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Indemnización por accidentes graves

Dijous, Maig 7th, 2015

Los accidentes de tráfico pueden causar daños, no sólo materiales, sino también personales, por lo que tienen derecho a una indemnización todas aquellas personas que se hayan visto afectadas por el siniestro: tanto el conductor, como los acompañantes, e incluso los peatones que hubieran sufrido las consecuencias del accidente, tienen derecho a reclamar una indemnización.

Mientras que los daños materiales pueden calcularse objetivamente atendiendo al menoscabo patrimonial concreto que resulta del accidente, los daños personales se determinan en función de baremos públicos que, a su vez, consideran la concurrencia de otros factores para determinar el perjuicio causado a la persona.

Dentro de los daños materiales se incluyen los ocasionados al vehículo. El propietario del vehículo siniestrado tiene derecho, o bien a exigir la reparación del vehículo, o bien a exigir el valor de venta del mismo si la reparación resulta más costosa. Aun así, dentro de los daños materiales también se incluyen los objetos que se hubieran podido perder o romper a consecuencia del accidente. Los gastos de desplazamiento desde el lugar del accidente, o la necesidad de alquilar un vehículo mientras el siniestrado se encuentra en reparación, también son indemnizables.

Para determinar los daños personales que darán lugar a la indemnización, lo primero que debe determinarse es si el accidente ha causado la muerte de la víctima, lesiones permanentes o una incapacidad temporal. La aplicación de los baremos no siempre resulta sencilla, pues además de considerar los tiempos de baja laboral, la gravedad y las secuelas de las consecuencias del accidente, también consideran las repercusiones del daño en el entorno familiar. Dado que no puede indemnizarse de la misma manera a un menor de edad y a un padre de familia, existen unos factores de corrección para determinar las repercusiones que a largo plazo podrían tener los daños del accidente en el entorno familiar. Es evidente que las consecuencias del accidente pueden agravarse si la víctima que lo sufre se ve impedida para trabajar, por lo que dichos factores de corrección consideran, además de la propia víctima, las personas que directa o indirectamente dependen de ella. Por ese mismo motivo, la indemnización varía en función del estado civil, número de hijos o personas dependientes a cargo.

Los tratamientos médicos que sean necesarios para superar las consecuencias del accidente también serán indemnizables siempre y cuando se muestre la relación de causalidad entre la necesidad del tratamiento y el siniestro.

En algunas ocasiones, además, la póliza del seguro del vehículo puede cubrir parcial o totalmente los gastos oportunos de los procedimientos judiciales que fueran precisos, por lo que resulta conveniente considerar en todo momento las facilidades que la compañía aseguradora puede ofrecer. Aun así, cabe tener en cuenta que hay supuestos en los que el accidente de tráfico no da lugar al derecho de indemnización: si la víctima fue negligente en su comportamiento -no llevando el cinturón, por ejemplo-, o el accidente atendió a causas de fuerza mayor, no habrá derecho de reclamación.

Por último, cabe observar que determinadas conductas en la carretera pueden ser constitutivas de delito penal castigadas con penas de prisión, por lo que en estos casos es preciso formular denuncia pública para una mayor investigación. En este sentido, constituyen delitos penales la conducción temeraria, la conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias estupefacientes, y la colocación de obstáculos en la carretera u otras conductas que puedan poner en riesgo la circulación vial.

Nuevas indemnizaciones por accidente

Dimarts, Maig 5th, 2015

El Consejo de Ministros aprobó el viernes 10 de abril un Proyecto de Ley que reforma el sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico, el conocido Baremo de Indemnizaciones, que comienza su tramitación parlamentaria para su entrada en vigor, y que el Ministerio de Justicia prevé que “esté aprobado por las Cortes en este período de sesiones“. La reforma –consensuada por asociaciones de víctimas, entidades aseguradoras, magistrados y Fiscalía de Seguridad Vial– partía de un documento creado por las asociaciones de víctimas, con diez puntos en los que debería inspirarse la reforma. En 2010 un grupo de trabajo elaboró una norma con 115 artículos con el objetivo de actualizar el anterior Baremo de 1995, tanto en sus supuestos como en las cifras de indemnización.

Con este nuevo Baremo, las indemnizaciones por fallecimiento o secuelas se acercan a las pagadas en Europa y se recogen supuestos no imaginados en los años 90, como familias monoparentales, familias con hijos de otros matrimonios, etc. En general, la nueva ley “permitirá incrementar la protección a las víctimas mediante la garantía de una indemnización suficiente“, explica el Ministerio de Jusiticia. Rafael Catalá, ministro de Justicia, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros este Baremo supondrá una importante mejora para el sistema público de salud, “porque las aseguradoras indemnizarán a los servicios públicos de salid de las diferentes Comunidades Autónomas los gastos derivados de nuevos perjuicios cubiertos, como los importes médicos futuros, ciertos gastos de rehabilitación o de recambio de prótesis de lesionados graves“, y que, por la aplicación del Baremo, aumenten los acuerdos extrajudiciales, aliviando, así, la carga de los juzgados.

Daños patrimoniales. El nuevo Baremo clarifica y regula el resarcimiento en concepto de gastos y racionaliza el cálculo del lucro cesante (pérdida de ganancia legítima por la víctima), que contempla los ingresos netos de la víctima, pero también valora el trabajo no remunerado –como tareas del hogar– o la pérdida futura de trabajo de menores y estudiantes. Además, introduce un coeficiente específico para cada perjudicado que combina factores como la duración del perjuicio, el riesgo de fallecimiento y la deducción de las pensiones públicas. También distingue entre ‘perjuicio patrimonial básico’ o gastos razonables derivados del fallecimiento –compensados con un mínimo de 400 €– y ‘gastos específicos’, que incluyen el traslado del fallecido, repatriación, entierro y funeral. Además, al tener en cuenta las nuevas estructuras familiares y la individualización de la indemnización, se mejora la percepción de ésta.

Secuelas. Se refuerza en especial la reparación a grandes lesionados, indemnizando no solo los perjuicios, sino los daños emergentes relacionados con gastos asistenciales futuros. Además, el Baremo se ha adaptado al actual estado de la Ciencia.

Lesiones temporales. El Baremo distingue entre ‘gastos de asistencia sanitaria’ y ‘gastos diversos resarcibles’ (los necesarios y razonables que genere la lesión en el desarrollo de la vida ordinaria del lesionado, desplazamientos de familiares para atenderle, gastos para atender a los familiares menores o especialmente vulnerables de los que se ocupe el lesionado…).

Perjuicios extra-patrimoniales. El nuevo Baremo reestructura el perjuicio personal básico en las indemnizaciones por muerte y su relación con los perjudicados particulares, que se encuadran en 5 categorías (cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados). Y considera que “estos sufren siempre un perjuicio resarcible y de la misma cuantía, con independencia de que concurran o no otras categorías de perjudicados“.
Por último, hay que añadir que el criterio de actualización anual del sistema indemnizatorio se establece en relación al índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado “por ser el que más se aproxima a sus principios y características“, según el Ministerio de Justicia.