mañana y en la de tarde este tema estuvo presente, habiéndose defendido con intensidad tanto dicha supresión como la necesidad del mantenimiento de algunos controles en la circulación intracomunitaria de decisiones. Ya en la apertura del Seminario el Dr. Francisco Fonseca Murillo, Director de la Oficina de representación en España de la Comisión Europea defendió la necesidad de simplificar y abaratar el procedimiento para conseguir la eficacia extraterritorial de decisiones en la Unión Europea, la vinculación entre la ciudadanía europea y el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia exige, según el Dr. Fonseca, avanzar en ese camino. El profesor Desantes, de la Universidad de Alicante, también incidió en su ponencia en la necesidad de convertir en automática e incondicionada la circulación de decisiones en Europa, no solamente las dictadas en los Estados miembros de la UE, sino también las que, habiéndose dictado en terceros Estados, hubieran sido reconocidas en un Estado miembro de la Unión.

En una posición diferente se situó el profesor Haimo Shack, de la Universidad de Kiel, quien defendió con claridad y rigor la necesidad de mantener el control de orden público en las relaciones entre los Estados miembros de la UE. El profesor Schack puso de relieve que cada Estado era responsable internacionalmente por las vulneraciones de los derechos fundamentales que se derivasen del reconocimiento de decisiones que, dictadas en otro Estado, vulnerasen los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente. En estas circunstancias la eliminación del control de orden público podría implicar que el Estado se viese obligado a reconocer decisiones en supuestos en los que tal reconocimiento vulneraría las obligaciones internacionalmente asumidas por el Estado en materia de Derechos Humanos. En esta misma línea incidió el profesor Crístian Oró Martínez (UAB), quien resaltó que el control de orden público garantiza también que no se produzcan contradicciones entre las obligaciones derivadas del Derecho de la UE y las exigencias constitucionales en cada Estado miembro. Tal como mostraron el propio Crístian Oró y la profesora Nerina Boschiero (Universitá degli Studi di Milano), la progresiva construcción del orden público europeo que defendió la profesora Sylvaine Pillot-Peruzzetto (Université de Toulouse I) no sería suficiente para eliminar completamente el control de orden público.

También fueron muy debatidas en el curso del Seminario diversas propuestas sobre adecuación de las normas de competencia judicial internacional, tanto en las relaciones entre los Estados miembros de la UE como respecto a los Estados terceros. Así, tanto la cuestión de la eficacia de los acuerdos de elección de foro (Paul Beaumont, University of Aberdeen, Pilar Jiménez Blanco, Universidad de Oviedo, Marta Requejo Isidro, Universidad de Santiago de Compostela, y Gilles Cuniberti, Universidad de Luxemburgo) como la normativa en materia de propiedad industrial e intelectual (Paul Torremans, University of Nottingham), contratos de consumidores (Vésela Andreeva Andreeva, UAB, y Beatriz Añoveros Terradas, ESADE-Universitat Ramon Llull) y las propuestas genéricas sobre la articulación de las competencias especiales en relación a terceros Estados (Nerina Boschiero y Mónica Vinaixa Miquel, UPF) fueron consideradas en el curso de los debates. Los problemas que plantea la celebración de convenios internacionales relativos a la competencia judicial internacional y el reconocimiento y ejecución de decisiones por parte de los Estados miembros de la UE con terceros Estados fueron abordados por Alegría Borrás Rodríguez (UB) y no faltaron una ponencia y una comunicación sobre el sistema japonés de competencia judicial internacional (Prof. Toshiyuki Kono, Universidad de Kyushu, y Aurelio López-Tarruella Martínez, Universidad de Alicante).

La última sesión estuvo dedicada al arbitraje internacional y sus relaciones con la jurisdicción, Bernardo Cremades, José Carlos Fernández Rozas, Elena Artuch, Juan Sánchez Calero, Gonzalo Stampa Casas y Rodolfo Dávalos llevaron el peso de una mesa donde se debatió sobre la colaboración entre las jurisdicciones estatales y los árbitros, las vías de lucha contra la corrupción y la arbitrariedad en el arbitraje y los nuevos foros de arbitraje vinculados a ALBA, así como las relaciones y diferencias entre los arbitrajes comerciales y los arbitrajes de inversión; sin que faltaran referencias al arbitraje corporativo (Rui M. Pereira Dias, Universidade de Coimbra), a la práctica de prueba en el arbitraje (Gloria Esteban de la Rosa) y la protección efectiva de los derechos por medio del arbitraje en Colombia (Hernán Muriel Ciceri, Universidad Sergio Arboleda).

Aún se plantearon y discutieron más temas en los dos días del Seminario que no recogemos en esta breve noticia del mismo, que no pretende más que destacar el interés de los temas abordados, la calidad de las intervenciones y los debates y lo fructífero del intercambio científico vivido en Madrid los días 11 y 12 de marzo.

