Indemnización por accidentes graves

Los accidentes de tráfico pueden causar daños, no sólo materiales, sino también personales, por lo que tienen derecho a una indemnización todas aquellas personas que se hayan visto afectadas por el siniestro: tanto el conductor, como los acompañantes, e incluso los peatones que hubieran sufrido las consecuencias del accidente, tienen derecho a reclamar una indemnización.

Mientras que los daños materiales pueden calcularse objetivamente atendiendo al menoscabo patrimonial concreto que resulta del accidente, los daños personales se determinan en función de baremos públicos que, a su vez, consideran la concurrencia de otros factores para determinar el perjuicio causado a la persona.

Dentro de los daños materiales se incluyen los ocasionados al vehículo. El propietario del vehículo siniestrado tiene derecho, o bien a exigir la reparación del vehículo, o bien a exigir el valor de venta del mismo si la reparación resulta más costosa. Aun así, dentro de los daños materiales también se incluyen los objetos que se hubieran podido perder o romper a consecuencia del accidente. Los gastos de desplazamiento desde el lugar del accidente, o la necesidad de alquilar un vehículo mientras el siniestrado se encuentra en reparación, también son indemnizables.

Para determinar los daños personales que darán lugar a la indemnización, lo primero que debe determinarse es si el accidente ha causado la muerte de la víctima, lesiones permanentes o una incapacidad temporal. La aplicación de los baremos no siempre resulta sencilla, pues además de considerar los tiempos de baja laboral, la gravedad y las secuelas de las consecuencias del accidente, también consideran las repercusiones del daño en el entorno familiar. Dado que no puede indemnizarse de la misma manera a un menor de edad y a un padre de familia, existen unos factores de corrección para determinar las repercusiones que a largo plazo podrían tener los daños del accidente en el entorno familiar. Es evidente que las consecuencias del accidente pueden agravarse si la víctima que lo sufre se ve impedida para trabajar, por lo que dichos factores de corrección consideran, además de la propia víctima, las personas que directa o indirectamente dependen de ella. Por ese mismo motivo, la indemnización varía en función del estado civil, número de hijos o personas dependientes a cargo.

Los tratamientos médicos que sean necesarios para superar las consecuencias del accidente también serán indemnizables siempre y cuando se muestre la relación de causalidad entre la necesidad del tratamiento y el siniestro.

En algunas ocasiones, además, la póliza del seguro del vehículo puede cubrir parcial o totalmente los gastos oportunos de los procedimientos judiciales que fueran precisos, por lo que resulta conveniente considerar en todo momento las facilidades que la compañía aseguradora puede ofrecer. Aun así, cabe tener en cuenta que hay supuestos en los que el accidente de tráfico no da lugar al derecho de indemnización: si la víctima fue negligente en su comportamiento -no llevando el cinturón, por ejemplo-, o el accidente atendió a causas de fuerza mayor, no habrá derecho de reclamación.

Por último, cabe observar que determinadas conductas en la carretera pueden ser constitutivas de delito penal castigadas con penas de prisión, por lo que en estos casos es preciso formular denuncia pública para una mayor investigación. En este sentido, constituyen delitos penales la conducción temeraria, la conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias estupefacientes, y la colocación de obstáculos en la carretera u otras conductas que puedan poner en riesgo la circulación vial.

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