LA ESPECULACIÓN NO ES REPROCHABLE NI EN EL ÁMBITO ECONÓMICO NI EN EL MORAL NI EN EL JURÍDICO (Y II).

 

   1.-De lo que vimos ayer se deduce que, si se acepta la moral capitalista (libre intercambio de bienes y servicios), nada puede objetarse en el manejo especulativo. Diríase que el cien por cien de los operadores –tú y yo, éste y aquél…- ejercen estas prácticas diariamente. La única diferencia es que los demás son unos sucios especuladores y un servidor es un honesto paterfamilias que gestiona admirablemente el patrimonio o un indignado que compra su Quechua en el Ikea.

 

Existen, evidentemente, muchos puntos débiles en la ética del mercado, pero no es éste el asunto que ahora estamos tratando.

 

 

    2.-Si no hay incumplimiento de la normativa civil (nulidad, anulabilidad,…), de la normativa penal (estafa, tráfico de influencias, revelación de secretos,…) o de la reglamentación administrativa (registros, comunicaciones preceptivas, legislación de libre competencia…), no hay nada ilícito en las tácticas especulativas.

 

Es verdad que, a menudo, el Derecho corre muy retrasado en la adecuada configuración de estas estrategias. Pero esto ha sido siempre así. Desde la peculiaridad de la lex mercatoria en la Edad Media hasta los actuales SWAP, pasando por la imposición en el siglo XIX de un Código de Comercio especializado frente al Derecho civil común.

 

Sin embargo, dos excepciones (y alguna más que podría rebuscarse) levantan su dedito. La más llamativa es la represión penal de la alteración de precios que resulten de la libre concurrencia. Se trata de la vieja y castiza maquinación para alterar el precio de las cosas, aunque ahora con algunas cremas y afeites. No obstante, lo cierto es que precisa de medios comisivos tasados: violencia, amenaza, engaño o información privilegiada. Pero, como precisa la doctrina, “dejan fuera, salvo que pudiesen constituir otra infracción, conductas como, por ejemplo, el acaparamiento de productos para forzar la elevación de precios” (QUINTERO OLIVARES).

 

La segunda salvedad serían las obsesivas reglas “contra la especulación urbanística”. Su análisis nos llevaría muy lejos, pero sus espectaculares fracasos (el inédito y casi virgen Texto Refundido de la Ley del Suelo del 92, el fantasmal Registro municipal de solares sin edificar…) aconsejan que no les dediquemos ni una línea más.

 

Obviamente, todo esto no niega la necesaria regulación de cualquier mercado, pero debe apuntarse con precisión el objetivo de la norma y no limitarse a chutar contra la barrera. Por ejemplo, parece claro que la liaison entre gobiernos y bancos nacionales ya no queda muy presentable o que ha de avanzarse en la colaboración internacional para la persecución de los infractores.

 

 

    3.-El nudo de la cuestión actual es la presencia de Estados sedientos de dinero. Hace ya muchos años, tuve ocasión de escuchar en vivo al profesor Fuentes Quintana, que se quejaba del “incrementalismo” de los presupuestos públicos. Hoy quedaría aterrorizado. El problema es el deudor. Y es lógico que, al oler su sangre, las sardinas crezcan como tiburones.

 

No es fácil sancionar a los infractores

Quant a Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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