Dr. Rafael Arenas García


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Mar 06 2010

Respuestas al Libro Verde de la Comisión sobre la reforma del Reglamento 44/2001

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Es sabido que no siempre es fácil encontrar una concreta información en la laberíntica web de la UE (europa.eu). Es por eso que se indica aquí dónde pueden encontrarse las respuestas dadas al Libro Verde sobre la reforma del Reglamento 44/2001. En el blog “Conflict of Laws” se informa de la publicación en la revista IPRax de las contribuciones sobre este mismo tema presentadas en la Conferencia celebrada en Heidelberg el pasado mes de diciembre.Rafael Arenas


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Mar 03 2010

La Unión Europea ya tiene competencias en materia de nacionalidad de los Estados miembros

El pasado 2 de marzo de 2010 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) dictó Sentencia en el asunto C-135/08, Janko Rottmann c. Freistaat Bayern, en el marco de una cuestión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) en relación con una decisión revocatoria de la naturalización en Alemania por parte de un ciudadano de origen austriaco.

El supuesto de hecho deriva de la adquisición, por parte del Sr. Janko Rottmann, nacional austriaco de origen, de la nacionalidad alemana. Como consecuencia de dicha naturalización, el Sr. Rottmann perdió su nacionalidad austriaca. Sin embargo, posteriormente las autoridades alemanas tuvieron conocimiento de que el Sr. Rottmann había ocultado su imputación en un procedimiento penal en Austria, motivo por el cual revocaron la naturalización al considerar que la nacionalidad alemana había sido obtenida fraudulentamente. Esta revocación, que estaba amparada por la legislación alemana sobre nacionalidad, produjo el resultado de que el Sr. Rottmann quedara, en principio, en situación de apátrida, dado que no cumplía los requisitos para recuperar su nacionalidad austriaca de origen. El Sr. Janko Rottmann impugnó la decisión de las autoridades alemanas, alegando que la revocación de su naturalización, al ponerlo en situación de apatridia, contravenía no sólo el Derecho internacional público sino también el Derecho comunitario en cuanto que implicaba la pérdida de la ciudadanía de la Unión.

En este marco, el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Administrativo Federal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

“1) ¿Es incompatible el Derecho comunitario con la consecuencia jurídica de la pérdida de la ciudadanía de la Unión (y de los derechos y libertades fundamentales que confiere), derivada del hecho de que una revocación, en sí conforme al ordenamiento jurídico nacional (alemán), de la nacionalización en un Estado miembro (Alemania) obtenida fraudulentamente mediante falsedad, en concurrencia con la normativa en materia de nacionalidad de otro Estado miembro (Austria) -como sucede en el caso del demandante, debido a la no recuperación de la nacionalidad original austriaca-, conduce a la condición de apátrida?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
¿Debe el Estado miembro (Alemania) que ha nacionalizado a un ciudadano de la Unión y pretende revocar la nacionalización fraudulentamente obtenida, renunciar absoluta o temporalmente, en consideración al Derecho comunitario, a la revocación de la nacionalización, en el caso o en la medida en que de ello se derive la consecuencia jurídica, descrita en la primera cuestión, de pérdida de la ciudadanía de la Unión (y de los derechos y libertades fundamentales que confiere), o bien debe el Estado miembro de la anterior nacionalidad (Austria) interpretar y aplicar o incluso adaptar su Derecho interno, de tal manera que no se produzca dicha consecuencia jurídica? “

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia, declara que “[e]l Derecho de la Unión, en particular el artículo 17 CE [actualmente artículo 20 TFUE], no se opone a que un Estado miembro le revoque a un ciudadano de la Unión la nacionalidad de dicho Estado miembro adquirida mediante naturalización cuando ésta se ha obtenido de modo fraudulento, a condición de que esta decisión revocatoria respete el principio de proporcionalidad.”

Para llegar a dicha conclusión, el Tribunal parte, inicialmente, del principio de de que la determinación de los modos de adquisición y pérdida de la nacionalidad es competencia de los Estados miembros, principio general proveniente del Derecho internacional público y asumido por el Derecho comunitario. Así, el Tribunal cita, por ejemplo, la Declaración nº 2 relativa a la nacionalidad de un Estado miembro, anexa por los Estados miembros al Acta Final del Tratado UE, y su propia jurisprudencia (asuntos Micheletti, Mesbah, Zhu y Chen). Sin embargo, vuelve también a recordar que el hecho de que una materia sea competencia de los Estados miembros no obsta para que, en situaciones comprendidas en el ámbito del Derecho de la Unión, las normas nacionales de que se trate deban respetar este último (así, asuntos García Avello o Schempp, entre otros).

Y, en este punto, el Tribunal –pese a las observaciones en sentido contrario presentadas por los Gobiernos de algunos Estados miembros-, declara de forma terminante (Fundamento nº 42) que “es manifiesto” que una situación como la planteada “está comprendida, por su propia naturaleza, en el ámbito del Derecho de la Unión”, no tratándose de una situación puramente interna. El único argumento utilizado por el Tribunal para dicha afirmación –si es que puede denominarse “argumento”- es la referencia al hecho de que la revocación de la naturalización coloque al interesado en una posición que puede acarrear la pérdida del estatuto de ciudadano de la Unión y los derechos correspondientes al mismo. Por ende, las normativas o decisiones nacionales implicadas están sometidas al control jurisdiccional del Tribunal de Justicia a fin de verificar su compatibilidad con el Derecho de la Unión. En sus conclusiones, el Abogado General Poiares Maduro también había sostenido la conexión con el Derecho comunitario, aunque cabe decir que con una argumentación más trabajada.

