Publicada la Llei 37/2011, de 10 d’octubre, de mesures d’agilització processal. (i III). Possible acceleració de les “mesures cautelaríssimes” i principi de venciment objectiu en costes.

            1.-Per últim, hem de referir-nos a les denominades “mesures cautelaríssimes”, recollides per l’art. 135 de la LJCA. La nova redacció és la següent:

 

        «Artículo 135.

1. Cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el caso, el juez o tribunal sin oír a la parte contraria, en el plazo de dos días podrá mediante auto:

a) Apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar o denegar la medida, conforme al artículo 130. Contra este auto no se dará recurso alguno. En la misma resolución el órgano judicial dará audiencia a la parte contraria para que en el plazo de tres días alegue lo que estime procedente o bien convocará a las partes a una comparecencia que habrá de celebrarse dentro de los tres días siguientes a la adopción de la medida. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo en su caso o bien celebrada la comparecencia, el juez o tribunal dictará auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada, el cual será recurrible conforme a las reglas generales.

En cuanto se refiere a la grabación de la comparecencia y a su documentación, serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 63.

b) No apreciar las circunstancias de especial urgencia y ordenar la tramitación del incidente cautelar conforme al artículo 131, durante la cual los interesados no podrán solicitar nuevamente medida alguna al amparo del presente artículo.

2. En los supuestos que tengan relación con actuaciones de la Administración en materia de extranjería, asilo político y condición de refugiado que impliquen retorno y el afectado sea un menor de edad, el órgano jurisdiccional oirá al Ministerio Fiscal con carácter previo a dictar el auto al que hace referencia el apartado primero de este artículo.»

 

 

2.-Cal destacar dos aspectes en l’article transcrit:

-En primer lloc, la possibilitat de que es resolgui sobre les mesures proposades sense necessitat de convocar una compareixença (i guanyant, per tant, un temps preciós).

  -En segon lloc, la tramitació de l’incident cautelar ordinari de l’art. 131 en cas de que les mesures ex art. 135 hagin estat denegades.

 

3.-En matèria de costes, fa fallida parcialment el principi de mala fe o temeritat i es prefereix com a regla general el criteri del venciment objectiu (almenys, quan hi ha un rebuig de totes les pretensions). Així es deriva del nou art. 139.1 LJCA:

 

«1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad

 

Quant a Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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