En consecuencia, el Tribunal analiza la decisión revocatoria de la naturalización adoptada por las autoridades alemanas, calificándola de legítima al basarse en el fraude cometido por el interesado y responder a un motivo de interés general (proteger la relación especial de solidaridad y de lealtad entre el Estado y sus nacionales). Dicha legitimidad quedaría corroborada por los convenios internacionales en materia de derechos humanos y de nacionalidad. En este punto, cabe señalar que el Tribunal “fiscaliza” la decisión revocatoria alemana en sí misma, es decir, en tanto que manifestación de las normas alemanas sobre adquisición y pérdida de la nacionalidad alemana, y al margen de que lleve o no aparejado el efecto de privar al interesado del estatuto de ciudadano de la Unión. Ello se desprende del hecho de que, después (Fundamento nº 54), el Tribunal añade que las mismas consideraciones sobre la legitimidad de la decisión “siguen siendo inicialmente válidas cuando la revocación tiene como consecuencia que la persona afectada pierda, además de la nacionalidad del Estado miembro de naturalización, la ciudadanía de la Unión”.

Sin embargo, y ante el eventual efecto de que la decisión revocatoria estatal lleve aparejada la pérdida del estatuto de ciudadano de la Unión, el Tribunal de Justicia añade otro parámetro de valoración: el principio de proporcionalidad (Fundamentos nº 55 a 58). Según el Tribunal, el órgano jurisdiccional nacional debe comprobar, al dictar una decisión revocatoria de la naturalización, si dicha decisión respeta el principio de proporcionalidad en lo que respecta a las consecuencias (concretas) que implica para el interesado y su familia la pérdida de sus derechos derivados de la ciudadanía de la Unión. El Tribunal cita, entre las circunstancias a tener en cuenta por el órgano nacional, la gravedad de la infracción cometida por el afectado, el tiempo transcurrido entre la naturalización y la decisión revocatoria, o la posibilidad de que el interesado pueda recuperar su anterior nacionalidad. Y, además, el Tribunal añade dos indicaciones: primero, que el hecho de que el afectado no haya recuperado la nacionalidad de su Estado miembro de origen no obliga al Estado de la naturalización fraudulenta a abstenerse de revocar la naturalización, y, segundo, que, con todo, el principio de proporcionalidad exigiría al órgano nacional valorar si debe aplazarse la efectividad de dicha decisión revocatoria, a fin de conceder al interesado un plazo razonable para intentar recuperar su nacionalidad de origen.

Respecto a la segunda de las cuestiones prejudiciales, el Tribunal se limita a señalar que no puede pronunciarse sobre la misma en tanto que las autoridades austriacas no habían tomado una decisión definitiva sobre la pérdida (o no) de la nacionalidad austriaca. Sin embargo, sí deja claro que los principios derivados de la presente Sentencia son aplicables por igual tanto al Estado miembro de la naturalización como al Estado miembro de la nacionalidad de origen. Es decir, lleva implícita la indicación de que toda decisión final que adopten las autoridades austriacas sobre la pérdida de la nacionalidad austriaca por parte del Sr. Rottmann deberá pasar, igualmente, por el filtro del principio de proporcionalidad tal como lo define el Tribunal en esta Sentencia.

Estamos seguros de que la presente Sentencia merece un análisis más extenso y profundo, análisis que excede a las pretensiones de este blog. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que, con esta Sentencia, el Tribunal entra de lleno en una cuestión que hasta ahora no se había planteado: la posibilidad de que el Derecho comunitario incida en la regulación por parte de los Estados miembros de los modos de adquirir, perder y recuperar su propia nacionalidad. Hasta el momento (asunto Micheletti), el Tribunal se había ceñido a deducir del Derecho comunitario el principio conforme al cual los Estados miembros no pueden restringir los efectos de la atribución de la nacionalidad de otro Estado miembro estableciendo requisitos adicionales para reconocer dicha nacionalidad en orden al ejercicio de las libertades fundamentales previstas en el Tratado. Con esta Sentencia, en cambio, el Tribunal proyecta el Derecho comunitario sobre la regulación de la propia nacionalidad de un Estado miembro, apuntando unas posibles limitaciones a la competencia legislativa estatal en esta materia, limitaciones que derivarían directamente del Derecho de la Unión y que de momento giran en torno al principio de proporcionalidad. Habrá que ver el alcance que ello puede tener en un futuro.

Milagros Orozco Hermoso


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Mar 02 2010

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el fin del Derecho

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El próximo 18 de marzo se celebrará un Seminario de Profesores en la Facultad de Derecho de la UAB que tiene por objeto el análisis de algunas decisiones del Tribunal de Luxemburgo. Se pretende un acercamiento interdisciplinar desde distintas áreas de conocimiento y generar un debate sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Aqui se puede encontrar el programa del seminario (aqui está la versión en castellano y  aqui la versión en inglés).

Rafael Arenas


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